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No soy xenofóbica. Aclaro esto antes de que se me acuse de chauvinismo, por manifestar mi pensar y el de muchos panameños en esta opinión.

El control migratorio se ha convertido en una necesidad real e imperiosa en nuestro país. En los últimos años hemos visto cómo una descontrolada invasión de inmigrantes se ha instalado aquí en busca de una mejor calidad de vida. Según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, en el último quinquenio se legalizaron más de 72 mil personas y se expidieron más de 40 mil permisos de residencia y trabajo a extranjeros que se han establecido de forma temporal o permanente. Muchos de ellos poseen visa de turista y una vez dentro del territorio nacional cambian su estatus migratorio. Las naciones que generan más inmigrantes son: Colombia, Venezuela, República Dominicana y Nicaragua.

En Panamá las leyes de inmigración son abiertas y flexibles. Fenómeno que impulsó el programa Crisol de Razas, creado en la administración del expresidente Ricardo Martinelli.

Mientras que países desarrollados, como Brasil, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, etc. tienen políticas de inmigración selectiva, el nuestro prefirió abrirle las puertas a toda clase de extranjeros, sin visa y sin que importara su solvencia económica. Esto, más que un evento favorable para contribuir con el crecimiento económico genera algunos efectos negativos, porque muchos de los que se benefician de estas legalizaciones son personas que poco pueden aportar al progreso del país, mientras que a otras se les relaciona con el mal vivir y traen consigo nuevas modalidades delictivas.

No nos oponemos a que esta nación reciba a inmigrantes, pero debe hacerse con mayores controles y selectividad, considerando los méritos de quienes buscan legalizarse. Sin duda, la inmigración indiscriminada perjudica a numerosos nacionales y se manifiesta en hechos concretos, por ejemplo, contribuye al colapso de los sistemas sanitarios, educativos y de transporte; desplaza la mano de obra local, simple o calificada (soy testigo de que algunos puestos de trabajo los acaparan extranjeros –a pesar de que hay panameños capaces– por una menor oferta salarial y la evasión del pago de obligaciones patronales); introduce nuevas prácticas delictivas; incrementa el costo de la vida; produce un aumento poblacional –no por nacimientos nativos– que supone una carga para el Estado, porque debe disponer más recursos para prestarle los servicios básicos, y algunos de ellos también reciben ciertos subsidios (beca universal) en detrimento de estudiantes panameños.

El proyecto de ley 62, entre cuyos objetivos está la eliminación del programa Crisol de Razas, lejos de tener un tufo xenofóbico procura que haya una mayor seriedad en los controles de ingreso de extranjeros al país. El Estado debe velar para que los ciudadanos de este país sean productivos y mejoren su calidad de vida. Es injusto que se les reduzcan las oportunidades laborales a la vez que se encarece la vida y se saturan los sistemas públicos y que, además, tengan que soportar infortunadas ofensas a través de las redes sociales.

Es inaceptable que grupos de “no nacionales” le exijan a las autoridades panameñas que intervengan en los asuntos internos de sus respectivos países de origen. Además, es abusivo que grupos de extranjeros pretendan influir en nuestros procesos electorales –tal cual sucedió en las pasadas elecciones– manifestando su abierto apoyo a determinados excandidatos o buscando perjudicar a otros (recordemos el caso del grupo de jóvenes detenidos por el trabajo sucio durante el cierre de campaña del actual presidente).

Por otra parte, durante la discusión del mencionado proyecto de ley 62 en la Asamblea Nacional, las declaraciones de la diputada Zulay Rodríguez Lu se tergiversaron, al punto de que la Cancillería colombiana elaborara una carta de rechazo a las supuestas declaraciones discriminatorias contra colombianos.

Sobre este particular, es innegable calificar de “escorias” a aquellas personas que delinquen en otros países. Cuando se vive o se está de visita en otra tierra, se debe respetar las leyes, las costumbres, a los nacionales y tener un comportamiento ejemplar. Si no se es capaz de ello, es mejor regresar a la tierra natal y no importunar a quienes sí tienen el derecho legítimo de estar aquí.

