abogado

Protección al ejercicio de la abogacía

Artículo: 14:  Se prohíbe a los funcionarios administrativos, judiciales o del Ministerio Público aceptar o dar curso a memoriales o escritos que tengan relación con el ejercicio de la Abogacía y no hayan sido firmados o suscritos por un abogado, salvo los casos previstos en la Constitución Nacional y en las leyes.

Se prohíbe a los Notarios Públicos protocolizar u otorgar documentos basados en minutas que no estén elaboradas y firmas por abogados, salvo que se trate de actos de carácter personal como lo son las enajenaciones, venta y gravámenes de todos los bienes muebles o inmuebles, de la propia persona.

Las actuaciones que se realicen en violación de las prohibiciones previstas en este artículo adolecerán de nulidad, la cual puede ser declarada de oficio o a petición de parte interesada.

Artículo 15: El funcionario administrativo, judicial o del Ministerio Público que reclame el pago de derecho que no esté autorizado por la Ley, incurrirá en el delito de concusión que tipifica y castiga el Código Penal.

Siempre que se pague algún  derecho, el funcionario deberá expedir un recibo  en que haga constar la disposición legal que autoriza  el cobro.

Artículo 16: Se prohíbe el ejercicio de la abogacía por intermedio de sociedades anónimas u otras de carácter mercantil.

Se podrá ejercer la abogacía por medio de sociedades  civiles de personas, únicamente, cuando hayan sido constituidas para ese fin por abogados idóneos.

Artículo 17: Cuando no mediare contrato de servicios entre el cliente y el abogado, queda entendido que ambos se sujetan a la tarifa de honorarios vigentes.

La tarifa que regula dichos honorarios debidamente autenticada, o copia legalizada de la parte aplicable de la misma y copia auténtica de la parte pertinente de la actuación o del dictamen pericial en que el abogado haya intervenido, prestan mérito ejecutivo contra el cliente renuente al pago de dichos honorarios.

Órgano Ejecutivo Nacional  Presidencia de La República.

frases-para-abogados-dia-del-abogado-2016

Condiciones para el ejercicio de la profesión de abogado

LEY No. 9
(de 18 de Abril de 1984)
Por la cual se regula el ejercicio de la Abogacía.
(Reformada por la Ley 8 de 16 de Abril de 1993)

 EL CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACIÓN

DECRETA:

CAPITULO I

Artículo 1: Para ejercer la profesión de abogado se requiere poseer certificado de idoneidad expedido por la Corte Suprema de Justicia y ser miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

(La Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, Declara que es Inconstitucional, la frase ” Colegio Nacional de Abogados de Panamá” del Artículo 1 de la Ley 9 de 1984 por ser contraria a los artículos 19, 39 y 214 de la constitución. (24 de junio de 1994).

Artículo 2: El Colegio Nacional de Abogados admitirá como miembros a todo abogado que haya obtenido su certificado de idoneidad, conforme el artículo anterior, salvo que el interesado haya sido condenado, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de expedición del respectivo certificado de idoneidad por delito contra la administración pública, el patrimonio, la fe pública o la administración de justicia.

Artículo 3: La Corte Suprema de Justicia sólo otorgará en lo sucesivo certificados de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado a quienes reúnan los siguientes  requisitos:

1) Ser nacional panameño;
2) Poseer título profesional en derecho expedido por la Universidad de Panamá, la Universidad Santa María La Antigua, o Por cualquier otra institución universitaria que se establezca en el futuro en la República de Panamá y cuyos títulos la Ley reconozca su valor oficial; y
3) Poseer título profesional de derecho obtenido en Universidad de reconocido prestigio, el cual deberá ser previamente revalidado en la Universidad de Panamá, salvo en el caso de convenios internacionales que en términos claros y precisos eximan al interesado de la obligación de revalidar su título profesional.

