La Comisión de Reformas Electorales

Los medios de comunicación han publicitado la reciente instalación de la Comisión de Reformas Electorales, la que ahora –como medida que sigue a cada período electoral– retoma importancia y abre expectativas, tras haber transitado por un proceso cuestionado, cuyo saldo enseña lo frágil que son los mecanismos de elección. La fortaleza del sistema se hizo trizas con el empuje del autoritarismo y la debilidad de sus pilares, que creíamos muy fuertes.

Sin embargo, habría que decir que las elecciones por más transparentes, libres y competitivas que aparenten ser no garantizan el predominio del régimen democrático, lo simula y lo encubre, más bien. La democracia rebasa los límites de una coyuntura en la que se exponen proyectos políticos y se venden esperanzas con discursos y promesas incumplidas. Esta consideración, sin embargo, no demerita los esfuerzos por mejorar el andamiaje electoral.

Escoger entre la oferta a los que mediante el manejo de la cosa pública, hacen y deshacen, es un acto del que no hay que marginarse, pues incide en el porvenir de la gente. Pero, para tener resultados y no “arar en el mar”, hay que ir más allá de las meras formalidades. Se deben incorporar regulaciones cualitativas que den solidez institucional al modelo. Aunque esto no conducirá, per se, a la democratización, ayudará a construir el sustrato material que facilite igualar las condiciones para que los partidos y las personas que se agitan en los espacios electorales puedan competir sin que se les menoscaben las oportunidades.

Así, las responsabilidades políticas –más que los consensos de intereses sectarios– nos deben llevar a regulaciones precisas cónsonas a nuestra cultura política, entre otras, como aquella que trata el financiamiento de las campañas, el rol de la Fiscalía Electoral, así como el uso de los recursos del Estado. Este es un asunto que no solo debe prohibirse en las coyunturas preelectorales, sino impedirse de raíz por ser un mecanismo que lleva al enriquecimiento ilícito. Sobre esto, de usar y lucrar de los recursos públicos, resulta irrisorio conocer que después de lo ocurrido con los cargos convocados a nuevas elecciones, precisamente por ese delito, nos demos cuenta de que los mismos infractores (aquellos que ganaron), así como gran parte de los integrantes del Legislativo, a tan pocos días de tan sonados casos, reciban recursos del Estado, con el título de “bonos navideños de 25 mil dólares”, para emprender las acciones comunitarias de contenido clientelista.

Es necesario que las reformas electorales se hagan con la clara visión de que para la real democratización se debe actuar en todo el aparataje que incide en la dirección de la democracia. Quizás por esto es legítimo aquello de que llegó la hora de impulsar la constituyente, para que esta coloque sobre la mesa del debate y de las decisiones los asuntos de fondo, no solo las meras formalidades.

 

Lo que implica el derecho a una vivienda digna

Hablando de viviendas dignas como un derecho humano. En estos días en que los precaristas amenazan con cierres de calles por lograr un lote para levantar una vivienda digna, vale la pena resaltar lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en la Declaración Universal de los Derechos Humanos respecto a lo que representa este derecho en sí, el cual no solo implica tener cuatro paredes y un techo para refugiarse, sino también acceder a un hogar y a una comunidad que le ofrezca seguridad y tranquilidad a toda la familia, en la puedan convivir en paz, con dignidad y salud física y mental. Aunque se reconoce la necesidad de muchos panameños por obtener un espacio donde construir sus hogares hay que ser conscientes de que la invasión de tierras no ofrece las anteriores facultades.

Violación de la privacidad

Los más recientes incidentes del ciberataque a Sony, la intervención ilegal a las cuentas de iCloud, los continuos casos de invasión a cuentas de correo electrónico para robar, extorsionar y difamar, y lo ocurrido en nuestro país, son una nueva forma de terrorismo. Si estas tácticas criminales no se miran ni se manejan con la severidad que requieren y si no le ponemos un alto rotundo a la invasión a la privacidad, se afectarán los cimientos de nuestra nación de manera irreparable.

