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Con una voz entrecortada y con un rostro ensombrecido he observado detenidamente cómo el empresario de origen libanés Jean Figali contó las penurias de las cuales fue víctima por los personeros del antiguo Gobierno encabezado por el exmandatario Ricardo Martinelli.

Un pueblo que aún no digiere la experiencia vivida por el reconocido empresario a quien se le violaron todos sus derechos desde su libertad personal, un plan orquestado de desprestigio, la expropiación de sus bienes hasta su libertad personal, afectando colateralmente a su familia en particular a su hijo de tan solo tres años de edad.

Hoy, luego de repasar esta nefasta experiencia nos toca como panameños hacer un alto meditando exhaustivamente la elección de nuestros gobernantes y el aparato de personas que administran la cosa pública.

El Estado como tal no merece una demanda más por vejámenes cometidos por personeros irresponsables que, luego de acariciar las mieles del poder, se encuentran solapadamente en la clandestinidad tratando de encontrar subterfugios en países amigos.

Pero luego de ver la negativa de quien tanto daño le hizo al país de solicitar asilo, observamos con buena prisma lo distante que puede estar el hecho de una posible huida de la justicia ordinaria a la que debe someterse toda persona que atente contra la seguridad jurídica y perseguidores de inversores que apuestan a la creación de empleos para lograr el desarrollo social y económico de nuestra población laboriosa.

Como profesa un viejo adagio que el poder emana del pueblo, esperamos que, con los recursos legales presentados por el señor Figali, los tribunales de justicia se hagan eco ante tan infame acción que en nada garantiza la próspera imagen de nuestro país como marca y como destino de personas que aún creen y ven a Panamá como un lugar seguro para invertir, dado el galopante desarrollo de la economía en la región.

Se debe apelar a que el Gobierno de turno, por medio de sus entes como la Autoridad Marítima, la antigua Autoridad de la Región Interoceánica y los tribunales de justicia que están viéndose a prueba, revise el caso en mención y no piense en indemnizar a Figali, ya que al parecer lo único que busca el empresario es recuperar sus bienes de los que fue despojado y así volver a ver que justamente el centro de polo de desarrollo de Amador se vea afectado por más empleo y se vuelva a posicionar como el centro de interés turístico y comercial que todos queremos.

Los cambios políticos que se prevén en España y Grecia no auguran ningún futuro promisorio para esas naciones. Sin embargo, las clases políticas dominantes serán responsables si esos giros a la izquierda a través de estos movimientos populistas terminan en el desastre total, como en Venezuela, tras 16 años de Gobierno cívico-militar. Ese mal ejemplo venezolano es parecido al de Brasil y Argentina.

Lo que se ve hoy en Europa parece provenir en su ejemplo de la verborrea populista de regímenes como el de Chávez que, en sus campañas mediáticas internacionales, crearon falsas esperanzas y, en el caso de PODEMOS en España, hasta financiaron por varios años a sus principales líderes. Así como los altos niveles de corrupción antes de Chávez facilitaron su ascenso al poder, así mismo esa corrupción multiplicada al infinito mezclada con carteles de droga, está llevando a la inminente caída del llamado Socialismo del Siglo XXI. Lejos de ser una potencia, pero sí llamativa de atención, por lo de su posición estratégica, la ampliación de su Canal y su alto nivel de crecimiento económico, Panamá no se queda atrás en ese salvaje proceso de corrupción de las clases políticas dominantes que se da en otros países latinoamericanos.

En julio 1 de 2014 ascendió al poder el ingeniero Juan Carlos Varela. Le ganó al candidato del partido Cambio Democrático, del expresidente Ricardo Martinelli, el favorito hasta el día de las elecciones. Existían graves rumores de la extensa red de corrupción que había creado Martinelli dentro de su Gobierno. No se podía probar nada y siempre a cualquier mención que se hiciera sobre el tema se aducía ‘persecución política’. El clamor de justicia favoreció que Varela nombrase gente muy competente y seria al frente de las instancias fiscalizadoras. Al pensar Martinelli que no era posible que su candidato perdiera, no hubo manera de esconder todos los entuertos que se han ido encontrando, en los que participaron directamente el absorbente expresidente y su camarilla.

