La Ley 50 impactará al sector marítimo

Panamá ha dado un paso importante hacia la categoría de un país marítimo en toda su definición. La entrada en vigor el 29 de diciembre de 2017 de la Ley 50 de incentivos para entidades de financiamiento marítimo, en teoría brinda las condiciones necesarias para cumplir con recomendaciones hechas desde hace muchos años por la comunidad marítima internacional con relación a la diversificación de productos. Panamá como líder en abanderamiento mundial y sede de una poderosa infraestructura financiera, debía dar el siguiente paso natural y complementar estas ventajas en pro de servicios financieros marítimos.

La entrada en vigor de la Ley 50 introduce a Panamá en un mercado muy poco explorado en su región. La experiencia de países donde el financiamiento marítimo fue exitoso tales como Alemania, Región Escandinava y el Reino Unido es un espejo del vibrante, pero, riesgoso mercado financiero marítimo.

El impacto del colapso financiero de finales de 2008 que afectó al sector marítimo, siendo este un mercado secundario, aún presenta secuelas muy evidentes en la caída del liderazgo de los países antes mencionados que prefirieron reducir su interacción con el mercado de compra y venta de buques. Esta reducción en la exposición de los países tradicionales abre espacios a nuevos actores como China, Japón y Corea, que siendo líderes en la construcción de buques deciden, con un gran apoyo estatal, inyectar grandes sumas en el mercado financiero marítimo que mueve billones de dólares al año.

La interacción entre astilleros y empresas de financiamiento marítimo se hace cada vez más cercana, hasta el punto donde los astilleros adquieren funciones de empresas de financiamiento marítimo. Entre los motivos de esta decisión está la reducción del riesgo en la cantidad de órdenes de construcción y evidentemente el componente de responsabilidad de los Gobiernos con la gran cantidad de empleados relacionados a la construcción de buques.

Dentro de los aspectos positivos de la Ley 50 está la creación de la figura de proyecto financiable marítimo; la oferta de servicios marítimos adicionales al abanderamiento de buques y la entrada a un mercado con una notable reducción en las alternativas financieras. A opinión de este escritor, las áreas que requieren de una mayor atención dentro de esta ley son las secciones del Régimen Laboral Especial y la sección que regula la Ventanilla Única Marítima (VUM), cuya recomendación de aplicación se rige bajo el convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional (FAL 65).

En el caso de la VUM, se crea un departamento de la Dirección de Registro Público de Propiedad de Naves de la Autoridad Marítima de Panamá. La creación de este departamento en una ley de incentivos a empresas financieras crea una extraña impresión, considerando que el espíritu de la Ventanilla Única Marítima es integrar los estamentos involucrados con requisitos comunes para facilitar y reducir los tiempos de los buques que hagan recalada en territorio nacional. Es aún más desconcertante que la descripción de las funciones de este departamento solo haga relación a actividades concernientes a la inscripción y gestión de proyectos marítimos financiables y no a las funciones con que son reconocidas las VUM en el convenio FAL 65.

En el caso del régimen laboral especial, salta a la vista que se establece que ‘existe la falta de mano de obra calificada para la prestación de determinados servicios en esta industria’. Esta afirmación es preocupante; no se define hasta dónde abarca la industria; es tan específica la afirmación que sería de mucho uso contar con las referencias que justifique la misma. No escapa de la realidad que nuestras instituciones académicas deberán crear profesionales que progresivamente absorban las posiciones que por ley deberán dejar los extranjeros contratados y que esos extranjeros tengan la verdadera capacidad de transferir conocimientos a los panameños.

La entrada en vigor de la Ley 50 me parece un valiente reto de Panamá, sin embargo, genera algunas lagunas que deberán ser revisadas y ajustadas para permitir que el sistema de recepción de buques y tráfico de carga se alinee a los estándares internacionales con relación a la VUM. Las condiciones para entrar en el riesgoso mercado financiero marítimo están dadas. Es cuestión de valientes emprendedores entrar en un mercado de mucho rédito, pero también de riesgo a estrepitosas perdidas.

