La justicia de cara a los facilitadores
Ampliar el acceso a la justicia constituye un baluarte indispensable, mediante el cual los Estados planifican estrategias exitosas para la prevención del delito y la seguridad ciudadana.
“La justicia, entendida como aquel derecho humano que garantiza el desarrollo de los pueblos, está muy unida con la prevención de la violencia y promueve una cultura de resolución pacífica de conflictos”, así lo describe Sandra Martínez, beneficiaria de la labor de los facilitadores judiciales en Panamá.
Sandra recuerda que hace un año un hecho marcó su vida. Sus tres hermanos menores decidieron recluir a su mamá en un asilo. Los acuerdos que ella intentaba sostener con sus hermanos terminaban en intentos fallidos y prevalecían las discusiones. Desesperada, y al verse sin recursos económicos para contratar a un abogado, tomó la decisión de acudir al facilitador judicial de su comunidad.
Tras varios días de mediación dirigida por el facilitador judicial, llegaron al acuerdo de que ella atendería a su madre y sus hermanos aportarían, económicamente, para proveer de los insumos necesarios para los cuidados de esta.
Un año después, el acuerdo continúa cumpliéndose, y ella goza de atender a su madre en sus últimos días de vida con el apoyo económico de sus hermanos.
La historia relatada por Sandra corresponde a uno de los casos contabilizados en las estadísticas de mediaciones realizadas por estos facilitadores en Latinoamérica. En los primeros ocho meses de 2016, las mediaciones ascienden a 130 mil 280 casos, que no llegan a un juzgado.
Un facilitador judicial es un dirigente seleccionado por su comunidad. Su labor se centra en mediar en los conflictos menores, cuando existe la voluntad de las partes; él divulga información a través de charlas y asesora a la población que lo solicita.
Su tarea es supervisada por el juez municipal, razón por la que ha llegado a convertirse en un auxiliar de justicia del Órgano Judicial, sin ser funcionario.
En la región, el primer país que acogió el servicio de los facilitadores judiciales fue Nicaragua en 2002; 14 años después es el país con mayor cantidad de facilitadores judiciales (3 mil 406) que trabajan en la prevención de delitos, situación que se traduce como resultado de la ampliación del acceso a la justicia, mediante una cultura jurídica y de paz al servicio de la comunidad.
Cinco años después este programa se internacionalizó por mandato de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, empezando en el año 2007 en Paraguay; Panamá, lo acogió en 2008; Guatemala, en 2010, y la provincia de Corrientes, en Argentina, en el año 2011.
En 2012 ingresó Honduras; Costa Rica adoptó el programa en 2013 y, finalmente, El Salvador inició en 2014.
En la actualidad hay 12 mil 330 facilitadores judiciales que ejercen una loable vocación de servicio a la comunidad, que se ha expandido en todos los países, beneficiando a las personas en estado de vulnerabilidad. Su trabajo, como mediadores y orientadores, fortalece los sistemas nacionales de administración de justicia y reduce la atención en los juzgados de aquellos casos menores que se pueden solucionar a través de los métodos de resolución de conflictos.
Según estadísticas del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americanos (PIFJ-OEA), en el año 2015 se registraron 720 mil beneficiados, 300 mil personas informadas en charlas, y se evitó que 42 mil casos terminaran en un juzgado, lo que representa un ahorro de recursos y tiempo para los implicados. Estas son cifras impactantes si consideramos que ser facilitador judicial es una labor voluntaria, y que la principal motivación es convertirse en un agente de cambio en su comunidad.
Para Álvaro Campos, coordinador operativo del PIFJ-OEA, una de las grandes contribuciones en Panamá y en los países en donde está operando el programa es el apoyo técnico de asesoramiento al Órgano Judicial para el establecimiento de los Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales, escenario que ha demostrado cuantitativa y cualitativamente ser un mecanismo eficiente de acceso a la justicia para la población en general.
Una información veraz y oportuna, y la asistencia para una mediación, hacen una gran diferencia en la vida de miles de personas. Los facilitadores judiciales fortalecen los derechos humanos, la gobernabilidad democrática, la seguridad ciudadana, y contribuyen a la eliminación de la pobreza y la desigualdad.