Castigar la corrupción y la represión
Algo huele a podrido en Panamá, bien podrido”, habría dicho Shakespeare si viviera entre nosotros. Rafael Guardia y Giacomo Tamburelli, dos exdirectores del Programa de Ayuda Nacional, del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, no solo se han declarado culpables de peculado, sino que revelaron el entramado de corrupción que montó el gobierno ultraderechista que perdió el poder en las elecciones de junio pasado.
Ambos revelaron ante la fiscalía la red de empresas –varias de ellas pertenecientes al entorno familiar de los Martinelli– a las que compraban a sobreprecios, así como el monto de las comisiones cobradas por el expresidente y sus allegados. Para los que conocen la historia de Panamá, estos hechos no sorprenden, porque la oligarquía que nos gobierna, detrás de los políticos y los partidos, ha construido su patrimonio a costa del Estado.
Toda esta basura ha salido a la luz pública por la combinación de dos factores. Primero, la crisis de credibilidad del sistema político que obliga a los funcionarios a mostrar resultados, so pena de quemar los últimos vestigios de legitimidad. Por otro lado, el conflicto de intereses, entre dos bloques de poder económico.
Desde el movimiento obrero y popular, exigimos investigar a fondo y castigar a todos los culpables de la corrupción rampante. No se puede admitir que vayan a la cárcel solo los testaferros, también deben ser arrestados los grandes empresarios que han lucrado con estos negociados.
Es necesario investigar los escándalos de corrupción de los gobiernos anteriores, pues hubo denuncias, pero ninguna investigación.
La clase trabajadora debe demandar judicialmente a Martinelli, a su ministro José R. Mulino y demás jefes de seguridad y policía por la masacre de Changuinola, en julio de 2010, en la que murieron 10 personas por causa directa e indirecta de la represión policial.
También por el incendio que provocó una bomba lacrimógena lanzada por agentes de la Policía Nacional en una celda del Centro de Custodia de Menores Infractores, en la ciudad de Panamá, el 9 de enero de 2011, hecho que provocó la muerte de cinco jóvenes, por quemaduras e inhalación de humo.
Además, se debe investigar la represión ocurrida en San Félix y en David, en febrero de 2012, en la que murieron dos personas y decenas resultaron heridas, así como la acción policial registrada en Colón, en octubre de 2012, que dejó al menos media docena de muertos.
De todo lo anterior se colige la completa podredumbre del régimen político impuesto por la invasión estadounidense de 1989, la desconfianza en el sistema judicial panameño, y la exigencia de barrer con esa institucionalidad salpicada de corrupción, mediante una asamblea constituyente originaria y soberana.