Gabriel Fuentes Lezcano

Regateándole a la Justicia

y pasó el término dentro del cual debían incorporarse dos nuevos miembros a la Corte Suprema de Justicia sin que las normas constitucionales y las leyes fueran cumplidas.

Por una parte el presidente se guardó los nombres por tanto tiempo cuanto consideró conveniente como para que los ciudadanos no investigáramos con rigor sus antecedentes, proponiéndolos y llamando a sesiones extraordinarias para considerar su aprobación cuando faltaban apenas 15 días para que se agotara el período por el que fueron nombrados los que debían ser reemplazados, diez años antes. ¿Si no es manipulación, cómo debemos calificar esto?

Por otra, una vez más faltó a su palabra de campaña de consultar a la ciudadanía invocando una excusa de la que él mismo fue causa, al proponer a quienes propuso en 2015 y equivocarse, según ha admitido, dizque porque la sociedad civil los había evaluado y él no lo pudo hacer mejor. Ya no le queda confianza del electorado o, lo que es lo mismo, legitimidad como la entiende la ciencia política; y es la carencia de esta, y no otra cosa, la que lleva a la ingobernabilidad.

La novedosa tesis de que la gobernabilidad es un pacto entre las fuerzas políticas y los partidos puede parecer real, pero solo ocurre temporalmente. La gobernabilidad depende de que las instituciones actúen con legitimidad; esto es que la ciudadanía perciba que se está gobernando en función de los intereses del Estado, que no es el Gobierno, sino la suma de los habitantes, el territorio, el sistema de derecho y la soberanía de Panamá, y hace ya rato que no se gobierna ni en función del bienestar de los ciudadanos, ni de empresas ni de contratistas; ni del territorio nacional crecientemente fragmentado por el hambre política de diputados, alcaldes y representantes; ni con sujeción a las leyes o lo que queda de aquellas redactadas en tiempos en que de alguna manera se aprobaban consultando los intereses de la patria; ni de la soberanía nacional, manoseada y mancillada desde afuera frente a la mirada de coquetería de nuestros gobernantes.

Lo que seguirá, de acuerdo con la Ciencia Política, es un período de sobresaltos y agitación hasta que hallemos entendimientos entre los gobernados, y por su parte los gobernantes sepan acatar esa voluntad en función de sus responsabilidades, la primera de las cuales es comprometerse con el bienestar de la Nación, para lo cual la justicia es virtud indispensable.

La apertura de las elecciones será una válvula de escape para aliviar las tensiones generadas por un Gobierno que no ha sabido hacerlo bien en aquellas cosas que más hacen falta: la justicia y la educación; sin embargo, como tampoco en materia electoral se ha legislado para el bien común, sino para el ventajismo, me temo que esta vez en lugar de ser la vía civilizada para la renovación del Gobierno, será la arena de los gladiadores en que terminarán imponiendo sus voluntades, los más fuertes. Estamos retrocediendo.

La justicia es la herramienta eficaz para incluir a los excluidos, expresar amor por los oprimidos, resistir el poder mezquino y superar la discriminación, siendo la virtud que lleva a dar a cada quien lo que le corresponde; de aquí su principalísimo rol en la sociedad, al punto de que todas las religiones la defienden. Ella ha sido meta ideal predicada por los más grandes entre los grandes, comenzando por el propio Cristo, seguido por otros entre quienes también contamos a Gandhi, Mandela, Bolívar y Justo Arosemena.

Evadir o posponer el deber de que en nuestra sociedad haya justicia tan perfecta como sea posible, es traicionar a la sociedad, a nuestra familia y a nuestros descendientes.