Artículo 4: La profesión se ejerce por medio de poder legalmente constituido o asesorando a la parte interesada y, entre otras cosas, comprende:

1) La representación judicial ante la jurisdicción civil, penal, laboral, de menores, electoral, administrativa, marítima y cualquiera otra jurisdicción que exista o que se establezca en el futuro.
2) La resolución de consultas jurídicas por escrito o verbalmente.
3) La redacción de alegatos, testamentos, minutas y memoriales dirigidos a cualquier funcionario.
4) La preparación de documentación jurídica relacionada con la constitución, funcionamiento, disolución y liquidación de sociedades.
5) La redacción de toda clase de contratos.
6) La gestión de negocios administrativos.
7) La inscripción de documentos en el Registro Público o en el Registro Civil, y las gestiones, recursos y reclamaciones a que den motivo la descalificación y reparo de esos documentos.
8) El acompañamiento a cualquier persona en toda gestión o diligencia en que sean solicitados sus servicios.
9) La calidad de Agente Residente para los efectos del Artículo 1o. y 2 de la Ley 32 de 1927.
10) Cualquier otra actividad o gestión no incluida expresamente en este artículo para las cuales se requiera la calidad de abogado.

 

Órgano Ejecutivo Nacional  Presidencia de La República

Revolución ética del PRD

Hace algunas semanas, alrededor del domingo 11 de marzo, en el marco de la celebración del 39 aniversario de fundación del Partido Revolucionario Democrático (PRD), se concretaron varios eventos importantes, entre los cuales están la celebración del Congreso Nacional Extraordinario para la adecuación de su estatuto. No obstante, entre todos ellos, quisiera resaltar uno de estos acontecimientos acaecido el sábado 10 de marzo: ese día por primera vez en la historia de nuestro país, un partido político aprueba un Código de Ética para orientar el comportamiento de sus miembros.

Este hecho concreto reviste una gran importancia, ya que dentro de la crisis de credibilidad y de institucionalidad que estamos viviendo en estos días, producto del fracaso de este Gobierno y del anterior en darle respuestas al pueblo panameño; pero también por nuestros propios errores de fondo y forma como agrupación política, una parte importante de la ciudadanía ve sin distingo a todos los partidos políticos y nos repite una y otra vez: ‘Todos los políticos y partidos son los mismo’.

Al respecto nos podemos hacer varias preguntas para calificar la importancia de esta decisión: ¿Están algunos de los otros partidos haciendo un proceso mínimamente similar? ¿Están en esos colectivos impulsando la ética como norma de conducta para combatir el clientelismo, la improvisación y la corrupción? La respuesta contundente es NO.

El Código de Ética que propusimos en cumplimiento de nuestra atribución como Defensor de los Derechos de los Miembros del PRD, y que fue aprobado por el Consejo Directivo Nacional, se inspira en el ejemplo de Omar Torrijos y sirve de guía de conducta para todos los miembros del PRD, buscando que las violaciones al mismo sean rechazadas firmemente por nuestras bases y dirigencia. Esta es una herramienta concreta para que los torrijistas rescatemos sus principios y su método político.

Pero contar con un reglamento y con normas no es suficiente. Debemos realmente cambiar de actitud y demostrarle con hechos a la ciudadanía que el PRD representa la mejor opción para mejorar las condiciones de vida de todos los panameños.

Tal como nos lo enseño el propio Omar: ‘Cuando se quiere hacer un cambio, se debe cambiar de actitud, no es suficiente cambiar una cara y un nombre, por otra cara y otro nombre’. Precisamente por ese cambio de actitud de que nos hablaba Omar es que cada uno de nosotros se inscribió en el PRD, para defender el proceso de liberación nacional, para luchar por la justicia social, para impulsar el desarrollo integral de nuestro pueblo, para liderar con valores y principios éticos el partido del proceso revolucionario.

Por eso, a este proceso le hemos denominado ‘ReEvolución Ética’, porque implica una toma de conciencia de la importancia de nuestra actitud torrijista más allá de los discursos, y que le demostremos con hechos al pueblo panameño que estamos en sintonía con sus aspiraciones y necesidades más apremiantes, no solo para alcanzar el triunfo del 2019, sino para ejercer un Gobierno honesto, transparente y auténtico a partir del 1 de julio del próximo año.

Lo importante es que si está reevolución tiene éxito y logramos ganar las elecciones con ética, así mismo y de esa forma gobernaremos con ética para todos los panameños.

