Harry Díaz, ponente en demanda contra decreto sobre donativos que otorgarían diputados

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz será el ponente de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Ernesto Cedeño contra el Decreto 441-2016-DmySc del 25 de octubre de 2016 de la Contraloría General de la República.  

Dicho decreto regula los donativos y subsidios que otorgarían los diputados mediante presupuesto de la Asamblea Nacional. Dentro del manual figuran topes en donaciones de acuerdo con el destino que tendrán los fondos. 

En su demanda, Cedeño sostuvo que, dentro de las funciones de la Asamblea, no se encuentra otorgar donativos ni subsidios.  

Varios grupos de la sociedad civil organizada han cuestionado duramente estas donaciones que entregarían los diputados. 

El contralor Federico Humbert ha dicho, por su parte, que por primera vez se ha preparado un manual para limitar, controlar y fiscalizar fondos de donaciones otorgados por el Legislativo.  

Según la disposición, los beneficiarios deberán estar paz y salvo con la Dirección General de Ingresos. La normativa señala también que los solicitantes no podrán recibir más de tres apoyos durante un mismo período fiscal. 

A falta de pruebas, no hay caso en EE.UU. ni en Panamá’, dicen abogados

La solicitud de sobreseimiento provisional de las averiguaciones abiertas sobre el Grupo Wisa por parte del Ministerio Público son la prueba de que el proceso no tiene fundamento jurídico, estableció José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA),

‘CUANDO SE SOLICITA UN SOBRESEIMIENTO ES PORQUE NO HAY NI SIQUIERA UNA EVIDENCIA',

ERNESTO CEDEÑO

tras conocer la noticia, divulgada el lunes.

Para Álvarez, la solicitud del Ministerio Público al Órgano Judicial ‘es una confirmación de que Estados Unidos no tiene pruebas' de los señalamientos que hizo.

Al Grupo Wisa se le abrió un expediente de oficio luego de ser incluido en la ‘Lista Clinton' del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por supuesto blanqueo de dinero.

Desde el 5 de mayo, cuando se hizo pública ese señalamiento, el CNA ha criticado la actuación del Gobierno en el caso, alegando que la acción de EE.UU. violenta los derechos de los panameños y la soberanía del país.

‘No van a presentar pruebas', insistió a este diario Álvarez, quien advierte que seis meses es el tiempo máximo necesario para que quien acuse presente sus justificaciones.

‘Sin embargo, para el grupo empresarial, el daño está hecho', agregó el abogado.

‘LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO ES UNA CONFIRMACIÓN DE QUE NO TIENE PRUEBAS',

JOSÉ ALBERTO ÁLVAREZ

Ebrahim Asvat, en última columna ‘La Bitácora', asegura que ‘las medidas punitivas aplicadas (contra el Grupo Wisa) salen de contexto de lo judicializado para caer en terreno político. La designación como la sanción es un acto político de un Estado', añadió.

Según Asvat, la acusación es ‘producto de una mera sospecha, sin elementos probatorios contundentes y que conllevan toda la posibilidad de la arbitrariedad y la injusticia'.

La única documentación suministrada por la DEA en Panamá, resalta Asvat, fue una carta explicativa de un caso fallado hace años en las cortes panameñas contra sujetos sin ningún vínculo con las empresas o personas listadas.

Lo anterior, destaca Asvat, motivó viajes del MP a EE.EUU. y encuentros con personeros

‘LAS MEDIDAS PUNITIVAS APLICADAS SALEN DEL CONTEXTO DE LO JUDICIALIZADO',

EBRAHIM ASVAT

norteamericanos, ‘jamás se le proporcionaron pruebas', aseguró el también abogado.

El jurista Ernesto Cedeño, por su parte, mantiene una opinión similar.‘Definitivamente no hay caso', consideró.

Cuando se pide un sobreseimiento es porque no hay evidencias para solicitar una indagatoria o conducir a alguien, explicó Cedeño.

‘Si se ha sobreseído es porque no hay evidencias y si el Departamento de Estado tiene alguna, el deber del Gobierno panameño es exigirla e investigar y, en todo caso, quitar de la crucifixión al grupo que está en la Lista Clinton', añadió Cedeño.

