Declaraciones tenebrosas

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Con una voz entrecortada y con un rostro ensombrecido he observado detenidamente cómo el empresario de origen libanés Jean Figali contó las penurias de las cuales fue víctima por los personeros del antiguo Gobierno encabezado por el exmandatario Ricardo Martinelli.

Un pueblo que aún no digiere la experiencia vivida por el reconocido empresario a quien se le violaron todos sus derechos desde su libertad personal, un plan orquestado de desprestigio, la expropiación de sus bienes hasta su libertad personal, afectando colateralmente a su familia en particular a su hijo de tan solo tres años de edad.

Hoy, luego de repasar esta nefasta experiencia nos toca como panameños hacer un alto meditando exhaustivamente la elección de nuestros gobernantes y el aparato de personas que administran la cosa pública.

El Estado como tal no merece una demanda más por vejámenes cometidos por personeros irresponsables que, luego de acariciar las mieles del poder, se encuentran solapadamente en la clandestinidad tratando de encontrar subterfugios en países amigos.

Pero luego de ver la negativa de quien tanto daño le hizo al país de solicitar asilo, observamos con buena prisma lo distante que puede estar el hecho de una posible huida de la justicia ordinaria a la que debe someterse toda persona que atente contra la seguridad jurídica y perseguidores de inversores que apuestan a la creación de empleos para lograr el desarrollo social y económico de nuestra población laboriosa.

Como profesa un viejo adagio que el poder emana del pueblo, esperamos que, con los recursos legales presentados por el señor Figali, los tribunales de justicia se hagan eco ante tan infame acción que en nada garantiza la próspera imagen de nuestro país como marca y como destino de personas que aún creen y ven a Panamá como un lugar seguro para invertir, dado el galopante desarrollo de la economía en la región.

Se debe apelar a que el Gobierno de turno, por medio de sus entes como la Autoridad Marítima, la antigua Autoridad de la Región Interoceánica y los tribunales de justicia que están viéndose a prueba, revise el caso en mención y no piense en indemnizar a Figali, ya que al parecer lo único que busca el empresario es recuperar sus bienes de los que fue despojado y así volver a ver que justamente el centro de polo de desarrollo de Amador se vea afectado por más empleo y se vuelva a posicionar como el centro de interés turístico y comercial que todos queremos.

¿Por qué la Ley 55 es inconstitucional?

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En pleno debate está la iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, para derogar la llamada Ley 55 de 2012. Siguiendo el principio de que “ley mata ley”, de ser aprobada la propuesta, esta norma dejaría de existir en la vida jurídica.

La Ley 55 establece el procedimiento para procesar a los diputados (incluyendo al Parlamento Centroamericano, Ricardo Martinelli), pero los blinda para que sean juzgados en libertad e independencia, por lo que leerán más adelante. Sin embargo, hay otra vía.

En septiembre de 2013 presenté una demanda de inconstitucionalidad contra dicha norma. Si la Corte Suprema de Justicia declara que la Ley 55 es inconstitucional, no podría ser revivida bajo esta, o ninguna Asamblea Nacional, pues este órgano del Estado tiene prohibido aprobar leyes que sean contrarias al orden constitucional.

¿Por qué la demandé? Pues resulta que al ciudadano común se le extingue la acción penal, es decir la imposibilidad del Estado de investigar determinado delito, por razones muy obvias, lógicas, de sentido común y siguiendo la costumbre del derecho penal.

Esto es por: amnistía, prescripción de la acción penal, la muerte del imputado y mediación en los casos que procede. Por ejemplo, al diputado, se le extingue conforme a lo que dice el último párrafo del artículo 491-a del Código Procesal Penal, introducido por la Ley 55, que dice: “Si en un término de 10 días el magistrado que ejerza las funciones de juez de garantías no fija el plazo de finalización solicitado por el imputado o si el magistrado fiscal no remite a dicho juez de garantías la investigación en el plazo fijado, se tendrá por extinguida la acción penal, que será decretada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia a solicitud del imputado o de su defensor. La decisión que adopte admite recurso de reconsideración”.

A mi juicio, esto es un fuero que se han establecido los propios diputados, quienes por razón de su cargo pueden tener un “procedimiento” distinto, pero lo que no pueden tener es una “protección” de este tipo, y menos por cuestiones de forma.

