Cátedra de Relaciones Panamá-EU

/en /por

Hace unos días, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 128, que instituye la cátedra de Relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Estoy de acuerdo en que nunca debió derogarse, pero pienso que, como todo en educación, la cátedra debió evolucionar con el tiempo y espero que la propuesta de reinstituirla incluya la conformación de un proyecto en el que se dedique el tiempo y los recursos necesarios para revisar su contenido.

Posterior a la firma de los Tratados Torrijos-Carter (el del canal de Panamá y el de su Neutralidad Permanente), el país emprendió un proceso dirigido a la recuperación del Canal que fue tan importante como el período anterior a la firma de los tratados y que, lastimosamente, no ha sido documentado, por lo que no forma parte del material de estudio de la cátedra. Como parte de esta, debería incluirse el período de transición que marcó la creación y funcionamiento de la Comisión del Canal de Panamá (1 de octubre de 1979 al 31 de diciembre de 1999), con especial referencia al gran esfuerzo nacional para prepararnos a fin de recibir la vía y las áreas revertidas, y aplicar la jurisdicción total sobre el territorio del país. Todos estos elementos pasaron a formar parte de las nuevas relaciones con Estados Unidos (EU) y con el mundo.

Esta breve reflexión me lleva a sugerir que, quizás, la cátedra deba redefinirse y ampliarse, pues la nueva realidad de Panamá es que además de sus relaciones con EU, el escenario creado por la transferencia del Canal, el Tratado de Neutralidad Permanente y la consolidación de nuestra soberanía, lo ha colocado en una posición muy diferente con respecto al mundo, de la que tenía antes de 1999.

Este es un proyecto que quizás pudiera ser patrocinado por la propia Autoridad del Canal de Panamá (ACP), pues una enorme cantidad de documentos reposa en la ACP y otros están en los Archivos Nacionales de EU, en Washington, D.C. Además, se debería entrevistar a los actores de ese período que aún están vivos, para que enriquezcan la historia con anécdotas que mantienen en su memoria. En este sentido vale la pena resaltar el esfuerzo realizado por Ana Elena Porras en su libro Historias canaleras, que hace poco publicó su segunda edición, y que debería ser de lectura obligatoria en dicha cátedra.

Desde el año 2000, la ACP contribuye anualmente con la fundación que administra el Museo del Canal, por lo que el proyecto de actualización de la cátedra pudiera ser prohijado por esta fundación, sobre la base de preservar la historia y contribuir al acervo cultural de la nación.

La nueva cátedra también debe incluir una prospectiva que tendrá que actualizarse todos los años o de forma periódica, de tal manera que los estudiantes salgan con el conocimiento de la historia y comprendan cómo esta nos debe servir para apalancar el futuro frente a los cambios que ocurren en el entorno.

Los panameños merecemos conocer nuestra historia, pero también es importante proyectar el futuro y comprender el potencial que tenemos ante el mundo globalizado. Para ello, la cátedra debe tomar en consideración los tratados y acuerdos firmados, ratificados y por firmar, al igual que la forma en que Panamá debe orientar su política de comercio y de relaciones exteriores.

Quizás sea un plan demasiado abarcador, pero considero que la cátedra debe tener el objetivo de integrar para lograr una visión de país que, a todas luces, parece que no tenemos.

 

 conformación de un proyecto en el que se dedique el tiempo y los recursos necesarios para revisar su contenido.

Posterior a la firma de los Tratados Torrijos-Carter (el del canal de Panamá y el de su Neutralidad Permanente), el país emprendió un proceso dirigido a la recuperación del Canal que fue tan importante como el período anterior a la firma de los tratados y que, lastimosamente, no ha sido documentado, por lo que no forma parte del material de estudio de la cátedra. Como parte de esta, debería incluirse el período de transición que marcó la creación y funcionamiento de la Comisión del Canal de Panamá (1 de octubre de 1979 al 31 de diciembre de 1999), con especial referencia al gran esfuerzo nacional para prepararnos a fin de recibir la vía y las áreas revertidas, y aplicar la jurisdicción total sobre el territorio del país. Todos estos elementos pasaron a formar parte de las nuevas relaciones con Estados Unidos (EU) y con el mundo.

Esta breve reflexión me lleva a sugerir que, quizás, la cátedra deba redefinirse y ampliarse, pues la nueva realidad de Panamá es que además de sus relaciones con EU, el escenario creado por la transferencia del Canal, el Tratado de Neutralidad Permanente y la consolidación de nuestra soberanía, lo ha colocado en una posición muy diferente con respecto al mundo, de la que tenía antes de 1999.

