El acuerdo en el caso Moncada Luna

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El lunes de esta semana, se hizo público que en el proceso penal que se le seguía al exmagistrado Alejandro Moncada Luna, el diputado fiscal y la defensa suscribieron un acuerdo en el que el imputado se declaró culpable de dos de los cuatro cargos que le formularon y se fijó, como sanción, el cumplimiento de una pena de 60 meses de cárcel y el comiso de los dos apartamentos que fueron el detonante de los cuestionamientos de la opinión pública.

No obstante, a pesar de lo positivo que resulta la salida del magistrado, que no hacía honor a la alta y providencial labor de administrar justicia, y ante la proyección del mensaje de que nadie se encuentra por encima de la ley, esta aparente sensación –a mi juicio– se desvanece frente al contenido del acuerdo en mención, que considero demasiado benevolente ante la gravedad de los hechos.

Por ejemplo, de acuerdo al Código Penal, solo por los delitos de que se declaró culpable: enriquecimiento injustificado, la pena a imponer es de 6 a 12 años de prisión, en su modalidad agravada, y por falsedad de documentos, es de 4 a 8 años de prisión. Esto sin tener en cuenta el resto de los cargos que se le formularon, entre los que considero figuraba el blanqueo de capitales (ver Art. 254 del Código Penal).

También resulta cuestionable que el acuerdo no se refiera a los 4.6 millones de dólares hallados en cuentas bancarias relacionadas al exmagistrado, más los vehículos de lujo cautelados, por lo que debemos entender que estos bienes serán devueltos.

Este precedente llama a la reflexión con relación a la figura del acuerdo, contemplada en el artículo 220 del Código Procesal Penal, que queda a la suerte de las buenas o malas habilidades negociadoras del fiscal y de la defensa, y con un radio de acción muy amplio para el fiscal, quien prácticamente no tiene límites para pactar lo que quiera, pues el juez de garantías no puede negar el acuerdo, salvo que se violen los derechos o garantías fundamentales, o exista indicio de corrupción o banalidad.

No con ello quiero desvirtuar el rol imparcial del juez, sino que es al fiscal a quien deben imponérsele parámetros para la negociación, tal como ocurre en el sistema de acuerdos o plea bargaining de la justicia estadounidense, donde al seleccionar los cargos sobre los que el acusado se declarará culpable, el fiscal debe procurar que guarden relación con la naturaleza y alcance de la conducta criminal; que tengan una sólida base como hechos comprobados; que posibiliten la imposición de una pena apropiada de acuerdo a las circunstancias del caso, y que no afecte la investigación de otras personas u otros delitos.

La democracia necesita una oposición constructiva

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Cada semana surgen nuevas muestras del atraco al erario perpetrado por el régimen anterior y por los partidos políticos que le dieron sustento. Por esa razón, los dirigentes de esos colectivos no están en condiciones de jugar, en lo más mínimo, un rol de oposición pues su credibilidad se ubica en un nivel cercano al cero y están ocupados defendiéndose en los respectivos procesos judiciales que se les siguen.

Como el gobierno panameñista no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, se vio forzado a negociar un pacto de gobernabilidad con la dirigencia del PRD, que no le ha traído beneficio alguno y solo sirvió para apuntalar las cuotas de poder de los desacreditados dirigentes del PRD, por ejemplo, la presidencia de la Asamblea para el próximo período legislativo.

En resumen, no hay una oposición política que sirva de contrapeso al Gobierno, siendo que los medios de comunicación son los que siguen –como lo han hecho en los últimos años– ejerciendo el rol fiscalizador del desempeño gubernamental.

Un elemento clave en democracia es la alternancia en el poder, a través del sufragio libre de sus ciudadanos, situación que se afecta al no tener oposición política. En estas circunstancias se corre el riesgo de que las actitudes autoritarias o despreocupadas se manifiesten en los gobernantes, ante la ausencia de contrapartes con opciones de triunfo electoral. Esto ha sido así en todas las latitudes desde la época de la República Romana, y Panamá no es una excepción; sobre todo, por la frágil institucionalidad que tenemos, sujeta en demasía a la voluntad de los hombres que ejercen los cargos públicos.

Ante esta necesidad, el PRD debe jugar su rol de oposición al actual gobierno y dejar de lado el pacto de gobernabilidad que no ha significado nada más que el reparto de espacios de poder. Esto no quiere decir que su papel sea entorpecer la labor gubernamental. Con una oposición constructiva y de altura, además de señalar desaciertos, se pueden aprobar las iniciativas que presente el Ejecutivo en la Asamblea Nacional y en los gobiernos locales, siempre y cuando demuestren que son en beneficio del país.

