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Esta cumbre se distinguirá porque a estas alturas nuestros países no saben dónde están, la arrogancia, la mentira y la falta de humildad formarán el conjunto que dominará las participaciones. Ustedes verán que los presidentes hablarán de lo bien que están haciendo las cosas en sus respectivos países, cuando todos sabemos que avanzamos, con respecto al primer mundo, con la velocidad de las cabalgaduras de Sancho y el Quijote. Los iberoamericanos estamos más derrotados que España, porque la mayoría de los jóvenes están estudiando carreras humanísticas como psicología y administración de negocios, como si acá todos estuviéramos locos o le debiéramos plata a alguien.

Cuando hable Maduro, panameños y panameñas se doblarán de la risa unos, y se aburrirá el resto, pues su discurso será de la época de los teléfonos de manivela; o sea, el mismo que nos ofrecieron los Codepadis cuando la izquierda latinoamericana le metió en la cabeza a Noriega, en 1989, que nosotros convertiríamos en añicos al ejercito de los Estados Unidos con las operaciones estratégicas de: Cutarra, ardilla, huevo de toro y Domitila.

Cuando hable el virrey Raúl Castro, no lo duden, ni mencionará las barbas congeladas de su hermano Fidel ni cuando competía en el paredón de La Cabaña con el Ché disparándoles a la cabeza a gente inocente. El Chino se limitará a defender —con cojones— la gran estafa de los Gobiernos totalitaristas en el mundo y que, así como Rusia le perdonó la deuda a Cuba de 29 mil millones de dólares, así mismo debiesen hacer los imperialistas Yankees con ellos.

Cuando Evo suba al escenario, después de haber visto lo que hizo Odebrecht en la Cinta Costera, no podrá articular palabra, pensando en los contenedores de hojas de coca que bien pudieron salir por el Pacífico que le tocaba a Bolivia, eso si Chile no les hubiese ganado la guerra que bautizaron los alemanes con el nombre del conflicto ‘salpeterkrieg’, porque fue por el salitre que se pelearon.

Para cuando le toque a los de Nicaragua, Ecuador, Brasil y Argentina, es decir: Bigotis Pinolero, Malcriadus locus, Petrubrasier y la Milonga sin sentimiento, yo estaré leyendo en mi hamaca de Cerro Marta y Juan Julio, donde descansa Torrijos, el último libro de Andrés Oppenheimer del título ¡Basta de historias!

Mientras a ustedes les recomiendo el informe de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, en donde se aprecia que la mayoría de las universidades latinoamericanas está llena de jóvenes procurando graduarse en carreras pendejas y otras que ofrecen poca salida laboral o están totalmente divorciadas de la economía del conocimiento del siglo XXI. Por suerte la Cumbre, para morirse de la risa, será de dos días.

¿Has tratado de estacionar en San Fernando últimamente? Es difícil conseguir estacionamientos, y eso que cobran. Muchos juegavivo estacionan allí y se van al Registro Público, a la notaría que está justo al lado de este, o a otras oficinas cercanas. El Hospital San Fernando ha invertido comprando terrenos hacia atrás, y los está acondicionando como estacionamientos para sus clientes. ¿Acaso usted se metió la mano al bolsillo para cooperar con Clínica Hospital San Fernando en la compra de los terrenos y la inversión que hizo en acondicionar esos terrenos para estacionamientos? ¿Quiénes se meterán la mano al bolsillo para pagar el impuesto de inmueble, gastos de iluminación, limpieza, mantenimiento y demás costos asociados a la operación de esos estacionamientos?

Si vamos al Hospital Punta Pacífica, allí siempre hubo problema de estacionamientos. Al lado está la Torre de las Américas, donde cobran $0.05/minuto y tampoco se encuentran estacionamientos. Muchas personas estacionan entonces en Multiplaza, a pesar de que allí también se cobra por estacionar, porque: i) sale más barato que estacionar en Torres de las Américas, y b) los estacionamientos de Torres de las Américas no se dan abasto. Siendo este el caso, si el Hospital Punta Pacífica no cobrase por los estacionamientos, muchos se estacionarían allí para cruzar a las Torres de las Américas.