Este es un proyecto que quizás pudiera ser patrocinado por la propia Autoridad del Canal de Panamá (ACP), pues una enorme cantidad de documentos reposa en la ACP y otros están en los Archivos Nacionales de EU, en Washington, D.C. Además, se debería entrevistar a los actores de ese período que aún están vivos, para que enriquezcan la historia con anécdotas que mantienen en su memoria. En este sentido vale la pena resaltar el esfuerzo realizado por Ana Elena Porras en su libro Historias canaleras, que hace poco publicó su segunda edición, y que debería ser de lectura obligatoria en dicha cátedra.

Desde el año 2000, la ACP contribuye anualmente con la fundación que administra el Museo del Canal, por lo que el proyecto de actualización de la cátedra pudiera ser prohijado por esta fundación, sobre la base de preservar la historia y contribuir al acervo cultural de la nación.

La nueva cátedra también debe incluir una prospectiva que tendrá que actualizarse todos los años o de forma periódica, de tal manera que los estudiantes salgan con el conocimiento de la historia y comprendan cómo esta nos debe servir para apalancar el futuro frente a los cambios que ocurren en el entorno.

Los panameños merecemos conocer nuestra historia, pero también es importante proyectar el futuro y comprender el potencial que tenemos ante el mundo globalizado. Para ello, la cátedra debe tomar en consideración los tratados y acuerdos firmados, ratificados y por firmar, al igual que la forma en que Panamá debe orientar su política de comercio y de relaciones exteriores.

Quizás sea un plan demasiado abarcador, pero considero que la cátedra debe tener el objetivo de integrar para lograr una visión de país que, a todas luces, parece que no tenemos.

 

Alegría de perros cazando monos

/en /por

Es una necedad arrancarse los cabellos ante situaciones críticas, como si estas pudieran ser aliviadas por la calvicie.

Es cierto que los panameños vivimos un momento histórico, político y jurídico que nos causa algo de satisfacción, en función de los progresistas cambios que se generan en el sistema judicial, encaminados a procesar e imponer las sanciones correspondientes a los servidores públicos y empresarios que cometieron toda clase de tropelías en perjuicio del Estado, en especial a los señalados por delitos de peculado y corrupción pública.

Sin embargo, esa satisfacción debe ser tomada con prudencia y cautela, pues tales cambios –cuya efectividad aún están por demostrarse– no son suficientes y solo se registran en la esfera del Ministerio Público.

Causa terror, preocupación e inquietud que el Órgano Judicial (cuya pésima organización y funcionamiento es un hecho público notorio) conserve su vieja, obsoleta y nefasta estructura jurídica, que le permitió la impunidad absoluta a muchos otros funcionarios o exfuncionarios que cometieron delitos o fechorías en el ejercicio de sus cargos. Igual que a los particulares o a los empresarios poderosos que han sido cómplices de tales prácticas delictivas.

Los panameños conocemos que en cualquier momento o con motivo de toda acción legal, le corresponde al Órgano Judicial la misión de proferir la decisión final y definitiva de los casos de alto perfil, cualesquiera sea su naturaleza jurídica (v. gr. penal, civil, administrativa, laboral, comercial, etc.), algo que no siempre han hecho en estricto derecho y con justicia.

Ante esa deplorable e insostenible realidad jurisdiccional, el pueblo, en general, y la sociedad civil organizada, en particular, tienen la difícil y delicada tarea de mantenerse vigilantes ante las actuaciones que asuman los jueces, magistrados y la Asamblea Nacional que conozcan los casos jurídicos de corrupción escandalosas que tienen en vilo y en sobresalto a la nación, a fin de asegurar que en el manejo de estos predomine la transparencia, la verdad, la legalidad y la justicia, en vez de la endémica vagabundería o sinvergüenzura jurídica de años anteriores.

Sin duda, la tramitación y decisión efectiva de los procesos que nos mantienen en zozobra es de trascendental importancia para la vida nacional, no solo por la enorme y perniciosa gravedad de los hechos ilícitos bajo investigación penal y administrativa, sino porque se sienta en un precedente jurídico que abre las alamedas de una primavera panameña en contra de la corrupción pública. Este flagelo había permitido que exfuncionarios corruptos, hartamente conocidos, deambulasen libremente por las calles e inclusive participaran, de forma cínica, en el quehacer público nacional, restregándonos en la cara la fortuna mal habida que lograron como producto de su insaciable corrupción pública.

Tal situación, a no dudarlo, fortalecerá la institucionalidad democrática y el estado de derecho. No obstante, debemos seguir luchando para evitar o contrarrestar la posibilidad de que la administración de justicia caiga en una especie de parálisis o catalepsia funcional, como resultado de que los jueces y magistrados se ocupen de forma única en los casos de alto perfil bajo reciente investigación penal, y que engaveten y dejen que se llenen de más polvo, telarañas y polillas los expedientes de casos de miles de panameños que llevan sin resolverse entre 5 y 20 años, lo que profundizaría la “mora judicial”.