La Constitución Política señala en su artículo 19: “No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”.

A su vez, esto es contrario a la intención de los constituyentes, quienes al reformar la Carta Magna, en el año 2004, eliminaron la inmunidad parlamentaria, que la Ley 55 ha revivido de facto.

La Constitución, al eliminar la inmunidad, establecía lo siguiente en el artículo 149: “Cinco días antes del período de cada legislatura, durante esta y hasta cinco días después, los miembros de la Asamblea Legislativa gozarán de inmunidad. En dicho período no podrán ser perseguidos ni detenidos por causas penales o policivas, sin previa autorización de la Asamblea Legislativa”.

En un Estado que practique de verdad la democracia, en el que rija un funcional estado de derecho, sin inmunidad ni impunidad, la Ley 55 no debería tener ningún tipo de vigencia política. La Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra. Certeza del castigo es lo que requerimos.

 

El flagelo de la corrupción

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Los cambios políticos que se prevén en España y Grecia no auguran ningún futuro promisorio para esas naciones. Sin embargo, las clases políticas dominantes serán responsables si esos giros a la izquierda a través de estos movimientos populistas terminan en el desastre total, como en Venezuela, tras 16 años de Gobierno cívico-militar. Ese mal ejemplo venezolano es parecido al de Brasil y Argentina.

Lo que se ve hoy en Europa parece provenir en su ejemplo de la verborrea populista de regímenes como el de Chávez que, en sus campañas mediáticas internacionales, crearon falsas esperanzas y, en el caso de PODEMOS en España, hasta financiaron por varios años a sus principales líderes. Así como los altos niveles de corrupción antes de Chávez facilitaron su ascenso al poder, así mismo esa corrupción multiplicada al infinito mezclada con carteles de droga, está llevando a la inminente caída del llamado Socialismo del Siglo XXI. Lejos de ser una potencia, pero sí llamativa de atención, por lo de su posición estratégica, la ampliación de su Canal y su alto nivel de crecimiento económico, Panamá no se queda atrás en ese salvaje proceso de corrupción de las clases políticas dominantes que se da en otros países latinoamericanos.

En julio 1 de 2014 ascendió al poder el ingeniero Juan Carlos Varela. Le ganó al candidato del partido Cambio Democrático, del expresidente Ricardo Martinelli, el favorito hasta el día de las elecciones. Existían graves rumores de la extensa red de corrupción que había creado Martinelli dentro de su Gobierno. No se podía probar nada y siempre a cualquier mención que se hiciera sobre el tema se aducía ‘persecución política’. El clamor de justicia favoreció que Varela nombrase gente muy competente y seria al frente de las instancias fiscalizadoras. Al pensar Martinelli que no era posible que su candidato perdiera, no hubo manera de esconder todos los entuertos que se han ido encontrando, en los que participaron directamente el absorbente expresidente y su camarilla.

Después del 1 de julio el caldero de la corrupción del anterior Gobierno se ha ido destapando. Todos los días en alguna entidad se encuentra un escándalo de sobreprecio, robo de recursos públicos, tráfico de influencia, en fin, la más extensa gama de delitos contra la Administración Pública. Lo peor es que todo conduce a un solo lugar: Ricardo Martinelli, el autoritario presidente que gobernó Panamá comprando a los diputados que estaban a la venta, manipulando fallos en el Órgano Judicial, debilitando las entidades de control y generando terror a los que se atrevían a enfrentarlo.

Cuando Martinelli empieza a defenderse de las denuncias que se ventilan decide visitar al arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa. Al día siguiente el prelado católico aparece como una de las personas a quienes los servicios de espionaje del Gobierno espiaban su teléfono. Parece que la paranoia del exmandatario era tan aguda que necesitaba saber lo que hablaban de él, inclusive gente de su propio partido. Por lo de las escuchas telefónicas están presos un exdirector de la Policía Nacional y dos exdirectores del Consejo Nacional de Seguridad, uno de ellos consuegro de Martinelli.