Michael McFarland, en su ensayo Por qué la privacidad es importante (http://www.scu.edu/ethics/practicing/focusareas/technology/internet/priva cy/why-care-about-privacy.html), desglosa los diversos tipos de violaciones que son adoptados con fines ilícitos. Entre ellos, la usurpación de documentos privados, correos, diarios personales, informes médicos, registros policivos, perfiles psicológicos, rastreo de conversaciones y seguimientos ilegales.

En su estudio y análisis McFarlan describe el impacto que estas prácticas pueden tener en un ser humano y en una sociedad. “El respeto por el ser humano como un ente autónomo requiere del derecho a su privacidad. Perder el control de la información personal es, en gran medida, perder el control de la vida y de la dignidad. Entonces, aun si la privacidad no es un derecho fundamental, la misma es necesaria para proteger los derechos más esenciales del ser humano”.

Lo que ha sucedido en nuestro país es bajo, cruel y espeluznante. Que personas o engranajes gubernamentales o privados escuchen, sigan, fotografíen y luego extorsionen, es algo que desangra el espíritu. Que ciudadanos no se atrevan a hablar con libertad por sus dispositivos celulares, que no puedan escribir o expresar sus inquietudes, opiniones, sentimientos o cuestionamientos, y que el Órgano Judicial no puedan hacer su trabajo, es una represión de la más alta gravedad que atenta contra la esencia y el futuro de nuestro país, de nuestra sociedad.

Este crimen, sin embargo, no está solo circunscrito a quienes invaden. Aquellos que ven las fotos que nunca debieron publicarse, o los intercambios que nunca debieron leerse o las conversaciones que nunca debieron escucharse, fortalecen a quienes cometen estos actos. La monstruosidad de la corrupción que se empieza a destapar en este momento es, en gran parte, por la violación a la privacidad. Estas tácticas se han utilizado para corromper, manipular, reprimir y callar a una sociedad.

El Órgano Judicial debe arremeter contra este tipo de crímenes con toda la fuerza y responsabilidad que la Constitución, en sus artículos 167 y 168, le permite, y la ciudadanía debe abstenerse de ser copartícipe de estas violaciones. Panamá es un país que ha tenido muchas oportunidades de reponerse de los golpes en su niñez republicana, sin embargo, así como los estudios de los niños muestran que de cierta edad en adelante ya estás formado, me pregunto si este no es un momento absolutamente crucial en nuestra historia. Que el tiempo sea relativo y nos dé una oportunidad más.

 

¿Cómplices por omisión o comisión?:

No todos los actos abominables y reprochables tienen el mismo efecto en las personas, y menos en los gobiernos y en las organizaciones internacionales que ejercen un rol de vigilantes, llámese OEA, ONU etc. Los últimos atentados en Francia motivaron el horror mundial, no obstante, en África secuestraron a cientos de niñas, que luego fueron violadas, y miles de personas más han sido asesinadas a manos de los seguidores de un autodenominado líder, pero el mundo calla ante esa inaceptable barbaridad.

Para no irnos tan lejos, en Suramérica otro autodenominado líder socialista tiene al pueblo sumido en la miseria humana, mantiene a su país en una bancarrota permanente y ostenta el funesto récord mundial de personas asesinadas, pero el mundo sigue callado haciéndose cómplice, por omisión o por comisión.

Otro caso que nos llama la atención es la reconciliación entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Barack Obama le hace la oferta a los Castro, pero al final estos señores se saldrán con la suya como siempre lo han hecho, jamás darán nada por nada. Para ellos mantenerse hasta la muerte en el poder es su meta prioritaria.

Y qué escribir de nuestro acontecer nacional, acaso no tenemos tantos problemas en casa como para tratar de resolver los problemas fuera de nuestras fronteras. Es difícil de comprender cómo un solo abogado, de miles que laboran en nuestro país, tuvo la valentía de demandar ante la Corte Suprema de Justicia a los diputados que hicieron uso indebido de los dineros estatales en la campaña política.

Uno se pregunta: ¿y los demás abogados dónde están, no tendrán igual sed de justicia que su colega? ¿Se tendrá la voluntad política de hacer justicia con todos los elementos sustentantes que avalan dicha demanda?