Pareciera que muchos funcionarios judiciales, en vez de despachar estos expedientes, están ensimismados en los casos penales que saltan a la palestra pública, entre los que figura como protagonista principal, nada menos, que el expresidente de la República, por actos de corrupción pública y otros delitos graves.

La mencionada “mora judicial” resulta más patética y criticable, tomando en cuenta que los funcionarios del Órgano Judicial, a diferencia del resto de los servidores públicos del Estado, solo trabajan siete horas diarias, de lunes a viernes, y sus asuetos por días feriados son más que el de los otros órganos o instituciones públicas.

Por consiguiente, es indispensable e impostergable que, como primer paso, se apruebe el proyecto de ley de carrera judicial que se encuentra en la Asamblea Nacional y, de forma paralela, se den los pasos necesarios para la instalación de una asamblea constituyente originaria, de lo contrario los casos penales en contra de exfuncionarios y empresarios corruptos podrían quedar enmarcados en el refrán que dice: “Alegría de perros cazando monos”. En este caso, nada más ni nada menos que monos gordos”.

 

Sobre el proyecto de ley de estacionamientos

/en /por

El proyecto de ley 10 recién aprobado por la Asamblea Nacional, que modifica y adiciona artículos a la Ley 45 de 2007 y dicta medidas sobre el derecho de los consumidores al uso de estacionamientos en locales y centros comerciales, generará ciertos beneficios, pero al mismo tiempo podría afectar a los comercios e incluso a sus clientes.

Esto es así por la cantidad de tiempo gratuito que estipula de hasta tres horas, lo que provocará que algunos centros comerciales se queden sin espacio e imposibilitaría la llegada de otros clientes, mientras los dueños de muchos de los vehículos que ocupan los estacionamientos, al final, compren cualquier tontería para justificar su uso.

En este caso, tanto los comercios como sus clientes serán afectados, porque si los espacios están llenos de vehículos cuyos dueños pueden ser clientes simulados, entonces, los que realmente quieren comprar tendrían que irse, así ellos pierden tiempo, y los comercios, dinero.

Creo que el cobro o no de estacionamientos, y la cantidad de tiempo gratuito debe ser flexible, tomando en cuenta los siguientes factores:

Primero, la escala de centro comercial. En los pequeños, en donde en pocos minutos se recorren todos los locales, el tiempo gratuito debe ser menos, normalmente con una hora es suficiente; en los grandes que tarda más recorrer y los clientes pueden hacer varias compras, se debería alargar el periodo gratis; y en el caso de los complejos aislados donde no es posible estacionarse, para luego caminar hacia otro lado, los estacionamientos deben ser totalmente gratuitos, si cuentan con suficientes espacios como de hecho se hace en Albrook Mall y otros similares.

Segundo, hay que considerar la cantidad de estacionamientos por local y el movimiento que tiene el lugar. Uno con muchas tiendas, pero pocos estacionamientos, obviamente no puede darse el lujo de ofrecer tres horas gratis, máxime cuando tiene mucho movimiento. En realidad los centros que cobran por ese servicio lo hacen más bien para controlar el acceso que por el ingreso a obtener. Por esto, es mejor que sean los propios administradores los que decidan si cobran y cómo, con base en las condiciones de cada uno. Si el ingreso por cobro no compensa la caída de negocio por la medida, creo que ningún comerciante en su sano juicio lo exigiría.

Tercero, el tipo de negocio y el tiempo que tarda el cliente para obtener el servicio o producto. Por ejemplo, en salones de belleza y estética, salas de juego y gimnasios, el tiempo gratuito debe ser mayor. Pero, al margen de la cantidad de horas que se establezca, no se debe condicionar el derecho de uso gratuito a la presentación de la factura de compra, pues si uno realmente quiere comprar, pero no consigue lo que busca, tendría que pagar de todos modos. Lo justo sería reconocer igual derecho a los visitantes que no concretan la compra. Algunos dirán que si no se pone esa condición, mucha gente abusaría. Para evitar esto, se pueden adoptar otras medidas de control para saber si un cliente realmente está en el complejo comercial, mientras su auto permanece estacionado. Por ejemplo, exigirle al que no concreta la transacción, que pida una constancia de visita y tiempo estipulado en la tienda que visitó. En los centros grandes que disponen de más recursos y cuyos clientes suelen ir a varios locales, se les puede exigir registrar la estadía cada cierto tiempo, validando su tiquete de estacionamiento en máquinas automáticas instaladas a cierta distancia.

