Magistrados de la Corte Suprema con denuncias
Luego de la condena a cinco años de prisión y destitución del cargo del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, la comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional tiene pendiente resolver un total de 51 denuncias y querellas penales interpuestas contra magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Un informe de la Asamblea, al que este diario tuvo acceso, revela que las denuncias y querellas datan de entre 2005 y 2014.
José Ayú Prado, presidente de la CSJ, tiene 12 denuncias y querellas penales en su contra y es el que más procesos enfrenta. El también exprocurador de la Nación es señalado por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, omisión y simulación de hecho punible.
Los magistrados Oydén Ortega y Harley Mitchell tienen siete procesos cada uno pendientes en la Asamblea Nacional; mientras que Víctor Benavides, cinco.
Le siguen Harry Díaz (4), Jerónimo Mejía (3), Hernán De León (2), Luis Ramón Fábrega (1) y Abel Zamorano (1).
Este medio consultó y envió correos electrónicos al magistrado Ayú Prado sobre el tema, pero no respondió.
No obstante, al referirse a las denuncias presentadas en su contra , declaró el 13 de este mes en Chiriquí lo siguiente: “a mí personalmente no me han notificado de nada. Me he enterado por los medios de comunicación de que hay como una docena de denuncias”.
El magistrado aseguró que enfrentaría cada una de las denuncias en la Asamblea Nacional.
CASOS POLÉMICOS
La mitad de las denuncias contra Ayú Prado fueron presentadas por Juan Domingo Ibarra, quien fue separado de su cargo de juez penal de Adolescentes de Colón el 10 de julio de 2014 y está llamado a juicio por corrupción. Fue Ayú Prado quien interpuso la denuncia contra Ibarra por corrupción.
Además, existen otros procesos penales contra el magistrado Ayú Prado. Uno de ellos es la denuncia del dirigente sindical Mariano Mena, que lo acusó porque siendo procurador de la Nación supuestamente ordenó en 2012 destruir evidencias en el caso del hackeo al correo electrónico del entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.
También sigue pendiente en la comisión de Credenciales la denuncia del exjuez Alexis Ballesteros, quien acusó a Ayú Prado y a otros tres magistrados de haberlo presionado para fallar a favor de amigos del expresidente Ricardo Martinelli.
Otro de los casos en su contra es una querella penal del exalcalde de Chame, Euclides Mayorga, quien también denunció en ese mismo caso a los magistrados Harry Díaz y Luis Mario Carrasco. Mayorga los acusó después de que en menos de seis días decidieron no admitir una casación en la Sala Penal mediante una resolución emitida el 6 de mayo pasado. Con esa decisión, se confirmó la condena de tres años a Mayorga por el cobro de una coima y estuvo nueve meses detenido.
De igual forma, está pendiente la denuncia que presentó el abogado Rosendo Rivera, porque supuestamente Ayú Prado –siendo procurador– coaccionó al florista César Segura para que devolviera el terreno de Paitilla a cambio de salir de prisión.
ASAMBLEA DEBE DECIDIR
Fuentes del Órgano Judicial informaron que el diputado panameñista Luis Barría, presidente de la comisión de Credenciales, es el único de los nueve miembros de esa instancia que tiene un proceso penal pendiente en la CSJ.
Se trata de la denuncia que presentó en 2012 el empresario Ernesto Águila, quien lo acusó de extorsión y cobro de coima para la aprobación de dos contratos cuando Barría era director del Registro Público. El ponente del caso es Hernán De León.
Barría es quien debe decidir cuándo somete a discusión los casos contra los magistrados.
Mientras tanto, fuentes de la Asamblea informaron que existen varios proyectos de resoluciones que admiten las denuncias presentadas contra Ayú Prado por el juez Ibarra, Ballesteros, Mena, el exalcalde Mayorga y el jurista Rivera.
“Hay muchas posibilidades de que esas denuncias sean las próximas en ser admitidas”, indicaron las fuentes.
Según las fuentes, otra de las denuncias que podría ser admitida es la que presentó el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares contra los magistrados Díaz, Benavides y Luis Mario Carrasco por el delito de abuso de
autoridad, luego de que anularon una condena de 20 años de prisión a Rogelio Ramos, acusado de tentativa de homicidio tras la muerte del obrero Osvaldo Lorenzo, hecho ocurrido el 14 de agosto de 2007 en Chilibre.
PIDEN TRAMITAR CASOS
Ramón Ricardo Arias, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, opinó que “la comisión [de Credenciales] tiene que entrar a resolver, a ver si las denuncias proceden o no. Pero no se puede quedar allí encajonado y durmiendo el sueño eterno”.
Por su lado, Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, señaló que “la Asamblea debe ser consciente de que el momento que vive el país exige que los administradores de justicia en general cumplan los procedimientos igual para cada ciudadano”.
Advirtió que si los diputados no tramitan las denuncias, “generan el morbo innecesario de que la Asamblea en sesiones judiciales solo actúa políticamente”.
Indicó que la inacción de la Asamblea envía un mensaje negativo a la sociedad.
Barría: Expedientes se tramitarán
El presidente de la comisión de Credenciales, Luis Barría, informó que al llegar a esa instancia legislativa en 2014 se encontró con expedientes fechados antes de 2008 y actualmente ordenan cronológicamente todas esas denuncias.
“Se ha hecho una auditoría, se ha estado revisando cada uno de los casos y para que la comisión conozca si estos casos fueron o no tratados hay que revisar las actas de las reuniones de la comisión, lo cual es un trabajo muy tedioso”, sostuvo Barría.
Explicó que el caso del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, denunciado en agosto de 2014 por enriquecimiento injustificado y corrupción de servidores públicos, se atendió de primero porque la comisión no podía determinar el estatus de los expedientes con fechas previas.
El diputado panameñista negó que exista algún “pacto de no agresión” para no investigar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que estos no investiguen a los diputados.
“La comisión de Credenciales no tiene ningún tipo de acuerdo con nadie; si lo hubiésemos tenido aquí no se hubiera hecho lo que históricamente nadie se había atrevido a hacer, como fue tratar el caso de Moncada Luna”.
Aseguró que cuando la comisión sepa el estatus de determinados casos, se tramitarán según lo que se encuentre acreditado en los expedientes. “Cada vez que la comisión tenga sesión, se irán atendiendo algunos casos. Algunos serán remitidos a la Procuraduría de la Nación, otros rechazados por improcedentes y algunos más admitidos y se nombrará a las subcomisiones de Garantías que deberán entonces iniciar los procesos correspondientes”.