A mi parecer, no quedaría en pie ningún diputado si se llegase a aplicar un fallo justo. A simple vista, no todos tenemos la misma sensibilidad para apreciar el mal y, una vez detectado, ponerle punto final antes de que nos coma vivos. Mucho más cómodo es montarse en el tren del continuismo y hacerse el chivo loco; más aún, cuando todo el mundo se hace de la vista gorda sin importarle las vicisitudes que sufra el vecino.

 

9 de enero, en corto y en breve

Hay que dar tiempo al tiempo y a las futuras actuaciones de nuestra corte de justicia, que no nos referimos a la Corte Suprema, sino a los que verdaderamente impulsan la justicia en Panamá. Todavía queremos y necesitamos conocer, de los posibles sobrecostos de un proyecto llamado el Metro. También, si los jamones de un legislador de El Chorrillo, conocido por sus fans como un buen muchacho, son adquisiciones legítimas, o es todo un fraude o engaño.

No nos vamos a quedar con esta, sino que somos consientes de que darle la espalda a la justicia es correr hacia el suicidio; particular o colectivo, como ya ha estado ocurriendo en los últimos 23 años. Tampoco podemos ser negativos ni fatalistas; atengámonos a los hechos.

En contubernio y como en un amasijo de cosas se realizaron pactos entre los poderes del Estado, que redoblaron la certeza de una casta dominante en el país, que no supera ni el 3.0%; una especie de titiriteros que condujo y guío a toda una población, ciega de poder, de conocimiento, de información y de lo que sería su vida y su futuro inmediato.

Todavía queremos conocer de si en el Canal de Panamá, existe una plutocracia, como lo dijera el constitucionalista Roberto Ricord. De si, mientras el 9 de enero los verdaderos panameños recuerdan a los caídos, en el Canal de Panamá otros de manera ilegítima se congratulan en sus cargos.

Queremos saber de si las jubilaciones en el Canal, son para asegurar el futuro de niños bonitos y en ningún momento sería para los hijos de la contadora que habita en los Barrios de Las Mañanitas, Torrijos Carter, Santa Librada, Ciudad Belén, solo para mencionar algunos. Quitémonos la careta y digamos a qué poderes respondemos. ‘Es que no podemos seguir viviendo en la hipocresía’. Si la justicia no los puede poner en su lugar, por lo menos tenemos la obligación de ayudarles a conocerse y revelar sus actuaciones.

En Panamá, a un ciudadano que vive en zona marginal, si infringe la Ley, esta no tarda en aplicarse. En los inicios del siglo XXI, donde el mundo está ‘patas para arriba’, una bailarina se atreve a utilizar las imágenes de verdaderas autoridades de la época; Nelson Mandela y Martin Luther King. Estos son extravíos, por no decir otra cosa. Y en Panamá una corte de angelitos, que todo indica que se apropiaron de nuestros millones (nuestro trabajo); mientras que, nosotros amanecemos cada día, persiguiendo a un bus para ir a un distante puesto de trabajo. Las piezas no encajan. Hay que reconocer la astucia de unos, la apatía, indolencia y el desconocimiento del país en que se vive. Hay muchos argumentos que respaldan esta postura. Por un lado trataron de borrar de la historia los eventos del 9 de enero (materia de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos).

Las nuevas generaciones (nuestros reemplazos) desconocen los pormenores de la Invasión de Estados Unidos. a Panamá. También a través de un plumazo y de manera ligera se quitó el ahorro de los niños en las escuelas. Es decir se cercena la oportunidad del ciudadano de adquirir el hábito del ahorro, para luego caer en las ventas a plazos con sobrepagos, o en el sistema bancario pagando altos intereses. Luego no puede comprar al contado, sus enseres y equipos más necesarios. Se benefician los que venden. Todo esto nos mueve a la reflexión. Si conocemos el problema y callamos, somos cómplices. Y si podemos evitarlo y no actuamos, somos malos. Se puede escoger el camino de la resistencia, sin violencia, o el de la nueva educación como aseguran los expertos. ¡Saludos a los amigos o enemigos¡

Injusticia en la casa de la justicia

Mucho se habla de los principios fundamentales del proceso penal y, de forma retórica, se sostiene que el pilar fundamental sobre el que descansa la seguridad jurídica es el principio del debido proceso. Sin embargo, sobre el tamiz del ejercicio forense y desde la perspectiva de un usuario más del sistema –en calidad de abogado litigante particular– afirmo que la justicia no puede encontrar una realización plena del principio del debido proceso, mientras que a los encargados de administrar justicia se les conculquen sus derechos fundamentales.