Espero que los honorables diputados, en particular los proponentes, sean capaces de reconsiderar el proyecto ya aprobado, e introduzcan modificaciones, tras efectuar las consultas necesarias con los sectores empresariales. Es deber de los diputados crear un ambiente legal favorable para los comerciantes que son una parte importante de los que pagan impuestos.

Una red delictiva en la gestión de gobierno

/en /por

Acceder a un gobierno, ya sea a través del voto popular o por decisión del Ejecutivo, conlleva una gran responsabilidad, ética y moral, en la que los valores deben ser una condición fundamental de todo gobierno responsable.

Tomar el camino equivocado en función de intereses personales o en su mutuo beneficio, es un crimen que se iguala a delitos comunes o propios de las organizaciones criminales, como lo manifestó el papa Francisco: “La corrupción es un mal más grande que el pecado”.

No hay duda de que en la administración de Ricardo Martinelli se metió la mano. Alegar que en otros gobiernos ocurrió una situación similar, puede ser. Sin embargo, en este último la depredación de las arcas fue tan escandalosa que se ajusta a la expresión del argot popular, “se les fue la mano en pollo”. No solo se metió la pata (y la siguen metiendo) sino también la mano y el brazo hasta el codo.

Luego de estos eventos muchos se preguntan ¿qué hubiese sucedido si el partido Cambio Democrático hubiese ganado otra vez las elecciones? No quiero ni pensarlo. Por fortuna, y por el bien de la Nación, eso no ocurrió. La jugada no salió como se pensaba.

La presencia del expresidente Martinelli en el Tribunal Electoral, luego de los resultados oficiales de las elecciones pasadas mostró lo sorprendido que quedó. Quizás en ese momento él no calculó las consecuencias que conllevaría la derrota en el futuro, es decir, lo que hoy observamos cuando varios de sus exfuncionarios lo involucran en delitos graves.

Durante los cinco años del gobierno anterior, el Estado panameño fue como un banco mal administrado, porque el dinero que entraba se dilapidaba y se repartía entre los funcionarios que le hacían coro al “rey sol”. Además, se inflaban los precios de todo para obtener más dividendos, en complicidad con actores que no eran servidores públicos, pero sí socios exógenos que, en contubernio malicioso, obtuvieron grandes ganancias.

Ahora, tras el cambio de gobierno, el rol de los medios de comunicación social y una sociedad civil, más organizada y beligerante, ha sido fundamental para abrir la caja de Pandora.

La justicia cambió de rumbo y comenzó a jugar el papel que la ley le indica. Hay una pequeña luz al final del túnel. No es venganza lo que se pide, es simple justicia. En la administración de Cambio Democrático hubo muchos funcionarios serios que no se sumaron a esta codicia, por lo tanto, no tienen nada que temer, pero aquellos que se aprovecharon del dinero de todos los panameños, es mejor que pongan sus barbas en remojo porque esto apenas comienza.

Lo que vemos debe servir de espejo a los funcionarios del presente y el futuro, sobre todo, a los que piensan que el Estado es un medio para hacerse rico. El pueblo los mira con ojo avizor.

¿Tragedia O Comedia?

/en /por

En otros tiempos, los acreedores solían cobrar con una invasión a la nación deudora en la que las materias primas garantizaban el pago de la deuda. En el caso de República Dominicana, la intervención en el cobro de las Aduanas se convirtió en la garantía de pago. Luego vendría la intervención del país por ocho años. En la actualidad, el asunto se dirime en contratos que las partes se comprometen a cumplir y ahí es donde, como dicen los criollos, la puerca tuerce el rabo. Grecia es hoy protagonista global de esos acuerdos para el pago de su deuda. Por supuesto, las negociaciones son el punto central de todo el embrollo.

Se supone que Grecia llegó a un acuerdo con lo que en principio se llamó troika –Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE)– para su primer rescate, pero resulta que un nuevo gobierno es elegido y comienza el camino de desandar la ruta acordada. Alexis Tsipras y su partido Syriza ganan las elecciones con una promesa electoral de recuperar su dignidad. El nuevo Gobierno decidió que no podía aceptar las condiciones impuestas por los acreedores y realiza un referendo para que sea el pueblo griego el que decida su destino. El líder de Syriza le pide a los griegos que rechacen los acuerdos. Como consecuencia del referendo, se suspenden las negociaciones y el pueblo griego votó con un “no” a las propuestas que ya no estaban en vigencia. Dice Alexis que “lo llevó a cabo, porque consideró que situaría a Grecia en una mejor posición para negociar con los acreedores”.

