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Hablando de viviendas dignas como un derecho humano. En estos días en que los precaristas amenazan con cierres de calles por lograr un lote para levantar una vivienda digna, vale la pena resaltar lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en la Declaración Universal de los Derechos Humanos respecto a lo que representa este derecho en sí, el cual no solo implica tener cuatro paredes y un techo para refugiarse, sino también acceder a un hogar y a una comunidad que le ofrezca seguridad y tranquilidad a toda la familia, en la puedan convivir en paz, con dignidad y salud física y mental. Aunque se reconoce la necesidad de muchos panameños por obtener un espacio donde construir sus hogares hay que ser conscientes de que la invasión de tierras no ofrece las anteriores facultades.

Los medios de comunicación han publicitado la reciente instalación de la Comisión de Reformas Electorales, la que ahora –como medida que sigue a cada período electoral– retoma importancia y abre expectativas, tras haber transitado por un proceso cuestionado, cuyo saldo enseña lo frágil que son los mecanismos de elección. La fortaleza del sistema se hizo trizas con el empuje del autoritarismo y la debilidad de sus pilares, que creíamos muy fuertes.

Sin embargo, habría que decir que las elecciones por más transparentes, libres y competitivas que aparenten ser no garantizan el predominio del régimen democrático, lo simula y lo encubre, más bien. La democracia rebasa los límites de una coyuntura en la que se exponen proyectos políticos y se venden esperanzas con discursos y promesas incumplidas. Esta consideración, sin embargo, no demerita los esfuerzos por mejorar el andamiaje electoral.

Escoger entre la oferta a los que mediante el manejo de la cosa pública, hacen y deshacen, es un acto del que no hay que marginarse, pues incide en el porvenir de la gente. Pero, para tener resultados y no “arar en el mar”, hay que ir más allá de las meras formalidades. Se deben incorporar regulaciones cualitativas que den solidez institucional al modelo. Aunque esto no conducirá, per se, a la democratización, ayudará a construir el sustrato material que facilite igualar las condiciones para que los partidos y las personas que se agitan en los espacios electorales puedan competir sin que se les menoscaben las oportunidades.

Así, las responsabilidades políticas –más que los consensos de intereses sectarios– nos deben llevar a regulaciones precisas cónsonas a nuestra cultura política, entre otras, como aquella que trata el financiamiento de las campañas, el rol de la Fiscalía Electoral, así como el uso de los recursos del Estado. Este es un asunto que no solo debe prohibirse en las coyunturas preelectorales, sino impedirse de raíz por ser un mecanismo que lleva al enriquecimiento ilícito. Sobre esto, de usar y lucrar de los recursos públicos, resulta irrisorio conocer que después de lo ocurrido con los cargos convocados a nuevas elecciones, precisamente por ese delito, nos demos cuenta de que los mismos infractores (aquellos que ganaron), así como gran parte de los integrantes del Legislativo, a tan pocos días de tan sonados casos, reciban recursos del Estado, con el título de “bonos navideños de 25 mil dólares”, para emprender las acciones comunitarias de contenido clientelista.

Es necesario que las reformas electorales se hagan con la clara visión de que para la real democratización se debe actuar en todo el aparataje que incide en la dirección de la democracia. Quizás por esto es legítimo aquello de que llegó la hora de impulsar la constituyente, para que esta coloque sobre la mesa del debate y de las decisiones los asuntos de fondo, no solo las meras formalidades.

 

Hay que dar tiempo al tiempo y a las futuras actuaciones de nuestra corte de justicia, que no nos referimos a la Corte Suprema, sino a los que verdaderamente impulsan la justicia en Panamá. Todavía queremos y necesitamos conocer, de los posibles sobrecostos de un proyecto llamado el Metro. También, si los jamones de un legislador de El Chorrillo, conocido por sus fans como un buen muchacho, son adquisiciones legítimas, o es todo un fraude o engaño.

No nos vamos a quedar con esta, sino que somos consientes de que darle la espalda a la justicia es correr hacia el suicidio; particular o colectivo, como ya ha estado ocurriendo en los últimos 23 años. Tampoco podemos ser negativos ni fatalistas; atengámonos a los hechos.

En contubernio y como en un amasijo de cosas se realizaron pactos entre los poderes del Estado, que redoblaron la certeza de una casta dominante en el país, que no supera ni el 3.0%; una especie de titiriteros que condujo y guío a toda una población, ciega de poder, de conocimiento, de información y de lo que sería su vida y su futuro inmediato.

