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Juez y parte

Al revisar la doctrina advertimos que el término ‘Administración de Justicia’ es una expresión polisémica y causa anfibología para el servidor público, al juzgar o ser juzgado y más allá al ejecutar el exclusivo ejercicio que se lidia con órganos públicos, al valorar y cumplir la misión constitucional atribuida a jueces, extendido a quien ostente el poder con mando y jurisdicción.
Lo copiado son cierres a las que arribamos por los años de experiencia en el servicio público de alta jerarquía y ahora con el diario ejercicio docente y en litigios sobre lo concerniente a las Garantías Procesales, términos absolutos que no se interpretan, sino se cumplen, aunque con los jueces como sujetos procesales, son los obligados a proteger y hacer que se cumplan las Garantías que ellos violan al incumplir el encargo al actuar y desconocer este imperativo.
Seguimos sintetizando entre conceptos absolutos y relativos, si hablamos de la Justicia a través de los filósofos clásicos como Platón, quien la consideró como armonía social; Aristóteles la sustentó como ‘igualdad proporcional’; Tomás de Aquino la sostuvo como ‘ley natural’; Ulpiano la concilió como ‘dar a cada quien lo que corresponde’; Cicerón asimiló a la justicia como un ‘hábito del alma’ y ahora, John Rawls la precisa como equidad. Estas definiciones no son contradictorias, pero tampoco aclaran este nublado panorama.
Tenemos que agregar ahora el derecho sustantivo y subjetivo, para tratar de entender este ejercicio. En el primer caso el derecho está creado y definido en las normas; en la segunda concepción, es el derecho sustantivo que se reclama y para ello se debe judicializar el conflicto. Aquí vienen los contrastes, puesto que es el propio juzgador el que debe valorar los elementos sobre el reclamo; establecer a quién le corresponde el derecho y declarar a quién se adjudica el emplazo. Es un derecho existente que, a nuestro juicio, se debe aplicar y no administrar.
Si se gestiona judicialmente es como ese ejercicio de control o de mando exclusivo por el Servidor Público, una vez asignado el negocio que suponemos ocurre desde el momento en que se judicializa el conflicto, aunque en otro sentido sea como planear, organizar, tutelar, dirigir y controlar para alcanzar los objetivos propuestos, lo que no está totalmente al arbitrio del servidor público, si se debe responder al principio de legalidad para el derecho sustantivo y fomentar el Debido Proceso, si se trata del procedimiento. Consideramos que aún seguimos plagados de ambigüedad, porque en cada proceso quedamos al capricho subjetivo de la política que se aplique en determinado despacho. Aplicar en cambio, pareciera que en derecho sería para adjudicar o no lo que se reclame. Si la justicia existe, entonces se debe aplicar el derecho en vez de administrarlo.
El artículo 18 de nuestra Carta Magna reza lo siguiente: ‘Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de estas’.
Inusualmente observamos la claridad meridiana expuesta en esta súper norma en la que agrega el debido adeudo legal a las personas investidas de un cargo oficial al existir una manifiesta omisión. El artículo 25 de nuestro maltrecho Código Penal señala de manera general los actos delictivos que se cometen por comisión u omisión: ‘Hay delito por comisión cuando el agente, personalmente o usando otra persona, realiza la conducta descrita en la norma penal, y hay delito por omisión cuando el sujeto incumple el mandato previsto en la norma. Cuando este Código incrimine un hecho en razón de un resultado prohibido, también lo realiza quien tiene el deber jurídico de evitarlo y no lo evitó pudiendo hacerlo’.
Si revisamos el contenido del primer párrafo de este documento y lo convalidamos con lo agregado al final de este párrafo que antecede, como aquello de cumplir con el deber jurídico de evitar que se violen las Garantías Individuales, como ocurre a diario, si los servidores públicos de este nivel deben asumir una conducta proactiva, pero en la práctica se arroga la conducta receptiva frente a un concepto absoluto que simplemente se debe aplicar.
Ahora nos ocupamos de la forma para escoger a los nuevos magistrados, si nos apartamos del sentido lógico en la aplicación de la filosofía del derecho al momento del ejercicio del cargo, pero se escogen por aclamación y sin tomar en cuenta la formación del candidato con la especialidad por la que debe ser escogido. Seguimos.

