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Es una necedad arrancarse los cabellos ante situaciones críticas, como si estas pudieran ser aliviadas por la calvicie.

Es cierto que los panameños vivimos un momento histórico, político y jurídico que nos causa algo de satisfacción, en función de los progresistas cambios que se generan en el sistema judicial, encaminados a procesar e imponer las sanciones correspondientes a los servidores públicos y empresarios que cometieron toda clase de tropelías en perjuicio del Estado, en especial a los señalados por delitos de peculado y corrupción pública.

Sin embargo, esa satisfacción debe ser tomada con prudencia y cautela, pues tales cambios –cuya efectividad aún están por demostrarse– no son suficientes y solo se registran en la esfera del Ministerio Público.

Causa terror, preocupación e inquietud que el Órgano Judicial (cuya pésima organización y funcionamiento es un hecho público notorio) conserve su vieja, obsoleta y nefasta estructura jurídica, que le permitió la impunidad absoluta a muchos otros funcionarios o exfuncionarios que cometieron delitos o fechorías en el ejercicio de sus cargos. Igual que a los particulares o a los empresarios poderosos que han sido cómplices de tales prácticas delictivas.

Los panameños conocemos que en cualquier momento o con motivo de toda acción legal, le corresponde al Órgano Judicial la misión de proferir la decisión final y definitiva de los casos de alto perfil, cualesquiera sea su naturaleza jurídica (v. gr. penal, civil, administrativa, laboral, comercial, etc.), algo que no siempre han hecho en estricto derecho y con justicia.

Ante esa deplorable e insostenible realidad jurisdiccional, el pueblo, en general, y la sociedad civil organizada, en particular, tienen la difícil y delicada tarea de mantenerse vigilantes ante las actuaciones que asuman los jueces, magistrados y la Asamblea Nacional que conozcan los casos jurídicos de corrupción escandalosas que tienen en vilo y en sobresalto a la nación, a fin de asegurar que en el manejo de estos predomine la transparencia, la verdad, la legalidad y la justicia, en vez de la endémica vagabundería o sinvergüenzura jurídica de años anteriores.

Sin duda, la tramitación y decisión efectiva de los procesos que nos mantienen en zozobra es de trascendental importancia para la vida nacional, no solo por la enorme y perniciosa gravedad de los hechos ilícitos bajo investigación penal y administrativa, sino porque se sienta en un precedente jurídico que abre las alamedas de una primavera panameña en contra de la corrupción pública. Este flagelo había permitido que exfuncionarios corruptos, hartamente conocidos, deambulasen libremente por las calles e inclusive participaran, de forma cínica, en el quehacer público nacional, restregándonos en la cara la fortuna mal habida que lograron como producto de su insaciable corrupción pública.

Tal situación, a no dudarlo, fortalecerá la institucionalidad democrática y el estado de derecho. No obstante, debemos seguir luchando para evitar o contrarrestar la posibilidad de que la administración de justicia caiga en una especie de parálisis o catalepsia funcional, como resultado de que los jueces y magistrados se ocupen de forma única en los casos de alto perfil bajo reciente investigación penal, y que engaveten y dejen que se llenen de más polvo, telarañas y polillas los expedientes de casos de miles de panameños que llevan sin resolverse entre 5 y 20 años, lo que profundizaría la “mora judicial”.

Pareciera que muchos funcionarios judiciales, en vez de despachar estos expedientes, están ensimismados en los casos penales que saltan a la palestra pública, entre los que figura como protagonista principal, nada menos, que el expresidente de la República, por actos de corrupción pública y otros delitos graves.

La mencionada “mora judicial” resulta más patética y criticable, tomando en cuenta que los funcionarios del Órgano Judicial, a diferencia del resto de los servidores públicos del Estado, solo trabajan siete horas diarias, de lunes a viernes, y sus asuetos por días feriados son más que el de los otros órganos o instituciones públicas.

Por consiguiente, es indispensable e impostergable que, como primer paso, se apruebe el proyecto de ley de carrera judicial que se encuentra en la Asamblea Nacional y, de forma paralela, se den los pasos necesarios para la instalación de una asamblea constituyente originaria, de lo contrario los casos penales en contra de exfuncionarios y empresarios corruptos podrían quedar enmarcados en el refrán que dice: “Alegría de perros cazando monos”. En este caso, nada más ni nada menos que monos gordos”.