 

Es inconcebible que en este país, que acaricia las mieles de un franco crecimiento en la región, la mayoría de jueces y magistrados, así como el personal bajo sus cargos, no tenga estabilidad laboral, en abierta vulneración del principio de la independencia judicial que pregona el artículo 6 del Código Procesal Penal, vigente en todo el territorio.

 

La judicatura no es tarea sencilla. En teoría los jueces y magistrados no deben empeñar su criterio ni a la censura pública ni a las llamadas ni a las directrices de los altos jerarcas de la Corte Suprema, pero cómo evitar el temor, si sus puestos penden del hilo de sus superiores, pues a muchos se les renueva contratos cada año. Para conseguir aquella libertad de pensamiento y defensa de la fiel convicción, bajo el más estricto apego a la legalidad, se necesita que los jueces y los magistrados no sientan miedo por razón de que sus motivaciones puedan causar incomodidad o rechazo del sentir popular o, lo que es peor aun, de sus superiores.

Hoy por hoy cobra vida aquella lapidaria frase del maestro uruguayo Eduardo Couture: “El día en que los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo”. Por eso, el Estado debe proteger a la justicia y a los jueces, a estos dotándolos de una real y efectiva estabilidad laboral. El único temor que deben sentir ellos es el de contrariar la razón, las máximas de la lógica o la sana crítica. Bajo ningún concepto, deben sentir que su apego a la ley y a la razón, materializado en la motivación de una decisión, sea una mancha en el ejercicio de su carrera. Los que administran justicia merecen respaldo y protección para que alcancen sus loables propósitos y, con plenitud y firme convencimiento, condenen a quien tengan que condenar; absuelvan a quien tengan que absolver, y fallen en estricto derecho lo que tengan que fallar, libre de aquella atadura que causa la inestabilidad laboral.

 

Urgen reformas encaminadas a hacer cumplir lo que la ley prevé, puesto que está consignado: “Se garantiza la independencia interna y externa de los jueces, así como su imparcialidad. La imparcialidad de los jueces exige su inamovilidad en el cargo, su desempeño con la debida probidad y el respeto al principio del juez natural”. Si solo hubiera la voluntad para poner en práctica el principio de la independencia judicial, el sistema daría más satisfacción a los usuarios. Es bueno soñar que un día no lejano alguien que en realidad se interese por la justicia reivindicara los derechos laborales de los jueces y magistrados. Quizá sea mi pensamiento tan utópico como esperar que los magistrados de la Corte no emerjan de aquellos que le hacen favores al Presidente de la República, o que algún día los magistrados sean seleccionados del seno de la judicatura, como corolario de una vida dedicada a la fiel y recta administración de justicia.

 

Lo que puede acontecer

Panamá vive ahora absorta en sí misma. Al abrir la caja de Pandora de la perversión del gobierno de Ricardo Martinelli, los problemas son tantos que es difícil mirar a otro lado. El actual gobierno sabe que, por un lado, tiene la obligación de abrir los procesos que permitan esclarecer el monto del desfalco, señalar a los responsables del mismo y, en la medida de las posibilidades del desfallecido Órgano Judicial, llevarlos a los tribunales, y, por otro, le trae buenos réditos de imagen.

Este doloroso espectáculo sería más fácil si Martinelli no siguiera dinamitando la institucionalidad panameña desde dentro y desde fuera. También lo sería, si el nivel de cinismo no fuera tan descarado porque escuchar a la excontralora hablar de “salir por la puerta de enfrente” o criticando los nombramientos del nuevo gobierno solo sirve para confundir más a una opinión pública absolutamente absorta en el lamentable teatrillo de la pelea de gallos en la que se convirtió hace tiempo la política nacional.

