Listado de la categoría: Articulo

El proyecto de ley 61 ha sido ratificado en primer debate, después de intensas revisiones por parte de los miembros de la Comisión de Salud, desde hace alrededor de seis meses, con la participación de un numeroso grupo de defensores de la niñez y la familia, frente a otro conformado por ONG liberales que difieren, en cuanto a los principios y la metodología, del objetivo de educación sobre los derechos sexuales para niños y jóvenes.

Los diputados de la Comisión de Salud –algunos de ellos médicos– eliminaron artículos que atentaban contra los derechos de la familia, los padres de familia, y de los menores de edad. Esos artículos, rechazados por una gran mayoría, provenían del documento Educación Integral en la Sexualidad, propiedad de una entidad internacional. Desde un principio solicitamos la eliminación de ese nombre para evitar conflictos, así como la obligación de seguir las enseñanzas contenidas en ese documento. Si la ley queda bajo ese nombre crearía problemas, pues algunos conceptos son contrarios al espíritu del proyecto modificado. En el articulado inicial se exigía que los educadores fueran entrenados en esa “educación integral en sexualidad”, cuyo principal objetivo era inducir a los niños, desde temprana edad, a conocer sus derechos y preferencias, es decir, si ser niño o niña, y otros que causarían la pérdida de la identidad y difieren con la moral y los valores de la familia.

En la Comisión de Salud se aclaró que el Ministerio de Educación ha impartido desde hace 30 años la educación sexual. Esta debe cumplir los principios pedagógicos, incluyendo la enseñanza a los jóvenes (según la edad apropiada) de cómo trabaja el sistema reproductivo y las consecuencias de iniciar relaciones a muy temprana edad. Este tipo de orientación debe dejar claros los efectos secundarios de las píldoras o inyecciones anticonceptivas, sobre todo, a edades tempranas. Enseñarle a las jóvenes a reconocer su ovulación, la planificación sexual natural y el método de Billings en todas las escuelas. También, motivar el deseo de respetar su propia dignidad y saber que el único método seguro es la abstinencia, inclusive para continuar una educación futura superior, y más importante aún, la educación en valores morales.

La Comisión de Salud supo dirimir las diferencias entre los grupos, gracias a la consulta. Esperamos que el proyecto de ley se siga depurando, pues todavía faltan ciertas aclaraciones, como el artículo 9, que permite la entrega de los anticonceptivos por “proveedores de servicios”, cuando estos deben ser recetados solo por médicos, previa evaluación de la paciente, y, además, que la relación del médico debe ser directa con el padre de familia, en caso de que la paciente sea menor, no a través de “escuelas de padres”. Y muy importante, eliminar la frase, “educación integral en la sexualidad”, incluida en los artículos 7 y 8 del proyecto de ley 61, tal como se acordó en el primer debate.

El Estado panameño no debe comprar anticonceptivos para entregarlos, gratis, en los centros de salud o en las escuelas. Esos recursos deberían ser utilizados por el Ministerio de Salud para detener el contagio del VIH, contactando a las parejas de los portadores detectados y avisándoles del posible contagio, como se hace en otros países. Dichos controles se pueden hacer con la colaboración de las universidades e informar a la comunidad joven acerca de las enfermedades sexuales que, inclusive si utilizan el condón, pueden contraer. El profiláctico reduce el riesgo, pero no lo elimina. De esta forma se promovería una conducta sexual sana entre los ciudadanos.

Un artículo que hace falta es el que condena al portador de VIH/sida, al no alertar de su padecimiento a la pareja con la que tiene relaciones.

Esperamos que se respete lo aprobado hasta ahora, y que se siga depurando el proyecto de ley. Tenemos la enorme oportunidad de pasar una legislación acorde a los principios éticos que exige la sociedad actual. Además, estamos en la mira de algunos países que esperan a ver cómo quedará redactado el articulado final, porque saben de nuestras luchas. Por eso, la Comisión de Salud tiene el reto y la responsabilidad de entregar una ley modelo para Panamá y América Latina, que plasme consideraciones tanto pedagógicas como de respeto a la moral y a los valores humanos.

 

En los diarios del pasado 13 de marzo apareció un “aviso” de la Dirección General de Ingresos (DGI) con el que se pretende intimidar a los contribuyentes que adeudan dinero al fisco en cualquier concepto impositivo. La sola iniciativa de cobro no es lo criticable, pero presenta fallas legales trascendentales para compeler legítimamente al pago de la deuda, por las siguientes razones:

1. Señala la propia DGI que se trata de un “aviso”. Los avisos no figuran expresamente en la ley como medios legalmente idóneos para la exigencia de deudas o interrupción de prescripciones; y, la DGI ni la Corte Suprema de Justicia han entrado en un análisis de fondo o exhaustivo de la frase “cualquiera actuación escrita” que aparece en algunos artículos del Código Fiscal.