Al no asumir el papel opositor que el pueblo le ordenó en las pasadas elecciones, el PRD se consolida como un partido bisagra, sin proyecto nacional y que, junto al clientelismo que caracteriza a sus dirigentes actuales, lo condena a su desaparición como actor político y social. Si a esto le sumamos los señalamientos contra algunos de sus miembros, por su participación en el atraco al erario en el gobierno anterior, entonces vemos que su futuro no es muy prometedor.

Es impostergable, para la supervivencia del PRD y para consolidar nuestra democracia, con un partido de verdadera oposición, que los responsables de este descalabro salgan de escena y den paso a los principios, valores y métodos torrijistas que le sustentaron en la lucha por la soberanía nacional y la justicia social para todos los panameños.

El juez implacable

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Los viejos recordamos cómo era la Zona del Canal de Panamá antes de la firma del tratado Torrijos-Carter, en 1977, cuando los estadounidenses controlaban la vía y la anexa franja territorial, extendida de mar a mar, la denominada “quinta frontera”. En la Zona, ellos imponían su ley federal, su tribunal, ejército, policía y administración, con calles y aceras impecables, casas bien pintadas y césped siempre recién cortado. Los panameños entraban con “miedito”, pues la sanción era inevitable si nos sorprendían tirando papel. Además, era impensable conducir ebrio o cometer un hecho penado, en los dominios del juez Guthrie F. Crowe. Con ese gringo imperaba la certeza de castigo.

En el resto del país, la gente tiraba el chicle y la pava del cigarrillo, pero en el territorio “zonian” ocurrían milagros, el patán se tornaba culto, manejaba su auto en cámara lenta, caminaba estirado y calladito. No se veían cochinos, gritones ni peleones. Esta anécdota es historia, en 1977 recuperamos la soberanía y en cuanto el juez Crowe retornó a las llanuras de Kentucky, en la Zona desapareció la certeza del castigo, con o sin gobierno militarista.

Panamá ha progresado en todo sentido, sin embargo, los funcionarios sufren de “indolencia tropicalis”. Están más interesados en sacar provecho de sus puestos, que en cumplir con el servicio público, nos han acostumbrado a tolerar el peculado, la trampa y el “juega vivo”. El ministro de turno frente a un “pataconcito”–basurero improvisado en plena calle– afirma que el pueblo es cochino. La incompetencia oficial nos acostumbró a vivir con los mosquitos Aedes aegypti y las ratas; a conducirnos como marranos; a gesticular, a chatear, a manejar por el hombro de la calle, a pelear con el vecino y a vociferar en el cine, porque no hay certeza de castigo.

Cuando el servicio de aseo en la ciudad capital era municipal, funcionaba más o menos. A partir del año 2010, el Gobierno se tomó las instalaciones, los camiones y la planilla, conformada por 2 mil 600 empleados, y formó la mal bautizada Autoridad Nacional de Aseo (ANA), ente incapaz de recoger la mitad de los desechos, que debió desaparecer el primer día del nuevo gobierno, pero al igual que el Programa de Ayuda Nacional (PAN) subsiste, para ya tú sabes…

Más vivencias, el presidente Juan Carlos Varela es del mismo signo político que el alcalde capitalino, José Blandón, quien recién instalado en el puesto expresó muchos deseos de recuperar su departamento de aseo municipal.

Siete meses han pasado, la descentralización del Estado es un espejismo. En el cuartito de al lado, la ANA se juntó para comer el PAN de cada día, con el atorrante, con el funcionario y con el que maneja el negocio de los camiones compactadores, en medio del “pataconcito”, ante la vista del frustrado, respetuoso y silencioso burgomaestre capitalino.

Educación y piropos

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Ya se sabe que la solución de fondo para la guerra de Ucrania es que se haga un proyecto educativo a largo plazo que enseñe a los políticos que no hay que invadir países y a los hombres, que las armas son malas y que ir matando por ahí a quien lleva otra bandera es asunto de mal gusto que provoca inmensos dolores.

También es vox pópuli que para atajar de una vez por todas la corrupción la clave es un gran proyecto educativo que enseñe desde su nacimiento a todos los ciudadanos de un país que la honestidad y la probidad son valores fundamentales y que más vale ser pobre que ladrón.