Después del 1 de julio el caldero de la corrupción del anterior Gobierno se ha ido destapando. Todos los días en alguna entidad se encuentra un escándalo de sobreprecio, robo de recursos públicos, tráfico de influencia, en fin, la más extensa gama de delitos contra la Administración Pública. Lo peor es que todo conduce a un solo lugar: Ricardo Martinelli, el autoritario presidente que gobernó Panamá comprando a los diputados que estaban a la venta, manipulando fallos en el Órgano Judicial, debilitando las entidades de control y generando terror a los que se atrevían a enfrentarlo.

Cuando Martinelli empieza a defenderse de las denuncias que se ventilan decide visitar al arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa. Al día siguiente el prelado católico aparece como una de las personas a quienes los servicios de espionaje del Gobierno espiaban su teléfono. Parece que la paranoia del exmandatario era tan aguda que necesitaba saber lo que hablaban de él, inclusive gente de su propio partido. Por lo de las escuchas telefónicas están presos un exdirector de la Policía Nacional y dos exdirectores del Consejo Nacional de Seguridad, uno de ellos consuegro de Martinelli.

El primer caso se descubre al confesar el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburelli, hoy con casa por cárcel, que la venta de $60 millones de comida deshidratada de Brasil para estudiantes de áreas remotas, cuyo costo era inferior a 15 millones, había sido ordenada a insistencia de Martinelli. Además de ello, la comida no pudo utilizarse porque mucha estaba vencida y su sabor resultó desagradable para los estudiantes. Con motivo de este caso, la Corte Suprema de Justicia, el pasado 28 de enero, autorizó la investigación penal del expresidente Martinelli, quien salió del país ese mismo día con destino desconocido.

Otro exdirector del PAN, Rafael Guardia, detenido en la prisión ‘La Gran Joya’, construida en el Gobierno de Martinelli, ha sido más directo en involucrarlo, al señalar que de los 4 mil millones gastados en su entidad, por lo menos 2 mil fueron pagados como coima al expresidente y su secretario privado, Adolfo de Obarrio, hoy requerido por la justicia, pero fuera del país. Además que entre los principales proveedores del PAN estaban los Supermercados 99 de propiedad del expresidente, un total de 42 en todo el país.

El flagelo de la corrupción mata muchas personas, porque les impide recibir la debida atención médica; atrasa a los pueblos, porque impide que los niveles de la educación pública sean parecidos a la educación privada. Muchos otros males causa, afectando a los más pobres. Se estima que durante el Gobierno de Martinelli se robaron o dilapidaron más de $5000 millones. En 2009, al asumir al poder, Panamá tenía 10 mil millones de deuda externa; duplicada en el quinquenio anterior.

Ojalá que persistamos en la lucha global contra la corrupción y logremos que la misma no sea únicamente enunciados de buenas prácticas e hipócritas declaraciones que nunca se concretizan, porque para los políticos es mejor permitirla solapadamente, para que así puedan perpetuarse en el poder como ha ocurrido en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Nicaragua, y gracias a Dios, no ocurrió en Panamá.

Existe una vieja y jocosa anécdota sobre un personaje al que cada vez que se le preguntaba ¿cuándo se graduaría de la universidad? respondía que solo le faltaba una materia. Así pasaban los años y él repetía lo mismo, hasta que sus allegados concluyeron que la materia que le faltaba era la gris.

Durante la última década vimos cómo los gobiernos de turno hicieron “reformas” al Código Fiscal, que a su vez iban reformando, a diestra y siniestra, con otros cambios. De manera que todavía parece subsistir ese afán de jugar a las “reformas”, quizás porque muchos funcionarios de la pasada administración CD/panameñismo (coautores de esos cambios) son los que ahora tienen en sus manos la hacienda pública y la política fiscal del Estado panameño.