2. Entrar en ese estudio conlleva, primero, una ponderación (formal y sustancial) “prueba de” para provocar o probar un hecho o situación jurídica; segundo, por lo que siendo materia probatoria, las normas también son de orden público que no pueden ser alteradas ni desconocidas por el funcionario; y tercero, porque los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley dice, so pena de que “con cualquiera actuación” desconozcan las garantías procesales del debido proceso.

3. Se invoca un artículo (1057v. CF) del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles (ITBMS) para abarcar a todas las situaciones de deudas tributarias cuando, sabido es, que en nuestra legislación cada impuesto tiene sus propias normas.

4. El Código Fiscal tiene un Libro de Procedimientos (VII) que le indica al funcionario cómo proceder procesalmente, también, en estos casos; y que lo remite a los “edictos”, su forma, solemnidad y efectos de su procedencia.

5. Se puede deber, pero la condición legal de “moroso” de una obligación es una situación de certeza jurídica aparte que conlleva al nacimiento del crédito (y el título ejecutivo de la deuda) que solo se alcanza cuando se cumplen los procedimientos y trámites de exigencia formal de la deuda que precisa el Código Fiscal, y no por cualquiera actuación amplia y genérica y/o mixta de un “aviso” periodístico.

6. Cabe advertir, porque es evidente, que se está violentando el propio artículo 21 del Decreto de Gabinete 109/70, al darse nombre y R.U.C. de los supuestos deudores, situación que solo es posible publicar por medio de edictos de emplazamientos o notificación y no por cualquiera actuación como se pretende afirmar. Estas mismas irregularidades (y advertencias de inconstitucionalidad no tramitadas) las vivimos con las publicaciones de los reavalúos sobre inmuebles, que pretendió la administración pasada.

La actual administración tributaria, al igual que la tuvo la DGI de Luis Cucalón, tiene todos los instrumentos y medios legales para proceder a exigir las deudas de impuestos, poner en estado jurídico de morosidad al contribuyente, configurar su título ejecutivo y, por medio del proceso, procedimiento y trámites del juicio por jurisdicción coactiva, entonces, hacer efectivo su crédito.

Dicho lo anterior, el referido “aviso” que ha difundido la DGI referente a deudas con el fisco, si carece del valor eficaz probatorio para poner en estado de morosidad a los contribuyentes, tampoco es legalmente idóneo para interrumpir las prescripciones de las obligaciones tributarias.

 

En la obra Sistema Penal Acusatorio y Nuevos Retos, compilada por mi amigo Fernando Velásquez Velásquez, para mí tal vez el más insigne penalista colombiano y un puntal referente del Derecho Penal en toda Hispanoamérica —en la que se recogen sesudos ensayos referidos al sistema penal acusatorio— Velásquez Velásquez presenta un ensayo que intituló “La Justicia Negociada: Un ejemplo del peligro de la privatización del proceso penal con el nuevo sistema”. En dicho ensayo, atisba conclusiones que me parecen aplicables al caso panameño y que he considerado prudente reproducir:

1. Estamos ante un infatigable círculo vicioso en lo que concierne a la evolución histórica del proceso penal. En la antigüedad, un proceso privado; y hoy, en la modernidad, se quiere retornar a dicho proceso como un instrumento utilitario llamado a brindar eficacia, así se tenga un Estado poderoso.

2. El aparato estatal está, como acontece con el nuestro, incapaz de procesar todos los casos penales que se producen en una sociedad de masas.

3. El sistema procesal penal de corte acusatorio es un híbrido en el cual se asientan las bases del sistema continental europeo con los aportes anglosajones que se injertan.

4. El sistema actual, ese híbrido, simplificador de la justicia penal, se logra erradicar los vicios detectados en la justicia penal, sino que se ocultan con la consiguiente renuncia a los principios propios del Estado de derecho.

5. La crisis no es tan solo de los modelos procesales, sino del entorno social, político, económico, etc., a los cuales hay que prestar singular atención.

6. La tentativa de introducir la justicia negociada ha sido un fracaso. Previsiones legales imprecisas, el sistema se toma inoperante con tantas excepciones, falta de preparación entre los funcionarios para administrar el instrumento. Se deja a un lado la Teoría Jurídica del Proceso Penal con un saldo lamentable para la cultura jurídica.

7. Los delincuentes más graves y las bandas criminales prefieren un juicio pletórico de garantías y no acuerdos o negociaciones.

8. Schunemann —maestro de maestros en Derecho Penal— ha sostenido que la justicia negociada ha entrado en una crisis profunda e incomparable justamente por la adopción del plea bargaining, una crisis de supervivencia, que no puede ser captada, o no quiere serlo, por los profesionales que actúan en el proceso.

9. Los institutos de las negociaciones o de los acuerdos de penas desquician todo el sistema de valores en el cual se inspira el proceso penal democrático y dentro del marco del Estado de derecho por cuanto desconocen los principios y las garantías que lo apuntalan y, además, se oponen a los dictados francos de la Carta Fundamental.

10. Dichos acuerdos o justicia negociada constituyen una renuncia a las conquistas fundamentales del Estado de derecho y violenta los principios liberales de dicho Estado.