Carlos Augusto Herrera

Democracia de verdad

Los políticos siempre andan con el estribillo de ‘ayudar a los más necesitados’ y ‘hacer cumplir la ley’. Sin embargo, a la hora de la verdad, ni trabajan por los más necesitados ni hacen cumplir la ley.

Y allí radica la mayoría de nuestros problemas, porque las autoridades son tan permisivas que la ley se infringe a todos los niveles. Desde un auto que a simple vista no pasa una inspección, pero circula por las calles sin problemas, hasta el cambio de interpretación de una ley por los magistrados de la Corte Suprema Justicia, para quedar bien con el jefe de turno.

Muchos entonces traen ejemplos como Singapur, donde a las personas ni se les ocurre pasarse una luz roja y mucho menos tirar a la calle un vaso desechable. Y es que la mano dura de la autoridad hace que las reglas se cumplan por el bien de la convivencia. El asunto entonces es que en estos lugares funciona un régimen dictatorial, donde las elecciones democráticas son un sueño.

El problema de Panamá es similar al de toda Latinoamérica, que no ha encontrado o no ha querido encontrar el punto medio donde la autoridad aplique mano fuerte en hacer cumplir las reglas, pero que los Gobiernos se escojan democráticamente.

¿Qué tenemos que hacer los panameños? Ya hay una posición madura de que lo que tenemos no sirve, pero quienes pelechan del poder nos siguen argumentando que ‘no es el momento para hacer una Constituyente, ya que uno sabe cómo empieza pero no sabe cómo termina’.

La realidad es que con esta caricatura de democracia sabemos cómo empezó y cómo ha terminado y no es nada bueno, porque la corrupción está en los niveles más altos de toda nuestra historia republicana. ¡Hay que cambiar el sistema ya!.

Redacción La Estrella de Panamá

En el Mes de la Patria

En los primeros días del mes de octubre de 1948, una delegación estudiantil encabezada por el dirigente de la Federación de Estudiantes de Panamá, Carlos Iván Zúñiga Guardia, se reunió con el presidente de la República, don Domingo Díaz Arosemena, para solicitar la conmemoración de un día en reconocimiento a los estudiantes que habían demostrado dignidad en la lucha nacionalista el 12 de diciembre de 1947 y en la lucha por la autonomía universitaria el 27 de octubre de 1943.

El presidente Díaz inmediatamente aceptó la propuesta estudiantil y le pidió al diputado Felipe O. Pérez que presentara el proyecto de ley solicitado por los estudiantes y el mismo fue aprobado como la Ley No 1 de 1948. Zúñiga, quien llegó posteriormente a ocupar interinamente el cargo de ministro de Educación a los 25 años, declaró en esa fecha que con la ley se les rendiría tributo a los estudiantes honestos, responsables y comprometidos con la defensa de la democracia y la nacionalidad.

Desde hace 69 años se conmemora el Día del Estudiante en nuestro país, gracias a los inolvidables aportes brindados a la Patria por la generación de jóvenes de la década del 40. En este inicio del Mes de la Patria, hagamos un tributo a aquellos jóvenes y propongámonos que lucharemos porque la educación sea el estandarte para llevar al país al desarrollo. Que nuestros hijos tendrán una meta y un porqué en su transitar por las escuelas y que todo sea por el bien de nuestro país. ¡Lord a la Patria!

Redacción La Estrella de Panamá

 

Cuando la verdad prevalece

El revuelo que causó la noticia de que los periódicos del Grupo GESE, La Estrella y El Siglo salían de la Lista Clinton no dejó a nadie sin opinar, algunos con desatinos incontrolables, pero la mayoría con alivio, después de 17 meses de lucha sin cuartel, durante los cuales la fuerza laboral se redujo en más del 50 % y la que permaneció vivía en continua zozobra ante la incertidumbre de si tendrían trabajo el próximo mes.

El pasado 13 de julio se venció la última licencia concedida por la oficina del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) para que los diarios circularan sin restricciones estando en la Lista Clinton. Lo incongruente de todo el asunto es que el ‘logorreico’ embajador de Estados Unidos insistía, después de señalar al grupo Waked como el mayor lavador de dinero, que los diarios no estaban en la lista. Sin embargo, se sugería que el señor Abdul Waked se deshiciera de la mayoría de sus acciones para que se volviera a la normalidad. Con Félix B. Maduro, SoHo Mall y Balboa Bank se le puso una pistola en la sien para que vendiera esos negocios por una bicoca. La comisión que se formó cuando esto se dio a conocer, formada por el ministro de Finanzas, el de Comercio y el de Trabajo, repetía el estribillo de ‘velar por los puestos de trabajo’.