Todavía queremos conocer de si en el Canal de Panamá, existe una plutocracia, como lo dijera el constitucionalista Roberto Ricord. De si, mientras el 9 de enero los verdaderos panameños recuerdan a los caídos, en el Canal de Panamá otros de manera ilegítima se congratulan en sus cargos.

Queremos saber de si las jubilaciones en el Canal, son para asegurar el futuro de niños bonitos y en ningún momento sería para los hijos de la contadora que habita en los Barrios de Las Mañanitas, Torrijos Carter, Santa Librada, Ciudad Belén, solo para mencionar algunos. Quitémonos la careta y digamos a qué poderes respondemos. ‘Es que no podemos seguir viviendo en la hipocresía’. Si la justicia no los puede poner en su lugar, por lo menos tenemos la obligación de ayudarles a conocerse y revelar sus actuaciones.

En Panamá, a un ciudadano que vive en zona marginal, si infringe la Ley, esta no tarda en aplicarse. En los inicios del siglo XXI, donde el mundo está ‘patas para arriba’, una bailarina se atreve a utilizar las imágenes de verdaderas autoridades de la época; Nelson Mandela y Martin Luther King. Estos son extravíos, por no decir otra cosa. Y en Panamá una corte de angelitos, que todo indica que se apropiaron de nuestros millones (nuestro trabajo); mientras que, nosotros amanecemos cada día, persiguiendo a un bus para ir a un distante puesto de trabajo. Las piezas no encajan. Hay que reconocer la astucia de unos, la apatía, indolencia y el desconocimiento del país en que se vive. Hay muchos argumentos que respaldan esta postura. Por un lado trataron de borrar de la historia los eventos del 9 de enero (materia de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos).

Las nuevas generaciones (nuestros reemplazos) desconocen los pormenores de la Invasión de Estados Unidos. a Panamá. También a través de un plumazo y de manera ligera se quitó el ahorro de los niños en las escuelas. Es decir se cercena la oportunidad del ciudadano de adquirir el hábito del ahorro, para luego caer en las ventas a plazos con sobrepagos, o en el sistema bancario pagando altos intereses. Luego no puede comprar al contado, sus enseres y equipos más necesarios. Se benefician los que venden. Todo esto nos mueve a la reflexión. Si conocemos el problema y callamos, somos cómplices. Y si podemos evitarlo y no actuamos, somos malos. Se puede escoger el camino de la resistencia, sin violencia, o el de la nueva educación como aseguran los expertos. ¡Saludos a los amigos o enemigos¡

Panamá vive ahora absorta en sí misma. Al abrir la caja de Pandora de la perversión del gobierno de Ricardo Martinelli, los problemas son tantos que es difícil mirar a otro lado. El actual gobierno sabe que, por un lado, tiene la obligación de abrir los procesos que permitan esclarecer el monto del desfalco, señalar a los responsables del mismo y, en la medida de las posibilidades del desfallecido Órgano Judicial, llevarlos a los tribunales, y, por otro, le trae buenos réditos de imagen.

Este doloroso espectáculo sería más fácil si Martinelli no siguiera dinamitando la institucionalidad panameña desde dentro y desde fuera. También lo sería, si el nivel de cinismo no fuera tan descarado porque escuchar a la excontralora hablar de “salir por la puerta de enfrente” o criticando los nombramientos del nuevo gobierno solo sirve para confundir más a una opinión pública absolutamente absorta en el lamentable teatrillo de la pelea de gallos en la que se convirtió hace tiempo la política nacional.

La otra cara del sainete es la del rostro populista de Varela, con subsidios, visitas mesiánicas y gestos más simbólicos que reales. Mientras, la ampliación del Canal que un día pronosticó fallida el actual Presidente, camina a trancas y barrancas, y Panamá no mira hacia fuera lo suficiente para detectar las señales que avisan de una posible y profunda recesión.

El periodista y politólogo José Natanson señalaba en estos días analizando el futuro de Latinoamérica y el Caribe: “(…) con un barril de petróleo que hoy cotiza por debajo de los 100 dólares, cuando llegó a tocar los 160, el precio de la soja en caída y el comercio mundial estancado, la región ha superado la etapa de ‘crecimiento fácil’ y enfrenta un panorama más complicado, que se revela tanto en la intuición de que el ‘pico distributivo’ ha quedado atrás como en las mayores dificultades políticas que enfrentan los gobiernos de izquierda para conservar el poder”.

Panamá se juega cierto prestigio diplomático en la Cumbre de las Américas de abril, porque en ella se escenificará la nueva ruta que quieren transitar Cuba y Estados Unidos, pero hará falta mucho músculo político para preparar al país para las tormentas que se avecinan.

