Bases de la transformación

En medio del peregrinar de algunos que quieren ser el reemplazo en el poder, otros están conversando sobre las bases de la transformación del Estado panameño.

Y es que no se debe poner la carreta delante de los bueyes, pues lo que Panamá necesita no es un nuevo gobierno con un nuevo presidente, sino un nuevo sistema político que nos lleve al país a un nivel más alto en el desarrollo como sociedad.

Para esto, antes que una candidatura presidencial, necesitamos crear consensos que deben ser las bases para lograr la meta. Ya hay propuestas sobre cuatro pilares: una gran reforma del sistema de justicia, una gran reforma del sistema educativo, una gran reforma de nuestra seguridad social y quizás la más importante, una nueva Constitución.

Pero para lograr esto, todos los sectores debemos sentarnos, conversar y lograr los acuerdos necesarios para este gran paso. Así las cosas, ahora hay que establecer agendas por los próximos meses; sesiones de trabajo y un equipo que lidere este gran acuerdo nacional que pone a Panamá primero.

No un gobierno, no una persona… ¡El país primero! Y es que Panamá tiene todo para lograr el grado de desarrollo; lo que nos falta es ese acuerdo nacional y pensar en Panamá como lo hicimos con la recuperación del Canal. ¿Podremos lograrlo?.

Redacción La Estrella de Panamá

 

La justicia como instrumento político

Dicen los abogados que la justicia debe ser ciega, sorda y muda. ¿Es eso lo que ocurre en nuestro país? Los cuestionamientos contra el sistema de justicia en Panamá, saltan a diario y no es un solo sector, sino todos, dependiendo de quién sea el afectado. En pocas palabras, el sistema de justicia tiene un serio problema de confianza y credibilidad. Si analizamos la génesis del problema, el papel de los fiscales está siendo más mediático que jurídico, porque parece que no buscan la verdad, sino el aplauso. Lo peor es que se festina en los medios y luego, cuando se caen los casos, la culpa es de los jueces que los ‘compraron’. Cuando los casos llegan al judicial, las cosas tampoco parecen estar del todo correctas. No es uno, sino varios jueces y magistrados que han sido seriamente cuestionados por sus decisiones que a todas luces vulneran el debido proceso. En pocas palabras, el sistema de justicia ‘baila al son que le conviene’ y no es justo. La lógica indica que a la justicia hay que darle un revolcón y poner en el sistema a hombres y mujeres que verdaderamente crean en una justicia real y efectiva, no como un instrumento político. Es necesario que emerjan esos funcionarios honestos que hay en el sistema y empiecen a accionar con su poder moral contra los corruptos incrustados en el Órgano Judicial. No hay tiempo para esperar y cuanto más rápido actuemos, rescataremos el sistema de las garras políticas y de los bribones de este país. En cuanto al Ministerio Público, los fiscales tienen el deber de perseguir el delito, pero grabarse en su conciencia que es culpable la persona cuando se le demuestre y así lo determine un juez. Ya basta de seguir con la tesis de que la persona investigada es la que tiene que demostrar su inocencia y mientras tanto, la encierran en la cárcel, donde sufre la condena previa al juicio justo al que tiene derecho.

Redacción La Estrella de Panamá

 