Entendamos que los estacionamientos son escasos. El dueño de un automóvil no paga la totalidad de los costos que su uso genera. Parte importante del costo del uso de automóvil es precisamente el de estacionar. El estacionar es un costo del uso de automóvil, que el panameño no está acostumbrado a pagar, pero es parte del costo, y el mantenerlo gratuito a la fuerza generaría graves distorsiones. Los espacios públicos y privados no son infinitos. En una ciudad con cada vez mayor densidad poblacional en la que, además, la movilidad social y el desarrollo económico han traído el fenómeno de la familia de clase media en que cada adulto tiene su propio carro, la pretensión de que el estacionarse siga siendo gratis es muy ingenua.

Si no se permite al empresario cobrar por el servicio de estacionamiento, entonces ocurrirán dos fenómenos. En primer lugar, el usuario no racionará el uso del estacionamiento. En vez de ir al centro comercial a comprar lo que tiene que comprar y luego irse, tendrá un incentivo a quedarse todo el tiempo que quiera, aún sin necesitarlo, lo que impedirá que otros que necesitan el estacionamiento puedan usarlo. En segundo lugar, eliminará el incentivo que tiene hoy el empresario a construir más estacionamientos de los que las normas de ordenamiento territorial le exigen. Es claro que si a usted le prohíben cobrar por un servicio, no lo prestará y mucho menos invertirá importantes sumas de dinero para aumentar su capacidad de prestar dicho servicio.

El empresario actualmente observa la situación de evidente falta de estacionamientos en la ciudad, invierte su capital para crear estacionamientos y solucionar en parte el problema, pero, por supuesto, lo hace con ánimo de lucro. El ánimo de lucro es en libre mercado el mecanismo que lleva al empresario a identificar necesidades insatisfechas para buscar la manera de satisfacerlas, siempre a cambio de una remuneración y con la expectativa de un retorno.

Entendamos que si prohibimos al empresario la posibilidad de ese retorno, entonces no invertirá.

Atendamos la advertencia que nos hacía Ortega y Gasset en su obra La rebelión de las masas: ‘En los motines que la escasez provoca suelen las masas populares buscar pan, y el medio que emplean suele ser destruir las panaderías’. Destruir las panaderías puede satisfacer el hambre de hoy, pero solo haciendo imposible el comer mañana.

De conformidad con los medios noticiosos nacionales fue el Colegio Nacional de Abogado el que presenta la denuncia en contra del exmagistrado Moncada Luna. Si bien opinamos que esta iniciativa es positiva y nos complace, pienso que existen otros problemas en el ambiente jurídico nacional, de los cuales somos testigos todos los panameños, como son que en muchos procesos penales, los cuales se desarrollan en diferentes agencias del Ministerio Público, escuchamos la denuncia de abogados que no se está cumpliendo con el debido proceso y frente a estas quejas no observamos que el presidente de Colegio Nacional de Abogados, Lic. Luis Alberto Álvarez, diga algo. ¿Por qué será esta actitud del prestigioso abogado?

Nuestro colega Álvarez tampoco ha expresado una sola palabra en relación a que existen dos ciudadanos panameños detenidos sin que exista fundamento legal alguno, pues para el delito del que se les acusa, según nuestra legislación penal vigente, no cabe detención preventiva por razón de la pena consagrada en la norma.

Nos interesa saber qué opina el abogado Álvarez en relación a que agentes de seguridad bajaron de un avión a un comerciante panameño y a su familia, sin que mediara una orden de autoridad competente.

Nos interesaría conocer qué tiene que decir el presidente de los abogados acerca de la Justicia selectiva, la cual se está aplicando en Panamá.