A finales del año 2014, el nuevo Gobierno comenzó con un premio a los morosos e irresponsable mediante una “Ley de moratoria” para el pago de impuestos; luego se presentó un proyecto de ley que pretende modificar el Código Fiscal en materia de avalúos inmobiliarios; otro de “equiparación” impositiva de las bebidas alcohólicas (licores y cervezas), y ahora se plantea un aumento al impuesto al consumo de derivados del petróleo para destinarlo a un supuesto ajuste salarial para algunos sectores de pensionados y jubilados.

Sobre el tema de la política fiscal ya se ha dicho que el sistema tributario local no aguanta más parches reformatorios y que se requiere de un Código Tributario, no solo por las formalidades y solemnidades propias de los tributos, sino por la esencia y coherencia jurídica/económica con la que se deben legislar los impuestos, tasas y contribuciones (tributo), ya sea de orden nacional o municipal.

En la materia de tributos se enseña la importancia del estudio de la elasticidad, regresividad, repercusiones, efectividad, etc., que estos deben tener; y se destacan los impuestos al consumo como los más regresivos, en nuestro caso a la gasolina y demás derivados del petróleo.

Así, flaco favor le harán a los pensionados y jubilados (favorecidos o no) al incrementar sus pensiones mediante un incremento al impuesto de los combustibles, porque aunque por una parte les den $50.00 o $20.00 adicionales, el costo de la canasta básica y demás bienes y servicios aumentarán, sin duda alguna. Como decía la abuelita: “Saldrá más caro la mecha que el candil” o “no me ayude compadre”.

En conclusión, la política fiscal no es asunto de ocurrencias, por ende, la política tributaria no debe estar sujeta a improvisaciones pues seguiríamos en “más de lo mismo” (reformas de reformas) para, supuestamente, salir del paso cuando en realidad nos hundimos más.

Por ello hay que actuar con responsabilidad y eliminar toda esa tanda de subsidios injustificados, igual que el número plural de exoneraciones tributarias que perforan más el sistema tributario (renta, inmuebles, v.gr.).

También se podría exonerar a los pensionados y jubilados del pago de la cuota de Seguro Social (basada en ingresos brutos) lo que sería una forma de aumentarle su entrada personal, esto es, sin perjuicio de que el aumento sea complementado (total o parcial) con las cada vez más crecientes “partidas” asignadas a los diputados, a lo que –seguro– ningún de ellos se opondría.

Estos ejemplos son menos regresivos que aplicar nuevos impuestos. Que no falte la materia… tributaria.

Una de las definiciones de la palabra “política” la describe como el arte de gobernar. Pese a que el término no es nocivo en sí, el escepticismo de la ciudadanía en quienes ejercen ese poder en Panamá hace que sea difícil reconocer que se trata de un proceso de negociación y de pugna ideológica necesarios para el ejercicio de la democracia.

Ha sido el formato, consistente y repetitivo, el que los partidos ganadores de las contiendas electorales utilicen su mando político para lograr poder económico y obtener acceso al botín de la victoria, lo que desprestigia el uso del término. Además, como se requieren enormes sumas de dinero para participar en las campañas electorales, esto bloquea la posibilidad de competidores emergentes, lo que fomenta el continuismo.

La revelación de los actos de corrupción, el requerimiento por parte de las autoridades de los implicados y el nombramiento de personas de solvencia moral y profesional en los cargos de contralor y procuradora de la nación actúan como ligeros alicientes para la ciudadanía, pero no calman la desconfianza en las autoridades ni corrigen la génesis de un problema tan arraigado en el país. Se podría decir que casi es una tradición en las prácticas de las autoridades.

Para acabar con la corrupción generalizada en los órganos del Estado durante el gobierno anterior, que penetró inclusive el sistema judicial, se requieren importantes reformas a la Constitución. Estas pudieran desarrollarse mientras se lleva a cabo la Concertación Nacional para el Desarrollo, porque el diálogo debe ser permanente en todo Estado democrático y ambas acciones se encaminan a implementar la justicia.

