Delincuentes redomados
Los actos de corrupción en que incurrió el magistrado separado Alejandro Moncada Luna son apenas una ínfima muestra de lo actuado durante el pasado régimen. Gracias al nuevo gobierno, ahora se empiezan a investigar los ilícitos y a sancionar a los responsables, de acuerdo lo que estipula el sistema penal.
Es cierto que el sistema jurídico, según está estructurado, tiene problemas por razón del amiguismo y la complicidad. Sin embargo, confío en que no faltará voluntad para lograr que se apliquen penas severas, conforme a la gravedad de lo actuado. En el caso del magistrado separado, es de suponer que si las autoridades analizan el largo rosario de delitos que cometió, obtendrán un listado de involucrados a medida que vayan profundizando las investigaciones y consideren todos los elementos en juego.
Es importante que la sociedad, en general, no se quede cruzada de brazos ni se muestre conforme con lo que digan los investigadores en cada caso. Debemos exigir que ellos agoten todas las pesquisas hasta llegar a los cómplices ocultos, y además que se reintegre al tesoro nacional el patrimonio mal habido.
Da lástima ver, por decir lo menos, el estado en que se encuentran muchos centros educativos, al punto de que el Ministerio de Educación ha retrasado el inicio del año escolar en varios planteles durante el tiempo que se hagan los arreglos necesarios. En tanto, la exministra del ramo Lucy Molinar enfrenta una denuncia de la Asociación de Profesores de la República de Panamá por posibles irregularidades en el contrato para la construcción de 30 aulas a un costo de $3.8 millones (La Prensa, 10/2/2015).
Hechos similares vemos en otros ámbitos. En el sector salud, por ejemplo, se vivió un desastre, porque a los pacientes no se les brindaba buena atención ni siquiera los medicamentos que requerían. Por esa causa, la cifra de fallecimientos aumenta cada día. Tampoco se salvó la Caja de Seguro Social (CSS), cuyos funcionarios le dieron la espalda a las dolencias de los asegurados, con la excusa de carencia de recursos económicos y amagando con otras medidas antihumanas relacionadas con el manejo de la cuota obrero-patronal. Además, hasta el momento ni el gobierno ni la CSS han encontrado una fórmula justa que permita un ajuste salarial razonable a los jubilados.
El punto es que la abundante información relacionada a los malos manejos durante la pasada administración de gobierno debe impulsar a los ciudadanos a incorporarse, con civismo, a la lucha por el adecentamiento de la sociedad, en procura de que todos esos delitos no queden impunes. Por último, destaco la labor de la prensa libre que ha sabido desenmascarar a los bandoleros de cuello blanco.