No hay duda de que podremos ver en el futuro partidos de fútbol sin árbitro. Así será cuando haya cuajado en la educación la asignatura en la que se enseñe a parar al delantero sin darle patadas y a respetar las reglas del juego sin necesidad de coerción.

También he oído que la educación nos hará a todos profesionales dichosos con puestos de empleo, nos liberará de atavismos poco científicos y mejorará nuestra salud cuando aprendamos la materia de nutrición y salud personal.

Es posible. Es posible que todo esto sea así. Pero…¿y mientras? ¿Dejamos que los humanos se sigan matando en las guerras, que los corruptos campeen por sus anchas, que el deporte se convierta en un campo de batalla habitado por tramposos y que las creencias esotéricas se adueñen de nuestro espacio aéreo?

Pues eso es lo que ocurre con las manifestaciones visibles del sistema patriarcal o del racismo. Cada vez que en un país, como Panamá, alguien propone una ley que trata de sancionar las agresiones machistas o racistas, cualquier agresión, llegan los apologetas de la educación que insisten en que de nada vale prohibir sino que hay que “financiar una gran campaña educativa”.

Lo público se construye siempre en dos dimensiones: la urgente, que trata de remediar las “enfermedades” y desequilibrios sociales más acuciantes, y la de construcción civilizatoria, que con paciencia teje los mimbres para una nueva forma de convivencia más sana que la heredada.

Las dos dimensiones son fundamentales. Por eso creo que la propuesta de ley de Ana Matilde Gómez es válida, tanto que ha provocado ya un debate en el país que estaba soterrado. Parece que ahora nos preocupa que los empresarios –casi todos hombres– dejen de contratar mujeres por si las acosan, pero no nos quita el sueño la agresión directa del mal llamado piropo: un improperio fruto del machismo más vulgar y deleznable. Parece que nos parece mal que se multe o sancione la agresión cuando pedimos mano dura para pandilleros, corruptos y otros diletantes.

La sociedad de los que se consideran “buenos” trata siempre de evitar que se erradiquen sus propias prácticas. Es decir, preferimos pensar que los malos son otros y que los sancionables siempre son los que hacen lo que nosotros no practicamos.

Quizá por eso aplaudimos las sanciones a quien utiliza drogas consideradas ilegales, pero aplaudimos cuando nos instalan un PH Pub Herrerano en la esquina; nos parece bien que se actúe con dureza contra manifestantes y revoltosos, pero creemos que cualquier multa por exceso de velocidad es injusta; pedimos el apaleamiento de pandilleros de barrios pobres, pero justificamos el fraude fiscal por la alta presión que ejerce sobre los nuestros.

La hipocresía social no tiene límite. Los piropos no son ninguna expresión de galantería, igual que la ausencia de afrodescendientes en puestos directivos no es casualidad o la discriminación salarial de las mujeres es consecuencia de una especie de destino manifiesto. Los piropos son, en la inmensa mayoría de los casos, una agresión directa, la muestra del ejercicio ridículo del poder patriarcal, la cosificación de la mujer como “cosa bonita” sexual, como maniquí sin alma, como alma para otros, siempre para otros. Alguien me dirá que a muchas mujeres les gustan los piropos y es verdad. Son víctimas de su condición cosificada, de un modelo educativo que les enseña que su único valor es como objeto de deseo.

¿Hace falta un proceso educativo al respecto? Por supuesto. Como para casi todo. Pero los cambios culturales de fondo llevan generaciones y, mientras, no se puede permitir que el sufrimiento perdure.

El tiempo de las urgencias nos indica que hay que sancionar a quien agrede y a quien es cómplice en la agresión; que hay que legislar desde la óptica de la discriminación positiva para empujar hacia la paridad social; que hay que ser decididas a la hora de terminar con la discriminación salarial; que queda mucho por hacer pero que hay que empezar por algún lado.

Dudo que la iniciativa de Ana Matilde Gómez salga adelante. La ha presentado en una Asamblea Nacional profundamente machista y no cuenta con el respaldo de los medios de comunicación (tan patriarcales como la sociedad), pero yo me alegro que, al menos, nos haya servido para agitar el debate y posicionar el problema.