El primer caso se descubre al confesar el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburelli, hoy con casa por cárcel, que la venta de $60 millones de comida deshidratada de Brasil para estudiantes de áreas remotas, cuyo costo era inferior a 15 millones, había sido ordenada a insistencia de Martinelli. Además de ello, la comida no pudo utilizarse porque mucha estaba vencida y su sabor resultó desagradable para los estudiantes. Con motivo de este caso, la Corte Suprema de Justicia, el pasado 28 de enero, autorizó la investigación penal del expresidente Martinelli, quien salió del país ese mismo día con destino desconocido.

Otro exdirector del PAN, Rafael Guardia, detenido en la prisión ‘La Gran Joya’, construida en el Gobierno de Martinelli, ha sido más directo en involucrarlo, al señalar que de los 4 mil millones gastados en su entidad, por lo menos 2 mil fueron pagados como coima al expresidente y su secretario privado, Adolfo de Obarrio, hoy requerido por la justicia, pero fuera del país. Además que entre los principales proveedores del PAN estaban los Supermercados 99 de propiedad del expresidente, un total de 42 en todo el país.

El flagelo de la corrupción mata muchas personas, porque les impide recibir la debida atención médica; atrasa a los pueblos, porque impide que los niveles de la educación pública sean parecidos a la educación privada. Muchos otros males causa, afectando a los más pobres. Se estima que durante el Gobierno de Martinelli se robaron o dilapidaron más de $5000 millones. En 2009, al asumir al poder, Panamá tenía 10 mil millones de deuda externa; duplicada en el quinquenio anterior.

Ojalá que persistamos en la lucha global contra la corrupción y logremos que la misma no sea únicamente enunciados de buenas prácticas e hipócritas declaraciones que nunca se concretizan, porque para los políticos es mejor permitirla solapadamente, para que así puedan perpetuarse en el poder como ha ocurrido en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Nicaragua, y gracias a Dios, no ocurrió en Panamá.

La promesa de ‘no más impuestos’

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Tras la pretensión del Gobierno central de incrementar el impuesto al combustible para sufragar un aumento a los jubilados, tanto en las redes sociales como en las calles se expresó el rotundo rechazo a esta medida que, a todas luces, perjudicaría a miles de panameños. Nadie estaba ni está en contra del aumento para los pensionados y jubilados del país, pues sabemos que se lo merecen. Pero haber inventado que la única fórmula de conseguir los fondos era por medio del impuesto a ciertos combustibles fue una ridiculez.

Por más economistas, auditores, financistas que quieran ser o parecer, sabemos que querían aplicar la medida por varias razones y una de ellas era que al afectar a una cantidad tan numerosa de la población era difícil organizarse y promover manifestaciones para rechazar lo injusto de esa propuesta.

El presidente Juan Carlos Varela prometió en campaña “no más impuestos”, sin embargo, transcurrido menos de un año de su gobierno, anunció la desastrosa medida de aumentar el impuesto a la gasolina y diésel, bajo el tonto pretexto de que hacía más de 30 años que no se revisaba. Esto lo expresó la actual viceministra de Finanzas, sin comprender que afectaría de forma directa a la vida de todos los panameños, que no tenemos la culpa de que los pensionados y jubilados de la Caja de Seguro Social (CSS) hayan cotizado con salarios bajos y que sus pagos no alcancen a cubrir el alto costo de la vida.

Yo he cotizado a la CSS durante dos décadas y más, y además que no tengo dependientes tampoco utilizo los servicios médicos de la Caja, como la mayoría de las clase profesional de este país. Era injusto que bajo el argumento de ser “solidarios” pretendieran que, además de todas nuestras cuotas, que tiene a su haber la CSS, también pagáramos con nuestros impuestos el aumento de los pensionados.

Creo que es más justo y equitativo aumentar los impuestos a los cigarrillos, casinos, licores, eliminar las exoneraciones a diputados, el combustible mal usado por los ministerios, los vehículos que viajan vacíos por todo el país, mientras el ministro llega en el avión, los carros patrulla que permanecen encendidos y estacionados, por horas, para mantener el aire fresco. Esos son gastos innecesarios del Estado y si se disminuyen, se puede balancear el presupuesto. En fin, Sr. Varela aunque usted ya ordenó retirar el proyecto para aplicar el nuevo impuesto al combustible, recuerde que usted es el primer mandatario, pero el pueblo es el primer mandante. Escuche a Panamá, “no queremos nuevos impuestos”, tal como usted lo prometió.

