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En el Movimiento Independiente por Panamá (Movin), unidos por el deseo de un verdadero cambio estructural en el país, queremos dejar plasmada nuestra preocupación por el peligro que representa la desconfianza en el sistema judicial.

Hemos sido víctimas de un desfalco de proporciones no determinadas, cuyo principal responsable y muchos involucrados no han sido llamados a enfrentar la justicia o, peor aún, quizás algunos de los que se mantienen ejerciendo funciones públicas o desde el sector privado, planean la manera de participar en otro desfalco.

Hemos sido víctimas de un Estado perseguidor, al que se le acusa de utilizar fondos públicos para adquirir equipo de espionaje con el que violaron nuestro derecho a la privacidad, y sin la debida autorización por parte del Órgano Judicial. Un Estado delincuente al que se le acusa de utilizar las instituciones que deben estar al servicio del país, para atender intereses muy particulares. No podemos cerrar ese nefasto capítulo sin garantías de que habrá rendición de cuentas y sanciones ejemplares para desincentivar a los individuos u organizaciones de orquestar esos actos en el futuro. Fortalezcamos las instituciones para que nunca más sean desviadas de su labor, y se enfoquen en el logro de los mejores intereses nacionales.

No podemos avanzar como país si desconfiamos de nuestras instituciones, principalmente del Órgano Judicial, cuya misión reza: “Decidir los conflictos en forma independiente, rápida y confiable, asegurando el respeto a la ‘Constitución’ y las leyes de la República, la protección de las libertades y garantías ciudadanas, la convivencia pacífica y la defensa de los valores esenciales de la democracia”.

El nombramiento de Alberto Cigarruista, como magistrado del Tribunal de Cuentas, es un ejemplo de acciones que justifican esa desconfianza. Es un claro retroceso en cuanto a mantener la independencia de los órganos del Estado, porque él fue candidato a diputado en las recientes elecciones, y porque su condición anterior, como magistrado en la Corte Suprema de Justicia, choca con el principio de participación equitativa. Esto sin atender los cuestionamientos que trajo su designación y posterior desempeño como magistrado desde el gobierno de Mireya Moscoso.

La selección de las personas llamadas a impartir justicia debe ser ponderada y escrutada con cuidadosa responsabilidad, con el objetivo de poner a los mejores ciudadanos a cargo de una labor tan importante como esa. Además, se debería escuchar y valorar las opiniones de la ciudadanía, en general, de los miembros de la sociedad civil organizada y de los gremios.

Por otra parte, la mora judicial es alarmante, un ejemplo son los Hábeas Corpus y los procesos que esperan por fallo decisorio, pues muchos exceden los plazos razonables que dictamina la ley. Eso es inaceptable, cada caso es importante y los magistrados y jueces deben fallar en el tiempo estipulado y, sobre todo, hacerlo en estricto derecho, sin permitir presiones indebidas o intromisión de otros órganos del Estado.

Todos los funcionarios responsables de la administración de justicia deben comprender el momento político que nos toca vivir, que exige de las autoridades y de los ciudadanos un comportamiento impecable, alineado al interés de plena vigencia de los principios, valores y controles democráticos, y alejado de intereses particulares o partidarios.

Hacemos un llamado a la reflexión y esperamos que pronto se puedan ver acciones concretas para la rectificación institucional que devuelva la confianza en la justicia, y avanzar en el fortalecimiento de los órganos e instituciones que deben garantizar y favorecer la plena vigencia de la vida en democracia.

Nuestro llamado es a seguir la hoja de ruta ya trazada en los acuerdos contenidos en el Pacto de Estado por la Justicia.

 

La investigación oficial por la desaparición de equipos espía y las indagaciones por corrupción tienen a muchas personas con los nervios de punta. Letrados complacientes con el círculo cero –como si tuvieran un as bajo la manga– alegan que el Presidente solo es responsable en los casos taxativamente indicados en el Art. 191 de la Constitución Política (extralimitación de funciones, actos de violencia o coacción en el proceso electoral, impedir reuniones de la Asamblea Nacional y delitos contra la personalidad internacional de Estado o contra la Administración Pública).