Terrorismo a la criolla

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No tememos bombardeos como en Gaza o Donestk, secuestros, asesinatos tipo Boko Haram o Estado Islámico, ni las minas personales de las FARC, con sus seis millones de desplazados. Nuestra sociedad no se divide entre hutus y tutsis o chiitas y sunitas. No hay ocupación colonial que expulsar. Somos territorio libre de Al Qaeda y los talibanes no acosan nuestra cultura. La historia nacional no registra “ejército rojo” ni Baader Meinhof ni IRA ni ETA ni Sendero Luminoso ni Ku Klux Klan. Tampoco guerras como las de los nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos. No tenemos secuelas de dictaduras de los niveles de Duvalier, Pinochet o los militares argentinos.

Cazadores de votos que regalan productos vencidos, precios en alza, calidad y cantidad en baja, pujante desigualdad, ahorro sensible en consumo eléctrico y tarifas cuyo ascenso las hidroeléctricas no pueden detener. Buses modernos y sistema de transporte colapsado, puentes vehiculares, ampliación de vías y lluvia de asfalto con angustiantes y crecientes tranques. Ríos y playas contaminadas, acero y cemento como nuevos delincuentes ambientales. La fiesta de la basura, profunda insatisfacción en la educación, exceso de escuelas ranchos, deterioradas y en vías de extinción. Hospitales y centros de salud sin insumos e indolente, dolorosa y precaria atención. Niveles nutritivos inmerecidos, calles y aceras asesinas de autos y transeúntes, elevada inseguridad. Y, ahora, latrocinio contra las arcas públicas y fusilamiento de las instituciones democráticas. La lista es larga. Habrá quienes buscan camuflar esta realidad con las innegables y positivas cifras de crecimiento económico y las megaobras. Intento fallido.

Entre 2009 y 2014, a los diputados los regaron con más de $403 millones. El equivalente a 33 escuelas, 48 Minsa-Capsi o 12 estadios de béisbol tipo Rod Carew. A través del PAN se malversaron unos mil 200 millones de dólares para encubrir el enriquecimiento injustificado de unos pocos. Súmenle magistrados y exministros embarrados. “Más en 5 años que en 50”. Sí, pero no obras. Las explicaciones técnicas de los abogados de los imputados evidencian que vivimos en un estado de derecho, pero no alcanzan a cubrir el hedor de lo acontecido. Parece que la justicia despertó, pero el crimen organizado sigue entronizado en el poder político y sus protagonistas se mueven con libertad en los partidos y órganos del Estado. Todo gracias a “los locos somos más”, telaraña que atrapó también a dirigentes panameñistas y del PRD, a los que una etérea gobernabilidad les impide entender el clamor popular. Es importante que haya castigo, pero es vital eliminar el mal.

Se fortaleció el cultivo genético de la corrupción en detrimento de la sana convivencia y la necesaria credibilidad política. Los traidores creen que todos nacemos con derecho a ser corruptos. Por cinco años eso fue lo que sembraron: Temores, indefensión y desamparo en plena jungla. Y sin partidos que orienten. ¡El PAN sigue vivo! ¡Llegaron los bonos!

¿Quién le da seguimiento a las normas?

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Todo lo que vivimos en este país –no solo en materia de seguridad pública– es el resultado de medidas que no se tomaron en relación a cosas, a las que por ser pequeñas no se les dio la importancia debida. Y es que los tiempos cambian, sino pregúntele a aquellos que recuerdan que antes algunos alimentos eran comida de pobres, pero hoy son comida de ricos. Lo que quiero decir es que las cosas que se consideraban insignificantes son las que han derivado en todo este mar de inseguridad y pobreza que hoy vivimos.

En mi tierra, Chiriquí, ya no se puede ir a un río porque no sabemos si un loco, que se cree protagonista de una película de Hollywood, saldrá con un arma. Por cierto, recuerdo que cuando viví en El Salvador, el Gobierno suspendió las películas de guerra pues, según informó, “alentaban a los jóvenes a enrolarse en la guerrilla”. No sé si eso era así, lo que sí sé es que todo Gobierno debe hacer algo, menos quedarse con las manos cruzadas viendo cómo se le cae el país a pedazos. Que es igual a ver cómo las familias se destruyen. Hay que recordar que la unidad básica del Estado es la familia.

¿Qué cree usted que pasará con una familia que no puede compartir momentos juntos yendo a un río, a una playa o a un parque? Divorcio. ¿Y qué crea los divorcios? Maleantes, porque quien se encargue de criar a un niño tras pasar por un divorcio ya no será un padre o una madre en casa, sino la calle.

Se dice que el epitafio más triste que se puede poner en la lápida de una persona es: “Pudo haber sido…”. De igual manera, la historia más triste que se puede escribir de un país es: “Pudo haber sido un gran país”.