Guillermo Márquez Amado

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Juez y parte

Al revisar la doctrina advertimos que el término ‘Administración de Justicia’ es una expresión polisémica y causa anfibología para el servidor público, al juzgar o ser juzgado y más allá al ejecutar el exclusivo ejercicio que se lidia con órganos públicos, al valorar y cumplir la misión constitucional atribuida a jueces, extendido a quien ostente el poder con mando y jurisdicción.
Lo copiado son cierres a las que arribamos por los años de experiencia en el servicio público de alta jerarquía y ahora con el diario ejercicio docente y en litigios sobre lo concerniente a las Garantías Procesales, términos absolutos que no se interpretan, sino se cumplen, aunque con los jueces como sujetos procesales, son los obligados a proteger y hacer que se cumplan las Garantías que ellos violan al incumplir el encargo al actuar y desconocer este imperativo.
Seguimos sintetizando entre conceptos absolutos y relativos, si hablamos de la Justicia a través de los filósofos clásicos como Platón, quien la consideró como armonía social; Aristóteles la sustentó como ‘igualdad proporcional’; Tomás de Aquino la sostuvo como ‘ley natural’; Ulpiano la concilió como ‘dar a cada quien lo que corresponde’; Cicerón asimiló a la justicia como un ‘hábito del alma’ y ahora, John Rawls la precisa como equidad. Estas definiciones no son contradictorias, pero tampoco aclaran este nublado panorama.
Tenemos que agregar ahora el derecho sustantivo y subjetivo, para tratar de entender este ejercicio. En el primer caso el derecho está creado y definido en las normas; en la segunda concepción, es el derecho sustantivo que se reclama y para ello se debe judicializar el conflicto. Aquí vienen los contrastes, puesto que es el propio juzgador el que debe valorar los elementos sobre el reclamo; establecer a quién le corresponde el derecho y declarar a quién se adjudica el emplazo. Es un derecho existente que, a nuestro juicio, se debe aplicar y no administrar.
Si se gestiona judicialmente es como ese ejercicio de control o de mando exclusivo por el Servidor Público, una vez asignado el negocio que suponemos ocurre desde el momento en que se judicializa el conflicto, aunque en otro sentido sea como planear, organizar, tutelar, dirigir y controlar para alcanzar los objetivos propuestos, lo que no está totalmente al arbitrio del servidor público, si se debe responder al principio de legalidad para el derecho sustantivo y fomentar el Debido Proceso, si se trata del procedimiento. Consideramos que aún seguimos plagados de ambigüedad, porque en cada proceso quedamos al capricho subjetivo de la política que se aplique en determinado despacho. Aplicar en cambio, pareciera que en derecho sería para adjudicar o no lo que se reclame. Si la justicia existe, entonces se debe aplicar el derecho en vez de administrarlo.
El artículo 18 de nuestra Carta Magna reza lo siguiente: ‘Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de estas’.
Inusualmente observamos la claridad meridiana expuesta en esta súper norma en la que agrega el debido adeudo legal a las personas investidas de un cargo oficial al existir una manifiesta omisión. El artículo 25 de nuestro maltrecho Código Penal señala de manera general los actos delictivos que se cometen por comisión u omisión: ‘Hay delito por comisión cuando el agente, personalmente o usando otra persona, realiza la conducta descrita en la norma penal, y hay delito por omisión cuando el sujeto incumple el mandato previsto en la norma. Cuando este Código incrimine un hecho en razón de un resultado prohibido, también lo realiza quien tiene el deber jurídico de evitarlo y no lo evitó pudiendo hacerlo’.
Si revisamos el contenido del primer párrafo de este documento y lo convalidamos con lo agregado al final de este párrafo que antecede, como aquello de cumplir con el deber jurídico de evitar que se violen las Garantías Individuales, como ocurre a diario, si los servidores públicos de este nivel deben asumir una conducta proactiva, pero en la práctica se arroga la conducta receptiva frente a un concepto absoluto que simplemente se debe aplicar.
Ahora nos ocupamos de la forma para escoger a los nuevos magistrados, si nos apartamos del sentido lógico en la aplicación de la filosofía del derecho al momento del ejercicio del cargo, pero se escogen por aclamación y sin tomar en cuenta la formación del candidato con la especialidad por la que debe ser escogido. Seguimos.

Carlos Augusto Herrera

Democracia de verdad

Los políticos siempre andan con el estribillo de ‘ayudar a los más necesitados’ y ‘hacer cumplir la ley’. Sin embargo, a la hora de la verdad, ni trabajan por los más necesitados ni hacen cumplir la ley.

Y allí radica la mayoría de nuestros problemas, porque las autoridades son tan permisivas que la ley se infringe a todos los niveles. Desde un auto que a simple vista no pasa una inspección, pero circula por las calles sin problemas, hasta el cambio de interpretación de una ley por los magistrados de la Corte Suprema Justicia, para quedar bien con el jefe de turno.