La Constitución no es escudo contra la impunidad. La norma comentada se refiere genéricamente a ciertos actos prohibidos al Presidente y vicepresidente; sin embargo, la tipicidad corresponde al ámbito de aplicación de las leyes penales. La extralimitación de funciones y actos contra la Administración Pública, citados en el Art. 191, comprenden delitos desarrollados en el Libro II, Título II y Título X del Código Penal, tales como impedir ejercicio de derechos políticos, detención ilegal o arbitraria, interferir en la libertad de reunión o de prensa, autorizar un allanamiento ilegal, uso excesivo de la fuerza para controlar una manifestación callejera. Por ejemplo, incurre en sanción el Presidente como jefe máximo del Consejo de Seguridad, si se comprueba que ordenó“pinchar” sin autorización judicial. Y si el subalterno violó comunicaciones privadas, era deber del Presidente denunciarlo ante la autoridad competente. Los delitos contra la Administración Pública expresamente indicados en el 191 constitucional también comprenden el peculado (el sobreprecio es una muestra evidente), el enriquecimiento injustificado, la “coima”, tráfico de influencias, abuso de autoridad presidencial. Y un largo etcétera de transgresiones penales en que pueden incurrir los encopetados o simples “yo no vi, yo no fui”.

El funcionario al servicio del Estado es sujeto de un doble juego de reglas de conducta; en otras palabras, si en ejercicio del cargo ejecuta un acto para el que no tiene expresa autoridad incurre en extralimitación de funciones. El mismo personaje cuando sale a la calle es responsable de las transgresiones por las que respondemos todos los particulares, desde asesinato hasta tirar papeles, de modo que el hecho de ocupar un puesto público lo obliga a no exceder los límites de sus funciones y no lo exime de acatar reglamentos y normas legales que aplican a las personas particulares.

La regla general es que los ciudadanos particulares podemos hacer todo lo que el ordenamiento jurídico no prohíbe, y los servidores públicos solo pueden hacer lo que ese ordenamiento les autoriza. Estas normas de conducta son ignoradas cuando el mandamás presume de derechos de cuna, como pañales de seda, corona, champaña, inmunidad. Encopetados funcionarios, carentes de vergüenza y ligeros de manos, montados en el patín dorado, resbalan hasta caer en actos delictivos que enferman de gravedad a exfuncionarios, bajo severo escrutinio de la ciudadanía y de los fiscales anticorrupción.

La mayoría de los juristas coincide en que por mandamiento de los artículos 155 y 206, numeral 3, de la Constitución, y por disposición de la Ley 25 de 2006, “corresponde al pleno de la Corte Suprema de Justicia la investigación y procesamiento de los actos delictivos seguidos contra un diputado principal y suplente”. Además, aceptan que, en virtud de lo establecido en el Art. 27 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y otras instancias políticas, los miembros panameños tienen “las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados” de la Asamblea Nacional. En lo que no hay consenso es en la consideración de si el expresidente y exvicepresidente panameños gozan de igual inmunidad y privilegios que los 20 diputados. Tampoco en ciertos aspectos del proceso judicial a seguir a ambos parlamentarios. (Asamblea Nacional y Parlacen).

En mi opinión no debiera haber disenso en cuanto al carácter de diputados de todos los componentes del Parlacen, y así lo informa el Art. 2 del Tratado Constitutivo, al señalar que lo integran 20 diputados titulares por cada Estado miembro, los presidentes de cada una de las repúblicas, al concluir su mandato, y los vicepresidentes o designados a la Presidencia de la República de cada uno de los Estados, al concluir su mandato. Con mayor precisión esta norma establece: “Los integrantes del Parlamento [todos sin excepción] tendrán calidad de diputados centroamericanos y gozarán de las inmunidades y privilegios a que se refiere el artículo 27 de este instrumento”.