Sobre estos temas anteriormente enunciados por la sociedad y los abogados, nos complacería escuchar la opinión del Licdo. Álvarez. Igualmente queremos recomendarle señor presidente de los Abogados panameños que el Gobierno de turno, entienda lo indispensable de que se asigne un presupuesto que permita la implementación del Proceso Penal Acusatorio en las provincias que hacen falta por la implementación del mismo. Creemos necesario que el Colegio, que Usted dignamente dirige, realice, a nivel nacional, actos de presión social, a fin de lograr nuestra meta que es un presupuesto consono para que a nivel nacional se implemente el Proceso Penal Acusatorio.

Se avecina el evento más importante de los últimos años para el país: La Cumbre de las Américas. Ahora nos preparamos para tan importante evento y mostrar a Panamá como uno de los países más pujantes de la región, con un alto crecimiento económico, una ciudad moderna y vibrante, con altísimos edificios, relucientes centros comerciales y nuevas vías que dan la sensación de riqueza equitativa.

La Cumbre nos mostrará al mundo a través de miles de periodistas de todos los rincones del orbe, aparte de los invitados especiales, turistas, presidentes, jefes de Estado, importantísimos líderes empresariales, archiconocidos inversionistas y los jefes de empresas multinacionales afincadas en este país.

Por lo anterior, me asaltan una serie de preguntas, tal vez un poco tontas o inocentes, pero se las cuento para que usted, amable y paciente lector, me acompañe en estas sencillas y quijotescas reflexiones.

¿Qué haremos con los “bien cuidado”, los trancones, los cierres de calles por cualquier motivo, las protestas diarias en diferentes sectores de la ciudad, y las desesperantes “chivas parranderas”? Estas son y serán un problema, porque pasarán por las zonas hoteleras en donde se alojarán los ilustres invitados, a cualquier hora de la noche y de la madrugada, despertándolos sobresaltados por la música a los más altos decibeles. Su indiferencia es tal, que incluso pasan frente a los hospitales que infelizmente están en su ruta.

¿Qué haremos con las desafortunadas y seguramente bien intencionadas carreras, caminatas, marchas, desfiles y todo tipo de eventos en la cinta costera, con las consabidas y gigantescas bocinas o, en el peor de los casos, las bandas de música o las alegres murgas que desde antes de las 6:00 a.m. torturarán al desprevenido, sorprendido y embejucado presidente o jefe de Estado y cliente de cualquiera de los lujos hoteles cercanos al lugar?

¿Qué haremos cuando alguno de los distinguidos visitantes y turistas quiera disfrutar de la incomparable isla Contadora y descubra, con sorpresa, que el avión que lo debía llevar a esa isla paradisiaca hará una riesgosa escala, jamás anunciada y menos programada, en la destartalada e inconclusa “pista” de aterrizaje en isla San José?

¿Qué haremos con los “piedreros”, los malvivientes, los asaltantes, los vendedores ambulantes de todo tipo de baratijas, alimentos, sodas, agua y lo que usted imagine? ¿Qué haremos con los múltiples “pataconcitos” o tiraderos de basura callejera que adornan nuestra ciudad?

¿Qué haremos cuando alguno de los ilustres visitantes trate de tomar un taxi y descubra que en Panamá ya no existen, que ahora son “colectivos” y no “selectivos”, y que, en el mejor de los casos, tendrá que compartirlo con tres o cuatro desconocidos?

¿Qué haremos con la descortesía de los conductores, tanto privados como del transporte público, quienes manejan como lunáticos y, por cualquier motivo, sacan la varilla agresora?

¿Qué haremos con aquellos que detestan a los extranjeros, generalizando, y los culpan de todos los males que nos aquejan, desde lo caro de la canasta familiar hasta del temblor en Chiriquí? ¿Será que quienes promueven estas ideas saldrán a protestar por la llegada de ese montón de visitantes a nuestro país?