El discurso de la pérdida de soberanía y de la independencia, del terrorismo financiero y de la humillación para Grecia que representaba el acuerdo fue el argumento válido para decir a las “instituciones” (la misma troika con otro nombre) que no estaban dispuestos a aceptar las condiciones acordadas con los acreedores. Ahora Alexis ha firmado un nuevo acuerdo peor que el de antes del referendo. Al parecer, Grecia es hoy una nación “intervenida” por los acreedores y, como en los viejos tiempos, con la privatización de bienes públicos por 55 mil millones de dólares. Bruselas será encargada de vigilar que esta vez los acuerdos se cumplan.

O sea, Alexis convoca un referendo y pide a los griegos un “no” a un acuerdo inexistente. Con ese no de los ciudadanos griegos, firma un nuevo acuerdo en peores condiciones que el anterior y dice que “asume la responsabilidad de un texto que firmé para evitar el desastre”, y agrega que “no cree en el acuerdo firmado, pero se ve obligado a ponerlo en práctica”.

¿Gana un referendo y pierde la negociación?

El ministro de Finanzas alemán Wolfang Schäuble, parte esencial del acuerdo, declara que “Tsipras rechazó anteriormente un programa similar y después apostó por el no en el referendo y obtuvo una gran mayoría. Ahora él quiere hacer lo contrario de lo que defendió. Se puede tener dudas”, mientras Tsipras ha cancelado a los tres ministros que votaron en contra del acuerdo. ¿Tragedia o comedia?

 

Es urgente reformar la Ley 67

/en /por

Mediante la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la jurisdicción de cuentas y se reforma la Ley 32 Orgánica de la Contraloría General de la República, se crean el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas.

Este nuevo órgano de justicia, integrado por tres magistrados y un fiscal, reemplaza lo que anteriormente se conocía como la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), que funcionaba como una dirección de la Contraloría General de la República. Sin duda alguna, la referida ley constituyó un paso positivo a fin de establecer un procedimiento legal que permitiera juzgar a los funcionarios que laboran como agentes de manejo y empleados de manejo que cometen peculado, incluso se extiende el proceso patrimonial a sociedades anónimas que lesionan recursos y bienes del Estado. El proceso patrimonial tendrá como objetivo recuperar y reparar al Estado de los daños al erario público.

No obstante, los escándalos de corrupción que han saltado a la opinión pública nos hacen reflexionar sobre la urgente necesidad de que se proceda a revisar, ajustar y reformar la Ley 67 que creó el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas de manera que estas entidades puedan cumplir con sus funciones establecidas en la Constitución Política de la República de Panamá y en la propia ley que justificó su creación.

Debo anotar, que mi campo no es la abogacía, sin embargo laboré en el Tribunal de Cuentas por espacio de cuatro años en calidad de secretario administrativo desde su creación y “algo se queda” por aquello de la “contigüidad geográfica” por haber compartido de cerca interesantes experiencias con abogados de la entidad.

La Ley 67 establece de forma clara que la Contraloría General de la República envía al Tribunal los denominados “informes de auditoría especial” con la documentación que determina los resultados de la investigación que comprueba cuáles funcionarios o exfuncionarios del Gobierno lesionaron los fondos del Estado, cometieron el delito de peculado o se produjo enriquecimiento ilícito.

Este informe de auditoría es enviado por el Tribunal casi de inmediato al fiscal de Cuentas que inicia el proceso legal para notificar a los supuestos implicados en la lesión patrimonial y, al final de los descargos de los vinculados, determinar si debe llamarse a juicio por el Tribunal y se proceda a aplicar medidas cautelares de propiedades, bienes, cuentas bancarias, etc.

El problema es que en la Ley 67 no se establecen plazos para terminar o finiquitar un proceso, en consecuencia existe la posibilidad de que las sentencias en firme demoren más de lo esperado, en ocasiones, meses y años. Amén de los recursos dilatorios de los abogados, que pueden resultar en un mecanismo “burocrático legaloide” que impide la aplicación de las medidas cautelares en firme para recuperar los bienes mal habidos.

Esto, con el riesgo de que los bienes sean vendidos, traspasados, y el dinero retirado de los bancos etc., por lo que las medidas cautelares resultan ilusorias. Esto sin duda creará desaliento, desencantos y frustraciones en la sociedad panameña, porque a pesar de que los procesos penales caminan a buen paso, lo patrimonial no lleva el mismo ritmo.