Quizás las opiniones encontradas y la confusión deviene de la acepción estrecha que algunos otorgan a la frase “en el Estado donde fueron electos”, que aparece en el acápite (a) del Art. 27 del instrumento internacional, pero cuyo alcance queda claramente revelado en el precitado Art. 2 del instrumento multilateral regional.

El sistema o modelo adversarial de jurisdicción especial aplicado al juzgamiento de los diputados de la República y, por mandato de convenio internacional, a todos los diputados nacionales ante el Parlacen, y que le atribuye dicha competencia al pleno de la CSJ, fue modificado por la Ley 55 de 2012. El Art. 487 del Código Procesal Penal modificado, establece: “La investigación será promovida por querella o denuncia del ofendido”. El Art. 491-A, indica que el magistrado de la Corte designado como fiscal de la causa debe concluir la investigación en dos meses y si la imputación es compleja, en un mes adicional. Por último, el Art. 488 instituye cuatro requisitos para admitir la denuncia o querella, entre ellos la prueba idónea del hecho punible imputado.

En un proceso penal ordinario aplicado al panameño de a pie, cualquier persona puede presentar la denuncia; el plazo para la investigación es de seis meses y si el proceso es complejo hasta un año; y para juzgar a Pablo Pueblo no se requiere prueba sumaria o prueba idónea. Prueba idónea es aquella que no necesita fiscal para investigar porque los hechos punibles deben ser plenamente comprobados por el denunciante o querellante.

Por esto, es ilusoria toda pretensión condenatoria de “delitos de cuello blanco” con semejante blindaje legal (diputados), aun con la derogación de la norma comentada, pues sin lugar a dudas los imputados se acogerían a la “ley más favorable al reo” o principio de retroactividad de la ley en materia penal o penal procesal. ¡Así de sencilla es la cosa!

José Dolores Moscote decía que los gobernantes se olvidan o no se dan cuenta de las numerosas implicaciones que, para los efectos de un gobierno respetuoso del derecho de los gobernados, se contienen en el concepto de la libertad individual, ni recuerdan los tremendos sacrificios que la humanidad ha pasado para conquistarla de forma definitiva.

La libertad individual, reconocida por la Constitución, es una camisa de fuerza para los gobernantes. Las libertades individuales son consustanciales a la persona humana y no se debe permitir (en honor a las décadas de luchas para obtenerla) que se sacrifiquen por intereses políticos.

Este ejercicio de la libertad individual supone, como condición primaria e inviolable, que el hombre puede dirigir sus actos por la razón, y que nadie debe ser perturbado o molestado en su persona o familia. Dicho esto, el escándalo de las escuchas telefónicas es una muestra del retraso del Estado panameño en cuanto al respeto mínimo de estas garantías. Tal ataque debe recibir una respuesta contundente que retrotraiga mínimamente estos derechos a su estado primigenio.

La garantía constitucional señala que la correspondencia y demás documentos son inviolables, así como las comunicaciones telefónicas privadas y que solo podrán ser interceptadas por autoridad competente para fines específicos y cumpliendo formalidades legales. Tal garantía viene de la Constitución de Estados Unidos de 1787, enmienda IV y esta, de la Declaración de derechos de Virginia de 1776. Es decir, el precepto constitucional nuestro tiene un arraigo histórico y reconocido por décadas, que todo gobernante debe jurar cumplir y respetar, y su violación es motivo de prisión.

Siendo ello así, ninguna norma de inferior categoría a la Constitución puede entrever mecanismos que alteren su contenido como ley suprema y omnipresente en todas las actuaciones de los gobernantes. Cualquier criterio sobre la necesidad del Estado para ejecutar estas conductas debe interpretarse de forma restrictiva favoreciendo el derecho a la intimidad en todas sus dimensiones.