No importó que las tiendas la Riviera se fueran cerrando una a una en los diferentes países y que las que permanecen solo acepten efectivo, en un mundo donde el dinero plástico manda, sobre todo en los aeropuertos. Sí importó que las tarjetas de crédito funcionaran en la tienda Félix, a la que la mayoría de los panameños no tiene acceso, y de eso se aseguraron el mismo presidente y el embajador de marras. ¿Es que los que laboran en GESE no representan puestos de trabajo y estaba en riesgo no solo su continuidad sino el cierre del diario más antiguo del país y el tabloide que más circula?

A partir de julio, siempre con la confianza de quien actúa con la verdad, el periódico se fue reinventando, dejando de publicar los fines de semana para ahorrar papel, y muchos anunciantes, contra todo pronóstico, siguieron pautando y otros apoyando con suscripciones. No se podía permitir una agresión imperialista de esta índole.

El caso de GESE fue elevado a los más altos estamentos que tienen que ver con la libertad de expresión e información en el mundo y recibió un respaldo nacional e internacional sin precedentes. El presidente del grupo, Eduardo Quirós, se alzó por encima de cualquier presagio o crítica y lideró una lucha que no tiene parangón en la vida republicana, comparada en las proporciones guardadas, con la librada para recuperar el Canal de Panamá.

Las cosas se le empezaron a complicar al imperio a partir del fallo que exoneró a Nidal Waked de lavado de dinero –que nada tiene que ver con GESE— y las ‘razones para creer’ se fueron convirtiendo en ‘razones para dudar’ por varias circunstancias, entre ellas que en 17 meses no se ha levantado ni un solo cargo contra Abdul Waked.

Desde el vencimiento de la licencia, el señor Waked había enviado, a través de sus abogados, una propuesta a la OFAC porque había reiterado que ‘no iba a vender los diarios’, aunque de sus negocios, estoy segura, era el que menos dividendos le daba y cuidado y le costaban mensualmente.

La respuesta de la OFAC se conoció apenas la semana pasada en la que aceptaba la creación de una fundación que fuera la dueña del 51 % de las acciones. Seguramente fueron días largos de negociaciones y redacciónes, pero se logró y el lunes 23 de octubre se divulgó que el señor Waked donaba irrevocablemente no solo las acciones sino el inmueble y todo lo relacionado a la operación de los periódicos. El regocijo era inmenso. La noticia repicó en todo el mundo con el beneplácito de los organismos que velan por la libertad de expresión.

Hasta ahora, el Gobierno nacional no ha dicho esta boca es mía, lo que sí hizo la canciller hace meses para decir en forma tajante que ella no iba a ir a defender ante Estados Unidos el caso Waked, como si este no fuera panameño. Si en sus cándidos arrebatos al presidente Varela se le ocurre condecorar a Eduardo Quirós, por haber librado esa dura batalla, sin el apoyo gubernamental que por ley debieron haberle brindado, seguramente hará lo mismo con el embajador de Estados Unidos, para seguir con la lambonería. Sugiero que se cree un grado especial para este señor, cuya palabra seguramente mi editora no me dejará publicar, pero que todos se imaginan cuál es.

Mariela Sagel

 

Bases de la transformación

En medio del peregrinar de algunos que quieren ser el reemplazo en el poder, otros están conversando sobre las bases de la transformación del Estado panameño.

Y es que no se debe poner la carreta delante de los bueyes, pues lo que Panamá necesita no es un nuevo gobierno con un nuevo presidente, sino un nuevo sistema político que nos lleve al país a un nivel más alto en el desarrollo como sociedad.

Para esto, antes que una candidatura presidencial, necesitamos crear consensos que deben ser las bases para lograr la meta. Ya hay propuestas sobre cuatro pilares: una gran reforma del sistema de justicia, una gran reforma del sistema educativo, una gran reforma de nuestra seguridad social y quizás la más importante, una nueva Constitución.

Pero para lograr esto, todos los sectores debemos sentarnos, conversar y lograr los acuerdos necesarios para este gran paso. Así las cosas, ahora hay que establecer agendas por los próximos meses; sesiones de trabajo y un equipo que lidere este gran acuerdo nacional que pone a Panamá primero.