Debe modificarse la Ley 67 para que las auditorías forenses, independientes, transparentes e idóneas sirvan al Tribunal de Cuentas y al fiscal para iniciar un proceso patrimonial. En la actualidad, esto no es posible, solo funcionan y pueden ser tomados en cuenta los “informes de auditoría especial” que provengan de la Contraloría General de la República. Es un hecho cierto, que esta entidad tiene sus limitaciones de recursos humanos, por lo que hay que modificar la ley y establecer que las “auditorías forenses independientes” contratadas contribuyan a agilizar los procesos patrimoniales.

Por último, con base en mi experiencia ganada en el cargo que desempeñé en el Tribunal de Cuentas, como responsable del área administrativa, puedo señalar que una de sus limitantes es que la entidad no dispone de los recursos presupuestarios, financieros, materiales ni humanos para atender el flujo de informes de auditoría relacionadas con lesiones patrimoniales que tendrán que ventilarse en ambas entidades, incluyendo la Fiscalía General de Cuentas, a raíz de los escándalos de corrupción del anterior gobierno.

En consecuencia, se debe lograr que en las reformas a la Ley 67 se establezca el incremento progresivo en sus respectivos presupuestos de funcionamiento e inversiones, de manera que cumpla con eficacia y eficiencia con sus funciones.

 

Castigar la corrupción y la represión

/en /por

Algo huele a podrido en Panamá, bien podrido”, habría dicho Shakespeare si viviera entre nosotros. Rafael Guardia y Giacomo Tamburelli, dos exdirectores del Programa de Ayuda Nacional, del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, no solo se han declarado culpables de peculado, sino que revelaron el entramado de corrupción que montó el gobierno ultraderechista que perdió el poder en las elecciones de junio pasado.

Ambos revelaron ante la fiscalía la red de empresas –varias de ellas pertenecientes al entorno familiar de los Martinelli– a las que compraban a sobreprecios, así como el monto de las comisiones cobradas por el expresidente y sus allegados. Para los que conocen la historia de Panamá, estos hechos no sorprenden, porque la oligarquía que nos gobierna, detrás de los políticos y los partidos, ha construido su patrimonio a costa del Estado.

Toda esta basura ha salido a la luz pública por la combinación de dos factores. Primero, la crisis de credibilidad del sistema político que obliga a los funcionarios a mostrar resultados, so pena de quemar los últimos vestigios de legitimidad. Por otro lado, el conflicto de intereses, entre dos bloques de poder económico.

Desde el movimiento obrero y popular, exigimos investigar a fondo y castigar a todos los culpables de la corrupción rampante. No se puede admitir que vayan a la cárcel solo los testaferros, también deben ser arrestados los grandes empresarios que han lucrado con estos negociados.

Es necesario investigar los escándalos de corrupción de los gobiernos anteriores, pues hubo denuncias, pero ninguna investigación.

La clase trabajadora debe demandar judicialmente a Martinelli, a su ministro José R. Mulino y demás jefes de seguridad y policía por la masacre de Changuinola, en julio de 2010, en la que murieron 10 personas por causa directa e indirecta de la represión policial.

También por el incendio que provocó una bomba lacrimógena lanzada por agentes de la Policía Nacional en una celda del Centro de Custodia de Menores Infractores, en la ciudad de Panamá, el 9 de enero de 2011, hecho que provocó la muerte de cinco jóvenes, por quemaduras e inhalación de humo.

Además, se debe investigar la represión ocurrida en San Félix y en David, en febrero de 2012, en la que murieron dos personas y decenas resultaron heridas, así como la acción policial registrada en Colón, en octubre de 2012, que dejó al menos media docena de muertos.

De todo lo anterior se colige la completa podredumbre del régimen político impuesto por la invasión estadounidense de 1989, la desconfianza en el sistema judicial panameño, y la exigencia de barrer con esa institucionalidad salpicada de corrupción, mediante una asamblea constituyente originaria y soberana.

 

El debido proceso en época de crisis

/en /por

A la luz de los casos que se desarrollan para esclarecer los supuestos actos de corrupción en que incurrieron algunos funcionarios del gobierno anterior, en diversos medios de comunicación social se menciona el término “debido proceso”. Se trata de un principio que tiene raigambre constitucional y, además, figura en los textos internacionales sobre los derechos humanos.

El debido proceso como tal es una garantía para todos los ciudadanos, porque exige que durante el desarrollo de un proceso judicial, la persona investigada conozca, sin cortapisas, los hechos por los que se le denuncia; el nombre de su acusador; las pruebas que sustentan el caso y la posibilidad de presentar aquellas que lo debiliten, al tiempo que tiene derecho a contar con un abogado idóneo y calificado, quien en los escenarios procesales –ya sea en el inquisitivo o el acusatorio– ejerza la defensa.