La transformación del dinero público en propiedad privada niega recursos a la consecución de objetivos en materia de educación y salud. La canalización de los fondos estatales en proyectos de alto perfil con sobrecostos agregados ha revelado su efecto final en las finanzas públicas. La corrupción a gran escala perjudica a la economía, promueve la injusticia y empobrece a toda la población y causa graves repercusiones sociales en la comunidad, ampliando la brecha de desigualdad entre ricos y pobres. Estos últimos no pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, transporte o medicamentos, lo que a su vez promueve la delincuencia y un estado de inseguridad. Así, los ciudadanos ven cómo su calidad de vida empeora día a día.

La corrupción es un problema extremadamente difícil de contrarrestar, incluso en los gobiernos democráticos, por eso es necesario diseñar una estructura legislativa e introducir los cambios necesarios en materia judicial que aseguren el debido cumplimiento de los procesos, reduzcan la tentación de incurrir en el enriquecimiento ilícito y la posibilidad de las autoridades en privilegiar los intereses particulares por encima del bienestar popular. Pero mientras que los controles teóricos no se materialicen en una constituyente, pensar en contrarrestar la corrupción sigue siendo una quimera.

La corrupción en Panamá es de vieja data. Si revisamos la historia política del país a partir de la separación de Colombia, veremos que por un lado fuimos afortunados en nuestros anhelos de secesión.

El rechazo del Tratado Herrán-Hay por parte del Senado colombiano fue una coyuntura favorable para que Estados Unidos –que tenía interés en la construcción del Canal– apoyara nuestra causa separatista. De otro modo, Colombia habría perpetuado su presencia en el istmo, con todas las humillaciones de que éramos víctimas.

Es innegable que algunos de los llamados próceres expusieron su integridad física cuando esa causa estaba en ciernes, pero cristalizó con la intervención estadounidense, que fue el desenlace propicio para la fundación de la nueva República independiente, aunque, claro está, mediatizada hasta la desaparición del colonialismo.

A lo que debo referirme es que en ese ajedrez político de 1903, la naciente oligarquía se repartió la riqueza nacional desde el poder, y se perpetuó en cada torneo electoral en que fue nula la opinión del electorado. Y Estados Unidos no dejó de intervenir para mantener sus intereses hegemónicos.

De esta forma, una oligarquía fuerte e inamovible clavó sus anclas en el poder ejerciendo actos de corrupción de toda clase. Mientras, los de abajo, los desheredados de la fortuna, eran seducidos por los partidos políticos de su propia costura. Así, por muchos años el pueblo no pudo contar con partidos ideológicos que velaran por sus propios intereses.

Escasamente, el Dr. Demetrio A. Porras logró inspirar cierta confianza en los sectores rurales y de la ciudad y con algún esfuerzo electoral logró llevar al hemiciclo legislativo a ciertas figuras de su Partido Socialista. Estos también, desde otras trincheras independientes, descollaron después como diputados progresistas.

Pero aun con esas variantes, el panorama político no dejaba de dibujarse corrupto y los llamados “rabiblancos” seguían mandando en cada cuatrienio.

No todo fue en vano. Alguna inspiración redentora inyectaron en las masas irredentas los exiliados de Franco y aunque sus ideas eran anárquicas, sus inquietudes coincidían con las que mantenían en alto los socialistas y comunistas, cuando ya, pasada la Segunda Guerra Mundial, se empezaba a definir el camino democrático, con el estallido de la Federación de Estudiantes de Panamá y el Frente Patriótico de la Juventud. Cuando este se constituyó en partido político, alguna evolución positiva se observó en la conciencia del pueblo, porque ya la oligarquía en el poder empezaba a resquebrajarse.

A pesar de estos altos y bajos, en el Panamá actual persiste la corrupción, sobre todo en las capas altas. Su poder mágico de seducción sigue corrompiendo a los de abajo. Y, por lo que observo ahora, pasará mucho tiempo antes de que el poder político se adecente de verdad.