Un año del SPA en Panamá

El pasado 2 de septiembre Panamá celebró el primer año de implementación del sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial, con el que completó su entrada en vigencia en todo el país. Con esa decisión política, Panamá se unió a muchos países latinoamericanos que transformaron sus sistemas de justicia penal con el objetivo de consolidar sus democracias y Estados de derecho. Esfuerzo que respondió a la decisión transversal de autoridades políticas, judiciales y operadores. El hacer este camino de manera gradual permitió además evaluar y hacer correcciones para llegar mejor preparados a esta última fase. El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) ha colaborado técnicamente en este proceso a través de la evaluación de la implementación en los distritos judiciales Segundo y Cuarto, y una preevaluación de la implementación en el 3°. Participamos en discusiones públicas, seminarios, conversatorios de alto nivel y reuniones con los actores del nuevo sistema, siempre queriendo contribuir con el sello CEJA. Es decir, una mirada de política pública integral, en que sumado al cambio normativo, se requiere integrar factores presupuestarios, culturales, de gestión, de infraestructura, de coordinación interinstitucional, de difusión, entre muchos, como elementos tan relevantes que si fallan pueden obstaculizar e incluso impedir su instalación definitiva. Las cifras oficiales muestran avances importantes: la duración promedio de los procesos bajó desde casi 300 días en el sistema inquisitorio, a 42, en el acusatorio; desde 2014 a junio pasado se ha resuelto el 82% de las causas ingresadas por los diversos mecanismos resolutivos. Han disminuido las detenciones provisionales. Comparando la situación un año antes de comenzar el SPA en cada uno, vemos que el 1° Distrito, que comenzó en 2016, disminuyó en un 52.2% las detenciones provisionales; el 2° (2011), en un 64.,6%; el 3° (2015), en un 43.3 %; y el 4° (2012), en un

60.9%. Son resultados que invitan a reforzar el trabajo y a seguir evaluando su funcionamiento, de cara a los nuevos desafíos. Por eso es importante una perspectiva regional que enriquezca el análisis y aporte a su mejora permanente. Por ejemplo, en materia de política de persecución, creemos que en Panamá y en la región los Ministerios Públicos (MP) deben avanzar hacia el análisis delictual y al enfoque en los fenómenos delictuales, más que en casos individuales. Esto contribuye a una definición estratégica de la persecución penal, focalizando esfuerzos sobre ciertos delitos u organizaciones criminales, dando mayor efectividad el impacto en los resultados y en la confianza ciudadana. Panamá ya hizo una reestructuración organizacional del MP. Ahora debe avanzar hacia una organización de la Procuraduría General de la Nación (PGN)

que responda a los requerimientos de una persecución penal estratégica. Las medidas alternativas deben emplearse con intensidad. Pero, como recomendamos desde CEJA en nuestro informe, se requiere contar con una oficina especializada de control. Esto es vital para aportar información técnica a fiscales, defensores y jueces al tomar decisiones; y para garantizar que las medidas son cumplidas debidamente, incentivando su uso efectivo.

En el Informe CEJA propusimos cambios en la organización judicial: profesionalizar la gestión administrativa, fortalecer la plataforma informática, reestructurar el área de mediación, entre otros.

Un desafío común a los operadores del SPA es mejorar las destrezas de los jueces en la dirección de audiencias, y de fiscales y defensores en litigación, para contribuir a soluciones prontas y efectivas de los conflictos. Así se podrá obtener información de calidad, mediante su depuración a través de un verdadero contradictorio, facilitando la adopción de decisiones de calidad. La defensa debe avanzar hacia estándares técnicos que faciliten la entrega y control de un servicio que asegure la garantía constitucional del derecho de defensa y debido proceso, legitimando la sanción impuesta o la absolución decretada, cuando proceda.  Esperamos que Panamá siga avanzando en este camino de construcción, aprendiendo de la experiencia de los distritos judiciales previos. Ahora es tiempo de evaluar la operación del 1° Distrito Judicial, de modo que, aprovechando la experiencia acumulada y las buenas prácticas comparadas de otros países, se pueda cimentar la instalación de un sistema de justicia protector de garantías de imputados y víctimas, efectivo en la persecución penal y en la n identificación de las soluciones más adecuadas para los conflictos específicos, en beneficio de todas las panameñas y panameños.