Muchos entonces traen ejemplos como Singapur, donde a las personas ni se les ocurre pasarse una luz roja y mucho menos tirar a la calle un vaso desechable. Y es que la mano dura de la autoridad hace que las reglas se cumplan por el bien de la convivencia. El asunto entonces es que en estos lugares funciona un régimen dictatorial, donde las elecciones democráticas son un sueño.

El problema de Panamá es similar al de toda Latinoamérica, que no ha encontrado o no ha querido encontrar el punto medio donde la autoridad aplique mano fuerte en hacer cumplir las reglas, pero que los Gobiernos se escojan democráticamente.

¿Qué tenemos que hacer los panameños? Ya hay una posición madura de que lo que tenemos no sirve, pero quienes pelechan del poder nos siguen argumentando que ‘no es el momento para hacer una Constituyente, ya que uno sabe cómo empieza pero no sabe cómo termina’.

La realidad es que con esta caricatura de democracia sabemos cómo empezó y cómo ha terminado y no es nada bueno, porque la corrupción está en los niveles más altos de toda nuestra historia republicana. ¡Hay que cambiar el sistema ya!.

Redacción La Estrella de Panamá

En el Mes de la Patria

En los primeros días del mes de octubre de 1948, una delegación estudiantil encabezada por el dirigente de la Federación de Estudiantes de Panamá, Carlos Iván Zúñiga Guardia, se reunió con el presidente de la República, don Domingo Díaz Arosemena, para solicitar la conmemoración de un día en reconocimiento a los estudiantes que habían demostrado dignidad en la lucha nacionalista el 12 de diciembre de 1947 y en la lucha por la autonomía universitaria el 27 de octubre de 1943.

El presidente Díaz inmediatamente aceptó la propuesta estudiantil y le pidió al diputado Felipe O. Pérez que presentara el proyecto de ley solicitado por los estudiantes y el mismo fue aprobado como la Ley No 1 de 1948. Zúñiga, quien llegó posteriormente a ocupar interinamente el cargo de ministro de Educación a los 25 años, declaró en esa fecha que con la ley se les rendiría tributo a los estudiantes honestos, responsables y comprometidos con la defensa de la democracia y la nacionalidad.

Desde hace 69 años se conmemora el Día del Estudiante en nuestro país, gracias a los inolvidables aportes brindados a la Patria por la generación de jóvenes de la década del 40. En este inicio del Mes de la Patria, hagamos un tributo a aquellos jóvenes y propongámonos que lucharemos porque la educación sea el estandarte para llevar al país al desarrollo. Que nuestros hijos tendrán una meta y un porqué en su transitar por las escuelas y que todo sea por el bien de nuestro país. ¡Lord a la Patria!

Redacción La Estrella de Panamá

 

Cuando la verdad prevalece

El revuelo que causó la noticia de que los periódicos del Grupo GESE, La Estrella y El Siglo salían de la Lista Clinton no dejó a nadie sin opinar, algunos con desatinos incontrolables, pero la mayoría con alivio, después de 17 meses de lucha sin cuartel, durante los cuales la fuerza laboral se redujo en más del 50 % y la que permaneció vivía en continua zozobra ante la incertidumbre de si tendrían trabajo el próximo mes.

El pasado 13 de julio se venció la última licencia concedida por la oficina del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) para que los diarios circularan sin restricciones estando en la Lista Clinton. Lo incongruente de todo el asunto es que el ‘logorreico’ embajador de Estados Unidos insistía, después de señalar al grupo Waked como el mayor lavador de dinero, que los diarios no estaban en la lista. Sin embargo, se sugería que el señor Abdul Waked se deshiciera de la mayoría de sus acciones para que se volviera a la normalidad. Con Félix B. Maduro, SoHo Mall y Balboa Bank se le puso una pistola en la sien para que vendiera esos negocios por una bicoca. La comisión que se formó cuando esto se dio a conocer, formada por el ministro de Finanzas, el de Comercio y el de Trabajo, repetía el estribillo de ‘velar por los puestos de trabajo’.