El proyecto de ley 10 recién aprobado por la Asamblea Nacional, que modifica y adiciona artículos a la Ley 45 de 2007 y dicta medidas sobre el derecho de los consumidores al uso de estacionamientos en locales y centros comerciales, generará ciertos beneficios, pero al mismo tiempo podría afectar a los comercios e incluso a sus clientes.

Esto es así por la cantidad de tiempo gratuito que estipula de hasta tres horas, lo que provocará que algunos centros comerciales se queden sin espacio e imposibilitaría la llegada de otros clientes, mientras los dueños de muchos de los vehículos que ocupan los estacionamientos, al final, compren cualquier tontería para justificar su uso.

En este caso, tanto los comercios como sus clientes serán afectados, porque si los espacios están llenos de vehículos cuyos dueños pueden ser clientes simulados, entonces, los que realmente quieren comprar tendrían que irse, así ellos pierden tiempo, y los comercios, dinero.

Creo que el cobro o no de estacionamientos, y la cantidad de tiempo gratuito debe ser flexible, tomando en cuenta los siguientes factores:

Primero, la escala de centro comercial. En los pequeños, en donde en pocos minutos se recorren todos los locales, el tiempo gratuito debe ser menos, normalmente con una hora es suficiente; en los grandes que tarda más recorrer y los clientes pueden hacer varias compras, se debería alargar el periodo gratis; y en el caso de los complejos aislados donde no es posible estacionarse, para luego caminar hacia otro lado, los estacionamientos deben ser totalmente gratuitos, si cuentan con suficientes espacios como de hecho se hace en Albrook Mall y otros similares.

Segundo, hay que considerar la cantidad de estacionamientos por local y el movimiento que tiene el lugar. Uno con muchas tiendas, pero pocos estacionamientos, obviamente no puede darse el lujo de ofrecer tres horas gratis, máxime cuando tiene mucho movimiento. En realidad los centros que cobran por ese servicio lo hacen más bien para controlar el acceso que por el ingreso a obtener. Por esto, es mejor que sean los propios administradores los que decidan si cobran y cómo, con base en las condiciones de cada uno. Si el ingreso por cobro no compensa la caída de negocio por la medida, creo que ningún comerciante en su sano juicio lo exigiría.

Tercero, el tipo de negocio y el tiempo que tarda el cliente para obtener el servicio o producto. Por ejemplo, en salones de belleza y estética, salas de juego y gimnasios, el tiempo gratuito debe ser mayor. Pero, al margen de la cantidad de horas que se establezca, no se debe condicionar el derecho de uso gratuito a la presentación de la factura de compra, pues si uno realmente quiere comprar, pero no consigue lo que busca, tendría que pagar de todos modos. Lo justo sería reconocer igual derecho a los visitantes que no concretan la compra. Algunos dirán que si no se pone esa condición, mucha gente abusaría. Para evitar esto, se pueden adoptar otras medidas de control para saber si un cliente realmente está en el complejo comercial, mientras su auto permanece estacionado. Por ejemplo, exigirle al que no concreta la transacción, que pida una constancia de visita y tiempo estipulado en la tienda que visitó. En los centros grandes que disponen de más recursos y cuyos clientes suelen ir a varios locales, se les puede exigir registrar la estadía cada cierto tiempo, validando su tiquete de estacionamiento en máquinas automáticas instaladas a cierta distancia.

Espero que los honorables diputados, en particular los proponentes, sean capaces de reconsiderar el proyecto ya aprobado, e introduzcan modificaciones, tras efectuar las consultas necesarias con los sectores empresariales. Es deber de los diputados crear un ambiente legal favorable para los comerciantes que son una parte importante de los que pagan impuestos.

En otros tiempos, los acreedores solían cobrar con una invasión a la nación deudora en la que las materias primas garantizaban el pago de la deuda. En el caso de República Dominicana, la intervención en el cobro de las Aduanas se convirtió en la garantía de pago. Luego vendría la intervención del país por ocho años. En la actualidad, el asunto se dirime en contratos que las partes se comprometen a cumplir y ahí es donde, como dicen los criollos, la puerca tuerce el rabo. Grecia es hoy protagonista global de esos acuerdos para el pago de su deuda. Por supuesto, las negociaciones son el punto central de todo el embrollo.