Jaime Arellano

La renovación de los partidos políticos

El narcotráfico ha encontrado en los partidos políticos el camuflaje perfecto para sus operaciones. Desde allí opera con relativa facilidad y cobra nueva fuerza porque lo hace desde la autoridad. Hace años que el narcotráfico empezó a cooptar a miembros de la Fuerza Pública. Ahora ha escalado en su intromisión en la política en Panamá. Y es que hace años se habla de que varios diputados de la República forman parte de este negocio e incluso el presidente Juan Carlos Varela lo dejó entrever en una reunión con el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León. Mas, no hubo investigaciones, solo el retiro de placas de los diputados por unos días, porque luego todo volvió a su pasividad. La detención del alcalde de La Villa, a su vez subsecretario del PRD, demuestra que el narcotráfico se inmiscuyó en los partidos políticos. La gravedad de la situación obliga a una depuración total de los partidos políticos y de la Fuerza Pública, porque, de lo contrario, caeremos en un abismo peor que la corrupción. Ya México sufre de este grave flagelo y el periodismo, que lo investiga, es víctima de este problema. A las autoridades decentes solo queda animarlas para que no se dejen amedrentar, no importa el cargo y rango que ocupe el o la involucrada en la institución. Si está trabajando para los carteles, hay que sacarlo/a inmediatamente del sistema. Lo que no debemos hacer es seguir pasivos y, desde la sociedad civil, gritar a los cuatro vientos que debemos hacer esto o aquello. Hay que involucrarse en la política y participar, para no darle estos espacios a corruptos, inescrupulosos y narcotraficantes que ven, con relativa facilidad, cómo pueden controlar el país, tomándose los partidos políticos. ¡Para mañana es tarde!

Redacción La Estrella de Panamá

¿De qué nos ha servido? De OCDE y notas sueltas.

Han pasado dos meses desde que el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estuvo en Panamá. Todo indica que nos han calificado como un país ‘Largely Compliant’; es decir, que cumplimos con la mayoría de los actuales requisitos para no terminar en su temida lista de países no cooperantes. A pesar de que no estamos de acuerdo muchas veces con el manejo que le da el Gobierno a esta intromisión de un club de países ricos en nuestros asuntos y con los ataques a nuestro pequeño país, debo reconocer que la presión internacional hacia Panamá parece haber bajado. Enhorabuena al Gobierno.

Pero el silencio que se produce entre los ataques me obliga a mantener vigente nuestra posición de que debemos hacer respetar nuestra soberanía y que lo que busca la OCDE es favorecer los intereses de sus países a costa de los más pequeños. Las noticias que salen, casi a diario, nos obligan a seguir escribiendo sobre la hipocresía con que los países y los funcionarios de la OCDE quieren manejar el mundo.

Irlanda. Hay optimismo y un gran orgullo en el pueblo irlandés, como denota el artículo de la revista TIME de la semana del 13 de julio de este año. A pesar de venir de años muy difíciles por la crisis bancaria de 2008 y de ser, perennemente, considerado como uno de los países más pobres de Europa, han logrado, a través de la competencia fiscal en pocos años, convertirse en la envidia de los miembros de la Unión Europea. Comenta el artículo de Time: ‘La reputación como paraíso fiscal se mantiene intacta, a pesar de algunos golpes. Su tasa corporativa de 12.5 % y una variedad generosa de concesiones especializadas han hecho de Irlanda un imán para empresas de tecnología norteamericanas y multinacionales farmacéuticas buscando establecer una Casa Matriz fuera de su país de origen ‘.

Su primer ministro, Leo Varadkar, comenta: ‘Yo creo que el hecho (de) que estemos defendiendo nuestra política fiscal manda un mensaje positivo a las compañías, americanas u otras, que quieran invertir en Irlanda ‘. Recordemos que la Unión Europea (UE) sancionó a Apple, cuyo centro de operaciones europeo está establecido en Irlanda, con US$16 billones en impuestos atrasados y, tanto la empresa como el Gobierno irlandés, apelaron la decisión. No veo que este asunto haya puesto a los irlandeses nerviosos por no cumplir con los caprichos enfermizos de la OCDE y la UE.

Chile. En un artículo dirigido al director del Diario Concepción de Chile, del 27 de julio de 2017, el abogado Claudio Bustos resalta algo que, para aquellos que aún creen que la OCDE busca lo mejor para el mundo, no debe dejar duda del afán de dicha organización en acabar con los países que no forman parte de su club de países ricos. Cito al colega chileno, quien comenta sobre recientes cambios a las leyes fiscales de su país: ‘Entre las condiciones que el citado artículo [41 H] menciona como características, se encuentra la tributación efectiva sobre los ingresos de fuente extranjera inferior a 17.5 %, entre otras. Sin embargo, la norma se autoimpone una limitación, al señalar que NO SE APLICARÁ LO DISPUESTO EN ELLA A ‘MIEMBROS DE LA OCDE ‘. (El destacado en mayúsculas es nuestro).