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El aumento a las pensiones de jubilación

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Existe una vieja y jocosa anécdota sobre un personaje al que cada vez que se le preguntaba ¿cuándo se graduaría de la universidad? respondía que solo le faltaba una materia. Así pasaban los años y él repetía lo mismo, hasta que sus allegados concluyeron que la materia que le faltaba era la gris.

Durante la última década vimos cómo los gobiernos de turno hicieron “reformas” al Código Fiscal, que a su vez iban reformando, a diestra y siniestra, con otros cambios. De manera que todavía parece subsistir ese afán de jugar a las “reformas”, quizás porque muchos funcionarios de la pasada administración CD/panameñismo (coautores de esos cambios) son los que ahora tienen en sus manos la hacienda pública y la política fiscal del Estado panameño.

A finales del año 2014, el nuevo Gobierno comenzó con un premio a los morosos e irresponsable mediante una “Ley de moratoria” para el pago de impuestos; luego se presentó un proyecto de ley que pretende modificar el Código Fiscal en materia de avalúos inmobiliarios; otro de “equiparación” impositiva de las bebidas alcohólicas (licores y cervezas), y ahora se plantea un aumento al impuesto al consumo de derivados del petróleo para destinarlo a un supuesto ajuste salarial para algunos sectores de pensionados y jubilados.

Sobre el tema de la política fiscal ya se ha dicho que el sistema tributario local no aguanta más parches reformatorios y que se requiere de un Código Tributario, no solo por las formalidades y solemnidades propias de los tributos, sino por la esencia y coherencia jurídica/económica con la que se deben legislar los impuestos, tasas y contribuciones (tributo), ya sea de orden nacional o municipal.

En la materia de tributos se enseña la importancia del estudio de la elasticidad, regresividad, repercusiones, efectividad, etc., que estos deben tener; y se destacan los impuestos al consumo como los más regresivos, en nuestro caso a la gasolina y demás derivados del petróleo.

Así, flaco favor le harán a los pensionados y jubilados (favorecidos o no) al incrementar sus pensiones mediante un incremento al impuesto de los combustibles, porque aunque por una parte les den $50.00 o $20.00 adicionales, el costo de la canasta básica y demás bienes y servicios aumentarán, sin duda alguna. Como decía la abuelita: “Saldrá más caro la mecha que el candil” o “no me ayude compadre”.

En conclusión, la política fiscal no es asunto de ocurrencias, por ende, la política tributaria no debe estar sujeta a improvisaciones pues seguiríamos en “más de lo mismo” (reformas de reformas) para, supuestamente, salir del paso cuando en realidad nos hundimos más.

Por ello hay que actuar con responsabilidad y eliminar toda esa tanda de subsidios injustificados, igual que el número plural de exoneraciones tributarias que perforan más el sistema tributario (renta, inmuebles, v.gr.).

También se podría exonerar a los pensionados y jubilados del pago de la cuota de Seguro Social (basada en ingresos brutos) lo que sería una forma de aumentarle su entrada personal, esto es, sin perjuicio de que el aumento sea complementado (total o parcial) con las cada vez más crecientes “partidas” asignadas a los diputados, a lo que –seguro– ningún de ellos se opondría.

Estos ejemplos son menos regresivos que aplicar nuevos impuestos. Que no falte la materia… tributaria.

Un modelo a imitar

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Las contrataciones públicas suelen ser la vía más socorrida de los funcionarios corruptos para obtener dinero mal habido y, en el proceso, despojar al Gobierno de fondos que de otra suerte serían utilizados para satisfacer las necesidades de salud, educación, agua potable, caminos y carreteras, entre otros servicios públicos. En Panamá hay dos sistemas de contrataciones para la compra de bienes y servicios: uno que privilegia la competencia –Autoridad del Canal de Panamá (ACP)– y otro, en el resto del Gobierno, que privilegió en el pasado quinquenio las contrataciones directas, en detrimento de la competencia.