 

Jorge Rivera Staff

Crecimiento sin desarrollo

La desigualdad es un problema que se agrava en Panamá. Y es que las políticas públicas están diseñadas para promover el crecimiento de los sectores que benefician solo a un segmento de la población, la más acomodada, mientras que los pobres son atendidos con subsidios ilógicos y sin sentido que en los próximos años harán más dramática la situación: se beca al que no estudia, se le paga al maleante y se jubila al que nunca cotizó… Sin embargo, se permite a los importadores de alimentos, de insumos agrícolas, de medicinas, de libros escolares; a los generadores de energía; a las empresas constructoras, etc., etc., etc…, hacer negocios con ganancias irracionales, que ya empiezan a causar asfixia en el país. Estamos entre los 25 países más caros del mundo y entre los primeros lugares en la región. Si a ello sumamos que la corrupción nos pone entre los primeros lugares, sin duda que nuestro destino es un fracaso como democracia y como país. Es cuestión de tiempo para que esto explote, porque aunque mantengan contenida a la población más necesitada con esos subsidios de migajas, el enojo está apoderándose de la sociedad. Hay que cambiar este sistema corrupto que terminará por ahogar a ricos y pobres y sumirnos a todos en un laberinto sin salida por muchos años. Todavía estamos a tiempo para cambiar y enrumbar el país por un crecimiento igualitario y un verdadero desarrollo de nuestra sociedad.

Redacción La Estrella de Panamá

 

Crisis política

No hay por qué llamarse a engaños, la actual crisis política por la que atraviesa el país donde el Ejecutivo y el Legislativo se encuentran en una franca disputa, a la que han arrastrado al Judicial, era algo que se preveía; crisis que no se resuelve si no atendemos el problema de raíz. Gritar a los cuatro vientos las ilegalidades de los diputados por ser favorecidos con partidas circuitales que manejaron a través de las juntas comunales sin decir absolutamente nada sobre quién les garantizó las partidas y sobre el modus operandi que desde hace años es igual y siguió hasta la pelea de hace unas semanas, es vivir en el engaño. Los diputados son clientelistas y el Ejecutivo los ceba, porque necesita que le apruebe sus leyes, sus funcionarios, sus presupuestos. Y la solución no está ni en el Gobierno ni en la Asamblea y mucho menos en la Corte. La solución la tenemos los panameños, los grupos organizados y la sociedad en general que debe unirse en un Gran Diálogo Nacional y ponerse a trabajar en una nueva Constitución que sea aprobada en una Asamblea Constituyente. Mientras mantengamos un Ejecutivo que tiene cómo comprar diputados y magistrados y una Asamblea que se vende al mejor postor hasta que le conviene, el país seguirá con este tipo de parapetos que no es más que una pelea entre bribones. Y si sumamos una Corte que ve y oye, jamás saldremos del hoyo en que cada día más nos sumergimos. Estamos en un momento oportuno tomando en cuenta que habrá elecciones en los próximos meses. Hagamos la limpia, pero hagámosla bien.

Redacción La Estrella de Panamá

 

Invitación al necesario diálogo

La política tiene su arte y también sus malas artes, añorar aquellos políticos con capacidad de diálogo y de construir acuerdos no matraqueos, acuerdos de cara al sol que antepongan los intereses nacionales a los partidarios y de capillas, no sirve de nada. La clase política que tenemos es la que tenemos, ya llegarán las elecciones y los ciudadanos tendrán, en las urnas, una nueva oportunidad. Ahora, corresponde a la sociedad asumir el protagonismo suficiente para exigir a los líderes políticos, tirios y troyanos, que eleven su comportamiento y estén a la altura de la situación que enfrenta el país. Situación de por sí grave, descontento social por una parte y, por la otra, se avizora una crisis compleja entre el Órgano Legislativo y el Judicial, abanicada desde el Ejecutivo. Aquí habría que decir que nunca es buena la ‘judicialización’ de la política, poner a la Corte Suprema en situación de dirimir una batalla política no traerá buenos resultados, no los ha traído en ninguna parte donde han ensayado estas maromas. Además, ante una Corte muy disminuida en su credibilidad. Una bocanada de aire fresco significó la iniciativa del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de iniciar reuniones con los partidos políticos para favorecer el diálogo, ojalá las partes asuman esta invitación con altura de miras y, el Órgano Ejecutivo corresponda con un talante similar.

Redacción La Estrella de Panamá

La Ley 50 impactará al sector marítimo

Panamá ha dado un paso importante hacia la categoría de un país marítimo en toda su definición. La entrada en vigor el 29 de diciembre de 2017 de la Ley 50 de incentivos para entidades de financiamiento marítimo, en teoría brinda las condiciones necesarias para cumplir con recomendaciones hechas desde hace muchos años por la comunidad marítima internacional con relación a la diversificación de productos. Panamá como líder en abanderamiento mundial y sede de una poderosa infraestructura financiera, debía dar el siguiente paso natural y complementar estas ventajas en pro de servicios financieros marítimos.