En Panamá, la impresión que damos es que no somos buenos para darle seguimiento a las cosas. Recuerdo que cuando ocurrió el caso del bus quemado, la Autoridad de Tránsito procedió a inspeccionar la seguridad en el transporte y después menguó. He visto policías en paradas poniendo orden en los taxis, piratas, diablos rojos, Metro Bus, pero al día siguiente ya no están. En los Metro Bus, particularmente, no se puede escuchar música sin auriculares “por respeto a las personas”, como se escucha por altavoz en el Metro; sin embargo, hay conductores del Metro Bus que llevan radios y no se ponen auriculares alterando los nervios de quienes viajan. Como dijo la psicóloga Geraldine Emiliani, en un artículo reciente en La Prensa: “Con la salud del pueblo no se juega”.

Está comprobado que para cambiar la mentalidad de una persona se requieren tres años, como mínimo, por lo que algunas empresas destinan muchos recursos en seminarios, por eso de que la “actitud” de un empleado es igualmente importante que su “aptitud”.

Pregunto: ¿Cómo cambiar la mentalidad, actitud o cultura de un país cuando al día siguiente ya no se le da seguimiento a una norma?

Latinoamericanas: dueñas del futuro de la región

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Las mujeres latinoamericanas se han convertido en un motor de cambio para sus países: más de 70 millones se unieron a la fuerza laboral en los últimos años. Buena parte del incremento en la participación laboral femenina de los últimos 20 años se puede atribuir a más educación y al hecho de que las mujeres forman familias más tarde y tienen menos niños.

La educación y el empoderamiento económico están estrechamente vinculados. Al respaldar la educación de las mujeres, tanto jóvenes como adultas, América Latina ha logrado cerrar la brecha educativa. De hecho, en la actualidad, en muchos países hay más mujeres que hombres recibiendo educación.

Los ingresos de las mujeres contribuyeron cerca de un 30 % a la reducción de la pobreza extrema y la desigualdad que experimentó la región entre 2000 y 2010. Las mujeres juegan un papel vital como motor del crecimiento necesario para acabar con la pobreza extrema y construir sociedades con capacidad de recuperación. Para que América Latina haga la transición de una región de ingreso medio a una de ingreso alto, los hombres y las mujeres necesitan ampliar los límites en cuanto a la igualdad de oportunidades. Pero para llegar a eso hace falta resolver tres temas muy importantes.

En primer lugar, el número de mujeres que se embarazan en la adolescencia o que están expuestas a la violencia sigue siendo elevado: cerca de una de cada tres latinoamericanas ha experimentado algún tipo de acto violento por parte de su pareja. Resolver el problema de la violencia doméstica es vital, no solo por el costo para las personas, sino también por el significativo impacto que tiene en las familias, las comunidades y las economías. Chile pierde hasta un 2 % de su PIB y Brasil un 1,2 %, debido al descenso en la productividad atribuible a la violencia de género.

Se requieren iniciativas innovadoras que marquen la diferencia. En Perú, por ejemplo, la violencia contra las mujeres o las jóvenes se redujo en un 9 % gracias a un programa de transferencia condicionada en efectivo a las madres. La explicación es que al darles el dinero, estas mujeres tienen un mayor control de sus vidas y son menos vulnerables ante los hombres.

En Río, el Banco Mundial está trabajando junto al Gobierno para modernizar el sistema de transporte urbano y hacerlo más seguro para las mujeres mediante mejoras en la iluminación, baños para mujeres en todas las estaciones de metro y la provisión de servicios como estaciones de policía femenina, clínicas femeninas y juzgados de familia en algunas de las terminales principales. Una iniciativa de transporte similar se está llevando a cabo en Ecuador. Aunque la mayoría de los países cuenta con leyes que penalizan la violencia de género, se necesitan más acciones para aplicar estas leyes. Esto es cierto en países fuera de Latinoamérica.

En segundo lugar, en toda la región las mujeres y las niñas no tienen las mismas oportunidades, y como sucede en otras partes del mundo, luchan para tomar decisiones sobre su propia vida. Desde la niña boliviana que habla quechua y se esfuerza por terminar la escuela secundaria, o la madre pobre que vive en una barriada de Lima y no puede pagar una buena atención médica, hasta la joven trabajadora en Río que intenta competir en igualdad de condiciones por un empleo mejor pagado, sigue existiendo una gran brecha.