Roberto Troncoso, expresidente de Apede, califica como correcta la actuación del MP. ‘Es lo que procedía en materia penal', señaló.

‘No hay prueba ni evidencia de que el grupo Wisa haya cometido algún delito', concluyó el empresario.

Demandan artículos del Código Electoral

El abogado Evans Loo, en representación de la Coordinadora Nacional de Apoyo a la Libre Postulación, y el Frente Anticorrupción presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de siete artículos del Código Electoral relacionados con la libre postulación y prerrogativas de los partidos políticos.

Se trata de los artículos 177,191,192,193, 238,251 y 260 del Código Electoral que, a juicio del Frente Anticorrupción, violan los artículos 4,17,19,135 y 138 de la Constitución Política.

El artículo 177 del Código Electoral señala que ‘toda actividad que realicen los partidos políticos con el propósito de recaudar fondos estará exenta del pago de impuesto, timbre y demás derechos sociales'.

El abogado Loo considera que este artículo crea un privilegio ‘único y exclusivo' a los

REFORMAS

Código Electoral

La Asamblea tiene previsto discutir el nuevo documento, a partir de enero.

partidos políticos en detrimento de los candidatos de la libre postulación, lo que viola los artículos 19 y 138 de la Constitución.

Igual situación ocurre, señala la demanda, con los artículos 191 y 192 del Código Electoral. El primero reglamenta el uso del espacio de la televisora estatal para que los partidos políticos puedan ‘usarlo en condiciones iguales' y el segundo otorga una línea telefónica gratuita para llamadas locales, incluyendo a teléfonos celulares, y un descuento del 50% en la tarifa de electricidad.

Para el abogado Loo, todos estos aspectos crean ‘un privilegio' a los partidos políticos.

El artículo 238 del Código Electoral, por su parte, señala que ‘las personas que hayan competido para ser postuladas por un partido político a un cargo de elección popular, no podrán ser postuladas por ningún otro partido político ni por libre postulación en el mismo proceso electoral para ningún cargo de elección popular, salvo que el partido en el que perdió originalmente lo autorice'.

Loo considera en la demanda que esta norma infringe el artículo 135 de la Constitución Nacional, ‘ya que cercena por completo el derecho al voto pasivo y los votantes en general, en ejercer la soberanía del voto popular'.

En la demanda también se cuestiona el artículo 251 del Código Electoral, que, en su segundo numeral, establece que ‘solo pueden ser firmantes o adherentes, según el caso, a las candidaturas de libre postulación para diputado, los electores no inscritos en partido político'.

Según la demanda, esta restricción para una candidatura independiente de diputado ‘es un impedimento que está fuera del control de quien pretende ejercer el sufragio pasivo y es un obstáculo para ejercer dicho derecho…', por lo que viola los artículos 135, 138 y 19 de la Constitución.

La demanda fue presentada el miércoles y el viernes se hizo el reparto y quedó radicada en el despacho del magistrado Hernán De León.

Todos los artículos demandados son del Código Electoral vigente, sin embargo, la Asamblea Nacional tiene pendiente la aprobación de las reformas electorales, a partir de enero del próximo año.

Postergan, otra vez, audiencia de Riego de Tonosí

La audiencia para resolver el caso del fallido Sistema de Riego de Tonosí será reprogramada para una cuarta fecha. Abogados consultados por este medio de comunicación explicaron que en esta ocasión la suspensión obedece a que aún no se ha levantado el fuero electoral al empresario y exvicepresidente Felipe Alejandro Virzi, acusado en este proceso de un supuesto delito de blanqueo de capitales.

‘NUESTRO CÓDIGO [PENAL] ESTABLECE QUE NO HAY RUPTURA DE UNIDAD PROCESAL. EN ESTE CASO DEBEN COMPARECER TODOS LOS SINDICADOS EN LA MISMA FORMA PARA QUE EL JUEZ PUEDA CALIFICAR EL ACTO'

ZULEIKA MOORE,

FISCAL TERCERA

Rogelio Cruz – defensa de Porfirio Bolita Ellis – explicó que la audiencia tendría que ser reprogramada.

