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No voy a pecar de aburrido contándoles todos los detalles de una fábula que, lo más seguro, ya conocen a saciedad. Sin embargo, se las resumo: un escorpión necesitaba cruzar un peligroso río y, para ello, recurre a una recelosa rana, que se negaba a cruzar a su mortal pasajero, por obvias razones. Pero, el escorpión termina convenciéndola bajo la lógica de que hacerle daño sería la perdición para ambos, al poder morir ahogados.

Bajo esta premisa, la rana acepta, solo para verse picada mortalmente a mitad de camino. El agonizante batracio cuestiona al escorpión mientras ambos se hunden hacia la muerte, y él responde que lo había hecho, porque “esa era su naturaleza”.

Esta es una historia para niños que, sin embargo, contiene grandes enseñanzas y verdades que nos llevan a una pregunta: ¿cuánta corrupción puede aguantar Panamá antes de hundirse en las tormentosas aguas de la economía mundial?

Los panameños somos, como la rana, y a cuestas cargamos con un entramado corrupto, constituido por políticos, partidos, empresarios deshonestos y una gran cantidad de ciudadanos de todas las capas sociales. Sobre este punto no nos engañemos: la corrupción reina desde el más sórdido gueto hasta la más encumbrada y exclusiva torre de apartamentos.

La diferencia que hay entre la rana del cuento y la de nuestra metáfora es que el país ha demostrado una extraordinaria capacidad de resistencia a las innumerables “picadas” que recibe a diario del escorpión de la corrupción. Pero todo tiene un límite.

Luego de la trágica invasión de los estadounidenses a nuestro país, con la excusa de capturar al tirano Noriega, se dio la circunstancia de que todos esos partidos que decían estar en contra de la corrupción y que clamaban por democracia, gritaron al unísono: “¡Esta vaina se acabó!”. Sin embargo, nunca fue así. Picados.

El esquema de seudodemocracia quedó intacto y hasta se refinó, pero no para beneficiar al pueblo, sino para perpetuar las prácticas que permitieran a los partidos en el gobierno, a los diputados y a los empresarios que se prestaran para la sinvergüenzura, hacerse de millones a costa del dinero de todos los panameños. Picados.

Luego de cinco gobiernos en “democracia” poco ha cambiado: las viejas prácticas se mantienen y los polos de riqueza nuevamente se vuelven a concentrar en unas pocas manos; las de siempre, las privilegiadas desde los inicios de nuestra vida republicana y hasta más allá en nuestra historia. Picados.

Producto de todo esto, tenemos un Panamá con pésima imagen internacional; incapaz de producir sus propios alimentos; con pobreza y delincuencia en aumento y con los mismos problemas de hace 25 o más años. Picados.

¿Cuántas picadas más podemos resistir antes de hundirnos todos, junto al entramado corrupto que decide por nosotros? Por ahora, nadie lo sabe, pero lo que sí es cierto es que ya estamos dando muestras de agotamiento y, aparentemente, nada ni nadie puede ni quiere salvarse y salvarnos. Picados.

Parto de la premisa de que todo acto delictivo tiene que ser penalizado y que debe haber certeza de castigo para los que desfalcan al Estado. Jamás podré estar de acuerdo con medidas que favorezcan al individuo corrupto, sea quien sea. Robar la arcas nacionales le quita esperanza al ciudadano humilde, desangra a la clase trabajadora y desmoraliza a la sociedad decente. Sin corrupción y con funcionarios que se enfoquen en el pueblo, no en sus bolsillos, Panamá sería un país envidiable en todos los índices de bienestar humano. Como no pertenezco a ningún colectivo político, mi opinión carece de bandería partidista alguna. No pongo la mano en el fuego por nadie, salvo por mi hermano, porque conozco su impecable trayectoria de probidad contrastada en su vida personal y empresarial.

Juega vivo y clientelismo han sido emblema de todas las administraciones precedentes, antes, durante y después de las dictaduras militares. La justicia había brillado por su ausencia en todo este tiempo. Mansiones de playa, yates lujosos, terrenos valiosos, cuentas bancarias suculentas y múltiples acciones en sociedades están en manos de políticos o empresarios que han levantado fortunas, valiéndose de coimas, licitaciones y negocios repletos de ilegitimidad. Por nuestras calles circulan muchas personas que debieron purgar penas de cárcel, pero que andan por ahí mostrando su insolente caradura, gracias a la crónica putrefacción jurídica que ha imperado por décadas.