No importó que las tiendas la Riviera se fueran cerrando una a una en los diferentes países y que las que permanecen solo acepten efectivo, en un mundo donde el dinero plástico manda, sobre todo en los aeropuertos. Sí importó que las tarjetas de crédito funcionaran en la tienda Félix, a la que la mayoría de los panameños no tiene acceso, y de eso se aseguraron el mismo presidente y el embajador de marras. ¿Es que los que laboran en GESE no representan puestos de trabajo y estaba en riesgo no solo su continuidad sino el cierre del diario más antiguo del país y el tabloide que más circula?

A partir de julio, siempre con la confianza de quien actúa con la verdad, el periódico se fue reinventando, dejando de publicar los fines de semana para ahorrar papel, y muchos anunciantes, contra todo pronóstico, siguieron pautando y otros apoyando con suscripciones. No se podía permitir una agresión imperialista de esta índole.

El caso de GESE fue elevado a los más altos estamentos que tienen que ver con la libertad de expresión e información en el mundo y recibió un respaldo nacional e internacional sin precedentes. El presidente del grupo, Eduardo Quirós, se alzó por encima de cualquier presagio o crítica y lideró una lucha que no tiene parangón en la vida republicana, comparada en las proporciones guardadas, con la librada para recuperar el Canal de Panamá.

Las cosas se le empezaron a complicar al imperio a partir del fallo que exoneró a Nidal Waked de lavado de dinero –que nada tiene que ver con GESE— y las ‘razones para creer’ se fueron convirtiendo en ‘razones para dudar’ por varias circunstancias, entre ellas que en 17 meses no se ha levantado ni un solo cargo contra Abdul Waked.

Desde el vencimiento de la licencia, el señor Waked había enviado, a través de sus abogados, una propuesta a la OFAC porque había reiterado que ‘no iba a vender los diarios’, aunque de sus negocios, estoy segura, era el que menos dividendos le daba y cuidado y le costaban mensualmente.

La respuesta de la OFAC se conoció apenas la semana pasada en la que aceptaba la creación de una fundación que fuera la dueña del 51 % de las acciones. Seguramente fueron días largos de negociaciones y redacciónes, pero se logró y el lunes 23 de octubre se divulgó que el señor Waked donaba irrevocablemente no solo las acciones sino el inmueble y todo lo relacionado a la operación de los periódicos. El regocijo era inmenso. La noticia repicó en todo el mundo con el beneplácito de los organismos que velan por la libertad de expresión.

Hasta ahora, el Gobierno nacional no ha dicho esta boca es mía, lo que sí hizo la canciller hace meses para decir en forma tajante que ella no iba a ir a defender ante Estados Unidos el caso Waked, como si este no fuera panameño. Si en sus cándidos arrebatos al presidente Varela se le ocurre condecorar a Eduardo Quirós, por haber librado esa dura batalla, sin el apoyo gubernamental que por ley debieron haberle brindado, seguramente hará lo mismo con el embajador de Estados Unidos, para seguir con la lambonería. Sugiero que se cree un grado especial para este señor, cuya palabra seguramente mi editora no me dejará publicar, pero que todos se imaginan cuál es.

Mariela Sagel

 

Bases de la transformación

En medio del peregrinar de algunos que quieren ser el reemplazo en el poder, otros están conversando sobre las bases de la transformación del Estado panameño.

Y es que no se debe poner la carreta delante de los bueyes, pues lo que Panamá necesita no es un nuevo gobierno con un nuevo presidente, sino un nuevo sistema político que nos lleve al país a un nivel más alto en el desarrollo como sociedad.

Para esto, antes que una candidatura presidencial, necesitamos crear consensos que deben ser las bases para lograr la meta. Ya hay propuestas sobre cuatro pilares: una gran reforma del sistema de justicia, una gran reforma del sistema educativo, una gran reforma de nuestra seguridad social y quizás la más importante, una nueva Constitución.

Pero para lograr esto, todos los sectores debemos sentarnos, conversar y lograr los acuerdos necesarios para este gran paso. Así las cosas, ahora hay que establecer agendas por los próximos meses; sesiones de trabajo y un equipo que lidere este gran acuerdo nacional que pone a Panamá primero.