No un gobierno, no una persona… ¡El país primero! Y es que Panamá tiene todo para lograr el grado de desarrollo; lo que nos falta es ese acuerdo nacional y pensar en Panamá como lo hicimos con la recuperación del Canal. ¿Podremos lograrlo?.

Redacción La Estrella de Panamá

 

La justicia como instrumento político

Dicen los abogados que la justicia debe ser ciega, sorda y muda. ¿Es eso lo que ocurre en nuestro país? Los cuestionamientos contra el sistema de justicia en Panamá, saltan a diario y no es un solo sector, sino todos, dependiendo de quién sea el afectado. En pocas palabras, el sistema de justicia tiene un serio problema de confianza y credibilidad. Si analizamos la génesis del problema, el papel de los fiscales está siendo más mediático que jurídico, porque parece que no buscan la verdad, sino el aplauso. Lo peor es que se festina en los medios y luego, cuando se caen los casos, la culpa es de los jueces que los ‘compraron’. Cuando los casos llegan al judicial, las cosas tampoco parecen estar del todo correctas. No es uno, sino varios jueces y magistrados que han sido seriamente cuestionados por sus decisiones que a todas luces vulneran el debido proceso. En pocas palabras, el sistema de justicia ‘baila al son que le conviene’ y no es justo. La lógica indica que a la justicia hay que darle un revolcón y poner en el sistema a hombres y mujeres que verdaderamente crean en una justicia real y efectiva, no como un instrumento político. Es necesario que emerjan esos funcionarios honestos que hay en el sistema y empiecen a accionar con su poder moral contra los corruptos incrustados en el Órgano Judicial. No hay tiempo para esperar y cuanto más rápido actuemos, rescataremos el sistema de las garras políticas y de los bribones de este país. En cuanto al Ministerio Público, los fiscales tienen el deber de perseguir el delito, pero grabarse en su conciencia que es culpable la persona cuando se le demuestre y así lo determine un juez. Ya basta de seguir con la tesis de que la persona investigada es la que tiene que demostrar su inocencia y mientras tanto, la encierran en la cárcel, donde sufre la condena previa al juicio justo al que tiene derecho.

Redacción La Estrella de Panamá

 

Un año del SPA en Panamá

El pasado 2 de septiembre Panamá celebró el primer año de implementación del sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial, con el que completó su entrada en vigencia en todo el país. Con esa decisión política, Panamá se unió a muchos países latinoamericanos que transformaron sus sistemas de justicia penal con el objetivo de consolidar sus democracias y Estados de derecho. Esfuerzo que respondió a la decisión transversal de autoridades políticas, judiciales y operadores. El hacer este camino de manera gradual permitió además evaluar y hacer correcciones para llegar mejor preparados a esta última fase. El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) ha colaborado técnicamente en este proceso a través de la evaluación de la implementación en los distritos judiciales Segundo y Cuarto, y una preevaluación de la implementación en el 3°. Participamos en discusiones públicas, seminarios, conversatorios de alto nivel y reuniones con los actores del nuevo sistema, siempre queriendo contribuir con el sello CEJA. Es decir, una mirada de política pública integral, en que sumado al cambio normativo, se requiere integrar factores presupuestarios, culturales, de gestión, de infraestructura, de coordinación interinstitucional, de difusión, entre muchos, como elementos tan relevantes que si fallan pueden obstaculizar e incluso impedir su instalación definitiva. Las cifras oficiales muestran avances importantes: la duración promedio de los procesos bajó desde casi 300 días en el sistema inquisitorio, a 42, en el acusatorio; desde 2014 a junio pasado se ha resuelto el 82% de las causas ingresadas por los diversos mecanismos resolutivos. Han disminuido las detenciones provisionales. Comparando la situación un año antes de comenzar el SPA en cada uno, vemos que el 1° Distrito, que comenzó en 2016, disminuyó en un 52.2% las detenciones provisionales; el 2° (2011), en un 64.,6%; el 3° (2015), en un 43.3 %; y el 4° (2012), en un