Ana Belfón, exprocuradora y defensa del exministro de Desarrollo Agropecuario, Oscar Osorio confirmó esta información.

Inicialmente, esta diligencia estaba fechada para el 6,7,8,9 y 10 de junio de 2016, pero fue pospuesta por la falta de notificación a algunos encausados.

Posteriormente, se pospuso para el 18 de julio de 2016, sin embargo, en esta ocasión el empresario y exvicepresidente presentó un fuero electoral por su postulación a la subsecretaría quinta del Partido Revolucionario Democrático el jueves 14 de julio, cuatro días antes de la audiencia preliminar.

‘Nuestro Código [Penal] establece que no hay ruptura de unidad procesal. En este caso, deben comparecer todos los sindicados en la misma forma para que el juez pueda calificar el acto', señaló en ese momento la fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore.

La audiencia para juzgar a los 33 sindicados por el manejo de $31 millones otorgado como anticipo para construir el fallido Sistema de Riego de Tonosí, a un costo de $155 millones, fue reprogramada para entre el 14 y 18 de noviembre.

Las investigaciones de la Fiscalía Tercera Anticorrupción habían determinado que el exvicepresidente había sido beneficiado con dineros del proyectos agrícola.

La constructora Hidalgo & Hidalgo giró un cheque –con fecha del 9 de agosto de 2012– por $5.2 millones de dólares a favor de Virzi.

Las autoridades también identificaron una transferencia bancaria por $5 millones que realizó la misma compañía a una cuenta de Virzi en el Banco Universal.

Según Virzi, los dineros fueron pagados en conceptos de honorarios como asesor.

Pero, posteriormente el exvicepresidente confesó a la Fiscalía cómo se repartieron los dineros del proyecto por orden del expresidente Ricardo Martinelli.

Al momento en que esta audiencia se realice, el juez deberá validar la investigación de la fiscal y decidir si hace o no llamado a juicio.

Varela dice que no influirá en elección de magistrado del TE

En el marco de las celebraciones por los 195 años del Grito de Independencia de la Villa de Los Santos, el presidente Juan Carlos Varela volvió a distanciarse de la elección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, advirtiendo que la decisión le compete exclusivamente a la Asamblea Nacional.

‘Si yo hubiera querido meterme ya lo hubiese elegido el pasado 31 de octubre, pero ahora la elección corresponde a los diputados de la Asamblea Nacional', afirmó Varela.

CAJA DEL SEGURO SOCIAL

El presidente aprovechó las festividades del 10 de noviembre en la Villa de Los Santos para referirse a varios temas de interés general, entre estos, la presencia de una nueva bacteria en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, de la Caja del Seguro Social (CSS).

‘HOY LUCHAMOS POR UNA NUEVA INDEPENDENCIA: LA DE NUESTRA ECONOMÍA, Y DE NUESTRO SISTEMA FINANCIERO',

JUAN CARLOS VARELA,

PRESIDENTE

Al respecto, Juan Carlos Varela reveló que estaba por recibir de parte del director de la CSS, Estivenson Girón, un informe detallado de los problemas sanitarios que enfrentan los hospitales de la institución y sobre los seis pacientes afectados por la bacteria.

Varela también se refirió al foro de la CSS y dijo que el director de la CSS debe salir a defender la adjudicación de un contrato de $2.1 millones para la organización de un foro mundial en Panamá.

‘Tengo que decir que al director le toca defender su adjudicación… No es responsabilidad mía como presidente', dijo Varela a los periodistas, en medio de los actos de conmemoración de los eventos que tuvieron lugar en La Villa y que desembocaron en la independencia de España en 1821.

‘NUEVAS LUCHAS'

‘Hoy luchamos por una nueva independencia, la de nuestra economía, de nuestro sistema financiero, de nuestro sistema logístico; ahora a Panamá le toca marcar su propio camino y destino', dijo sobre los retos que enfrenta esta generación.

Varela también se refirió a los resultados de las elecciones en Estados Unidos.

Que para ‘superar los retos como nación no se depende de resultados electorales en otros países, o apartarse de los sistemas de integración, sino de nuestro compromiso, honestidad, trabajo y, sobre todo, servicio a los demás', señaló.