No soy experto en la materia, pero conozco suficiente para saber que cuando hay competencia (caso de la empresa privada) quien adquiere un bien o servicio obtendrá la mejor calidad al menor costo posible. La competencia da el mejor precio y este es el resultado de las fuerzas del libre mercado. El célebre economista austríaco Friedrich Hayek, ganador del Premio Nobel de Economía en 1974, la describiría así: “El precio de mercado no será conocido hasta que haya competencia”.

La olímpica corrupción que estableció el Gobierno anterior tuvo su sustento en por lo menos seis enmiendas a la Ley de Contrataciones Públicas de junio de 2006, bajo el falso objetivo de acelerar el proceso de compras para “agilizar” la ejecución de obras públicas. Además introdujo el concepto de “equilibrio contractual” para justificar cláusulas nuevas en un contrato, bajo el pretexto de mantener el equilibrio cuando cambiaran las condiciones del contrato original. El resultado de esta desviación fueron los enormes sobreprecios en contratos pactados directamente con allegados a la pasada administración; esa gente estaba tan desbocada que no había benchmarking en las compras que les sirviera de contención a su codicia. ¡El sistema de contrataciones había sido rediseñado para servir a sus propósitos!

En su plan de gobierno, el presidente Juan C. Varela prometió“un sistema público de compras y contrataciones abierto, competitivo y transparente, con monitoreo público…”. Para lograr que sea eficiente y transparente no tiene que ir muy lejos; le recomiendo que se familiarice con el que rige en la ACP y lo adapte a la realidad gubernamental, para garantizar la competencia y prevenir la corrupción.

El sistema de contrataciones de la ACP se inspira en el que regía bajo administración estadounidense, que se basaba en el Título 41 (Contrataciones Públicas) del Código de Reglamentos Federales. Su objetivo es obtener la mejor calidad, los precios más favorables y la entrega en el plazo más oportuno. Sus elementos clave son: imparcialidad, equidad en la relación con los contratistas, auditoría posterior a los gastos y flexibilidad razonable para decidir situaciones de urgencia. En cuanto a transparencia e integridad, una disposición obliga al personal a presentar informes anuales del estado de sus finanzas personales.

En materia de competencia se aplican cuatro tipos de licitaciones: Con base en el precio más bajo; negociada de precio más bajo; negociada de mejor valor, y licitación pública en dos etapas: 1. Propuestas técnicas, que se aclararán y negociarán conforme al pliego de cargos, y 2. Propuestas de precio recibidas de los proponentes seleccionados en la primera etapa. En la ACP, las contrataciones admiten la excepción de la competencia solo en casos en que se solicite una marca, fabricante o suplidor específico cuando no haya sustituto adecuado. Entonces el oficial de contrataciones emite una resolución motivada en la que expresa el fundamento de la decisión.

No es un sistema a prueba de actos de corrupción; ocurrieron bajo la administración estadounidense, también en la panameña. Bajo la de Estados Unidos fue famoso el conocido “caso Gerard Lavecchia”, quien en 1994 fue sentenciado por un juez de Brooklyn a 27 meses de prisión y a restituir $347,000 a la Comisión del Canal en concepto de sumas recibidas por extorsión y sobornos. Y bajo administración panameña seis colaboradores han sido destituidos por violar el reglamento, y dos de ellos rindieron cuentas ante tribunales penales.

Lo importante es que el sistema es transparente y está diseñado para identificar y perseguir a los funcionarios corruptos, incluso a través de la denuncia anónima ante el fiscalizador general.

Hasta donde tengo entendido, el Ejecutivo aún no ha presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que reemplace el esperpento que nos dejó como legado el pasado gobierno. Ojalá que esto se haga pronto para poner término al riesgo de que se sigan aplicando las contrataciones directas, algo que sería contrario a la promesa hecha por el presidente Varela. Quienes apoyamos su propuesta lo hicimos confiando en que honraría su plan de gobierno.

La constituyente y la Concertación Nacional son complementarias

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Una de las definiciones de la palabra “política” la describe como el arte de gobernar. Pese a que el término no es nocivo en sí, el escepticismo de la ciudadanía en quienes ejercen ese poder en Panamá hace que sea difícil reconocer que se trata de un proceso de negociación y de pugna ideológica necesarios para el ejercicio de la democracia.