La entrada en vigor de la Ley 50 introduce a Panamá en un mercado muy poco explorado en su región. La experiencia de países donde el financiamiento marítimo fue exitoso tales como Alemania, Región Escandinava y el Reino Unido es un espejo del vibrante, pero, riesgoso mercado financiero marítimo.

El impacto del colapso financiero de finales de 2008 que afectó al sector marítimo, siendo este un mercado secundario, aún presenta secuelas muy evidentes en la caída del liderazgo de los países antes mencionados que prefirieron reducir su interacción con el mercado de compra y venta de buques. Esta reducción en la exposición de los países tradicionales abre espacios a nuevos actores como China, Japón y Corea, que siendo líderes en la construcción de buques deciden, con un gran apoyo estatal, inyectar grandes sumas en el mercado financiero marítimo que mueve billones de dólares al año.

La interacción entre astilleros y empresas de financiamiento marítimo se hace cada vez más cercana, hasta el punto donde los astilleros adquieren funciones de empresas de financiamiento marítimo. Entre los motivos de esta decisión está la reducción del riesgo en la cantidad de órdenes de construcción y evidentemente el componente de responsabilidad de los Gobiernos con la gran cantidad de empleados relacionados a la construcción de buques.

Dentro de los aspectos positivos de la Ley 50 está la creación de la figura de proyecto financiable marítimo; la oferta de servicios marítimos adicionales al abanderamiento de buques y la entrada a un mercado con una notable reducción en las alternativas financieras. A opinión de este escritor, las áreas que requieren de una mayor atención dentro de esta ley son las secciones del Régimen Laboral Especial y la sección que regula la Ventanilla Única Marítima (VUM), cuya recomendación de aplicación se rige bajo el convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional (FAL 65).

En el caso de la VUM, se crea un departamento de la Dirección de Registro Público de Propiedad de Naves de la Autoridad Marítima de Panamá. La creación de este departamento en una ley de incentivos a empresas financieras crea una extraña impresión, considerando que el espíritu de la Ventanilla Única Marítima es integrar los estamentos involucrados con requisitos comunes para facilitar y reducir los tiempos de los buques que hagan recalada en territorio nacional. Es aún más desconcertante que la descripción de las funciones de este departamento solo haga relación a actividades concernientes a la inscripción y gestión de proyectos marítimos financiables y no a las funciones con que son reconocidas las VUM en el convenio FAL 65.

En el caso del régimen laboral especial, salta a la vista que se establece que ‘existe la falta de mano de obra calificada para la prestación de determinados servicios en esta industria’. Esta afirmación es preocupante; no se define hasta dónde abarca la industria; es tan específica la afirmación que sería de mucho uso contar con las referencias que justifique la misma. No escapa de la realidad que nuestras instituciones académicas deberán crear profesionales que progresivamente absorban las posiciones que por ley deberán dejar los extranjeros contratados y que esos extranjeros tengan la verdadera capacidad de transferir conocimientos a los panameños.

La entrada en vigor de la Ley 50 me parece un valiente reto de Panamá, sin embargo, genera algunas lagunas que deberán ser revisadas y ajustadas para permitir que el sistema de recepción de buques y tráfico de carga se alinee a los estándares internacionales con relación a la VUM. Las condiciones para entrar en el riesgoso mercado financiero marítimo están dadas. Es cuestión de valientes emprendedores entrar en un mercado de mucho rédito, pero también de riesgo a estrepitosas perdidas.

Gabriel Fuentes Lezcano

Regateándole a la Justicia

y pasó el término dentro del cual debían incorporarse dos nuevos miembros a la Corte Suprema de Justicia sin que las normas constitucionales y las leyes fueran cumplidas.

Por una parte el presidente se guardó los nombres por tanto tiempo cuanto consideró conveniente como para que los ciudadanos no investigáramos con rigor sus antecedentes, proponiéndolos y llamando a sesiones extraordinarias para considerar su aprobación cuando faltaban apenas 15 días para que se agotara el período por el que fueron nombrados los que debían ser reemplazados, diez años antes. ¿Si no es manipulación, cómo debemos calificar esto?

Por otra, una vez más faltó a su palabra de campaña de consultar a la ciudadanía invocando una excusa de la que él mismo fue causa, al proponer a quienes propuso en 2015 y equivocarse, según ha admitido, dizque porque la sociedad civil los había evaluado y él no lo pudo hacer mejor. Ya no le queda confianza del electorado o, lo que es lo mismo, legitimidad como la entiende la ciencia política; y es la carencia de esta, y no otra cosa, la que lleva a la ingobernabilidad.