Finaliza el colega en forma contundente: ‘El beneficio tributario que contemplan dichas jurisdicciones es, en muchos casos, equivalente al que ofrecen otros Estados que tienden a identificarse más con la acepción de ‘paraíso fiscal’, tales como BVI o Panamá. AL PARECER, EL HECHO DE FORMAR PARTE DE LA OCDE, OFRECE INMUNIDAD RESPECTO A LA CONDICIÓN DE JURISDICCIÓN DE BAJA O NULA TRIBUTACIÓN. De ser así, estas jurisdicciones serán usadas de manera cada vez más frecuente por los inversionistas y empresas en el futuro, convirtiéndose, quizá, en los ‘paraísos fiscales’ del siglo XXI ‘. (El destacado en mayúsculas es nuestro). A buen entendedor pocas palabras.

La hipocresía francesa .Queda claro que Francia lidera la burocracia de la OCDE en los ataques contra Panamá. Los galos no han hecho más que criticar y denigrar a nuestro país. Sin embargo, la verdad siempre sale a relucir. La hipocresía, decía Frederick W. Robertson, no merece misericordia. Por eso nos place que, en su edición del 28 de julio de este año, el diario español Expansión informa que ‘La Comisión Europea obliga a Francia y a Bélgica a acabar, antes de que concluya 2017, con las VENTAJAS FISCALES que ofrecen a sus puertos. La Dirección General de Competencia ha anunciado hoy que LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES de la que gozan muchos de los puertos marítimos y fluviales de estos dos países constituyen una ventaja selectiva no justificada y que distorsionan ilegítimamente la competencia ‘. (El destacado en mayúsculas es nuestro). Vea usted. ¿Con qué moral los franceses del Gobierno de Hollande atacaban a Panamá, si ellos también estaban ofreciendo incentivos fiscales a sus puertos para poder competir?

Por suerte, el Gobierno de Macron parece estar más interesado en elevar su figura como el gran líder y salvador de Europa que en ensañarse con Panamá, como hizo el cobarde de Hollande.

Sociedades peligrosas. Este libro escrito por una periodista del diario La Prensa y su esposo ha sido una grata sorpresa. Debo confesar que pensé que sería una obra más que se aprovecharía de la mala imagen que no dejaron los mal llamados Panamá Papers. Sin embargo, tiene un balance adecuado de los hechos y critica, fuertemente, a los Gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra por su hipocresía en el tema de los paraísos fiscales. El libro se lee como una novela, llena de amenazas, guardaespaldas, etc., pero retrata correctamente que, por ser mejor ‘branding ‘, le pusieron el mote de Panama Papers al robo y a la publicación de información confidencial de la firma Mossack Fonseca. De alguna forma redime la actuación de dicho diario nacional en esta investigación que tanto daño hizo y sigue haciendo a Panamá. No se ganará el Premio Pulitzer, pero para los que critican a la plataforma de servicios legales panameña puede ser una interesante lectura. Enhorabuena a los autores.

Álvaro Tomas

ABOGADO

 

Apoyemos a GESE

El pasado 13 de julio se venció la licencia para que empresas y ciudadanos estadounidenses pudieran hacer negocios con GESE, responsable de la publicación de La Estrella de Panamá y El Siglo , y el Gobierno de Estados Unidos, a través de la OFAC, decide no extender esta licencia. Ante esta situación, quiero expresar mi indignación por tal decisión, dada la importancia que tienen estos dos diarios, fundamentales en la historia panameña, y a la misma vez exhortar a los panameños a apoyarlos apersonándose a sus instalaciones a firmar la Declaración por Panamá .

