Desde enero de 2010 hemos sido testigos de un proceso de deterioro institucional que se inició con la separación de la procuradora general de la Nación y el nombramiento de su reemplazo, que en menos de un año renunció como resultado de un escándalo sin precedentes.

Además, en ese mismo año se nombró a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en medio de los cuestionamientos de importantes organizaciones del país. Luego, uno de ellos tuvo que renunciar y el otro fue separado del cargo por escándalos vergonzosos, en ambos casos.

La Procuraduría General de la Nación ha sido dirigida por cuatro procuradores en un período de cinco años, y la Procuraduría de la Administración perdió toda la credibilidad tras su participación en la separación del cargo de la procuradora, en el año 2010. Todo este panorama provocó un deterioro no solo de la administración de justicia, sino de toda la institucionalidad democrática del país.

Ahora, el nuevo gobierno tiene una gran oportunidad. Antes de que termine el año se debe seleccionar a las personas que ocuparán los cargos de Procurador General de la Nación y Procurador de la Administración. A las nuevas autoridades les corresponde hacer una selección que les permita a estas instituciones recuperarse y levantarse de la parálisis en la que se encuentran.

Sin embargo, recuperar la maltrecha institucionalidad que hoy tenemos no solo se logra nombrando a excelentes profesionales, después de una iluminación divina o una buena decisión por parte del Presidente, sino que es importante la forma como se llegue a esta decisión, es decir, el método. Se dice que en democracia el mejor resultado es el que se ha logrado con las mejores reglas, por ello es importante que definan el mecanismo para la designación. La Comisión de Estado por la Justicia elaboró una propuesta de autorregulación que puede utilizarse como ejemplo.

Es fundamental que antes de que el Consejo de Gabinete acuerde con el Presidente de la República el nombramiento de los nuevos procuradores, se someta el tema a un período de consulta ciudadana. La Ley de Transparencia establece en su artículo 24: “Las instituciones del Estado en el ámbito nacional y local tendrán la obligación de permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de grupos de ciudadanos, mediante las modalidades de participación ciudadana que al efecto establece la presente ley”.

Por otra parte, en mayo de 2012 Panamá se incorporó a la Alianza para el Gobierno Abierto, y aceptó la declaración de principios que nos compromete como país a ser más transparentes y usar vías para solicitar la opinión ciudadana en la realización, el seguimiento y la evaluación de las actividades gubernamentales.

No solo se trata de la participación ciudadana que se debe dar en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, sino de que antes del nombramiento, por parte del Consejo de Gabinete, los ciudadanos tengamos la oportunidad de proponer candidatos a los cargos de Procurador General de la Nación y Procurador de la Administración, y opinar sobre la trayectoria, ejecutorias y honorabilidad de las personas que están siendo consideradas para estos puestos clave en la administración pública.

Los tiempos han cambiado y la Constitución ha quedado obsoleta. Hoy las democracias modernas requieren que los ciudadanos sean consultados en todos los actos de la administración pública, con mayor razón deben ser consultados al momento de seleccionar cargos como los de procuradores, contralor, magistrados de la Corte, entre otros.

Los abogados y en general los ciudadanos debemos ser escuchados al momento de la designación de los próximos procuradores. La legitimidad de los designados dependerá en gran parte de la forma transparente como sean elegidos.

El Presidente de la República puede actuar de la misma manera que sus antecesores o marcar la diferencia y mostrar al país lo que puede hacer un nuevo liderazgo político en pro del fortalecimiento de nuestra democracia, y de paso ir creando el ambiente propicio para dar inicio a ese proceso constituyente que todos esperamos.

Entre los principios y fines de la educación panameña contenidos en el texto único de la ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, el artículo 2 establece: “El ser humano es el sujeto y objeto de la educación y esta debe considerar los factores biopsicosociales de su formación y sus características, dentro de su contexto cultural”.

La educación sexual constituye un proceso formativo, dinámico y permanente, que promueve el desarrollo integral del ser humano, contribuyendo así al desarrollo social de su comunidad. Favorece, también, la internalización de valores relacionados al papel de los varones y las mujeres, sin estereotipos, en un marco de equidad.

Además, promueve el cuidado propio y el de las demás personas, fomenta la equidad de derechos y facilita el desarrollo de actitudes positivas en torno a la sexualidad.