En días pasados leí una información de la periodista Aminta Bustamante quien, con claridad y elocuencia, narró el bochornoso debate del proyecto 62 sobre el llamado “Crisol de razas”, y cómo los xenófobos de turno –con el odio reflejado en sus pupilas– volvieron a arremeter contra los extranjeros y panameños nacionalizados. Esto en contubernio taimado con quienes ese día solo dejaron pasar a las turbas irresponsables y le prohibieron la entrada de aquellos que no apoyaban sus irresponsables pronunciamientos.

Con la bandera del supuesto nacionalismo, dejaron ver con claridad sus verdaderas intenciones, su falta de amor al prójimo, su chovinismo y su mentira. Si de veras odiaran tanto al extranjero no lucirían las prendas ni las ropas importadas que usan; se trasladarían a pie pues los suntuosos vehículos que conducen se fabrican en otros países; no harían viajes de vacaciones al exterior; no comprarían ningún producto que no sea del país, etc. etc.

Panamá tiene claras leyes migratorias y de todo tipo. ¡Háganlas cumplir! Y desaparecerán los delincuentes extranjeros y nacionales. ¿Qué posible turista digno visitaría el país con esta propaganda tan bien montada contra el foráneo?

La xenofobia no es más que una variante del racismo y del fascismo. No podemos darnos el lujo de insultar y despreciar a la gente que nació fuera de nuestras fronteras, porque en todo tiempo, pero más en el mundo actual, “todos necesitamos de todos”.

Imaginen, por un momento, que los pueblos y gobiernos pensaran igual que estos xenófobos: ¿A quién le exportaríamos los productos nacionales? y, sobre todo, ¿a quién le importaríamos las prendas, la ropa, los autos, las medicinas, los electrodomésticos? … Aun estaríamos en la edad de piedra.

Por fortuna, aunque hacen daño y confunden a mucha gente, los xenófobos son unos pocos y se conocen bien. Esperamos que los gobiernos no les sigan el juego.

Ojalá nunca tengamos que padecer una catástrofe natural severa o una pandemia generalizada, como ha ocurrido en otros países con el ébola, por ejemplo. De ocurrir, entonces clamaríamos ayuda a nuestros “hermanos extranjeros”. Esta última reflexión la dirijo al pueblo más humilde que, por ignorancia, le ha seguido el juego a estos “honorables señores y señoras”, pues ellos, en caso de suceder esa desgracia volarían de inmediato al extranjero (que hoy desprecian), porque tienen los medios para hacerlo.

Para concluir, quiero que todos los confundidos, o no, recapaciten sobre lo siguiente: Recuerden que absolutamente todos los seres humanos procedemos del mismo lugar, es decir, de las entrañas de nuestras queridas madres, sean blancas, negras, mestizas, amarillas o rojas, pero madres al fin, y que como tales merecen respeto y cariño.

El compromiso gubernamental del llamado a una asamblea constituyente paralela debe arrancar a mediados de este año, aunque el presidente Juan Carlos Varela ha señalado que “todo va a depender del ambiente político en el que esté el  país, del nivel y consenso de diálogo”, pues no ve la constituyente como una competencia democrática. Estas posiciones se pueden fundamentar en el evidente desapego social hacia la necesidad de un proceso constituyente. Nadie ve a la sociedad, en general, pedirlo; solo algunos grupos organizados, que más que todo buscan un proceso originario, como si tal cosa dependiera del Presidente. No obstante, este desapego social no le resta relevancia a la imperiosa necesidad de un ejercicio político nacional que nos brinde la oportunidad de establecer las bases de una nación con verdadero estado de derecho.

No obstante, suponiendo que el consenso previo se logre y que los actores sociales y políticos demuestren interés y compromiso con el llamamiento a una constituyente paralela, uno de los tópicos a considerar es el de los requisitos para la selección de los constituyentes que la conformarán, quienes según el Art. 314 de la Constitución, serán 60. Acerca de su elección la Constitución deja su reglamentación al Tribunal Electoral (TE). Esto es una seria falencia, pues al menos se debieron establecer los requisitos mínimos.