Esta decisión afecta el libre funcionamiento de estos diarios, al prohibir que proveedores estadounidenses puedan proveer de los insumos para que esta casa editorial continúe publicando estos diarios, lo cual pone en riesgo la libertad de expresión y priva a la ciudadanía de ejercer su derecho a la información en el futuro. Adicional, el grupo ha recibido cancelaciones de pautas publicitarias, póliza de seguros y contrato de afiliación Visa/Mastercard, lo que ha obligado a GESE a dejar de circular los fines de semana y reducir el tiraje de estos diarios. Desde ahora estamos viendo las consecuencias de esta decisión que vulnera la libertad de expresión.

Es inaceptable que Estados Unidos, con esta decisión, haya cedido a las ansias de ciertos poderes sociales por violentar la libertad de expresión, que han tenido la osadía de ultrajar la labor de estos nobles diarios, los cuales representan el sentir de toda la ciudadanía panameña que, en pleno ejercicio de su derecho a la información, acceden a ellos para enterarse de todo lo que sucede en Panamá y el mundo.

Estos diarios se han convertido en verdaderos forjadores de la libertad de expresión, en un puente para que la ciudadanía pueda expresarse libremente ante situaciones que le aqueja. El hecho de que Abdul Waked y su conglomerado de empresas (incluida GESE ) esté en esta lista es utilizado como pretexto para tomar esta decisión, perjudicando la salud financiera de la casa editorial.

Este acto es una total agresión a la libertad de expresión, por eso no debemos quedarnos callados ni mostrarnos indiferentes; es hora de levantar nuestra voz y no permitir que estos diarios desaparezcan por la intransigencia de sectores que lo único que desean es coartar la libertad de expresión y así ocultar sus posibles actividades ilícitas.

Debemos estar conscientes de que hay más de 240 trabajadores que dependen de esta casa editorial para llevar el sustento a sus familias, estos han tenido que vivir una angustiante incertidumbre sobre lo que vaya a pasar con lo que consideran su fuente de ingresos. Por estas familias y por la libertad de expresión es que debemos estar unidos para solidarizarnos con estos diarios que forman parte de nuestra identidad como panameños.

Christian Marciaga

 

 

SOS familia

En las últimas dos semanas hemos visto cómo ha ido cobrando fuerza en nuestro país el tema de la familia y todo a raíz de un recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Corte Suprema de Justicia contra el artículo 26 del Código de la Familia que establece: que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad legal que se unen para hacer y compartir una vida en común. Según los demandante, se trata de un precepto que atenta contra la Constitución que contempla, en su artículo 57, que el matrimonio es el fundamento de la familia, descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la ley.

Un elemento adicional que ha encendido este debate es el tema de la ideología de género, lo que, a juicio del papa Francisco, crea confusión y vacía el fundamento de la familia. Según el papa, una cosa es que una persona tenga una tendencia homosexual e incluso que cambie de sexo y otra cosa es hacer enseñanza en la escuela en esta línea para cambiar la mentalidad. A esto lo llamó el papa, colonización ideológica.

Antes de iniciar mi reflexión sobre el tema, debo reconocer que soy católico y que no estoy de acuerdo con el ‘matrimonio’ entre personas del mismo sexo y mucho menos con la posibilidad de que puedan adoptar niños. Soy de los padres que piensan que si tuviera un hijo homosexual lo amaría igual que si no lo fuera, pero eso no significa que tengo que aceptar que movimientos o ideologías foráneas trastoquen la decisión soberana, legal e institucional de Panamá desde principios de la República de mantener el matrimonio entre un hombre y una mujer.

El jueves de la semana pasada tomé la decisión personal de participar de la marcha realizada en defensa de la familia y lo hice junto a un grupo de amigos y familiares convencidos de que la familia es la primera institución surgida en este mundo desde su creación y que tenemos que defenderla, protegerla y restaurarla.

Mientras caminaba desde la Iglesia del Carmen hasta la plaza 5 de Mayo, miraba los rostros de miles de personas que participaban en la actividad y pasaba por mi mente una completa radiografía de la situación en que se encuentra la familia panameña en este momento.