La otra cara del sainete es la del rostro populista de Varela, con subsidios, visitas mesiánicas y gestos más simbólicos que reales. Mientras, la ampliación del Canal que un día pronosticó fallida el actual Presidente, camina a trancas y barrancas, y Panamá no mira hacia fuera lo suficiente para detectar las señales que avisan de una posible y profunda recesión.

El periodista y politólogo José Natanson señalaba en estos días analizando el futuro de Latinoamérica y el Caribe: “(…) con un barril de petróleo que hoy cotiza por debajo de los 100 dólares, cuando llegó a tocar los 160, el precio de la soja en caída y el comercio mundial estancado, la región ha superado la etapa de ‘crecimiento fácil’ y enfrenta un panorama más complicado, que se revela tanto en la intuición de que el ‘pico distributivo’ ha quedado atrás como en las mayores dificultades políticas que enfrentan los gobiernos de izquierda para conservar el poder”.

Panamá se juega cierto prestigio diplomático en la Cumbre de las Américas de abril, porque en ella se escenificará la nueva ruta que quieren transitar Cuba y Estados Unidos, pero hará falta mucho músculo político para preparar al país para las tormentas que se avecinan.

El crecimiento sostenido de Panamá se ha basado en una inversión pública desproporcionada y en una especulación inmobiliaria y hotelera que ha generado muchos puestos de empleo, pero que ha creado una infraestructura residencial elefantiásica y que ha encarecido la vida del ciudadano común a niveles insoportables. La realidad es que, fuera de eso, no se ha hecho nada. El sector agropecuario no ha recibido el apoyo necesario para dar un salto cualitativo y el país no produce casi nada. Costa Rica se dio cuenta hace tiempo que tenía que apostarle a sectores estratégicos –como el de las tecnologías– debido a su pequeño tamaño, pero Panamá no ha encontrado aún su nicho de crecimiento sostenible (más que sostenido) y eso es tarea de un gobierno que deberá ser visionario si quiere proyectar el futuro del país a 50 años.

Es evidente que la actual crisis mundial no es coyuntural, sino sistémica. Las turbulencias petroleras o la caída de los precios de las materias primas están golpeando con fuerza a los gigantes del Sur, que tampoco han aprovechado los años de bonanza para desarrollar un sector productivo, y parece poco probable que las economías asiáticas puedan tirar de las latinoamericanas hasta el infinito.

Los asuntos de la política nacional son clave, pero parte del equipo gubernamental debería estar trabajando con intensidad en el proyecto de futuro del país que, necesariamente, debe estar interconectado con la región y con el resto del mundo.

Panamá tiene los mimbres para ese gran proyecto. El polo de desarrollo académico, humanitario y de investigación de la Ciudad del Saber es un gran espacio para el debate y la consolidación de nuevas ideas para este país lleno de posibilidades. La experiencia del sector ecológico en Panamá también debería ser aprovechada para una estrategia en la que la naturaleza no sea esquilmada sino utilizada de forma inteligente para el turismo de calidad y la investigación.

El nuevo año, por tanto, es una oportunidad para que, al tiempo que se reconstruye la institucionalidad, se diseñe el proyecto económico-político del futuro. Pensar el país es un acto de responsabilidad.

El perfil del procurador

Al término procurador y procuraduría, el Diccionario de la Real Academia Española, le da entre varias acepciones, las siguientes: “Procurador, ra. (Del lat. procurator, -oris)”, “que procura”, “persona que en virtud de poder o facultad de otra ejecuta en su nombre algo” y “en las comunidades, persona por cuya mano corren las dependencias económicas de la casa, o los negocios y diligencias de su provincia”. “Profesional del derecho que, en virtud de apoderamiento, ejerce ante juzgados y tribunales la representación procesal de cada parte”.

En cuando a procuraduría, dice: “Oficio o cargo de procurador”, “oficina donde despacha el procurador”.

Algunos se refieren a la Procuraduría como el lugar donde labora el procurador, que es la persona con el poder o facultades, para ejercer la representación de un Estado que se vea involucrado en litigios y, especialmente, en la investigación, persecución y solicitud de llamamiento a juicio por delitos, faltas o infracción de la ley que requiere que el ente u órgano jurisdiccional juzgue a quien se considera como delincuente.