A pesar de obtener mejores títulos, las mujeres en Brasil, Chile, México y Perú ganan mucho menos que los hombres, especialmente en las profesiones más exigentes, donde la diferencia se está ampliando. Más de un tercio de las mujeres jóvenes en países en desarrollo están desempleadas, y muchas de ellas son disuadidas de iniciar sus propios negocios o no tienen acceso a los recursos financieros para hacerlo. En Colombia, más de 1300 mujeres de las regiones de mayor violencia están recibiendo capacitación y apoyo para comenzar pequeñas empresas.

Finalmente, los modelos de liderazgo y las figuras a seguir pueden marcar la diferencia. La región ostenta una cifra récord de mujeres jefes de Estado, y tiene el segundo mayor número de legisladoras con un 26 %. En Brasil, el Banco Mundial está trabajando estrechamente junto al grupo parlamentario femenino para ayudar a las mujeres a participar de forma más activa en la política. Este tipo de avances no solo brindará mayor diversidad y diferentes experiencias al diseño de políticas, también es un éxito personal con el que me puedo identificar muy bien.

Recuerdo la primera reunión con mi equipo de gestión luego de convertirme en ministra de Economía de Indonesia. Era la persona más joven y la primera mujer en ese puesto. Todos los demás en la sala de reunión eran hombres. Entonces supe que tenía que esforzarme más que cualquier hombre para probarles que podía hacer ese trabajo. Estoy segura que muchas de las mujeres latinoamericanas que rompieron barreras tuvieron experiencias similares.

Ningún país puede alcanzar su potencial hasta que todos sus habitantes puedan hacerlo individualmente. América Latina tiene muy buenas lecciones para compartir sobre más igualdad para mujeres y niñas y debería aprovechar este impulso para cerrar la brecha que aún queda. La región tiene a los hombres, y ciertamente a las mujeres, para hacer este trabajo.

En el Día Mundial de la Justicia Social

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Hace exactamente un año, Ban Ki-moon, secretario de la ONU, comentó: “La brecha que existe entre los más pobres y los más ricos en el mundo es considerable y está creciendo…”. En esa intervención sostenía que se debía empoderar a las personas mediante un trabajo decente; pero si solo nos enfocamos en este aspecto, sería una verdad a medias. La educación es un factor determinante, y velar por la culminación de los estudios de la juventud es una herramienta sine qua non para la sustentabilidad. El Estado tiene la ardua tarea de compensar su deuda con la niñez, en el último lustro la educación estuvo carente de competitividad y visión.

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, y la fecha es propicia para la reflexión, al amparo de la realidad de cada pueblo (local o foráneo) que habita en el suelo patrio. Tenemos la indeleble responsabilidad de trabajar juntos.

Pese a que la Constitución, desde su preámbulo contempla la estabilidad institucional, la dignidad humana y promueve la justicia social, Panamá vive momentos muy difíciles por los casos que se ventilan ante los tribunales de justicia. A diario se escucha sobre la danza de millones en que participaron algunos, en contraste con la realidad del panameño de a pie que enfrenta un sistema de salud público colapsado, inseguridad por los delitos comunes, carencias económicas por el alto costo de la vida que se refleja en aspectos tan básicos como la vivienda o un plato de comida en la mesa.

Lo anterior confirma que para tener una nación sostenible, no es suficiente el crecimiento económico, pues este no permea en todos los rincones del país, más bien su ausencia golpea a miles y miles de panameños. Con desigualdad, el núcleo mismo de nuestra sociedad se resiente. Hay carencias por un lado, y por otro la percepción de corrupción que parece favorecer a unos pocos.

Debemos seguir con nuestras vidas afrontando situaciones que van más allá de hablar de un régimen de justicia social equitativo, toda vez que hay otros aspectos que también entran en juego; aquí las palabras de Freer Spreckley y, posteriormente, de John Elkington, sobre el concepto mundial del Triple Bottom Line, como se conoce en inglés, juegan un rol determinante. Si bien son acciones de mayor aplicación en el ámbito empresarial, no dejan de cumplir su función cuando nos referimos a la administración gubernamental.

Un Estado de bienestar social, promueve la convivencia pacífica y próspera de todos los ciudadanos; lucha frente a barreras preconcebidas y retrógradas, por motivos de cultura, religión, inclinación sexual, edad, genero, raza, nivel social, o incluso discapacidad física o mental, no importa qué eufemismo se utilice; no superarlo, como un solo pueblo, nos deja el lastre de derechos humanos vulnerados.