Al final, los derechos y garantías antes expuestos son patrimonio de la humanidad, en la medida en que han sido recogidos en las declaraciones y convenciones internacionales de derechos humanos. El uso por parte del Estado de nuevas tecnologías que permitan controlar, monitorear, escuchar o grabar las comunicaciones y otros actos de la vida privada de los ciudadanos en sus propios domicilios es una intromisión mucho más grave, agresiva y peligrosa para la vigencia de estos derechos con arraigo internacional.

Las escuchas telefónicas y la intervención de la correspondencia o los correos violan el derecho fundamental de la “inviolabilidad de la intimidad”, que solo puede ser perturbada bajo un estricto y riguroso control judicial.

Parece que fue ayer y han pasado 15 años desde que llegamos a Panamá buscando el apoyo de colegas periodistas y defensores de la libertad de expresión, frente a la noche oprobiosa que vivía el Perú, en donde la democracia estaba herida de muerte.

Fueron aciagos momentos en los que nuestra vida corrió peligro al menos en dos oportunidades, pues Vladimiro Montesinos, brazo ejecutor del entonces presidente Alberto Fujimori, había montado una siniestra operación de espionaje y centro de inteligencia en el istmo, dirigida por agregados policiales corruptos que vendieron sus conciencias por dinero.

En América Latina, nace una nueva esperanza en el momento que un Presidente es elegido democráticamente. El gobierno de Fujimori se inició en medio de brillante augurio, en 1990, pero con el paso del tiempo se convirtió en una feroz e implacable dictadura, de la que Montesinos fue el cruel y sanguinario hombre de terror.

Todos los poderes del Estado fueron acallados y doblegados. Personas e instituciones fueron sometidas por el chantaje, la amenaza o la simple compra de conciencias.

Toda aquella oprobiosa época, que causó estupor en la conciencia mundial, fue vencida gracias a una singular revolución pacífica. La resistencia y la lucha del pueblo peruano fue silenciosa, larga y tenaz. Librada también por periodistas que brindaron una lección de dignidad, destacando la ejemplar defensa de los diarios peruanos El Comercio y La República, así como América Televisión y Canal N.

En ese noble empeño, tuvimos que tocar las puertas de muchos países del mundo, siendo Panamá la primera nación que de forma generosa respondió a nuestro llamado, acogiéndonos con su proverbial conducta de cuna de leyes y democracia, como la vislumbrara el Libertador Simón Bolívar. Igualmente se sumaron Argentina, Ecuador, Costa Rica, Chile y México, para luego hacer lo propio casi todos los países de América.

Esta histórica lección nos obliga a una reflexión. Debe haber perdón, pero no olvido. Aquel régimen que, con engaños o por la fuerza, se adueñó de los medios de comunicación, que se apropió de la voluntad de instituciones tutelares, fue derrotado.

No debemos olvidar el agravio, para evitar que se repita y nos vuelva a hundir en la miseria moral, como los peligrosos momentos que le tocó vivir a Panamá cuando la democracia y la libertad estuvieron en la cuerda floja.

De esta historia, nació el Consejo Superior Latinoamericano de Prensa, como un ideal de lucha, una trinchera indoblegable en donde se acuña la libertad de prensa y expresión sobre cuatro pilares fundamentales:

1. Cultivar y dignificar la democracia.

2. Divulgar y fomentar el cumplimiento de la libertad de prensa.

3. Tutelar la justa propiedad privada de los medios de comunicación.

4. Rescatar, analizar y divulgar hechos y actos ejemplares en el ejercicio del periodismo y toda la actividad en beneficio de nuestra sociedad.

Al cumplir hoy 15 años, seguimos siendo fieles guardianes de esa atmósfera de libertad que soñaron y fundaron nuestros próceres y héroes de la independencia americana, dejando en claro que está prohibido olvidar, por lo que en nuestro escudo hemos escrito, a fuego, una frase lanzada al espacio como polvo de estrellas: “Plena defensa a nuestra libertad de expresión”.