Se supone que Grecia llegó a un acuerdo con lo que en principio se llamó troika –Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE)– para su primer rescate, pero resulta que un nuevo gobierno es elegido y comienza el camino de desandar la ruta acordada. Alexis Tsipras y su partido Syriza ganan las elecciones con una promesa electoral de recuperar su dignidad. El nuevo Gobierno decidió que no podía aceptar las condiciones impuestas por los acreedores y realiza un referendo para que sea el pueblo griego el que decida su destino. El líder de Syriza le pide a los griegos que rechacen los acuerdos. Como consecuencia del referendo, se suspenden las negociaciones y el pueblo griego votó con un “no” a las propuestas que ya no estaban en vigencia. Dice Alexis que “lo llevó a cabo, porque consideró que situaría a Grecia en una mejor posición para negociar con los acreedores”.

El discurso de la pérdida de soberanía y de la independencia, del terrorismo financiero y de la humillación para Grecia que representaba el acuerdo fue el argumento válido para decir a las “instituciones” (la misma troika con otro nombre) que no estaban dispuestos a aceptar las condiciones acordadas con los acreedores. Ahora Alexis ha firmado un nuevo acuerdo peor que el de antes del referendo. Al parecer, Grecia es hoy una nación “intervenida” por los acreedores y, como en los viejos tiempos, con la privatización de bienes públicos por 55 mil millones de dólares. Bruselas será encargada de vigilar que esta vez los acuerdos se cumplan.

O sea, Alexis convoca un referendo y pide a los griegos un “no” a un acuerdo inexistente. Con ese no de los ciudadanos griegos, firma un nuevo acuerdo en peores condiciones que el anterior y dice que “asume la responsabilidad de un texto que firmé para evitar el desastre”, y agrega que “no cree en el acuerdo firmado, pero se ve obligado a ponerlo en práctica”.

¿Gana un referendo y pierde la negociación?

El ministro de Finanzas alemán Wolfang Schäuble, parte esencial del acuerdo, declara que “Tsipras rechazó anteriormente un programa similar y después apostó por el no en el referendo y obtuvo una gran mayoría. Ahora él quiere hacer lo contrario de lo que defendió. Se puede tener dudas”, mientras Tsipras ha cancelado a los tres ministros que votaron en contra del acuerdo. ¿Tragedia o comedia?

Algo huele a podrido en Panamá, bien podrido”, habría dicho Shakespeare si viviera entre nosotros. Rafael Guardia y Giacomo Tamburelli, dos exdirectores del Programa de Ayuda Nacional, del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, no solo se han declarado culpables de peculado, sino que revelaron el entramado de corrupción que montó el gobierno ultraderechista que perdió el poder en las elecciones de junio pasado.

Ambos revelaron ante la fiscalía la red de empresas –varias de ellas pertenecientes al entorno familiar de los Martinelli– a las que compraban a sobreprecios, así como el monto de las comisiones cobradas por el expresidente y sus allegados. Para los que conocen la historia de Panamá, estos hechos no sorprenden, porque la oligarquía que nos gobierna, detrás de los políticos y los partidos, ha construido su patrimonio a costa del Estado.

Toda esta basura ha salido a la luz pública por la combinación de dos factores. Primero, la crisis de credibilidad del sistema político que obliga a los funcionarios a mostrar resultados, so pena de quemar los últimos vestigios de legitimidad. Por otro lado, el conflicto de intereses, entre dos bloques de poder económico.

Desde el movimiento obrero y popular, exigimos investigar a fondo y castigar a todos los culpables de la corrupción rampante. No se puede admitir que vayan a la cárcel solo los testaferros, también deben ser arrestados los grandes empresarios que han lucrado con estos negociados.

Es necesario investigar los escándalos de corrupción de los gobiernos anteriores, pues hubo denuncias, pero ninguna investigación.

La clase trabajadora debe demandar judicialmente a Martinelli, a su ministro José R. Mulino y demás jefes de seguridad y policía por la masacre de Changuinola, en julio de 2010, en la que murieron 10 personas por causa directa e indirecta de la represión policial.

También por el incendio que provocó una bomba lacrimógena lanzada por agentes de la Policía Nacional en una celda del Centro de Custodia de Menores Infractores, en la ciudad de Panamá, el 9 de enero de 2011, hecho que provocó la muerte de cinco jóvenes, por quemaduras e inhalación de humo.