Hoy son tan actuales como hace 52 años las palabras de Martin Luther King Jr., cuando en su discurso “Tengo un sueño” reflexionaba que sus hijos no fueran juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Yo agregaría que ninguno de nuestros hijos sea discriminado con base a características externas o por sesgos mentales, quiero que se les valore por sus principios.

En este 2015 es determinante marcar un hito en la lucha contra el flagelo de la inequidad, y sobre todo para que exijamos rendición de cuentas respecto al avance de los objetivos del desarrollo del milenio, que tienen su fecha de cumpleaños precisamente este año. Con la Declaración del Milenio se enfrentan problemas que se consideran graves, y que a la postre coadyuvan a la justicia social: Erradicar la pobreza, enseñanza primaria universal, igualdad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y fomentar una asociación mundial para el desarrollo; el PNUD reconoce avances en nuestro istmo, pero sostiene que persiste la gran brecha social.

A los dirigentes de la cosa pública, les exhorto a emprender ya el máximo esfuerzo para alcanzar a plenitud los ocho propósitos, ¡mañana será demasiado tarde! La justicia social no es un tema ocasional, es el pilar de nuestra evolución, como seres humanos, y la columna vertebral de la convivencia pacífica. Como señalara Simón Bolívar: “Las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes; y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad”.

 

Dejemos trabajar a la justicia

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El descubrimiento de los pinchazos y escuchas ilegales a políticos, empresarios y periodistas durante la administración de Ricardo Martinelli, ha provocado el rechazo hacia la figura del expresidente por la mayoría de los ciudadanos. El nivel de desprestigio es tan amplio, que podemos calificar como de casi nulas las posibilidades de recuperación de su caudal político y el del partido Cambio Democrático.

Basta leer los comentarios de los lectores bajo las noticias que los diferentes diarios publican en forma digital, para comprobar que la ciudadanía está tan convencida de la culpabilidad de Martinelli, que al parecer solo una severa condena a su actuación la dejaría satisfecha.

Los ciudadanos tomaron partido y la opinión pública exige la aplicación de justicia ejemplar. Aun cuando los magistrados responsables de decidir sobre este tema deben actuar de forma independiente y alejada de las presiones de la opinión pública, las actuales condiciones no parecen ser las mejores para que la justicia cumpla con sus obligaciones. Ante circunstancias de este tipo es cuando el Órgano Judicial debería empinarse sobre sí mismo, mostrarse independiente y hacer su trabajo. Esa es su responsabilidad. La actuación pronta y sin dilaciones de una Corte Suprema seria, sabia e independiente, es lo que espera y exige la sociedad panameña.

Casi coincidiendo con lo que ocurre en Panamá, Argentina ventila una situación en la que, guardadas las proporciones, se plantea un problema similar. Me refiero a la preocupación sobre la posibilidad de que presiones externas influyan sobre la decisión de la Corte en la investigación de las circunstancias que rodean la muerte del fiscal Alberto Nisman. Este, tras denuncia presentada el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de su muerte, pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner, acusándola de haber sido promotora de una conspiración para encubrir a los responsables iraníes del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina ocurrido en 1984 que dejó 85 muertos. Las circunstancias bajo las cuales murió el fiscal han llevado a que buena parte de la opinión pública argentina piense que a Nisman lo “suicidaron”.

Preocupada por esto, Sandra Arroyo Salgado, jueza y exesposa del fiscal Alberto Nisman, madre de sus dos hijas, participó de una audiencia en el Senado organizada para debatir las circunstancias e implicaciones de la muerte del fiscal. Refiriéndose a la preocupación generalizada de que presiones externas podrían influir negativamente en el proceso y resultado de la investigación, afirmó: “Todo juicio de valor, aprobación o desaprobación, provenga del ámbito del que provenga, interfiere y condiciona la labor del poder judicial. Pido prudencia, respeto, ética, para la investigación de este hecho. Pido dejar que la justicia y el Ministerio Público fiscal trabajen tranquilos. Pido prudencia, respeto, ética para la investigación de este hecho que nos conmovió como sociedad, para mis colegas que les toca investigar este hecho”.

Resaltó la importancia de dejar trabajar a la justicia y no interferir desde ningún sector, afirmando que la sobre exposición mediática no ayuda. “Debiera ser la actitud no solo de los funcionarios del poder Ejecutivo, Legislativo y la sociedad en su conjunto. El tratamiento ético de los medios de comunicación social que no solo condicionan el ánimo y la actuación de algunos funcionarios, sino también su rol que es sumamente importante como formadores de la opinión pública”.