La administración actual ha querido modificar ese estatus de lacerante impunidad. El problema es que los rencores y deseos de venganza han empañado la objetividad del cambio y propiciado una justicia excesiva, selectiva y violadora de derechos humanos elementales. Los fiscales, algunos de notoria mediocridad profesional, han utilizado reseñas periodísticas, auditorías amañadas (sin aval de Contraloría) y acusaciones calumniosas para fabricar casos, basándose más en especulaciones particulares que en delitos probados. Para colmo, muchas de las faltas han obedecido a simples irregularidades administrativas, bastante comunes en entidades gubernamentales, sujetas a leyes demasiado restrictivas que fomentan la burocracia e impiden operatividades eficientes y oportunas en beneficio del usuario. Aún peor, el Ministerio Público ha establecido un pernicioso contubernio con privilegiados medios de comunicación para propagandear sus diligencias. Inconcebiblemente, los periodistas se enteran de las indagatorias antes que los propios implicados. El resultado es un entretenimiento circense de allanamientos, conducciones forzadas y detenciones dramáticas, que pisotean presunción de inocencia, honra familiar y debido proceso, como si se tratara de terroristas, criminales o traficantes de drogas.

La mayoría de las constituciones del mundo civilizado establece que la detención preventiva no debe durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. En algunos artículos se matiza que este derecho, mediante una ley orgánica, podría ser suspendido para personas determinadas, con relación a las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos subversivos. Los efectivos policiales, en sus labores de investigación criminal, pueden proceder a aprehender a personas en delito flagrante, deteniéndolas preventivamente, las mismas que tienen que ser puestas a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las 24 horas o en el término de la distancia, excepto en situaciones de terrorismo, espionaje o tráfico ilícito de drogas. Es importante tener en cuenta, empero, que la prisión preventiva es un recurso judicial que se utiliza en última instancia. Por lo general, se prefiere apelar a otras medidas cautelares, como la imposición de una fianza o la determinación de arresto domiciliario o territorial, según la gravedad de las supuestas anormalidades.

Solo se puede ordenar la prisión preventiva cuando la persona puede llegar a amedrentar o atacar a la otra parte del juicio, destruir una prueba clave o fugarse. Para que pueda decretarse la medida, por otra parte, tienen que existir indicios importantes acerca de la culpabilidad del sospechoso. Una gran cantidad de expertos en materia de derecho se opone a la aplicación de esta modalidad, dado que afecta al estado jurídico de inocencia, el cual determina que todo acusado es honorable hasta que se pruebe lo contrario a través de un juicio o proceso y, recién entonces, será posible sancionarlo o penarlo. La prisión preventiva es una medida que condena al acusado antes de que se demuestre su culpabilidad y, por lo tanto, si resulta inocente, nadie podrá compensarlo por su experiencia tras las rejas, por haber manchado su imagen y por los perjuicios causados a su vida personal o laboral.

Me preocupa enormemente la gran crispación y polarización que se está generando en la sociedad con esta judicialización del espectáculo. Estamos retornando al odio y revanchismo vividos en la época castrense. De proseguir esta tendencia, no quiero ni pensar sobre lo que sucederá en las elecciones del 2019, de no repetir el arnulfismo. Gente, decente y valiosa, como alguna de la que actualmente sufre las injusticias de un sistema perseguidor altisonante, será también sometida a denuncias inventadas o manipuladas, incluso por inocuas anomalías en su gestión. Al final, ningún individuo, capaz y honesto, querrá participar en gobiernos futuros. ¿O será que este es el genuino deseo de los políticos tradicionales de oficio? Como dijo Louis McHenry Howe: “Nadie puede adoptar la política como profesión y seguir siendo honrado”.

El año 2016 es en la historia del reconocimiento de Panamá en el siglo XXI un año muy especial por la coincidencia de tres acontecimientos muy importantes:

Primero: cosa obvia para cada panameño, es decir, la apertura de la segunda vía del Canal de Panamá, una arteria de navegación decisiva para la vida, el desarrollo y la prosperidad de Panamá, pero también (y esto lo saben solo unos pocos) para todo el mundo.

El Canal de Panamá es, desde el punto de vista de la economía mundial, igual de importante que una arteria para la vida de un ser humano.

Segundo: Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia y, relacionada con ella, la visita a Polonia del presidente de Panamá, don Juan Carlos Varela, y una alegre delegación formada por la juventud panameña cantando.