También enfatizó que la transformación que se está dando en Panamá, que incluye sacar los negocios de la política, ayudar a todos por igual, descentralizar el país, impulsar proyectos con criterio social sin etiquetas políticas, trae algunos ‘traumas'.

Sin embargo, indicó el presidente Juan Carlos Varela, que los resultados de esta nueva forma de gobierno que él impulsa se traducen en una democracia funcional, participativa, que respeta a los representantes y diputados, y los pone a trabajar juntos, sin distingo de partidos políticos por el futuro de las próximas generaciones, tal y como lo pensaron quienes lucharon por la independencia de Panamá de España.

Felipe Virzi: ‘Le presté $7 millones a Martinelli para Financial Pacific’

El empresario y exvicepresidente Felipe Pipo Virzi declaró que le prestó $7 millones al expresidente Ricardo Martinelli para que se los destinara a West Valdés e Iván Clare, exdirectivos de Financial Pacific, debido a que la casa de valores enfrentaba “problemas económicos”.

En una indagatoria rendida desde su residencia en Punta Pacífica, Virzi reveló que con el aval de Martinelli accedió al préstamo que se acordó en “20 minutos desde la terraza” de su residencia.

Indicó que decidió hacer el préstamo porque Martinelli prometió devolverle el dinero y porque él ha hecho toda su vida negocios con el expresidente. 

MARTINELLI GESTIONÓ EL DINERO

En un día, el expresidente Ricardo Martinelli consiguió $12.2 millones “prestados” para West Valdés e Iván Clare, exdirectivos de Financial Pacific (FP), para tapar un hueco financiero generado tras un desfalco millonario en esa casa de valores en 2012.

En declaraciones rendidas ante la Fiscalía Primera Anticorrupción, tanto el exvicepresidente Felipe Pipo Virzi como el empresario Cristóbal Salerno revelaron que Martinelli los visitó el mismo día en sus residencias para solicitarles préstamos para Valdés y Clare.

Las declaraciones de Virzi y Salerno se han dado como parte de la investigación que adelanta la fiscal Tania Sterling por la supuesta comisión de un peculado agravado en la línea de crédito de hasta $10 millones aprobada por la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas-P&V, que construiría el centro de convenciones de Amador.

VIRZI: ‘LE PRESTÉ $7 MILLONES A MARTINELLI’

El 28 de octubre pasado, la fiscal Sterling fue a la residencia de Virzi en el edificio Billagio en Punta Pacífica, para tomarle indagatoria por el caso de la CA, debido a problemas de salud que enfrenta el empresario.

Virzi fue breve y directo en sus descargos e indicó que hace cuatro años, en 2012, estuvieron en su apartamento “Tobín Salerno, que vive en el piso 8 de este mismo edificio, con Ricardo Martinelli, en ese entonces presidente de la República (…)”

 “(…) El empleado me fue a buscar y me dijo: lo está buscando el presidente (…), él [Martinelli] me propone y me pide que le preste 7 millones de dólares a Iván Clare y a un tal Valdés, con el aval de él, y yo acepté. Era para el negocio de ellos: Financial Pacific. Tengo entendido que no andaban bien económicamente”, detalló. “Los $7 millones eran para Financial Pacific, eso fue en 20 minutos en la terraza”, agregó.

Virzi explicó que Salerno se encargó de la forma de pago operativa del préstamo y que se puso en conocimiento de esto al consorcio HPC-contratas-P&V, “dentro del cual estaba Claudio Poma, Mauricio Ortiz, a quienes les informe que debíamos conseguir $7 millones de las empresas que teníamos y de allí en adelante yo me desligué, y ellos se encargaron de ahí en adelante de conseguir el dinero”.

MARTINELLI TAMBIÉN VISITÓ A SALERNO

Antes de llegar al apartamento 10B de Virzi, Martinelli estuvo en el de Salerno, a quien le pidió que le prestara $12 millones, pero finalmente el empresario accedió con $5.2 millones.

En una declaración jurada ante la fiscal Sterling el 19 de octubre pasado, Salerno confirmó que a finales de diciembre de 2012 Martinelli lo visitó en su inmueble.