¿Qué haremos para que, por lo menos en esos días, los titulares en prensa, radio y televisión sean menos alarmantes y no causen sobresalto a los apreciados visitantes?

¿Qué haremos para no quedar mal con la visita que se enterará, en esos medios, de los escándalos de corrupción que con seguridad se seguirán destapando?

Y no me hago más preguntas para no avinagrarle el día, como yo ya me lo avinagré.

Transparencia Internacional publica con periodicidad, además del Índice de percepción de corrupción, un Índice internacional de fuentes de soborno. Este último se construye con entrevistas anónimas a empresarios de diferentes sectores. El índice de 2011 arrojó como resultado que el sector en el que se pagan más sobornos (coimas) es el de los contratos de obras públicas y construcción.

Lo anterior no es más que una confirmación de la percepción generalizada de la ciudadanía: la contratación pública es una de las principales fuentes de corrupción en el mundo, y desde luego en Panamá, como quedó evidenciado con los recientes escándalos de corrupción. Si sabemos que en las contrataciones públicas existen los mayores riesgos de desvío de fondos a través de sobrecostos y que los gobiernos, desde luego, están conscientes de esto, ¿qué podemos hacer para controlar estos excesos y abusos?

En todos los gobiernos hay funcionarios a los que les conviene que haya espacios para la corrupción, por lo que le corresponde a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil, presionar para que se aprueben reformas al sistema de contratación pública, y limitar la posibilidad de que se generalicen las prácticas corruptas que permiten los sobrecostos, por ejemplo. En la actualidad hay iniciativas en la Asamblea Nacional tendientes a reformar la ley, por lo que propongo que para el control de la corrupción se tomen en cuenta las siguientes medidas:

1. Que se legisle sobre el precio oficial o precio de referencia de las licitaciones, tanto para suministros, servicios y obras públicas. Hay escasa regulación sobre este tema. Si una de las preocupaciones principales de la ciudadanía son los sobrecostos, entonces la forma de calcular el precio de referencia debe ser importante y objeto de real fiscalización. Además debería debatirse con profundidad si el precio debe ser siempre público u ocultarse, como lo permite la ley, para algunos procedimientos, como el utilizado en la licitación de la línea dos del Metro. Nos inclinamos porque sea siempre público y haya responsabilidades por este cálculo.

2. La eliminación del Art. 92 de la Ley de Contratación Pública, que permite la contratación de “consultorías” por hasta 300 mil dólares, de manera discrecional y con muy pocos controles.

3. Que se deroguen los artículos que permiten “licitaciones abreviadas” y “apremiantes”, entre otros mecanismos que más que agilizar las contrataciones, permiten que quienes cuentan con información privilegiada, puedan presentar ofertas en abierta competencia desleal.

4. La regulación efectiva de las contrataciones directas. En el gobierno anterior les cambiaron el nombre a “licitaciones por procedimiento excepcional”, como si el problema estuviera en su denominación. El concepto de contratación directa debe desaparecer. Siempre, incluso cuando exista urgencia, se debe tener la posibilidad de una selección mínimamente competitiva. Un registro previo de proponentes, transparente y sujeto al cumplimiento de requisitos básicos, puede ayudar en esta tarea.

5. Que se revisen o eliminen los procedimientos especiales que aumentan la discrecionalidad con bajos niveles de control. (Tocumen S.A., PAN, entre otros).

Por motivos de espacio, no incluyo otras reformas necesarias, pero si logramos regular los temas mencionados, empezaremos a reducir la discrecionalidad y los espacios que permiten que la contratación pública se utilice para desviar fondos estatales. Necesitamos, con urgencia, un observatorio de la contratación pública. Sobre esta iniciativa hemos conversado con otras organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la transparencia y la rendición de cuentas, que tienen propuestas de reformas integrales al sistema. Ojalá pronto se haga operativo el observatorio ciudadano, que estoy seguro ayudará a prevenir los abusos.