Un nuevo reto para el país
El proyecto de ley 61 ha sido ratificado en primer debate, después de intensas revisiones por parte de los miembros de la Comisión de Salud, desde hace alrededor de seis meses, con la participación de un numeroso grupo de defensores de la niñez y la familia, frente a otro conformado por ONG liberales que difieren, en cuanto a los principios y la metodología, del objetivo de educación sobre los derechos sexuales para niños y jóvenes.
Los diputados de la Comisión de Salud –algunos de ellos médicos– eliminaron artículos que atentaban contra los derechos de la familia, los padres de familia, y de los menores de edad. Esos artículos, rechazados por una gran mayoría, provenían del documento Educación Integral en la Sexualidad, propiedad de una entidad internacional. Desde un principio solicitamos la eliminación de ese nombre para evitar conflictos, así como la obligación de seguir las enseñanzas contenidas en ese documento. Si la ley queda bajo ese nombre crearía problemas, pues algunos conceptos son contrarios al espíritu del proyecto modificado. En el articulado inicial se exigía que los educadores fueran entrenados en esa “educación integral en sexualidad”, cuyo principal objetivo era inducir a los niños, desde temprana edad, a conocer sus derechos y preferencias, es decir, si ser niño o niña, y otros que causarían la pérdida de la identidad y difieren con la moral y los valores de la familia.
En la Comisión de Salud se aclaró que el Ministerio de Educación ha impartido desde hace 30 años la educación sexual. Esta debe cumplir los principios pedagógicos, incluyendo la enseñanza a los jóvenes (según la edad apropiada) de cómo trabaja el sistema reproductivo y las consecuencias de iniciar relaciones a muy temprana edad. Este tipo de orientación debe dejar claros los efectos secundarios de las píldoras o inyecciones anticonceptivas, sobre todo, a edades tempranas. Enseñarle a las jóvenes a reconocer su ovulación, la planificación sexual natural y el método de Billings en todas las escuelas. También, motivar el deseo de respetar su propia dignidad y saber que el único método seguro es la abstinencia, inclusive para continuar una educación futura superior, y más importante aún, la educación en valores morales.
La Comisión de Salud supo dirimir las diferencias entre los grupos, gracias a la consulta. Esperamos que el proyecto de ley se siga depurando, pues todavía faltan ciertas aclaraciones, como el artículo 9, que permite la entrega de los anticonceptivos por “proveedores de servicios”, cuando estos deben ser recetados solo por médicos, previa evaluación de la paciente, y, además, que la relación del médico debe ser directa con el padre de familia, en caso de que la paciente sea menor, no a través de “escuelas de padres”. Y muy importante, eliminar la frase, “educación integral en la sexualidad”, incluida en los artículos 7 y 8 del proyecto de ley 61, tal como se acordó en el primer debate.
El Estado panameño no debe comprar anticonceptivos para entregarlos, gratis, en los centros de salud o en las escuelas. Esos recursos deberían ser utilizados por el Ministerio de Salud para detener el contagio del VIH, contactando a las parejas de los portadores detectados y avisándoles del posible contagio, como se hace en otros países. Dichos controles se pueden hacer con la colaboración de las universidades e informar a la comunidad joven acerca de las enfermedades sexuales que, inclusive si utilizan el condón, pueden contraer. El profiláctico reduce el riesgo, pero no lo elimina. De esta forma se promovería una conducta sexual sana entre los ciudadanos.
Un artículo que hace falta es el que condena al portador de VIH/sida, al no alertar de su padecimiento a la pareja con la que tiene relaciones.
Esperamos que se respete lo aprobado hasta ahora, y que se siga depurando el proyecto de ley. Tenemos la enorme oportunidad de pasar una legislación acorde a los principios éticos que exige la sociedad actual. Además, estamos en la mira de algunos países que esperan a ver cómo quedará redactado el articulado final, porque saben de nuestras luchas. Por eso, la Comisión de Salud tiene el reto y la responsabilidad de entregar una ley modelo para Panamá y América Latina, que plasme consideraciones tanto pedagógicas como de respeto a la moral y a los valores humanos.