A través de la historia, al término se le ha designado con diferentes roles como, procurador de cortes, de reino, síndico general y de pobres o defensor del pueblo; en fin, la definición, funciones y demás características varía en cada nación o Estado.

En el vecino país de Costa Rica, definen a la Procuraduría General de la República, como “el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la administración pública, y el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia. Ejerce sus funciones con eficiencia, responsabilidad, compromiso, probidad e independencia funcional y de criterio”.

En nuestro país la norma constitucional y legal, es decir, la Constitución Nacional, en sus artículos 219 y 220 establece que el Ministerio Público ejerce sus funciones por medio del Procurador General de la Nación; y el Código Judicial, en sus artículos 329 y 330, no solo reitera el texto constitucional, sino que lo desarrolla y establece entre otras facultades, que: “El Procurador General de la Nación podrá crear nuevas agencias de instrucción o sustituir las existentes”, y que “En ejercicio de esta facultad también podrá introducir cambios en el número, nomenclatura, organización administrativa”.

He aquí la ingente tarea que tendrá el nuevo procurador o procuradora, para crear e implementar cuantas fiscalías contra la corrupción sean necesarias, a fin de atender el sinnúmero de casos de corrupción que se han dado en los últimos meses y años, que la ciudadanía en general exige sean investigados y llevados a juicio, ya sea por delitos de peculado, lesión patrimonial, enriquecimiento injustificado, corrupción de funcionarios y aquellos que surjan por actuaciones impropias e incorrectas de quienes ejercieron un cargo reciente en la administración pública.

No obstante lo anterior, el propio artículo 329 inciso segundo del Código Judicial tiene una limitación, ya que dice que lo que realice este alto funcionario estará: “sujeto a que todo ello se justifique por las necesidades del servicio y respetando la disponibilidad presupuestaria y las posibilidades económicas del Estado, al igual que el límite presupuestario asignado por la Constitución”.

Este pero puede solventarse de la siguiente manera: que el Órgano Ejecutivo revise el presupuesto con el nuevo procurador, a fin de arbitrar los recursos económicos adecuados para dotar al Ministerio Público de los mismos, para la nueva y adicional organización administrativa y operacional de las fiscalías contra la corrupción, de forma de recuperar y lograr que se devuelvan los recursos económicos de la República, que indebidamente han sido apropiados, lo más pronto posible y atender el clamor ciudadano.

Además de lo anterior, el nuevo procurador o procuradora que se designe y ratifique, entre las cualidades que debe tener están: ser excelente profesional del derecho, probo, organizado administrativamente, temple, incorruptible y sentir amor por la patria para rescatarla, junto con la sociedad, y establecer un “no más corrupción en Panamá”, que rija por los próximos cien años y más.

La conciencia de algunos funcionarios

Debido a los escándalos financieros que se ventilan, con gran prominencia, desde las últimas semanas a través de distintos medios de comunicación social, pareciera ser que hemos sido invadidos por seres de otro planeta, cuyos principios básicos consisten en la negación de las cosas positivas, la honestidad, las buenas costumbres y el respeto al derecho ajeno.

Es decir, de los valores que les permiten a las sociedades modernas vivir en armonía y respeto mutuo. Algo de lo que disfrutábamos en el pasado, tanto propios como extraños, en el territorio conocido como la República de Panamá.

No le encuentro otra explicación a la debacle que observamos en las más altas esferas gubernamentales, judiciales, legislativa o de cualquier otra índole del Estado, en la que el común denominador es la ausencia de honestidad en el manejo de los fondos públicos.

Prevalece la desfachatez en todos los casos expuestos al público, pues vemos cómo los funcionarios o exfuncionarios, compiten entre sí para ver quién sobresale entre los demás, haciendo alarde y demostración de los bienes muebles e inmuebles de alto valor financiero que cada uno disfruta, de forma injustificada, pues parece obvio que sus ingresos financieros legales no cubren los costos de adquisición y mantenimiento de esas propiedades que ostentan tan alegremente.

Se debilitan los esfuerzos encaminados a frenar los casos más sonados de enriquecimiento ilícito, y pareciera ser que si el funcionario investigado no acepta su responsabilidad por el aparente delito, no hay fórmula legal de castigarlo.