La novedosa tesis de que la gobernabilidad es un pacto entre las fuerzas políticas y los partidos puede parecer real, pero solo ocurre temporalmente. La gobernabilidad depende de que las instituciones actúen con legitimidad; esto es que la ciudadanía perciba que se está gobernando en función de los intereses del Estado, que no es el Gobierno, sino la suma de los habitantes, el territorio, el sistema de derecho y la soberanía de Panamá, y hace ya rato que no se gobierna ni en función del bienestar de los ciudadanos, ni de empresas ni de contratistas; ni del territorio nacional crecientemente fragmentado por el hambre política de diputados, alcaldes y representantes; ni con sujeción a las leyes o lo que queda de aquellas redactadas en tiempos en que de alguna manera se aprobaban consultando los intereses de la patria; ni de la soberanía nacional, manoseada y mancillada desde afuera frente a la mirada de coquetería de nuestros gobernantes.

Lo que seguirá, de acuerdo con la Ciencia Política, es un período de sobresaltos y agitación hasta que hallemos entendimientos entre los gobernados, y por su parte los gobernantes sepan acatar esa voluntad en función de sus responsabilidades, la primera de las cuales es comprometerse con el bienestar de la Nación, para lo cual la justicia es virtud indispensable.

La apertura de las elecciones será una válvula de escape para aliviar las tensiones generadas por un Gobierno que no ha sabido hacerlo bien en aquellas cosas que más hacen falta: la justicia y la educación; sin embargo, como tampoco en materia electoral se ha legislado para el bien común, sino para el ventajismo, me temo que esta vez en lugar de ser la vía civilizada para la renovación del Gobierno, será la arena de los gladiadores en que terminarán imponiendo sus voluntades, los más fuertes. Estamos retrocediendo.

La justicia es la herramienta eficaz para incluir a los excluidos, expresar amor por los oprimidos, resistir el poder mezquino y superar la discriminación, siendo la virtud que lleva a dar a cada quien lo que le corresponde; de aquí su principalísimo rol en la sociedad, al punto de que todas las religiones la defienden. Ella ha sido meta ideal predicada por los más grandes entre los grandes, comenzando por el propio Cristo, seguido por otros entre quienes también contamos a Gandhi, Mandela, Bolívar y Justo Arosemena.

Evadir o posponer el deber de que en nuestra sociedad haya justicia tan perfecta como sea posible, es traicionar a la sociedad, a nuestra familia y a nuestros descendientes.