La educación sexual se inicia desde que nacemos, a partir de los valores y pautas culturales y de conducta que nos transmiten en la familia y en todos los ámbitos de socialización primaria. Luego se amplía a la que recibimos en la escuela (de tipo formal) y a la que incorporamos a través de los medios de comunicación, la web y la publicidad, entre otros.

Es necesario señalar que si no se imparte la educación sexual formal en las escuelas, los jóvenes igual estarán expuestos a la de tipo informal.

El proyecto de ley 61, en su artículo 8, señala: “El diseño curricular será responsabilidad del Ministerio de Educación con el apoyo técnico del Ministerio de Salud, en concordancia con la etapa evolutiva en que se encuentren los y las estudiantes y cónsono con el respeto a la dignidad humana”.

Agrega que: “El Estado, para tales efectos, tendrá la responsabilidad de diseñar programas a fin de que la educación sea impartida a todo el personal administrativo, docente y educando, así como a los padres, madres, tutores o acudientes en los centros educativos de la República de Panamá, fortaleciendo así, la Dirección Nacional de Padres de Familia del Ministerio de Educación”.

Este señalamiento de la propuesta ley daría un paso inédito en la educación panameña en tanto que sitúa al padre de familia como el principal formador de sus hijos en lo que se refiere a la sexualidad y afectividad. Tomando en cuenta que la sexualidad y el amor son inseparables, y, más aún, que la sexualidad está al servicio del amor, los padres son los primeros educadores en el amor y, en consecuencia, en la sexualidad.

Por otro lado, el artículo 8 abre el espacio para que la educación sexual integral sea abordada desde una perspectiva transversal o como un espacio curricular específico, considerando, entre otros factores, la etapa de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes; sus necesidades, intereses y derechos; el nivel educativo y la formación y capacitación de los docentes para desarrollar esta tarea.

En tanto la escuela, representa el escenario institucional previsto por el Estado para garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y jóvenes en esta temática, es su responsabilidad garantizar los procesos permanentes de capacitación y formación sistemática para dotar a los docentes de las condiciones adecuadas para la enseñanza de contenidos de educación sexual integral. Su rol protagónico al momento de ofrecerle a los alumnos y alumnas las oportunidades formativas integrales en esta materia, obliga a diseñar acciones sistemáticas que le sirvan a los docentes para alcanzar una sólida formación integral inicial y una capacitación continua que comprenda, en primera instancia, la reflexión y problematización de saberes previos y representaciones sobre la sexualidad.

 María del Pilar Hurtado, exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, permanece en Panamá y no tiene intenciones de salir del país.

Así lo aseguró a este diario Raúl Olmos, abogado de Hurtado en Panamá.

El pasado jueves, la Cancillería panameña negó por segunda vez la solicitud que hizo Colombia para que Hurtado fuese extraditada a esa nación y juzgada por ordenar intervenciones telefónicas durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

Olmos detalló que fue informado por Horacio Arteaga, el esposo de Hurtado, de que esta aún sigue en Panamá.

Según Olmos, Hurtado no tiene intenciones de abandonar el país. “Hasta este momento, entiendo que no, no me lo han dicho, pero entiendo que no”, reiteró.

Hace unas semanas, informaciones extraoficiales indicaban que Hurtado estaba en Costa Rica solicitando asilo. No obstante, el Ministerio de Seguridad costarricense no confirmó esa versión, pero tampoco la descartó.

El abogado Olmos indicó que la próxima semana el equipo legal que representa a Hurtado en Panamá se reunirá para evaluar las siguientes acciones legales una vez que se notifiquen de lo decidido por la Cancillería panameña.

En ese sentido, Olmos indicó que “ella tiene derecho a que se le conceda un estatus migratorio como [a] cualquier otro extranjero”.

El abogado evitó revelar cuál sería la solicitud que harían ante el Servicio Nacional de Migración, para intentar legalizar el estatus de Hurtado en Panamá.

Para sustentar el derecho de legalizar el estatus de Hurtado, Olmos dijo que “desde que le dieron el asilo (2010) se ha comportado adecuadamente, tiene su familia en Panamá y está casada aquí”.

De acuerdo con Olmos, Arteaga tiene muchos años de vivir y tener un negocio en Panamá, del cual depende toda la familia.