Por coincidencia, el mensaje de la jueza Arroyo Salgado pareciera ser aplicable a las circunstancias que vivimos en Panamá. En lo personal, me parece preocupante comprobar la facilidad con que los medios ofrecen detalles sobre el avance de las investigaciones. Llama la atención cómo periodistas que cubren estos asuntos son capaces de realizar un relato completo y detallado de las preguntas y respuestas ocurridas durante indagatorias que tuvieron lugar solo minutos antes. Estos testimonios del sumario pudiesen ser filtrados, incluso, por personas interesadas en viciar el proceso.

Todo esto puede ser legal y permitido. Sin embargo, y según mi opinión, el abuso de esta práctica de sobre exposición mediática, como la califica Arroyo Salgado, puede llevar a que se caiga todo el proceso para decepción de una ciudadanía que aspira a que la justicia cumpla su responsabilidad constitucional y legal, que se reivindique de la mala opinión que se ha ganado. Viciar el proceso sería aun más frustrante para una ciudadanía que aspira a que los responsables de administrar justicia demuestren, por fin, que todos somos iguales ante la ley. Lo oportuno sería que la Corte Suprema borre, con su actuación, esa oscura mancha de parcialidad con la que se le califica actualmente.

 

El crecimiento económico no basta

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Datos recientes muestran un panorama preocupante para América Latina y el Caribe. La reducción de la pobreza por ingresos se estancó–por primera vez en la década– y aumenta el número de pobres, según el último Panorama Social de Cepal. Esto significa que 3 millones de latinoamericanos recayeron en la pobreza entre 2013 y 2014.

Dada la proyección de crecimiento para este año, que el FMI fija en 1.3%, las estimaciones del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) sugieren que en 2015, 1.5 millón más de hombres y mujeres caerán en la pobreza. Podría ser de los casi 200 millones de latinoamericanos que viven en condiciones de vulnerabilidad –los que no son ni pobres (viven con menos de $4.00 dólares al día) ni son clase media (viven con entre $10.00 y $50.00 al día). Sus ingresos están encima de la línea de la pobreza, pero son susceptibles de caer en ella, según el bajón de ciclo económico o de un desastre natural, como registró otro estudio reciente del PNUD.

La subida es distinta que la bajada. Nuestro análisis muestra un claro patrón: lo que determina la “salida de la pobreza” (generación de empleo en los sectores de servicios y sector público) es distinto a lo que lleva a “evitar la recaída en la pobreza” (existencia de redes de protección social, capacidades y activos de los hogares). Este desencuentro sugiere que no basta con más crecimiento económico para construir una resiliencia, es decir, la capacidad de absorber choques externos, sean financieros o desastres naturales, sin que haya grandes pérdidas sociales y económicas. Hace falta invertir en las capacidades y activos de los pobres y vulnerables, tareas que toman años, y en muchos casos, toda una generación.

Exclusión más allá del ingreso. A fin de proyectar qué sucedería si la región creciera al mismo ritmo que durante la década pasada, a un promedio de 4% anual, simulamos una recuperación del crecimiento entre 2016 y 2020. La sorpresa es que se observan señales de retornos decrecientes al mismo patrón de crecimiento. Es decir, mientras que durante 2000 y 2012 un promedio de 4.7 millones de latinoamericanos al año abandonaron la pobreza, entre 2016 y 2020 podrían salir solo 3.9 millones al año.

Está claro que “más de lo mismo” en crecimiento –y en políticas públicas– no da más de lo mismo en reducción de pobreza y desigualdad, según los análisis. Hay dos motivos: la región está agotando sus fuentes fáciles de aumento en remuneraciones en los sectores de servicios y se agotan los recursos fiscales para expandir las redes de protección social.

Lo que queda por delante son retos más difíciles: confrontar exclusiones, discriminaciones y desigualdades históricas que no se explican solo por ingreso. El progreso es multidimensional y no puede ceñirse solo a vivir con menos o más de $4.00 o $10.00 al día. El bienestar es más que ingreso, no una norma consumista de lo que es una buena vida, de la ascensión social por bienes. De eso trata el próximo Informe de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe que preparamos, con recomendaciones de políticas que ayuden a que los que toman las decisiones lideren una agenda no solo de recuperación de crecimiento y ajuste estructural, sino de redefinición de lo que es progreso, desarrollo y cambio social en una región de masivas desigualdades y de clases medias emergentes y vulnerables.