¿Está la familia panameña preocupada por el pandillerismo que surge de nuestros hogares, por el rendimiento académico de sus hijos, por la calidad de la educación panameña, por el consumo de drogas y alcohol, por la corrupción, por la productividad de sus hijos, por la cantidad de niños abusados, por la cantidad de niñas embarazadas?

La familia panameña está lesionada, porque tenemos nuestros principios, valores y prioridades al revés. Trabajamos sin descanso por una casa, un carro y por bienes perecederos, poniendo todo nuestro empeño en cosas pasajeras y superfluas.

¿Dónde quedó el amor y el diálogo en la crianza de nuestros hijos? Los niños llegan al mundo como un cuaderno en blanco y somos los padres los que llenamos cada página con el pasar de los días desde que nacen. No pretendamos que esos niños sean algo diferente a lo que ven en casa. Si ese niño lo que ve son antivalores, violencia, droga, alcohol, sexo y vulgaridad, al final eso para él será lo correcto. Debemos enseñarles que la vida no es fácil y que hay que luchar para alcanzar los objetivos.

¿Quién dijo que los padres somos amigos de nuestros hijos? Nuestra tarea es la de guías y orientadores. Una mentira que he venido escuchando es que la ley le impide a los padres corregir a sus hijos. ¿Dónde está esa norma? Una cosa es corregir y otra muy distinta es maltratar a un hijo. Esto último sí es penado por la ley aquí y en China.

Los padres también debemos entender la importancia que tiene el matrimonio y no verlo como algo desechable. No puede ser que con las primeras diferencias que surjan en la pareja, pensemos inmediatamente en la separación. Tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón.

Aceptamos la infidelidad, el maltrato verbal y físico como algo normal, humillamos a la pareja en privado o delante de nuestros hijos o amigos. Llegó el momento de hacer un ‘mea culpa’ reconociendo primero que hemos fallado y que es importante corregir rumbo. No esperemos que venga el Gobierno a nuestras casas a enseñarnos a ser padres y esposos. Actuemos antes de que se nos impongan las cosas mediante leyes.

Álvaro Alvarado

 

La corrupción: amenaza de la democracia

La corrupción es sin duda uno de los fenómenos que más polémica genera actualmente en la sociedad internacional. Es un mal que aflige a todos los Estados. No discrimina país, clase social, raza o religión. Recientemente hemos visto que la lucha contra la corrupción se ha convertido en la vanguardia de las acciones judiciales y gubernamentales en un número plural de países en el mundo. Presidentes y vicepresidentes, magistrados, senadores, diputados y funcionarios de todos los niveles han sido enjuiciados, condenados y encarcelados ante la mirada de sorpresa de los que decían que el crimen de cuello blanco ‘Sí paga’ y que en nuestros países ‘No pasa nada’.

Nuestro país no ha escapado de esta corriente de persecución contra los responsables de actos de corrupción de administraciones pasadas. Claro está, es sabido que muchos de dichos actos jamás serán resueltos. En algunos casos, porque el Ministerio Público y sus fiscales no tienen ni la capacidad ni los recursos suficientes para acometer semejante tarea. En otros casos, porque la Contraloría General de la República adolece de los mismos problemas. Igual que los tribunales y juzgados. En el peor de los casos, tampoco existe la decisión de pagar el precio político de ver a miembros de los propios partidos gobernantes tras las rejas.

En el caso de Panamá, las investigaciones del Ministerio Público sobre utilización de fondos públicos en pagos de ‘sobreprecios’ y ‘coimas’, así como en gastos políticos y de campaña electoral, dejaron en evidencia la amplia corrupción institucionalizada del Gobierno anterior. La administración actual inició con sólidas denuncias de los actos corruptos, pesquisas administrativas, y exigencias de rendimiento de cuentas y sanciones para los exfuncionarios involucrados. También se comprometió con la transparencia y la recuperación de la institucionalidad democrática del país. No obstante, aún queda mucho por hacer.