“Señora fiscal, el presidente Ricardo Martinelli se apersonó a mi residencia en los últimos días de diciembre de 2012, para solicitarme que ayudara a los señores Iván Clare, West Valdés, con un préstamo, a lo cual le contesté que yo no podía prestarles la cifra que los señores antes mencionados necesitaban; es decir, los $12 millones, puesto que no tenía la capacidad”, declaró.

Salerno dijo que le explicó a Martinelli que podía prestarles $5.2 millones, pero con la condición de que en enero de 2013 le hicieran un “abono sustancial”.

En ese contexto, Salerno detalló a la fiscal que los cheques que recibió de la gerencia de la CA a favor de las sociedades Ilkeston Associates por $850 mil y Langton International Holding por $977 mil fueron en concepto del abono por el préstamo a Clare y Valdés.

La fiscal maneja la tesis de que de la línea de crédito de hasta $10 millones otorgada a HPC-contratas-P&V se desviaron las sumas que fueron giradas a las sociedades de Salerno, y otros $7 millones a Summer Venture Inc., cuyos firmantes son Ricardo Calvo y Virzi.

Salerno declaró que en enero de 2013 Valdés abrió una cuenta a nombre de FP en el entonces Banco Universal por $7 millones. El depósito fue con un cheque de la sociedad Summer Ventures Inc., a la que supuestamente fueron desviados parte de los fondos del préstamo de la CA.

NO HAN PAGADO

Según Virzi y Salerno, ni Clare ni Valdés les han pagado en su totalidad los préstamos que les efectuaron.

Cuando la fiscal le preguntó a Virzi si le habían devuelto los $7 millones, este respondió: “No me los devolvieron”.

La fiscal también lo interrogó sobre cómo iba a garantizar que el dinero que prestó se le regresaría y Virzi respondió: “Bueno, lo que pasa es que con Ricardo Martinelli yo he tenido negocios toda mi vida y él iba a ser quien sería responsable de ese dinero ante mí”.

En tanto, Salerno dijo que ha tratado de ubicar a Valdés y a Clare para que le paguen el saldo pendiente, “pero nadie me puede dar el paradero de ellos”.

FIADOR SOLIDARIO

Virzi reconoció que se convirtió en fiador solidario del préstamo de la CA al consorcio, por “el tema de mi nombre frente a los bancos”, y además pusieron en garantía una finca en Chepo. “Eso fue suficiente”, precisó.

Indicó que la citada finca, a nombre de la sociedad Majestic Seven, ubicada en Chepo, es de su propiedad junto con un grupo de inversionistas españoles. Esta finca fue la que se puso de aval para el préstamo que aprobó la CA.

El empresario declaró que Manuel Morales Diez, representante de HPC-Contratas-P&V y exyerno suyo, entró en el negocio como representante de él, ya que los costarricenses Claudio Poma y Mauricio Ortiz, del consorcio HPC-Contratas-P&V, habían perdido la brújula en la construcción de la obra.

FRANCOLINI Y EL PRÉSTAMO

Al ser interrogado sobre su relación con Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la CA, y con el préstamo que se iba pedir a ese banco, Virzi contestó que no tenía ninguna relación.

Aseguró que no tenía idea de que Francolini fue el que gestionó el préstamo para el consorcio, ya que “cuando llegué a la reunión [en la que se aprobó el préstamo] ya se estaba acabando”.

Manifestó a la fiscal que originalmente no quería meterse en ese proyecto del centro de convenciones, pero luego el grupo financiero le presentó unos números “que se veían muy bien”. Virzi dijo desconocer a qué se dedicaba la sociedad Summmer Venture Inc.

NUEVAS DETENCIONES E INDAGATORIAS

Como parte de esta investigación, la fiscal Sterling ordenó ayer la detención preventiva de Erick Quintero, actual gerente de Banca Corporativa de la CA, luego de que rindiera declaración indagatoria. Sterling lo envió a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón y lo citó nuevamente para hoy.

Asimismo, la fiscal tomó indagatoria a la exgerente de Administración de Créditos de la CA Luisa de la Hoz, a quien no impuso ninguna medida cautelar. 

Sterling también le formuló cargos a Valdés, Clare, Calvo, Poma y Ortiz.