El pasado 29 de mayo, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el asilo territorial otorgado a Hurtado el 19 de noviembre de 2010. Desde mayo del presente año tiene estatus de ilegal y se desconoce su paradero.

La justicia colombiana pidió su extradición para que enfrente cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, violación de comunicaciones, peculado por apropiación y falsedad.

HABLÓ HASTA COLOMBIA

Jaime Camacho, abogado de Hurtado en Colombia, dijo a la emisora La F.M. de ese país que se comunicó con la exjefa del DAS por WhatsApp y ella le aseguró que aún permanece en Panamá.

Camacho afirmó que María del Pilar Hurtado le manifestó que se enteró por los medios de comunicación de la decisión del gobierno del presidente Juan Carlos Varela de negar su extradición a Colombia.

El presidente de la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, Pedro Miguel González, afirmó que la próxima semana se retomarán las consultas al proyecto de ley de reformas electorales.

“Hemos conversado con los diputados de las bancada del PRD, panameñismo y el Partido Popular… y llegaremos a los consensos que sean necesarios con la sociedad civil, y con los magistrados del Tribunal Electoral (TE), de tal manera que se apruebe una ley que no genere ningún trauma”, expresó González.

Según el diputado, la intención es elaborar una ley que llene el vacío y que permita a los magistrados del TE entregar las credenciales a aquellos candidatos que fueron proclamados en los circuitos plurinominales y que no están directamente involucrados con las impugnaciones en sus circunscripciones electorales.

Precisó que otros aspectos de la propuesta como la descalificación de los candidatos proclamados a los que se les compruebe la causal de la impugnación y la entrega directa de la credenciales al que ocupó el segundo lugar en la votación del 4 de mayo pasado “pueden quedar para un debate en el futuro”.

Aseguró que el proyecto de ley tiene como objetivo que se le entreguen las credenciales a los diputados que no están impugnados en los plurinominales y que el mismo podría obtener el respaldo de diputados de Cambio Democrático (CD) dentro de la comisión legislativa de Gobierno.

Fernando Carrillo, jefe de la bancada de CD, reiteró que para este colectivo el proyecto de reformas electorales es “inoportuno”.

Por su parte, el magistrado del TE, Heriberto Araúz, sostuvo que mientras el proceso electoral esté abierto no se deben introducir reformas electorales. “Hay que esperar hasta enero y esperar presentar y discutir las propuestas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales”. El proyecto es “inoportuno”, agregó.

El Ministerio Público (MP) inició de oficio una investigación para determinar si hubo anomalías en los tres contratos que suscribió Panamá con el conglomerado italiano Finmeccanica, por 250 millones de dólares, para la compra de 19 radares, seis helicópteros y un mapa digital.

La procuradora general de la Nación, Ana Belfon, comunicó ayer que “se van a hacer las averiguaciones respecto a las irregularidades que se han planteado en el tema de la contratación”.

Belfon manifestó que el expediente fue asignado mediante reparto a la Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Lorena de Coronel.

A pesar de informar del inicio de la investigación, la Procuradora no brindó detalles de las diligencias a practicar ni si solicitarán información a las autoridades italianas.

El caso renace luego de que el pasado 5 de agosto, el Consejo de Gabinete anunció la suspensión del contrato suscrito con Selex, filial de Finmeccanica, en el que se establece la adquisición de 19 radares por 125 millones de dólares.

La decisión del presidente Juan Carlos Varela y sus ministros de Estado se dio debido a que siete de los 19 radares presentan algunas deficiencias.

Una de ellas, de acuerdo con la canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado, es que solo tienen alcance de 18 millas náuticas, cuando el contrato estipula 50 millas náuticas. Además, tampoco detectan embarcaciones menores a 82 pies.

GOBIERNO CONTRATARÁ ABOGADOS

Por medio de las resoluciones 148 y 149, publicadas ayer en Gaceta Oficial, el Consejo de Gabinete autorizó la contratación de abogados en Italia para representar a Panamá en los casos de Finmeccanica.

 La Resolución No. 148 autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores a contratar una firma legal para que actúe en el proceso penal o civil que se siga en Italia. En tanto, en la Resolución No. 149 se ordena al Ministerio de Seguridad a facilitar la documentación, dar seguimiento a las acciones legales y coordinar con el Ministerio Público las gestiones para la defensa de los intereses del Estado.