60.9%. Son resultados que invitan a reforzar el trabajo y a seguir evaluando su funcionamiento, de cara a los nuevos desafíos. Por eso es importante una perspectiva regional que enriquezca el análisis y aporte a su mejora permanente. Por ejemplo, en materia de política de persecución, creemos que en Panamá y en la región los Ministerios Públicos (MP) deben avanzar hacia el análisis delictual y al enfoque en los fenómenos delictuales, más que en casos individuales. Esto contribuye a una definición estratégica de la persecución penal, focalizando esfuerzos sobre ciertos delitos u organizaciones criminales, dando mayor efectividad el impacto en los resultados y en la confianza ciudadana. Panamá ya hizo una reestructuración organizacional del MP. Ahora debe avanzar hacia una organización de la Procuraduría General de la Nación (PGN)

que responda a los requerimientos de una persecución penal estratégica. Las medidas alternativas deben emplearse con intensidad. Pero, como recomendamos desde CEJA en nuestro informe, se requiere contar con una oficina especializada de control. Esto es vital para aportar información técnica a fiscales, defensores y jueces al tomar decisiones; y para garantizar que las medidas son cumplidas debidamente, incentivando su uso efectivo.

En el Informe CEJA propusimos cambios en la organización judicial: profesionalizar la gestión administrativa, fortalecer la plataforma informática, reestructurar el área de mediación, entre otros.

Un desafío común a los operadores del SPA es mejorar las destrezas de los jueces en la dirección de audiencias, y de fiscales y defensores en litigación, para contribuir a soluciones prontas y efectivas de los conflictos. Así se podrá obtener información de calidad, mediante su depuración a través de un verdadero contradictorio, facilitando la adopción de decisiones de calidad. La defensa debe avanzar hacia estándares técnicos que faciliten la entrega y control de un servicio que asegure la garantía constitucional del derecho de defensa y debido proceso, legitimando la sanción impuesta o la absolución decretada, cuando proceda.  Esperamos que Panamá siga avanzando en este camino de construcción, aprendiendo de la experiencia de los distritos judiciales previos. Ahora es tiempo de evaluar la operación del 1° Distrito Judicial, de modo que, aprovechando la experiencia acumulada y las buenas prácticas comparadas de otros países, se pueda cimentar la instalación de un sistema de justicia protector de garantías de imputados y víctimas, efectivo en la persecución penal y en la n identificación de las soluciones más adecuadas para los conflictos específicos, en beneficio de todas las panameñas y panameños.

Jaime Arellano

La renovación de los partidos políticos

El narcotráfico ha encontrado en los partidos políticos el camuflaje perfecto para sus operaciones. Desde allí opera con relativa facilidad y cobra nueva fuerza porque lo hace desde la autoridad. Hace años que el narcotráfico empezó a cooptar a miembros de la Fuerza Pública. Ahora ha escalado en su intromisión en la política en Panamá. Y es que hace años se habla de que varios diputados de la República forman parte de este negocio e incluso el presidente Juan Carlos Varela lo dejó entrever en una reunión con el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León. Mas, no hubo investigaciones, solo el retiro de placas de los diputados por unos días, porque luego todo volvió a su pasividad. La detención del alcalde de La Villa, a su vez subsecretario del PRD, demuestra que el narcotráfico se inmiscuyó en los partidos políticos. La gravedad de la situación obliga a una depuración total de los partidos políticos y de la Fuerza Pública, porque, de lo contrario, caeremos en un abismo peor que la corrupción. Ya México sufre de este grave flagelo y el periodismo, que lo investiga, es víctima de este problema. A las autoridades decentes solo queda animarlas para que no se dejen amedrentar, no importa el cargo y rango que ocupe el o la involucrada en la institución. Si está trabajando para los carteles, hay que sacarlo/a inmediatamente del sistema. Lo que no debemos hacer es seguir pasivos y, desde la sociedad civil, gritar a los cuatro vientos que debemos hacer esto o aquello. Hay que involucrarse en la política y participar, para no darle estos espacios a corruptos, inescrupulosos y narcotraficantes que ven, con relativa facilidad, cómo pueden controlar el país, tomándose los partidos políticos. ¡Para mañana es tarde!

Redacción La Estrella de Panamá

¿De qué nos ha servido? De OCDE y notas sueltas.