Dadas las circunstancias, los ojos del mundo cristiano (y no solo cristiano) se han fijado en el papa Francisco, como anteriormente se fijaban en el papa Juan Pablo II un personaje fascinante y han visto lo siguiente: a los presidentes de Polonia y Panamá, y la bandera de Panamá ondeando orgullosamente. A la vez nos entramos con que el testigo de la Jornada Mundial de la Juventud pasa ahora de Polonia a Panamá. Actualmente tenemos apenas tres años para poder prepararnos bien para esta fiesta internacional y recibir dignamente una multitud millonaria de peregrinos que vendrá a Panamá.

Deberíamos, sin demora, emprender desde el día de hoy los preparativos para este evento.

Tercero: Panama Papers y Mossack Fonseca: este acontecimiento ha sido tan difundido por los periodistas y la prensa internacional como si en el mundo no hubiera ocurrido otra cosa importante. Creo que solo si Panamá hubiera desencadenado la tercera guerra mundial la repercusión mediática habría sido mayor.

Los periodistas que recibieron la información ya hecha, robada del bufete Mossack Fonseca, se pronunciaron de repente como periodistas de instrucción, a pesar de que no encontraran nada en su supuesta instrucción y todo su esfuerzo consistiera en familiarizarse con el material pronto. Sirviéndose medias verdades o simplemente mintiendo han estado intentando y siguen intentando convencer al mundo de que Panamá es un país donde no se paga impuestos, que Panamá ha creado sistemas para cobijar a delincuentes fiscales y que es un paraíso fiscal.

Es reprobable el hecho de que el presidente de Rusia Vladimir Putin, de Ucrania Petró Poroshenko, dignatarios chinos, deportistas y directivos deportivos como Lionel Messi o Michel Platini, el padre del primer ministro David Cameron o decenas de miles de personas para no pagar impuestos engañaran a sus países infringiendo leyes que se supone debían respetar y defender. Es de reprochar también que el bufete panameño Mossack Fonseca, atendiendo a sus intereses, les constituyera empresas y les abriera cuentas bancarias en las Islas Vírgenes, Chipre o en las Caimanes.

En consecuencia, resulta que la culpa de todo el mal es de Panamá. Nadie se acuerda de los paraísos fiscales en Mónaco, Lichtenstein o Luxemburgo donde se han estado escondiendo y siguen escondiéndose los tiburones del mercado europeo.

Para desviar la atención lo mejor es culpar y llenar de barro a Panamá.

Propongo a los países más culpados y a sus Gobiernos que creen unas condiciones para la inversión y para el desarrollo como los que ha creado Panamá. Para que introduzcan una tasa de impuesto ‘0' para los productos alimenticios, un 7 % para los productos industriales, y facilidades para los jubilados. Así nadie buscará un lugar donde poder vivir mejor.

Me dirijo al señor presidente, al Gobierno de Panamá para que no se sometan a la presión de estos grandes que, incapaces de resolver sus problemas mercantiles y económicos, para desviar la atención, acusan a Panamá de haber cometido hechos que no ha cometido. No cambien lo que está funcionando bien solo porque los demás lo deseen. Hagan todo lo posible por el bien de Panamá y de sus ciudadanos.

Concluyo citando un proverbio polaco (porque, como bien es sabido, los proverbios son la sabiduría popular): ‘Los perros ladran pero la caravana sigue su camino'. No nos fijemos en los demás, no miremos hacia atrás, adelante Panamá. (Sigue pa‘lante Panamá).

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, fue entrevistada junto a su secretario general en un programa televisivo. Estaban a flor de piel todos los casos y escándalos ocurridos en el PAN de la pasada administración gubernamental. La procuradora, en su intervención, dejó establecido claramente que ella no podía investigar banqueros que recibieron dinero de las arcas del Estado por el famoso ‘secreto bancario '. Si en la nueva tendencia mundial y en la legislación sobre el ingreso de millones de dólares del erario al Sistema Bancario Panameño es considerado lavado de dinero, muchos se preguntan entonces ¿por qué ningún banquero, gerente ni oficial de cuenta fue llamado a responder por esa decisión, dado que recibieron en depósitos millones de dólares de exfuncionarios? Si la decisión de la procuradora fue que el secreto bancario le impedía investigar ¿cómo se puede imputar al subgerente de un banco estatal, si en ambos casos rigen las mismas reglas y la misma ley? La decisión de apresar a un subgerente y al presidente de la junta directiva del banco estatal, abre ahora la ventana para que el Ministerio Público haga lo mismo con todas aquellas personas que tuvieron que ver con la apertura de cuentas y manejo de fondos a personas que claramente estaban enriqueciéndose a costa del erario. Esperemos que ese sea el criterio y no que el caso sea motivado por intereses políticos.