No un gobierno, no una persona… ¡El país primero! Y es que Panamá tiene todo para lograr el grado de desarrollo; lo que nos falta es ese acuerdo nacional y pensar en Panamá como lo hicimos con la recuperación del Canal. ¿Podremos lograrlo?.

Redacción La Estrella de Panamá

 

La justicia como instrumento político

Dicen los abogados que la justicia debe ser ciega, sorda y muda. ¿Es eso lo que ocurre en nuestro país? Los cuestionamientos contra el sistema de justicia en Panamá, saltan a diario y no es un solo sector, sino todos, dependiendo de quién sea el afectado. En pocas palabras, el sistema de justicia tiene un serio problema de confianza y credibilidad. Si analizamos la génesis del problema, el papel de los fiscales está siendo más mediático que jurídico, porque parece que no buscan la verdad, sino el aplauso. Lo peor es que se festina en los medios y luego, cuando se caen los casos, la culpa es de los jueces que los ‘compraron’. Cuando los casos llegan al judicial, las cosas tampoco parecen estar del todo correctas. No es uno, sino varios jueces y magistrados que han sido seriamente cuestionados por sus decisiones que a todas luces vulneran el debido proceso. En pocas palabras, el sistema de justicia ‘baila al son que le conviene’ y no es justo. La lógica indica que a la justicia hay que darle un revolcón y poner en el sistema a hombres y mujeres que verdaderamente crean en una justicia real y efectiva, no como un instrumento político. Es necesario que emerjan esos funcionarios honestos que hay en el sistema y empiecen a accionar con su poder moral contra los corruptos incrustados en el Órgano Judicial. No hay tiempo para esperar y cuanto más rápido actuemos, rescataremos el sistema de las garras políticas y de los bribones de este país. En cuanto al Ministerio Público, los fiscales tienen el deber de perseguir el delito, pero grabarse en su conciencia que es culpable la persona cuando se le demuestre y así lo determine un juez. Ya basta de seguir con la tesis de que la persona investigada es la que tiene que demostrar su inocencia y mientras tanto, la encierran en la cárcel, donde sufre la condena previa al juicio justo al que tiene derecho.

Redacción La Estrella de Panamá

 

Un año del SPA en Panamá

El pasado 2 de septiembre Panamá celebró el primer año de implementación del sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial, con el que completó su entrada en vigencia en todo el país. Con esa decisión política, Panamá se unió a muchos países latinoamericanos que transformaron sus sistemas de justicia penal con el objetivo de consolidar sus democracias y Estados de derecho. Esfuerzo que respondió a la decisión transversal de autoridades políticas, judiciales y operadores. El hacer este camino de manera gradual permitió además evaluar y hacer correcciones para llegar mejor preparados a esta última fase. El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) ha colaborado técnicamente en este proceso a través de la evaluación de la implementación en los distritos judiciales Segundo y Cuarto, y una preevaluación de la implementación en el 3°. Participamos en discusiones públicas, seminarios, conversatorios de alto nivel y reuniones con los actores del nuevo sistema, siempre queriendo contribuir con el sello CEJA. Es decir, una mirada de política pública integral, en que sumado al cambio normativo, se requiere integrar factores presupuestarios, culturales, de gestión, de infraestructura, de coordinación interinstitucional, de difusión, entre muchos, como elementos tan relevantes que si fallan pueden obstaculizar e incluso impedir su instalación definitiva. Las cifras oficiales muestran avances importantes: la duración promedio de los procesos bajó desde casi 300 días en el sistema inquisitorio, a 42, en el acusatorio; desde 2014 a junio pasado se ha resuelto el 82% de las causas ingresadas por los diversos mecanismos resolutivos. Han disminuido las detenciones provisionales. Comparando la situación un año antes de comenzar el SPA en cada uno, vemos que el 1° Distrito, que comenzó en 2016, disminuyó en un 52.2% las detenciones provisionales; el 2° (2011), en un 64.,6%; el 3° (2015), en un 43.3 %; y el 4° (2012), en un