Aquí siempre hemos tenido el concepto de que vivimos en una sociedad donde la corrupción es tolerada como un mal irremediable, llegando al extremo de considerar la política como sinónimo de corrupción; presente en políticos, en los partidos y en la administración del Estado. De hecho perfectamente tolerable para una mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, la corrupción es un flagelo moralmente inaceptable, que distorsiona la gestión económica, aumenta los costos de los programas y reduce el crecimiento real de la economía. Por ello, todos seguimos pendientes de que los implicados en los sonados casos de corrupción reciban las sanciones ejemplares correspondientes a sus grados de participación y responsabilidad.

En Panamá existe la percepción casi generalizada de que también es por la corrupción, la lentitud en la ejecución de inversiones, proyectos y programas por parte del Gobierno, especialmente en aquellos ministerios e instituciones que tienen que ver con los servicios básicos, mismos que inciden directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Esto es, quizá, lo más preocupante por parte de la población.

Muchos también creen que como consecuencia de la corrupción, del pago de sobreprecios y coimas, no alcanzan los recursos con que hacer frente a los múltiples problemas que nos aquejan, tales como el evidente deterioro de los centros escolares en todo el país; de las precarias condiciones de los hospitales y centros de salud; de la limitación de insumos, medicamentos y la crisis de falta de agua potable permanente, que permitan brindar a los ciudadanos recibir una atención digna y adecuada.

No se trata solo de falta de recursos financieros. Se puede trabajar de manera eficiente y eficaz sin que ello implique sobrecostos o pago de coimas para la ejecución de obras presupuestadas. Las constantes denuncias y evidencias, de las cuales dan cuenta los medios de comunicación social sobre actos de corrupción, obligan a combatirlos firmemente hasta eventualmente eliminarlos.

La corrupción causa descomposición de las bases sociales de solidaridad, credibilidad y legitimidad que sustentan el respeto a las leyes y al sistema democrático. Ello se facilita debido a la impunidad con que actúan los que la promueven y benefician. Así, se pierde la fe en que la Democracia les resuelva sus problemas de pobreza, educación, salud y seguridad.

Cuando la gente sabe que hay soluciones y recursos, piensa que no le llegan por causa de la corrupción. La promoción de la transparencia y la prevención de la misma solo pueden ser efectivas cuando resultan de la aplicación de los principios de eficiencia, probidad, transparencia y la obligación de rendir cuentas por las autoridades. La confianza en nuestras instituciones democráticas depende de ello.

Daniel Delgado-Diamante

ABOGADO

 

La CSJ panameña y sus malabarismos

He leído detenidamente la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que resolvió el amparo interpuesto por la Sociedad Calle Abajo Tableño, en contra de la resolución del Ministerio de Gobierno que otorga la personería jurídica a la Sociedad Punta Fogón Unido. Debo expresar que no comparto ese pronunciamiento, que contó con el salvamento de voto del magistrado Harry Díaz, a quien en el reparto le habían asignado dicho amparo, pero luego que presentó su proyecto ante el pleno fue rechazado y pasado el expediente al magistrado Luis Ramón Fábrega, en cuyo despacho se elabora el malabarismo legal que santifica la improcedente e ilegal actuación del ministro de Gobierno, Licdo. Milton Henríquez, quien termina acuerpando al tableño Francisco De León (asesor legal) y a Maritza Royo (secretaria general), autores intelectuales de los engendros ‘legales’ que luego remiten a las autoridades municipales de Las Tablas, que nunca fueron consultadas e intencionalmente ignoradas.