Sabemos que el TE lleva meses trabajando un proyecto de reglamento que será presentado a los partidos políticos y la Comisión de Reformas Electorales. En este sentido, no cabe duda de que está por abrirse un gran debate, sin embargo, es fundamental que con la debida previsión, aportemos a la definición de un perfil que garantice que los mejores hombres y mujeres panameños lleguen a ese sitial, para que representen no los intereses del pueblo, como se tiende a argumentar, sino las aspiraciones de la nación panameña.

Propongo que sean panameños (as) por nacimiento, con edad mínima de 30 años, con título universitario o cursando dichos estudios. No podemos restringir esto solo a los abogados o politólogos, una constituyente es abierta y los miembros armarán equipos de asesores, en los que habrá profesionales del derecho y otras disciplinas.

Deben ser ciudadanos (as) en ejercicio de sus derechos civiles y políticos; no haber sido procesados por delito alguno, ni condenados (requerimos personas probas en todos los aspectos).

Tampoco deben haber ocupado cargos de elección popular en los pasados tres períodos presidenciales (1999, 2004, 2009), ni cargos de mando o jurisdicción en esos períodos. ¿Por qué?, porque se debe evitar que el conflicto de interés moral y político afecte el proceso. No es que quiera incluir en una sola bolsa a todos, pero existe mucho descontento debido a la gestión de muchos funcionarios que ocuparon cargos de envergadura, y lo mejor es no dar paso a una deslegitimación previa del proceso.

Sumado a lo anterior, propongo que el constituyente no tenga parentesco, dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, con el Presidente de la República ni los diputados de la Asamblea Nacional y, por supuesto, que sea residente, con al menos tres años previos a la postulación, en la circunscripción que el TE determine como base para su escogencia.

Los ciudadanos debemos prestarle atención a este tema y aportar a tiempo, si es que de verdad aspiramos a que las curules constituyentes sean cubiertas por mujeres y hombres comprometidos con la nación y sus aspiraciones.

La Asamblea Nacional es una cajita de sorpresas. Así como propuso la ley del “bono” para los gorditos” o una ley “antipiropos”, en el caso penal que le seguía al magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna, fue capaz, en tiempo récord, de alcanzar un acuerdo político “no compatible” con el deseo de justicia de grandes sectores de la sociedad, pero apegado a la legalidad, al amparo de las normas y los procedimientos del sistema procesal acusatorio.

Tal vez debamos aceptarlo, por tratarse de un caso en el que se logró justo lo posible, en función al prestigio de sus protagonistas principales, o al divisionismo del Legislativo, pues queda la impresión de que, a fin de cuentas, Moncada Luna terminó siendo sacrificado como “chivo expiatorio”.

No veo, a corto plazo, en el horizonte otro caso en que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus funciones judiciales, le toque hacer justicia.

Desde todo punto de vista, sería una lástima, pues con la experiencia que alcanzó el fiscal y el tribunal de garantías, podríamos tener la seguridad de que “al que sienten en el banquillo de los acusados, terminaría encarcelado”. Con todo y las críticas, con esta actuación la cara de la Asamblea quedó lavada, en parte.

Contrario a lo que muchos pudieran opinar, creo que es posible realizar un juicio político justo. Con la aplicación de la ley penal, en el ámbito de la justicia ordinaria, se ponen en movimiento poderosos resortes políticos, que son los que al final justifican el horror del sistema penitenciario.

En la actividad de administrar justicia, la fórmula que se aplique la fija antes el legislador. Así pues, el juzgador que ejerce “la autoridad” necesaria solo se limita a aplicarla al caso concreto, con el riesgo de caer en abusos y arbitrariedades, si supera lo parámetros legales establecidos.