OTROS DETENIDOS

Previamente, la fiscal ordenó la detención preventiva de Francolini, expresidente de la junta directiva del banco; del también exdirectivo Ricardo Arango Pezet, y del exgerente Jayson Pastor. También están detenidos Gerson Hurtado y Tobías Garrido Nicolau, representantes del consorcio HPC-Contratas-P&V.

MEDIDAS CAUTELARES

Además, la fiscalía impuso medida cautelar de país por cárcel a Rodrigo Arosemena Pino, exsubgerente de la CA; Anastacio Ruiz De León, exdirectivo del banco; y a Elyonor Samudio, ex secretaria general de la junta directiva de la CA.

A Fernando Correa Jolly, también exdirectivo de la CA, se le tomó indagatoria y no se le ha aplicado ninguna medida cautelar. En su caso, está pendiente que la Corte Suprema de Justicia resuelva un habeas corpus preventivo que interpuso su defensa para que no fuera detenido.

En tanto, Ricardo Chanis, otro de los exdirectivos de la CA investigados por este proceso, tiene una orden de conducción desde el 17 de octubre pasado, para que rinda indagatoria ante la fiscalía.

Además, Manuel Morales Diez, representante de HPC-Contratas-P&V y quien permanece fuera del país, tiene orden de conducción para que rinda indagatoria por este caso.

Demanda ante la Corte contra Ley 82

A un día de que el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, presentara ante el Consejo de Gabinete el borrador de la reglamentación de la Ley 82 de 2013, que establece sanciones para los medios de comunicación que divulguen imágenes que afecten la integridad de la mujer, se recibió en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 70 de la mencionada norma.

Mientras, los gremios están vigilantes por la propuesta. El artículo ha generado rechazo entre gremios de comunicadores que consideran negativa la disposición y la califican como un nuevo intento de regular los medios de comunicación social y, por ende, la libertad de prensa y de expresión.

La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta por el abogado Ernesto Cedeño, argumentando que la señalada disposición viola el artículo 37 de la Constitución, que establece que ‘toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o cualquier otro medio, sin sugestión a censura previa'.

‘ESTAREMOS VIGILANTES DE QUE SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS DE LA PROFESIÓN. ESTE ES UN TEMA QUE NO SERÁ NEGOCIABLE',

BLANCA GÓMEZ

PRESIDENTA DEL CONAPE

El jurista también hizo mención al artículo 13 de la Convención de Derechos Humanos, según el cual ‘toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección'.

El artículo 70 establece multas de $1,000 a $3,000 a los medios de comunicación que se les compruebe que hayan incurrido en discriminación o violación de los derechos de las mujeres, dependiendo de la gravedad de la violación, la cual impondrá el Ministerio de Gobierno.

Según Cedeño, el artículo 70 restringe la libertad de expresión en sus dos facetas, la del comunicador, de informar libremente; y la del ciudadano, de recibir esta información.

‘El artículo 70 estaba oculto, nadi e se había percatado hasta ahora que se va a reglamentar y se descubren las sanciones y la profundidad de la norma', señaló Cedeño.

El borrador que presentará Henríquez propone crear una Dirección para la Promoción de la Libertad de Expresión, la cual tendría la facultad, entre otras, de llevar los registros de todos los medios de comunicación del país para monitorear sus publicaciones con el objetivo de constatar acciones discriminatorias, sexistas o denigrantes contra la mujer.

También dice que ‘todo propietario de estación de radiodifusión, televisión, periódico o revista con tiraje igual o superior a diez mil ejemplares deberá registrarse, bajo gravedad de juramento'. Además, obliga a los medios a registrarse y aportar información bajo ‘gravedad de juramento'.

Respecto a este tema, el ministro Henríquez aseguró que antes de elaborar la propuesta realizó varias consultas para establecer una reglamentación que defendiera los derechos de las mujeres y a la vez que no afecte la libertad de expresión y que las publicaciones se ejercieran con responsabilidad.

Según Henríquez, se invitó a los dueños de medios de comunicación y directivos de los gremios para analizar el tema y evaluar las conductas para aplicar las sanciones.