Ha sido el formato, consistente y repetitivo, el que los partidos ganadores de las contiendas electorales utilicen su mando político para lograr poder económico y obtener acceso al botín de la victoria, lo que desprestigia el uso del término. Además, como se requieren enormes sumas de dinero para participar en las campañas electorales, esto bloquea la posibilidad de competidores emergentes, lo que fomenta el continuismo.

La revelación de los actos de corrupción, el requerimiento por parte de las autoridades de los implicados y el nombramiento de personas de solvencia moral y profesional en los cargos de contralor y procuradora de la nación actúan como ligeros alicientes para la ciudadanía, pero no calman la desconfianza en las autoridades ni corrigen la génesis de un problema tan arraigado en el país. Se podría decir que casi es una tradición en las prácticas de las autoridades.

Para acabar con la corrupción generalizada en los órganos del Estado durante el gobierno anterior, que penetró inclusive el sistema judicial, se requieren importantes reformas a la Constitución. Estas pudieran desarrollarse mientras se lleva a cabo la Concertación Nacional para el Desarrollo, porque el diálogo debe ser permanente en todo Estado democrático y ambas acciones se encaminan a implementar la justicia.

La transformación del dinero público en propiedad privada niega recursos a la consecución de objetivos en materia de educación y salud. La canalización de los fondos estatales en proyectos de alto perfil con sobrecostos agregados ha revelado su efecto final en las finanzas públicas. La corrupción a gran escala perjudica a la economía, promueve la injusticia y empobrece a toda la población y causa graves repercusiones sociales en la comunidad, ampliando la brecha de desigualdad entre ricos y pobres. Estos últimos no pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, transporte o medicamentos, lo que a su vez promueve la delincuencia y un estado de inseguridad. Así, los ciudadanos ven cómo su calidad de vida empeora día a día.

La corrupción es un problema extremadamente difícil de contrarrestar, incluso en los gobiernos democráticos, por eso es necesario diseñar una estructura legislativa e introducir los cambios necesarios en materia judicial que aseguren el debido cumplimiento de los procesos, reduzcan la tentación de incurrir en el enriquecimiento ilícito y la posibilidad de las autoridades en privilegiar los intereses particulares por encima del bienestar popular. Pero mientras que los controles teóricos no se materialicen en una constituyente, pensar en contrarrestar la corrupción sigue siendo una quimera.

Entendimiento nacional para la convivencia democrática

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El pueblo panameño está pendiente, y él nos reclama el entendimiento sobre las cuestiones fundamentales para que la paz sea cada vez más firme y robusta, para que podamos impulsar el desarrollo e iniciar, de una manera sólida, una nueva etapa de planificación educativa y de la salud; para que el desarrollo agropecuario reciba un impulso eficaz; para que las indispensables obras de infraestructura no tengan que esperar varias generaciones para hacerse, sino que se puedan hacer de una vez, a fin de aprovechar su rendimiento. Para todas estas cosas y más, el país está demandando un entendimiento nacional.

El entendimiento patriótico, es una urgente necesidad nacional, y no la piden políticos en nombre de intereses de grupo, lo reclama el país entero, en todos sus sectores y a todos sus niveles. Nos está reclamando, a quienes en una posición o en otra participan en la dirección de su vida, que sean sinceros al hablar de patriotismo y que recuerden que el patriotismo nos exige, ante todo, pensar en los interese colectivos y solo en subordinación a ello poner en marcha nuestra propia mentalidad o nuestros propios intereses personales o de grupo.

Una cuestión fundamental para que la democracia exista es que haya un margen de consenso sobre cuestiones fundamentales, para que el conflicto que necesariamente existe en la pluralidad de opiniones, tenga un campo dentro del cual ejercerse sin destruir lo fundamental. Cuando no hay consenso sobre lo fundamental y el conflicto lo abarca todo, entonces la convivencia democrática se hace imposible, el sistema mismo se afecta y puede sufrir males tremendos el organismo general, que es el organismo del país.

La idea de que los países en vías de desarrollo (como el nuestro), y dentro de éstos, los sectores que tienen el privilegio de una mayor capacitación, de una mayor cultura, de un mayor poder económico, político y social, están en la obligación de trabajar activamente por la incorporación al progreso de los otros, en cuya realización puede andarse mucho si la conciencia empresarial se hace clara y si la conducta de los grandes dirigentes de empresa marchan en armonía con estos principios.