Han pasado dos meses desde que el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estuvo en Panamá. Todo indica que nos han calificado como un país ‘Largely Compliant’; es decir, que cumplimos con la mayoría de los actuales requisitos para no terminar en su temida lista de países no cooperantes. A pesar de que no estamos de acuerdo muchas veces con el manejo que le da el Gobierno a esta intromisión de un club de países ricos en nuestros asuntos y con los ataques a nuestro pequeño país, debo reconocer que la presión internacional hacia Panamá parece haber bajado. Enhorabuena al Gobierno.

Pero el silencio que se produce entre los ataques me obliga a mantener vigente nuestra posición de que debemos hacer respetar nuestra soberanía y que lo que busca la OCDE es favorecer los intereses de sus países a costa de los más pequeños. Las noticias que salen, casi a diario, nos obligan a seguir escribiendo sobre la hipocresía con que los países y los funcionarios de la OCDE quieren manejar el mundo.

Irlanda. Hay optimismo y un gran orgullo en el pueblo irlandés, como denota el artículo de la revista TIME de la semana del 13 de julio de este año. A pesar de venir de años muy difíciles por la crisis bancaria de 2008 y de ser, perennemente, considerado como uno de los países más pobres de Europa, han logrado, a través de la competencia fiscal en pocos años, convertirse en la envidia de los miembros de la Unión Europea. Comenta el artículo de Time: ‘La reputación como paraíso fiscal se mantiene intacta, a pesar de algunos golpes. Su tasa corporativa de 12.5 % y una variedad generosa de concesiones especializadas han hecho de Irlanda un imán para empresas de tecnología norteamericanas y multinacionales farmacéuticas buscando establecer una Casa Matriz fuera de su país de origen ‘.

Su primer ministro, Leo Varadkar, comenta: ‘Yo creo que el hecho (de) que estemos defendiendo nuestra política fiscal manda un mensaje positivo a las compañías, americanas u otras, que quieran invertir en Irlanda ‘. Recordemos que la Unión Europea (UE) sancionó a Apple, cuyo centro de operaciones europeo está establecido en Irlanda, con US$16 billones en impuestos atrasados y, tanto la empresa como el Gobierno irlandés, apelaron la decisión. No veo que este asunto haya puesto a los irlandeses nerviosos por no cumplir con los caprichos enfermizos de la OCDE y la UE.

Chile. En un artículo dirigido al director del Diario Concepción de Chile, del 27 de julio de 2017, el abogado Claudio Bustos resalta algo que, para aquellos que aún creen que la OCDE busca lo mejor para el mundo, no debe dejar duda del afán de dicha organización en acabar con los países que no forman parte de su club de países ricos. Cito al colega chileno, quien comenta sobre recientes cambios a las leyes fiscales de su país: ‘Entre las condiciones que el citado artículo [41 H] menciona como características, se encuentra la tributación efectiva sobre los ingresos de fuente extranjera inferior a 17.5 %, entre otras. Sin embargo, la norma se autoimpone una limitación, al señalar que NO SE APLICARÁ LO DISPUESTO EN ELLA A ‘MIEMBROS DE LA OCDE ‘. (El destacado en mayúsculas es nuestro).

Finaliza el colega en forma contundente: ‘El beneficio tributario que contemplan dichas jurisdicciones es, en muchos casos, equivalente al que ofrecen otros Estados que tienden a identificarse más con la acepción de ‘paraíso fiscal’, tales como BVI o Panamá. AL PARECER, EL HECHO DE FORMAR PARTE DE LA OCDE, OFRECE INMUNIDAD RESPECTO A LA CONDICIÓN DE JURISDICCIÓN DE BAJA O NULA TRIBUTACIÓN. De ser así, estas jurisdicciones serán usadas de manera cada vez más frecuente por los inversionistas y empresas en el futuro, convirtiéndose, quizá, en los ‘paraísos fiscales’ del siglo XXI ‘. (El destacado en mayúsculas es nuestro). A buen entendedor pocas palabras.

La hipocresía francesa .Queda claro que Francia lidera la burocracia de la OCDE en los ataques contra Panamá. Los galos no han hecho más que criticar y denigrar a nuestro país. Sin embargo, la verdad siempre sale a relucir. La hipocresía, decía Frederick W. Robertson, no merece misericordia. Por eso nos place que, en su edición del 28 de julio de este año, el diario español Expansión informa que ‘La Comisión Europea obliga a Francia y a Bélgica a acabar, antes de que concluya 2017, con las VENTAJAS FISCALES que ofrecen a sus puertos. La Dirección General de Competencia ha anunciado hoy que LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES de la que gozan muchos de los puertos marítimos y fluviales de estos dos países constituyen una ventaja selectiva no justificada y que distorsionan ilegítimamente la competencia ‘. (El destacado en mayúsculas es nuestro). Vea usted. ¿Con qué moral los franceses del Gobierno de Hollande atacaban a Panamá, si ellos también estaban ofreciendo incentivos fiscales a sus puertos para poder competir?