No soy abogado y, por lo tanto, no pretendo dar cátedra de cómo aplicar las leyes que correspondan a cada caso, pero se me ocurre una idea y, por sencilla que parezca, pudiera aclarar muchas dudas en torno a los funcionarios investigados.

¿Por qué no explican y justifican el origen de sus bienes, de manera que, se entienda su legal adquisición?

Si el funcionario es honesto, de verdad, no hay circunstancia alguna que le impida demostrarlo. Solo los que esperen hasta que las autoridades demuestren, con pruebas, su culpabilidad, siembran la duda sobre su inocencia.

¿Por qué no pueden hacer esto? Deben dar fe de su honestidad en el manejo de los fondos públicos que se les encomendó, por el respeto que se merecen sus familiares, amigos y la ciudadanía, en general.

Las leyes obligan a las autoridades a presentar pruebas de la culpabilidad del acusado, por esa razón es que se demoran las investigaciones. Entonces si yo sé que soy honesto, ¿por qué esperar tanto tiempo y causarle tanto sufrimiento moral a mis seres queridos, si tengo cómo demostrar mi inocencia?

´Buko´ millonario

Hasta ahora, no se habla de otra cosa que de los millones que le encontraron al exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia Jaén, y al exministro del Ministerio de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino. Tal parece que estos dos entes de la misión social del CD se convirtieron en “ayuda y desarrollo” para sus directivos, principalmente.

Las historias de sobrecostos, préstamos sin avales, y propiedades que jamás se pudieron haber conseguido con un sueldo de $7 mil al mes, indican que estamos ante una megaestructura de corrupción y una red de “oportunidades” ligadas a mucha gente. Tal vez, algunos piensen que los gobiernos anteriores han robado, y no es de extrañar que el que acaba de salir también lo haya hecho. ¿Somos un pueblo acostumbrado a que nos roben?

Recuerdo las denuncias de peculados como el de la Corporación Financiera Nacional (Cofina) en 1975, por 80 millones de dólares; del programa colectivo de vivienda de la CSS en la década de 1980, cuando se esfumaron 100 millones de dólares; del caso Cemis, de la venta de las empresas de energía eléctrica y de telecomunicaciones, y el de la Fundación Mar del Sur que manejó millones que nunca se vieron. Aunque estos casos pasaron al olvido, muchos panameños consideramos que no se debe permitir tal malversación y hay que aplicar sanciones. Sin embargo, con la pasividad que nos caracteriza, ahora vemos nuevos “escándalos” que involucran a los directores y ministros de Estado del gobierno de Ricardo Martinelli. Y es claro que muchos también se preguntan, si los mandos bajos “metieron la mano” ¿qué habrán hecho los mandos altos? Ya el expresidente Martinelli ha pedido que se cierre el PAN. ¿Por qué no lo cerró en su gobierno? ¿Por qué no investigó cómo se manejaba? Ahora espera que se investigue y se sancione a los culpables. ¿Y qué sucederá si el propio Martinelli sale involucrado? Nada. Así es este país, donde vemos cómo pasan los millones sin que lleguen a quienes más ayuda necesitan.

Volviendo a los casos citados, ¿cuántos de los involucrados en esos escándalos financieros han sido condenados? Ninguno. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia no ha emitido condena ni sanción contra ninguno de los funcionarios señalados como responsables de actos corrupción. Encontramos exoneraciones de culpa, anulación de investigaciones, prescripción de sumarias e impedimento para reabrir casos. Y aquí no ha pasado nada.

Ahora, en el gobierno de Juan Carlos Varela, el pueblo tiene puestas sus esperanzas en la gestión de Angélica Maytín a cargo de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y Guido Rodríguez como fiscal de Cuentas. Sus designaciones deben tener un solo norte: defender al Estado contra los embates de la corrupción. ¿Lucharán contra molinos de viento?

Si los panameños dicen “todos los gobiernos roban”, ya es hora de que cambiemos y digamos, “todos los malversadores y atracadores del erario público deben ser sancionados”. Ahora tenemos una oportunidad de demostrar que el delito no paga.