El amparo es muy claro, la Sociedad Punta Fogón Unido solicitó la aprobación de su personería jurídica y la Sociedad Calle Abajo Tableño presentó su oposición. El Ministerio, mediante resuelto No. 56 de 16 de septiembre de 2015, suscrito por la viceministra, rechaza la oposición y ese mismo día, emite y notifica el resuelto No. 69, suscrito por el ministro, que concede la personería jurídica, sin haberse cumplido los términos procesales para la presentación de la respectiva reconsideración, cuando el primer Resuelto, en su parte resolutiva manifestaba que contra el mismo procedía dicho recurso. La reconsideración se presenta en término y es resuelta, mediante resuelto Nº. 82 de 6 de noviembre de 2015, notificado el 16 de diciembre de 2015; es decir, dos meses y medio después de haber concedido la mencionada personería jurídica. Este actuar violó de manera flagrante el debido proceso, que era el punto concreto a resolver del amparo, ya que fueron desbordados los términos consignados por ley. Pero los magistrados secundaron un ‘planteamiento’ ajeno a la controversia, pues no estaba en discusión el derecho de asociación ni las facultades que tiene dicho Ministerio para otorgar personerías jurídicas; sino el procedimiento utilizado para la concesión de dicha personería.

La Corte Suprema con esta actuación viola el regulado procedimiento administrativo en general, que señala las pautas a seguir por toda instancia administrativa al momento de resolver cualquier trámite, solicitud, incidente o recurso. El magistrado Harry Díaz, en su salvamento de voto, con el cual concuerdo, expresó: ‘En efecto emitió el Resuelto No. 56 de 16 de septiembre de 2015 negando la oposición presentada por la Sociedad Calle Abajo Tableño, contra la solicitud de la Personería Jurídica de la entidad en formación Asociación Punta Fogón Unido, y ese mismo día, otorgó su personería y aprobó sus Estatutos, a pesar (de) que el Resulto No. 56 de 16 de septiembre no se encontraba ejecutoriado’.(sic) Además señala ‘el trámite que debió seguir el ministro de Gobierno… En este caso resolver el recurso de reconsideración anunciado y sustentado, pues esos son los pasos que deben seguirse para cumplir con el debido proceso, y una vez finalizada esta etapa procesal, proceder a conceder o negar la solicitud impetrada por la Asociación Punta Fogón Unido’. Estas maromas legales de nuestra Corte Suprema, obviamente se inspiran en elementos foráneos al derecho y a los hechos.

Por otra parte, de la ilusionista sentencia, también se rescata, pese a no ser el punto planteado por el amparista, las expresiones vertidas por el magistrado Abel Zamorano, sobre cómo debe resolverse una confrontación vecinal, ‘la controversia surgida entre las organizaciones debe ser resuelta mediante la consulta ciudadana, es la propia comunidad quien debe ser la verdadera conocedora y decidir’. Igualmente señala: ‘Los llamados a llevar a cabo el mecanismo de participación ciudadana, son los municipios por disposición legal, por tanto estaría obligado por Ley el alcalde, quien debe convocar a esa consulta, que deberá ser hecha luego de concluidos los carnavales del presente año’.

Finalmente, lo único positivo para los simpatizantes de la Tuna de Calle Abajo de Las Tablas, de la engañosa sentencia, es que los tableños al fin encuentran la salida a la controversia fundamental, para poder terminar la anarquía en el Carnaval tableño y sus nefastas consecuencias para el buen desenvolvimiento del mismo y su tradición.

Miguel R. Vanegas

ABOGADO

¿No a la reelección de los diputados?…

A poco menos de dos años de las elecciones generales del 2019, ya la campaña política, nos guste o no, está caliente… Ya pululan los aspirantes a las candidaturas presidenciales, así como a los demás cargos; igualmente, algunos sectores de la población, al menos en las redes sociales, se están activando con miras a dicha campaña. Una de las acciones ciudadanas que ha surgido es un ‘meme’ que dice ‘¿Qué tal si nos vengamos impidiendo que ningún diputado se reelija? #NOALAREELECCIÓN. Publica esto y mira cómo tiembla el diputado de tu circuito. Comienza el juego’. Es la reacción de hartazgo que produce el papel que ha jugado la Asamblea Nacional, sobre todo por la fresa del pastel que la puso la elección de la junta directiva el recién pasado 1 de julio. La ciudadanía tiene la última palabra, tiene los votos, ojalá también el criterio sano para hacer valer el civismo, las decisiones correctas en beneficio de todos y de la Nación.

Redacción La Estrella de Panamá