Por suerte, el Gobierno de Macron parece estar más interesado en elevar su figura como el gran líder y salvador de Europa que en ensañarse con Panamá, como hizo el cobarde de Hollande.

Sociedades peligrosas. Este libro escrito por una periodista del diario La Prensa y su esposo ha sido una grata sorpresa. Debo confesar que pensé que sería una obra más que se aprovecharía de la mala imagen que no dejaron los mal llamados Panamá Papers. Sin embargo, tiene un balance adecuado de los hechos y critica, fuertemente, a los Gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra por su hipocresía en el tema de los paraísos fiscales. El libro se lee como una novela, llena de amenazas, guardaespaldas, etc., pero retrata correctamente que, por ser mejor ‘branding ‘, le pusieron el mote de Panama Papers al robo y a la publicación de información confidencial de la firma Mossack Fonseca. De alguna forma redime la actuación de dicho diario nacional en esta investigación que tanto daño hizo y sigue haciendo a Panamá. No se ganará el Premio Pulitzer, pero para los que critican a la plataforma de servicios legales panameña puede ser una interesante lectura. Enhorabuena a los autores.

Álvaro Tomas

ABOGADO

 

Apoyemos a GESE

El pasado 13 de julio se venció la licencia para que empresas y ciudadanos estadounidenses pudieran hacer negocios con GESE, responsable de la publicación de La Estrella de Panamá y El Siglo , y el Gobierno de Estados Unidos, a través de la OFAC, decide no extender esta licencia. Ante esta situación, quiero expresar mi indignación por tal decisión, dada la importancia que tienen estos dos diarios, fundamentales en la historia panameña, y a la misma vez exhortar a los panameños a apoyarlos apersonándose a sus instalaciones a firmar la Declaración por Panamá .

Esta decisión afecta el libre funcionamiento de estos diarios, al prohibir que proveedores estadounidenses puedan proveer de los insumos para que esta casa editorial continúe publicando estos diarios, lo cual pone en riesgo la libertad de expresión y priva a la ciudadanía de ejercer su derecho a la información en el futuro. Adicional, el grupo ha recibido cancelaciones de pautas publicitarias, póliza de seguros y contrato de afiliación Visa/Mastercard, lo que ha obligado a GESE a dejar de circular los fines de semana y reducir el tiraje de estos diarios. Desde ahora estamos viendo las consecuencias de esta decisión que vulnera la libertad de expresión.

Es inaceptable que Estados Unidos, con esta decisión, haya cedido a las ansias de ciertos poderes sociales por violentar la libertad de expresión, que han tenido la osadía de ultrajar la labor de estos nobles diarios, los cuales representan el sentir de toda la ciudadanía panameña que, en pleno ejercicio de su derecho a la información, acceden a ellos para enterarse de todo lo que sucede en Panamá y el mundo.

Estos diarios se han convertido en verdaderos forjadores de la libertad de expresión, en un puente para que la ciudadanía pueda expresarse libremente ante situaciones que le aqueja. El hecho de que Abdul Waked y su conglomerado de empresas (incluida GESE ) esté en esta lista es utilizado como pretexto para tomar esta decisión, perjudicando la salud financiera de la casa editorial.

Este acto es una total agresión a la libertad de expresión, por eso no debemos quedarnos callados ni mostrarnos indiferentes; es hora de levantar nuestra voz y no permitir que estos diarios desaparezcan por la intransigencia de sectores que lo único que desean es coartar la libertad de expresión y así ocultar sus posibles actividades ilícitas.

Debemos estar conscientes de que hay más de 240 trabajadores que dependen de esta casa editorial para llevar el sustento a sus familias, estos han tenido que vivir una angustiante incertidumbre sobre lo que vaya a pasar con lo que consideran su fuente de ingresos. Por estas familias y por la libertad de expresión es que debemos estar unidos para solidarizarnos con estos diarios que forman parte de nuestra identidad como panameños.

Christian Marciaga