En consecuencia, el debido proceso implica el cumplimiento de una serie de pasos obligados con lo que se dota a quienes intervienen en el proceso de igualdad de oportunidades para hacer valer sus pretensiones jurídicas. Tanto la Fiscalía, como la defensa, sin perder de vista el abogado de la víctima, cuentan a su haber con estas posibilidades de cara a preservar los intereses de la justicia.

El país se aboca a vivir momentos importantes en materia judicial, casi similares a los que experimentó en la década de 1990, cuando ingresaron nuevas autoridades al poder Judicial y a la Procuraduría General de la Nación. Estas, a pesar de una serie de dificultades, lograron impartir justicia en casos que conmocionaron el país.

Los actuales dignatarios también tienen ahora la inmensa responsabilidad de ofrecer las condiciones para asegurar que se haga justicia. Por eso, el Gobierno debe superar la mentalidad mezquina y dotar de recursos a los estamentos judiciales, pues frente a la complejidad de los delitos denunciados es necesario que, tanto a los fiscales como a los jueces de circuito –donde radicarán al final estos macro procesos–, se les dote de los medios y recursos que les permitan dar respuesta pronta y efectiva.

Bajo el esquema actual de trabajo, la sociedad solo encontrará frustración y decepción, no por el operador judicial, como tal, sino por la política de egoísmo hacia la jurisdicción de Circuito Penal, que dentro del poder Judicial es la cintura de dicha institución y en la que descansa la mayor cantidad de trabajo.

Por lo tanto, el debido proceso no solo depende del operador directo, sino de los estamentos públicos del Ejecutivo, que deben brindar las facilidades para que este se optimice y se efectivice en el proceso penal. El tiempo dirá si ahora existe la voluntad de brindar justicia efectiva a la población.

Constituyente originaria, su legitimidad y necesidad

/en /por

Cuarenta y dos años después de su entrada en vigencia, la Constitución Política muestra sus grandes deficiencias y limitaciones. Así, desfasada, la ley fundamental no ofrece respuestas contundentes ante los problemas y nuevos retos que el Panamá del siglo XXI exige. Más allá de consideraciones de carácter político e ideológico, lo cierto es que el corpus del texto constitucional presenta deficiencias en su capacidad de reinventar o reformar las estructuras estatales para hacerlas más cónsonas con las demandas de la sociedad en materia de justicia, equidad y protección de derechos humanos, entre otros.

Una de las propuestas insignia de la campaña del hoy presidente Juan Carlos Varela fue, sin duda, la de convocar a una asamblea constituyente “paralela”. Intentaré presentar en este espacio las razones por las que creo inconveniente seguir adelante con una “paralela”, y ofreceré argumentos que refuerzan la legitimidad de la originaria.

En primer lugar, el proceso constituyente tiene como finalidad dotar de un nuevo pacto social al país y, por tanto, de una nueva organización política y jurídica del Estado. Es decir, es un proyecto dirigido a realizar cambios estructurales y no meramente coyunturales. Encontramos aquí el primer gran problema, puesto que los más acérrimos defensores de la constituyente paralela argumentan en su favor, por la posibilidad que brinda de emprender cambios “de forma” sin acometer reformas efectivas a los problemas “de fondo”. Al parecer, a nuestros gobernantes (puede que de manera inconsciente) les entusiasma llevar a la práctica la frase que Giuseppe Tomasi di Lampedusa plasmó en su obra El Gatopardo: “Es necesario que todo cambie si queremos que todo siga igual”.

En segundo lugar, desde el punto de vista doctrinal, la paralela implica un contrasentido a la esencia de lo que una constituyente realmente debe ser: originaria, y por tanto, pre jurídica, ilimitada y no sometida a los poderes constituidos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). En consecuencia, la paralela es una desnaturalización del concepto de constituyente planteado por el abad Sieyès (político de la Revolución Francesa, quien por primera vez sistematiza una teoría del poder constituyente) y llevado a la práctica por los revolucionarios liberales del siglo XVIII, tanto en Francia como en las 13 colonias estadounidenses.

Los detractores del ejercicio del poder constituyente desestiman la propuesta de una de tipo originaria, al esgrimir el argumento de que se trataría de un golpe de Estado. Quienes afirman esto ignoran que ese poder encuentra su fundamento y asidero en el principio democrático de “soberanía popular”, de herencia roussoniana y que postula el origen popular del poder político: el pueblo, como único y legítimo soberano en las sociedades democráticas, puede disponer libremente el cómo constituirse en Estado.

Para los más legalistas, cabe señalar que la Constitución Política vigente consagra en su artículo 2 la posibilidad de una constituyente originaria al disponer: “El poder público solo emana del pueblo…”.