60.9%. Son resultados que invitan a reforzar el trabajo y a seguir evaluando su funcionamiento, de cara a los nuevos desafíos. Por eso es importante una perspectiva regional que enriquezca el análisis y aporte a su mejora permanente. Por ejemplo, en materia de política de persecución, creemos que en Panamá y en la región los Ministerios Públicos (MP) deben avanzar hacia el análisis delictual y al enfoque en los fenómenos delictuales, más que en casos individuales. Esto contribuye a una definición estratégica de la persecución penal, focalizando esfuerzos sobre ciertos delitos u organizaciones criminales, dando mayor efectividad el impacto en los resultados y en la confianza ciudadana. Panamá ya hizo una reestructuración organizacional del MP. Ahora debe avanzar hacia una organización de la Procuraduría General de la Nación (PGN)

que responda a los requerimientos de una persecución penal estratégica. Las medidas alternativas deben emplearse con intensidad. Pero, como recomendamos desde CEJA en nuestro informe, se requiere contar con una oficina especializada de control. Esto es vital para aportar información técnica a fiscales, defensores y jueces al tomar decisiones; y para garantizar que las medidas son cumplidas debidamente, incentivando su uso efectivo.

En el Informe CEJA propusimos cambios en la organización judicial: profesionalizar la gestión administrativa, fortalecer la plataforma informática, reestructurar el área de mediación, entre otros.

Un desafío común a los operadores del SPA es mejorar las destrezas de los jueces en la dirección de audiencias, y de fiscales y defensores en litigación, para contribuir a soluciones prontas y efectivas de los conflictos. Así se podrá obtener información de calidad, mediante su depuración a través de un verdadero contradictorio, facilitando la adopción de decisiones de calidad. La defensa debe avanzar hacia estándares técnicos que faciliten la entrega y control de un servicio que asegure la garantía constitucional del derecho de defensa y debido proceso, legitimando la sanción impuesta o la absolución decretada, cuando proceda.  Esperamos que Panamá siga avanzando en este camino de construcción, aprendiendo de la experiencia de los distritos judiciales previos. Ahora es tiempo de evaluar la operación del 1° Distrito Judicial, de modo que, aprovechando la experiencia acumulada y las buenas prácticas comparadas de otros países, se pueda cimentar la instalación de un sistema de justicia protector de garantías de imputados y víctimas, efectivo en la persecución penal y en la n identificación de las soluciones más adecuadas para los conflictos específicos, en beneficio de todas las panameñas y panameños.

Jaime Arellano

La renovación de los partidos políticos

El narcotráfico ha encontrado en los partidos políticos el camuflaje perfecto para sus operaciones. Desde allí opera con relativa facilidad y cobra nueva fuerza porque lo hace desde la autoridad. Hace años que el narcotráfico empezó a cooptar a miembros de la Fuerza Pública. Ahora ha escalado en su intromisión en la política en Panamá. Y es que hace años se habla de que varios diputados de la República forman parte de este negocio e incluso el presidente Juan Carlos Varela lo dejó entrever en una reunión con el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León. Mas, no hubo investigaciones, solo el retiro de placas de los diputados por unos días, porque luego todo volvió a su pasividad. La detención del alcalde de La Villa, a su vez subsecretario del PRD, demuestra que el narcotráfico se inmiscuyó en los partidos políticos. La gravedad de la situación obliga a una depuración total de los partidos políticos y de la Fuerza Pública, porque, de lo contrario, caeremos en un abismo peor que la corrupción. Ya México sufre de este grave flagelo y el periodismo, que lo investiga, es víctima de este problema. A las autoridades decentes solo queda animarlas para que no se dejen amedrentar, no importa el cargo y rango que ocupe el o la involucrada en la institución. Si está trabajando para los carteles, hay que sacarlo/a inmediatamente del sistema. Lo que no debemos hacer es seguir pasivos y, desde la sociedad civil, gritar a los cuatro vientos que debemos hacer esto o aquello. Hay que involucrarse en la política y participar, para no darle estos espacios a corruptos, inescrupulosos y narcotraficantes que ven, con relativa facilidad, cómo pueden controlar el país, tomándose los partidos políticos. ¡Para mañana es tarde!

Redacción La Estrella de Panamá