La democracia es libertad, es respeto a las concepciones ajenas, es garantía para las expresiones ajenas, es garantía para la expresión del pensar de cada uno y de la acción de cada grupo. Todo ello es posible y puede levantarse sobre una base firme, contando con el consenso indispensable que nos una a todos en los valores y afirmaciones de la patria y de la vida, que son los que nos sirven de soporte para poder discrepar y discutir en un ambiente de creadora libertad.

Ante el reto del desarrollo, el Gobierno nacional es un factor, pero no el único. Necesitamos la colaboración de los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional; la comprensión y la colaboración de los organismos municipales. Todos tenemos un señor a quien servir, que es el pueblo panameño; todos tenemos una común obligación y sabemos que a todos se nos pedirán cuentas en la medida en que podamos responder a las aspiraciones.

Los problemas de Panamá son muy grandes y sus programas son muy ambiciosos, para que pueda resolverlos solo un Gobierno. El Gobierno es responsable del impulso, de la dirección y de la tarea administrativa, pero la empresa es de todos los panameños. En la medida en que podamos transmitir esa sensación solidaria, y mantener la preocupación de todos, sean cuales fueren nuestras condiciones políticas, aspiraciones partidistas, posición económica y social, así como nuestro grado de cultura o el lugar donde hayamos nacido, o vivamos; en esa misma medida podamos tener éxito, lograr el desarrollo, y conseguir que los documentos y mensajes oficiales no sean un enunciado de metros más de edificaciones, sino la expresión de un anhelo nacional que se va realizando.

Finalmente, la planificación democrática, es una planificación que no se impone caprichosamente por un grupo dirigente que se sienta sustituto de la voluntad nacional; una planificación que sea el resultado de una consulta permanente con todos los sectores y a todos los niveles.

El costo de la corrupción en la administración pública

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Según el Banco Mundial, la corrupción es sin duda el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social de un país.

Para que tengamos una idea de cómo nos afecta la corrupción en la administración pública en Panamá veamos algunas cifras redondas y aproximadas. Si bien es cierto que el desembolso –incluyendo gasto, servicio a la deuda e inversión– total del Estado se ha mantenido estable en proporción al crecimiento del producto interno bruto, debimos aprovechar el crecimiento para crear una administración más eficiente, en vez de una burocrática y abultada estructura que gastará más.

El Estado desembolsó alrededor de 150 mil millones de dólares en los últimos tres lustros, distribuidos de la siguiente forma: $28 mil millones durante el quinquenio fiscal del año 2000 a 2004; $43 mil millones entre el año 2005 y 2009 y, $79 mil millones de 2010 a 2014.

Transparencia Internacional le da a Panamá un puntaje de 37 sobre 100 en corrupción, o 1.8 sobre 5. En comparación con otros países, Panamá ocupa el sitio 94 de 174. De allí que se calcula que los dineros perdidos por corrupción representan aproximadamente el 5% del total del desembolso del Estado; esta cifra es de $800 millones anuales o $4 mil millones de dólares en los últimos cinco años y podríamos estimar que más de $10 mil millones en los últimos 20 años.

En otras palabras, se calcula que con los dineros perdidos por corrupción en las dos últimas décadas se hubieran podido realizar casi dos expansiones al Canal de Panamá, seis líneas de metro, 11 puentes sobre el Canal, 10 mil escuelas, 2 mil centros de salud equipados, 200 mil viviendas dignas, acueductos y sanidad en toda la república, transporte público metropolitano eficiente o una buena combinación de todas las obras mencionadas.

En términos de deuda pública, solo si hubiésemos contado con gobernantes honestos en los últimos 20 años, la deuda sería $10 mil millones menor al monto actual de $25 mil millones, incluyendo los proyectos llave en mano. En intereses promedio pagamos el 5.4%, lo que representa $540 millones por año por los dineros perdidos en corrupción. Es decir que con el dinero que se desembolsa en intereses –a causa del dinero hurtado– podríamos hacer 540 escuelas por año.

La corrupción en la administración pública no solo afecta de forma directa las arcas del Estado, a esto hay que sumarle el tráfico de influencias, las concesiones (mal negociadas) para la explotación de recursos naturales, la venta desventajosa de las tierras nacionales, las coimas y la ineficiencia.