11. La justicia negociada, los acuerdos, instauran una justicia procesal sin proceso y, por ende, sin garantías tradicionales e imponen, en sus formas, un patrón procesal muy inquisitivo.

Siendo así las cosas, entre tanto en Panamá, se ha levantado una muchedumbre que aplaude las supuestas bondades de la justicia negociada, tras el acuerdo de pena del exmagistrado Moncada Luna, en otras latitudes arrancan calurosos discursos —Colombia, Alemania, España, Argentina, etc.— que pone en sobremesa su inconstitucionalidad y su matiz acentuadamente inquisitivo, amén de su irracionalidad procesal.

La justicia negociada no es justicia, merced a que aflora ella en un escenario en donde el acusado —quien entra en el negocio de acordar una pena— se encuentra atrapado entre el poder del Estado poderoso que se impone y lo aplasta, por un lado, y por el otro, la inminente amenaza del dedo acusador del fiscal, quien le indica “o lo tomas o lo dejas, ya que podría irte peor por cuanto te espera una pena mayor”. En un escenario de cosas, como el que describo, toda oferta de pena, sin duda alguna, se apreciará de buena. Engaño que solamente las mentes ingenuas con inocente mirada aplaudirán, como “cosa buena”.

Y todo ello sin dejar de mencionar “la justicia de regaderas”. Aquella en la que al acusado se le imputa, por casi, todo los delitos que contiene el Código Penal. “Si no caes por todos, al menos caes por uno, pero al final te cojo”, con la agravante, como me comentaba Velásquez Velásquez, de presentarle hechos y circunstancias tan difusos como ambiguos. Ante una justicia acusatoria, en la que quien acusa, en lugar de esclarecer, confunde, no cabe la menor duda de que se retorna a los estados perversos del inquisitivismo: “Todo lo que diga el acusado podría ser usado en su contra”.

Queda abierto el debate.

 

Desde mi época universitaria, en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, aprendimos que en política, hacer oposición por oposición, sin proponer nada, te coloca en una situación de vacío tanto en lo ideológico como en lo programático. En consecuencia, proponerse como alternativa a algo, sea en política como en otros escenarios de la vida, es porque marca diferencias hacia algo nuevo y cualitativamente distinto. El cambio para que nada cambie, es una expresión de demagogia y conservadurismo perverso.

Desde la perspectiva de gobierno, no se trata de gobernar por gobernar, sino de puntualizar la diferencia con el pasado y desde el presente trabajar en la construcción de tiempos y espacios cualitativamente diferentes. Propicio, el marco anterior, para puntualizar realidades que como problemas se ubican en la lógica del trompo; damos vueltas y vueltas, y caemos siempre en el mismo de la circunferencia. Verbigracia, la educación, la seguridad ciudadana, la pobreza de nuestros hermanos originarios, trabajo decente, oportunidades para la juventud, la seguridad social, la democracia, el Estado de derecho, su institucionalidad jurídica y democrática, etc…

No existe, en el mundo del activismo societario, una dinámica programática y propositiva. No hay debate de fondo y la superficialidad reina y domina. El discurso político-partidario, es pura forma y nada de contenido programático. El principado de la doble moral, de por sí degradante, ha devenido natural y cínico.

En esta podredumbre del ser nacional, pocos son los ejemplos que han marcado las diferencia; por ejemplo, El pacto por la justicia; la Concertación Nacional. Ambos escenarios programáticos, afectados por el abandono y desidia de los gobernantes y hasta de sus propios interlocutores.

Justo reconocerle a los actuales gobernantes la apertura de espacios-tiempos, para volver las miradas sobre lo andado y corregir. ¿Pero hasta dónde llegará esta dinámica, sobre todo en materia institucional?, cuando las reglas del juego democrático, jurídico y social, político, etc., se han hecho vetustas, teniendo como matriz un orden constitucional que propende al no orden, a la tentaciones autoritarias y la dominancia de un relación de representación que termina dando o terminando en una relación de estados y súbditos.

El Gobierno anterior congeló el proyecto de ley relativo a crear un orden de participación ciudadana a todos los niveles, vías referéndums, plebiscitos. Igualmente, la administración pasada congeló la iniciativa ciudadana-popular de caminar hacia nuevos correlatos constitucionales, quedando en el refrigerador la novísima propuesta realizada por distinguidos juristas y ciudadanos.

Fui uno que adversé el argumento del Gobierno pasado, cuando quiso reducir a la Sociedad Civil su protagonismo de querer gobernar. En ese momento, fui Categórico al señalar que las democracias hoy se miden por su capacidad de extender y ampliar la participación ciudadana en los asuntos del Estado. Pero ¡ojo!, por estar viendo los árboles, nos perdemos en el bosque. Cierto que no podemos bajar la guardia en la lucha contra la corrupción, pero dónde queda la dinámica para perfeccionar nuestra institucionalidad. ¿Dónde están las propuestas?