A pesar de los argumentos antes esbozados y de los antiquísimos problemas que aquejan a nuestro país, a saber: corrupción sistémica, falta de credibilidad y eficiencia en las instituciones democráticas, inequidad, la no separación de los poderes del Estado, impunidad, entre otros, los perpetuadores del statu quo siguen descartando como inviable convocar a una constituyente originaria y hacen caso omiso a los alarmantes signos de desgaste del modelo político y económico del país. La partidocracia panameña, además de diversos grupos de poder económico, se siguen empeñando en desacreditar la reivindicación que, desde diversos grupos de la sociedad civil, movimientos políticos y colectivos diversos, se hace en pro de una constituyente que de verdad encarne los más elevados valores democráticos: pluralismo, igualdad de todos ante la ley, inclusión a los sectores sociales y la activa participación ciudadana.

La constituyente originaria se vislumbra, por lo tanto, no solo como una alternativa legítima de ejercicio del poder ciudadano, sino como un imperativo moral para aquellos ciudadanos que se ven comprometidos con la construcción de un proyecto nacional colectivo.

El país no puede avanzar sin justicia

/en /por

En el Movimiento Independiente por Panamá (Movin), unidos por el deseo de un verdadero cambio estructural en el país, queremos dejar plasmada nuestra preocupación por el peligro que representa la desconfianza en el sistema judicial.

Hemos sido víctimas de un desfalco de proporciones no determinadas, cuyo principal responsable y muchos involucrados no han sido llamados a enfrentar la justicia o, peor aún, quizás algunos de los que se mantienen ejerciendo funciones públicas o desde el sector privado, planean la manera de participar en otro desfalco.

Hemos sido víctimas de un Estado perseguidor, al que se le acusa de utilizar fondos públicos para adquirir equipo de espionaje con el que violaron nuestro derecho a la privacidad, y sin la debida autorización por parte del Órgano Judicial. Un Estado delincuente al que se le acusa de utilizar las instituciones que deben estar al servicio del país, para atender intereses muy particulares. No podemos cerrar ese nefasto capítulo sin garantías de que habrá rendición de cuentas y sanciones ejemplares para desincentivar a los individuos u organizaciones de orquestar esos actos en el futuro. Fortalezcamos las instituciones para que nunca más sean desviadas de su labor, y se enfoquen en el logro de los mejores intereses nacionales.

No podemos avanzar como país si desconfiamos de nuestras instituciones, principalmente del Órgano Judicial, cuya misión reza: “Decidir los conflictos en forma independiente, rápida y confiable, asegurando el respeto a la ‘Constitución’ y las leyes de la República, la protección de las libertades y garantías ciudadanas, la convivencia pacífica y la defensa de los valores esenciales de la democracia”.

El nombramiento de Alberto Cigarruista, como magistrado del Tribunal de Cuentas, es un ejemplo de acciones que justifican esa desconfianza. Es un claro retroceso en cuanto a mantener la independencia de los órganos del Estado, porque él fue candidato a diputado en las recientes elecciones, y porque su condición anterior, como magistrado en la Corte Suprema de Justicia, choca con el principio de participación equitativa. Esto sin atender los cuestionamientos que trajo su designación y posterior desempeño como magistrado desde el gobierno de Mireya Moscoso.

La selección de las personas llamadas a impartir justicia debe ser ponderada y escrutada con cuidadosa responsabilidad, con el objetivo de poner a los mejores ciudadanos a cargo de una labor tan importante como esa. Además, se debería escuchar y valorar las opiniones de la ciudadanía, en general, de los miembros de la sociedad civil organizada y de los gremios.

Por otra parte, la mora judicial es alarmante, un ejemplo son los Hábeas Corpus y los procesos que esperan por fallo decisorio, pues muchos exceden los plazos razonables que dictamina la ley. Eso es inaceptable, cada caso es importante y los magistrados y jueces deben fallar en el tiempo estipulado y, sobre todo, hacerlo en estricto derecho, sin permitir presiones indebidas o intromisión de otros órganos del Estado.

Todos los funcionarios responsables de la administración de justicia deben comprender el momento político que nos toca vivir, que exige de las autoridades y de los ciudadanos un comportamiento impecable, alineado al interés de plena vigencia de los principios, valores y controles democráticos, y alejado de intereses particulares o partidarios.

Hacemos un llamado a la reflexión y esperamos que pronto se puedan ver acciones concretas para la rectificación institucional que devuelva la confianza en la justicia, y avanzar en el fortalecimiento de los órganos e instituciones que deben garantizar y favorecer la plena vigencia de la vida en democracia.

Nuestro llamado es a seguir la hoja de ruta ya trazada en los acuerdos contenidos en el Pacto de Estado por la Justicia.