Además, se debe investigar la represión ocurrida en San Félix y en David, en febrero de 2012, en la que murieron dos personas y decenas resultaron heridas, así como la acción policial registrada en Colón, en octubre de 2012, que dejó al menos media docena de muertos.

De todo lo anterior se colige la completa podredumbre del régimen político impuesto por la invasión estadounidense de 1989, la desconfianza en el sistema judicial panameño, y la exigencia de barrer con esa institucionalidad salpicada de corrupción, mediante una asamblea constituyente originaria y soberana.

Cuarenta y dos años después de su entrada en vigencia, la Constitución Política muestra sus grandes deficiencias y limitaciones. Así, desfasada, la ley fundamental no ofrece respuestas contundentes ante los problemas y nuevos retos que el Panamá del siglo XXI exige. Más allá de consideraciones de carácter político e ideológico, lo cierto es que el corpus del texto constitucional presenta deficiencias en su capacidad de reinventar o reformar las estructuras estatales para hacerlas más cónsonas con las demandas de la sociedad en materia de justicia, equidad y protección de derechos humanos, entre otros.

Una de las propuestas insignia de la campaña del hoy presidente Juan Carlos Varela fue, sin duda, la de convocar a una asamblea constituyente “paralela”. Intentaré presentar en este espacio las razones por las que creo inconveniente seguir adelante con una “paralela”, y ofreceré argumentos que refuerzan la legitimidad de la originaria.

En primer lugar, el proceso constituyente tiene como finalidad dotar de un nuevo pacto social al país y, por tanto, de una nueva organización política y jurídica del Estado. Es decir, es un proyecto dirigido a realizar cambios estructurales y no meramente coyunturales. Encontramos aquí el primer gran problema, puesto que los más acérrimos defensores de la constituyente paralela argumentan en su favor, por la posibilidad que brinda de emprender cambios “de forma” sin acometer reformas efectivas a los problemas “de fondo”. Al parecer, a nuestros gobernantes (puede que de manera inconsciente) les entusiasma llevar a la práctica la frase que Giuseppe Tomasi di Lampedusa plasmó en su obra El Gatopardo: “Es necesario que todo cambie si queremos que todo siga igual”.

En segundo lugar, desde el punto de vista doctrinal, la paralela implica un contrasentido a la esencia de lo que una constituyente realmente debe ser: originaria, y por tanto, pre jurídica, ilimitada y no sometida a los poderes constituidos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). En consecuencia, la paralela es una desnaturalización del concepto de constituyente planteado por el abad Sieyès (político de la Revolución Francesa, quien por primera vez sistematiza una teoría del poder constituyente) y llevado a la práctica por los revolucionarios liberales del siglo XVIII, tanto en Francia como en las 13 colonias estadounidenses.

Los detractores del ejercicio del poder constituyente desestiman la propuesta de una de tipo originaria, al esgrimir el argumento de que se trataría de un golpe de Estado. Quienes afirman esto ignoran que ese poder encuentra su fundamento y asidero en el principio democrático de “soberanía popular”, de herencia roussoniana y que postula el origen popular del poder político: el pueblo, como único y legítimo soberano en las sociedades democráticas, puede disponer libremente el cómo constituirse en Estado.

Para los más legalistas, cabe señalar que la Constitución Política vigente consagra en su artículo 2 la posibilidad de una constituyente originaria al disponer: “El poder público solo emana del pueblo…”.

A pesar de los argumentos antes esbozados y de los antiquísimos problemas que aquejan a nuestro país, a saber: corrupción sistémica, falta de credibilidad y eficiencia en las instituciones democráticas, inequidad, la no separación de los poderes del Estado, impunidad, entre otros, los perpetuadores del statu quo siguen descartando como inviable convocar a una constituyente originaria y hacen caso omiso a los alarmantes signos de desgaste del modelo político y económico del país. La partidocracia panameña, además de diversos grupos de poder económico, se siguen empeñando en desacreditar la reivindicación que, desde diversos grupos de la sociedad civil, movimientos políticos y colectivos diversos, se hace en pro de una constituyente que de verdad encarne los más elevados valores democráticos: pluralismo, igualdad de todos ante la ley, inclusión a los sectores sociales y la activa participación ciudadana.

La constituyente originaria se vislumbra, por lo tanto, no solo como una alternativa legítima de ejercicio del poder ciudadano, sino como un imperativo moral para aquellos ciudadanos que se ven comprometidos con la construcción de un proyecto nacional colectivo.