El acuerdo en mención no puede impedir la intervención de la jurisdicción especial de cuentas, espacio en el que la administración tiene como principal función perseguir las lesiones patrimoniales, imponiéndole al presunto infractor el decomiso de los bienes “mal habidos” como sanción. De modo que la sanción que la Asamblea le imponga a Moncada Luna, recaerá sobre los actos u omisiones que lesionaron o pusieron en peligro los valores jurídicos protegidos por la norma penal. No hay irrupción en el espacio de otro órgano del Estado, si la autoridad dispusiera que la lesión patrimonial provocada debe ser remitida a la Fiscalía de Cuentas para el deslinde de la responsabilidad correspondiente.

El acuerdo que se alcanzó, en este caso, es legalmente justo. La decisión de recuperar el patrimonio estatal despojado, escapa de la competencia de la Asamblea Nacional y al acuerdo alcanzado.

Una gran expectativa generó el procesamiento criminal al magistrado separado Alejandro Moncada Luna Carvajal, por los delitos de enriquecimiento injustificado, falsedad de documentos, blanqueo de capitales y corrupción.

La noticia de un acuerdo entre el imputado y la fiscalía, representada en la figura de Pedro Miguel González, en el que Moncada Luna se declara culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos, con una sanción de 60 meses de prisión, como pena principal y penas accesorias de inhabilitación para ejercer funciones públicas, por igual período, y el decomiso de dos apartamentos, constituye un hecho sin precedentes y de suma importancia en el adecentamiento de la democracia, en nuestra opinión. Sin embargo, abre el compás para el necesario y obligante debate sobre la funcionalidad o disfuncionalidad del sistema, es decir, si el mismo es eficaz y adecuado a sus fines. En el caso que nos ocupa, si la Asamblea Nacional es apta para ejercer la delicada función de administrar justicia.

Se ha mencionado que entre las consideraciones que llevaron al fiscal designado a proponer un acuerdo al justiciable, como método de solución alterno a la justicia penal, jugó en contra el hecho de que, pese al caudal probatorio en el que sustentaba su teoría del caso, no contaba con los votos suficientes de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, necesarios para obtener un veredicto de culpabilidad en contra de Moncada Luna.

Si tomamos en cuenta que el referido acuerdo no tiene como elemento legitimador, la colaboración del procesado en el desarrollo de las investigaciones ni el arrepentimiento del procesado ni la concurrencia de alguna circunstancia atenuante del delito; pareciera que cobra vigencia la tesis sobre la posible insuficiencia de votos para lograr un veredicto de culpabilidad, debido a que algunos miembros de la Asamblea Nacional como instancia judicial, similar a la institución del jurado de conciencia, cuyas decisiones se toman por la íntima convicción de la mayoría (en este caso calificada), decidieron no despojarse de sus lineamientos formales-abstractos, de naturaleza exclusivamente políticos, y obviaron asumir con pundonor la responsabilidad cívica e histórica de administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

Por otra parte, digamos que la posición inicial de seguridad y hasta de desafío asumida por la defensa de Moncada Luna sucumbió ante la salida intempestiva del escenario político de los altos dignatarios de la pasada administración, estremecidos por la telaraña de denuncias e investigaciones por actos de corrupción, lo que es posible sembró dudas razonables –en la defensa del procesado– respecto del éxito de una estrategia de defensa enfocada en el manejo político del caso, lo que también llevó al procesado a optar por la aceptación del acuerdo.

Los anteriores extremos no hacen más que demostrar la disfuncionalidad del sistema, pues, si de lo que se trataba era de que la Asamblea Nacional ejerciera funciones judiciales de conformidad a lo previsto en el artículo 160 de la Constitución Política de la República de Panamá, entonces el debate debió plantearse en el plano jurídico-judicial y no en el político.

Si bien, el proceso al magistrado separado Moncada Luna y su desenlace constituyó un ejercicio interesante contra la corrupción, en mi criterio, no es suficiente. Pues, aun cuando, a nuestro juicio, la sociedad, ha mandado un mensaje “alto y claro”, digamos que, por ventura o fortuna, se obtuvo un resultado “aceptable”. Sin embargo, la aspiración de justicia, como función sensible y pretensión genuina de toda sociedad, no debe depender en lo absoluto de la suerte o el azar, ni de la política. De ahí la importancia de hacer funcionales las instituciones.