Guillermo Márquez Amado

369230_800x600_crop_5a332f408fc74

Juez y parte

Al revisar la doctrina advertimos que el término ‘Administración de Justicia’ es una expresión polisémica y causa anfibología para el servidor público, al juzgar o ser juzgado y más allá al ejecutar el exclusivo ejercicio que se lidia con órganos públicos, al valorar y cumplir la misión constitucional atribuida a jueces, extendido a quien ostente el poder con mando y jurisdicción.
Lo copiado son cierres a las que arribamos por los años de experiencia en el servicio público de alta jerarquía y ahora con el diario ejercicio docente y en litigios sobre lo concerniente a las Garantías Procesales, términos absolutos que no se interpretan, sino se cumplen, aunque con los jueces como sujetos procesales, son los obligados a proteger y hacer que se cumplan las Garantías que ellos violan al incumplir el encargo al actuar y desconocer este imperativo.
Seguimos sintetizando entre conceptos absolutos y relativos, si hablamos de la Justicia a través de los filósofos clásicos como Platón, quien la consideró como armonía social; Aristóteles la sustentó como ‘igualdad proporcional’; Tomás de Aquino la sostuvo como ‘ley natural’; Ulpiano la concilió como ‘dar a cada quien lo que corresponde’; Cicerón asimiló a la justicia como un ‘hábito del alma’ y ahora, John Rawls la precisa como equidad. Estas definiciones no son contradictorias, pero tampoco aclaran este nublado panorama.
Tenemos que agregar ahora el derecho sustantivo y subjetivo, para tratar de entender este ejercicio. En el primer caso el derecho está creado y definido en las normas; en la segunda concepción, es el derecho sustantivo que se reclama y para ello se debe judicializar el conflicto. Aquí vienen los contrastes, puesto que es el propio juzgador el que debe valorar los elementos sobre el reclamo; establecer a quién le corresponde el derecho y declarar a quién se adjudica el emplazo. Es un derecho existente que, a nuestro juicio, se debe aplicar y no administrar.
Si se gestiona judicialmente es como ese ejercicio de control o de mando exclusivo por el Servidor Público, una vez asignado el negocio que suponemos ocurre desde el momento en que se judicializa el conflicto, aunque en otro sentido sea como planear, organizar, tutelar, dirigir y controlar para alcanzar los objetivos propuestos, lo que no está totalmente al arbitrio del servidor público, si se debe responder al principio de legalidad para el derecho sustantivo y fomentar el Debido Proceso, si se trata del procedimiento. Consideramos que aún seguimos plagados de ambigüedad, porque en cada proceso quedamos al capricho subjetivo de la política que se aplique en determinado despacho. Aplicar en cambio, pareciera que en derecho sería para adjudicar o no lo que se reclame. Si la justicia existe, entonces se debe aplicar el derecho en vez de administrarlo.
El artículo 18 de nuestra Carta Magna reza lo siguiente: ‘Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de estas’.
Inusualmente observamos la claridad meridiana expuesta en esta súper norma en la que agrega el debido adeudo legal a las personas investidas de un cargo oficial al existir una manifiesta omisión. El artículo 25 de nuestro maltrecho Código Penal señala de manera general los actos delictivos que se cometen por comisión u omisión: ‘Hay delito por comisión cuando el agente, personalmente o usando otra persona, realiza la conducta descrita en la norma penal, y hay delito por omisión cuando el sujeto incumple el mandato previsto en la norma. Cuando este Código incrimine un hecho en razón de un resultado prohibido, también lo realiza quien tiene el deber jurídico de evitarlo y no lo evitó pudiendo hacerlo’.
Si revisamos el contenido del primer párrafo de este documento y lo convalidamos con lo agregado al final de este párrafo que antecede, como aquello de cumplir con el deber jurídico de evitar que se violen las Garantías Individuales, como ocurre a diario, si los servidores públicos de este nivel deben asumir una conducta proactiva, pero en la práctica se arroga la conducta receptiva frente a un concepto absoluto que simplemente se debe aplicar.
Ahora nos ocupamos de la forma para escoger a los nuevos magistrados, si nos apartamos del sentido lógico en la aplicación de la filosofía del derecho al momento del ejercicio del cargo, pero se escogen por aclamación y sin tomar en cuenta la formación del candidato con la especialidad por la que debe ser escogido. Seguimos.

Carlos Augusto Herrera

Democracia de verdad

Los políticos siempre andan con el estribillo de ‘ayudar a los más necesitados’ y ‘hacer cumplir la ley’. Sin embargo, a la hora de la verdad, ni trabajan por los más necesitados ni hacen cumplir la ley.

Y allí radica la mayoría de nuestros problemas, porque las autoridades son tan permisivas que la ley se infringe a todos los niveles. Desde un auto que a simple vista no pasa una inspección, pero circula por las calles sin problemas, hasta el cambio de interpretación de una ley por los magistrados de la Corte Suprema Justicia, para quedar bien con el jefe de turno.

Muchos entonces traen ejemplos como Singapur, donde a las personas ni se les ocurre pasarse una luz roja y mucho menos tirar a la calle un vaso desechable. Y es que la mano dura de la autoridad hace que las reglas se cumplan por el bien de la convivencia. El asunto entonces es que en estos lugares funciona un régimen dictatorial, donde las elecciones democráticas son un sueño.

El problema de Panamá es similar al de toda Latinoamérica, que no ha encontrado o no ha querido encontrar el punto medio donde la autoridad aplique mano fuerte en hacer cumplir las reglas, pero que los Gobiernos se escojan democráticamente.

¿Qué tenemos que hacer los panameños? Ya hay una posición madura de que lo que tenemos no sirve, pero quienes pelechan del poder nos siguen argumentando que ‘no es el momento para hacer una Constituyente, ya que uno sabe cómo empieza pero no sabe cómo termina’.

La realidad es que con esta caricatura de democracia sabemos cómo empezó y cómo ha terminado y no es nada bueno, porque la corrupción está en los niveles más altos de toda nuestra historia republicana. ¡Hay que cambiar el sistema ya!.

Redacción La Estrella de Panamá