Pero la corrupción va mucho más allá de hurtar los dineros de todos, también roba las oportunidades de salud, educación, cultura, deporte y bienestar de los menos afortunados. La corrupción asesina a quienes no tuvieron las facilidades médicas disponibles cuando las necesitaban. Esta es producto del deterioro y distorsión de las prioridades humanas, lo que desemboca en una grave y peligrosa crisis de valores. También es producto de la impunidad que insulta a los ciudadanos, en una sociedad en la que no existe la certeza de castigo y crea hijos que le escupen la cara a su madre. La impunidad es la raíz de la soberbia y esta, a su vez, es motivo de la indignación y repugnancia que luego se convierten en odio. Cuando este odio se vuelve colectivo desemboca en la violencia y en el desorden público.

De forma que, la corrupción y la impunidad, sin certeza de castigo son la fórmula perfecta para desestabilizar a la sociedad.

Estamos a tiempo de cambiar el rumbo de la patria y de caminar por el sendero de la transparencia y la honestidad. Juntos podemos vivir felices en una sociedad fundamentada en el desarrollo humano, con institucionalidad, equidad, educación y cultura. Condiciones que solo se logran mediante la aplicación de justicia, porque sin esta nunca habrá paz social. #TodosSomosUno

Es urgente fortalecer la transparencia

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La corrupción en Panamá es de vieja data. Si revisamos la historia política del país a partir de la separación de Colombia, veremos que por un lado fuimos afortunados en nuestros anhelos de secesión.

El rechazo del Tratado Herrán-Hay por parte del Senado colombiano fue una coyuntura favorable para que Estados Unidos –que tenía interés en la construcción del Canal– apoyara nuestra causa separatista. De otro modo, Colombia habría perpetuado su presencia en el istmo, con todas las humillaciones de que éramos víctimas.

Es innegable que algunos de los llamados próceres expusieron su integridad física cuando esa causa estaba en ciernes, pero cristalizó con la intervención estadounidense, que fue el desenlace propicio para la fundación de la nueva República independiente, aunque, claro está, mediatizada hasta la desaparición del colonialismo.

A lo que debo referirme es que en ese ajedrez político de 1903, la naciente oligarquía se repartió la riqueza nacional desde el poder, y se perpetuó en cada torneo electoral en que fue nula la opinión del electorado. Y Estados Unidos no dejó de intervenir para mantener sus intereses hegemónicos.

De esta forma, una oligarquía fuerte e inamovible clavó sus anclas en el poder ejerciendo actos de corrupción de toda clase. Mientras, los de abajo, los desheredados de la fortuna, eran seducidos por los partidos políticos de su propia costura. Así, por muchos años el pueblo no pudo contar con partidos ideológicos que velaran por sus propios intereses.

Escasamente, el Dr. Demetrio A. Porras logró inspirar cierta confianza en los sectores rurales y de la ciudad y con algún esfuerzo electoral logró llevar al hemiciclo legislativo a ciertas figuras de su Partido Socialista. Estos también, desde otras trincheras independientes, descollaron después como diputados progresistas.

Pero aun con esas variantes, el panorama político no dejaba de dibujarse corrupto y los llamados “rabiblancos” seguían mandando en cada cuatrienio.

No todo fue en vano. Alguna inspiración redentora inyectaron en las masas irredentas los exiliados de Franco y aunque sus ideas eran anárquicas, sus inquietudes coincidían con las que mantenían en alto los socialistas y comunistas, cuando ya, pasada la Segunda Guerra Mundial, se empezaba a definir el camino democrático, con el estallido de la Federación de Estudiantes de Panamá y el Frente Patriótico de la Juventud. Cuando este se constituyó en partido político, alguna evolución positiva se observó en la conciencia del pueblo, porque ya la oligarquía en el poder empezaba a resquebrajarse.

A pesar de estos altos y bajos, en el Panamá actual persiste la corrupción, sobre todo en las capas altas. Su poder mágico de seducción sigue corrompiendo a los de abajo. Y, por lo que observo ahora, pasará mucho tiempo antes de que el poder político se adecente de verdad.