El crecimiento sostenido de Panamá se ha basado en una inversión pública desproporcionada y en una especulación inmobiliaria y hotelera que ha generado muchos puestos de empleo, pero que ha creado una infraestructura residencial elefantiásica y que ha encarecido la vida del ciudadano común a niveles insoportables. La realidad es que, fuera de eso, no se ha hecho nada. El sector agropecuario no ha recibido el apoyo necesario para dar un salto cualitativo y el país no produce casi nada. Costa Rica se dio cuenta hace tiempo que tenía que apostarle a sectores estratégicos –como el de las tecnologías– debido a su pequeño tamaño, pero Panamá no ha encontrado aún su nicho de crecimiento sostenible (más que sostenido) y eso es tarea de un gobierno que deberá ser visionario si quiere proyectar el futuro del país a 50 años.

Es evidente que la actual crisis mundial no es coyuntural, sino sistémica. Las turbulencias petroleras o la caída de los precios de las materias primas están golpeando con fuerza a los gigantes del Sur, que tampoco han aprovechado los años de bonanza para desarrollar un sector productivo, y parece poco probable que las economías asiáticas puedan tirar de las latinoamericanas hasta el infinito.

Los asuntos de la política nacional son clave, pero parte del equipo gubernamental debería estar trabajando con intensidad en el proyecto de futuro del país que, necesariamente, debe estar interconectado con la región y con el resto del mundo.

Panamá tiene los mimbres para ese gran proyecto. El polo de desarrollo académico, humanitario y de investigación de la Ciudad del Saber es un gran espacio para el debate y la consolidación de nuevas ideas para este país lleno de posibilidades. La experiencia del sector ecológico en Panamá también debería ser aprovechada para una estrategia en la que la naturaleza no sea esquilmada sino utilizada de forma inteligente para el turismo de calidad y la investigación.

El nuevo año, por tanto, es una oportunidad para que, al tiempo que se reconstruye la institucionalidad, se diseñe el proyecto económico-político del futuro. Pensar el país es un acto de responsabilidad.

Debido a los escándalos financieros que se ventilan, con gran prominencia, desde las últimas semanas a través de distintos medios de comunicación social, pareciera ser que hemos sido invadidos por seres de otro planeta, cuyos principios básicos consisten en la negación de las cosas positivas, la honestidad, las buenas costumbres y el respeto al derecho ajeno.

Es decir, de los valores que les permiten a las sociedades modernas vivir en armonía y respeto mutuo. Algo de lo que disfrutábamos en el pasado, tanto propios como extraños, en el territorio conocido como la República de Panamá.

No le encuentro otra explicación a la debacle que observamos en las más altas esferas gubernamentales, judiciales, legislativa o de cualquier otra índole del Estado, en la que el común denominador es la ausencia de honestidad en el manejo de los fondos públicos.

Prevalece la desfachatez en todos los casos expuestos al público, pues vemos cómo los funcionarios o exfuncionarios, compiten entre sí para ver quién sobresale entre los demás, haciendo alarde y demostración de los bienes muebles e inmuebles de alto valor financiero que cada uno disfruta, de forma injustificada, pues parece obvio que sus ingresos financieros legales no cubren los costos de adquisición y mantenimiento de esas propiedades que ostentan tan alegremente.

Se debilitan los esfuerzos encaminados a frenar los casos más sonados de enriquecimiento ilícito, y pareciera ser que si el funcionario investigado no acepta su responsabilidad por el aparente delito, no hay fórmula legal de castigarlo.

No soy abogado y, por lo tanto, no pretendo dar cátedra de cómo aplicar las leyes que correspondan a cada caso, pero se me ocurre una idea y, por sencilla que parezca, pudiera aclarar muchas dudas en torno a los funcionarios investigados.

¿Por qué no explican y justifican el origen de sus bienes, de manera que, se entienda su legal adquisición?

Si el funcionario es honesto, de verdad, no hay circunstancia alguna que le impida demostrarlo. Solo los que esperen hasta que las autoridades demuestren, con pruebas, su culpabilidad, siembran la duda sobre su inocencia.

¿Por qué no pueden hacer esto? Deben dar fe de su honestidad en el manejo de los fondos públicos que se les encomendó, por el respeto que se merecen sus familiares, amigos y la ciudadanía, en general.

Las leyes obligan a las autoridades a presentar pruebas de la culpabilidad del acusado, por esa razón es que se demoran las investigaciones. Entonces si yo sé que soy honesto, ¿por qué esperar tanto tiempo y causarle tanto sufrimiento moral a mis seres queridos, si tengo cómo demostrar mi inocencia?