Henríquez dijo que habían acudido al Consejo Nacional de Periodismo, con la finalidad de que revisaran las conductas de los medios y realizaran las recomendaciones oportunas, pero el organismo prefirió tomar distancia en este tema.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, también reaccionó al tema y dijo no tener la intención de afectar la libertad de expresión por medio de la norma.

En tanto, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, la Asociación Panameña de Radiodifusión y el Consejo Nacional de Periodismo coinciden con su preocupación y recordaron las batallas que han pasado en estos 28 meses de gobierno. Hicieron mención del proyecto de ley para regular la profesión del periodismo, las reformas electorales y el intento por regular los anuncios clasificados en los medios escritos.

El Colegio Nacional de Periodistas no tiene una posición; por el momento, se encuentra evaluando el borrador y dijo que esta semana darán a conocer su opinión respecto al texto propuesto a través de la reglamentación.

Para la presidenta del gremio, Blanca Gómez, hay que analizar muy bien este tema porque el derecho de la intimidad, así como el de la libertad de expresión, están respaldados por la Carta Magna y tienen el mismo nivel.

Diferencias entre el PRD y panameñismo, entre farsa y realidad

Era la jornada del 31 de octubre pasado, fecha en que debía realizarse la última sesión plenaria de la Asamblea Nacional. El encuentro, que está normado por mandato constitucional, no se realizó.

Hubo reuniones, encuentros paralelos, propuestas, contrapropuestas, análisis, versiones oficiales, conferencias de prensa y de todo. Lo único que no se concretó fue la sesión plenaria. El presidente, Rubén De León, no firmó el orden del día, requisito indispensable para realizar el encuentro.

Hasta hubo quienes se atrevieron a decir que algunos de sus copartidarios (PRD) mantuvieron al diputado De León ‘secuestrado' en el Salón de la Presidencia. Que no lo dejaron salir y tampoco le permitieron que hiciera llegar al salón del pleno el orden del día en el cual se haría la convocatoria al encuentro legislativo de clausura.

NUEVA MAYORÍA

Hace un año y medio, se pactó la Nueva Mayoría, PRD-panameñismo.

La alianza ha mantenido por dos años a Rubén De León, del PRD, como presidente de la Asamblea.

En el pleno legislativo, como nunca, había quórum más que evidente, la mayoría de los diputados estaba allí. Hasta Sergio Gálvez asistió al recinto, pero se quedaron esperando hasta que el reloj marcara la media noche. El presidente nunca apareció, la sesión no se realizó y el periodo de sesiones ordinarias llegó a su término sin cumplir con los puntos protocolares que están establecidos en el Reglamento de la Asamblea Nacional, que es Ley de la República. Tampoco se informó al presidente de la República, Juan Carlos Varela, como se debía hacer.

LA FALLIDA ELECCIÓN

El motivo de la accidentada jornada fue la elección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, el que debe llegar en enero a remplazar a Erasmo Pinilla.

Según las versiones oficiales, los panameñistas se mantenían en que Alfredo Juncá debe ocupar el cargo, pero la bancada del PRD se había decidido por Raúl Rodríguez.

En esa fecha se reunieron los 26 diputados del PRD, encuentro que hace más de un año no se realizaba, pues los conocidos diputados disidentes que lidera Pedro Miguel González y que apoyan al panameñismo, se negaban a asistir a las reuniones de bancada.

El encuentro no fue del todo agradable. Ausencio Palacios, jefe de bancada, Agustín Guardia e Iracema de Dale, amenazaron con darle a González una ‘sopa de su propio chocolate'.

La intención inicial era rebelarse y no apoyar la propuesta del partido. Optarían por apoyar a Juncá, del panameñismo.

No serían los únicos, otros harían lo mismo, lo que motivó que González hiciera una contrapropuesta, en este caso Yara Campo.

Al final, les tocó a todos salir unidos ante los medios de comunicación y pedir más tiempo para tomar una decisión.

¿FRICCIÓN POLÍTICA?

No se había secado aún la tinta del acta del Congreso Nacional del PRD en el que Pedro Miguel González se alzó con el triunfo cuando ya ocurría la primera acción que daba luces de que se empezaba a manifestar un aparente distanciamiento de la nueva dirigencia con el oficialista partido Panameñista, tal y como lo había dispuesto el Congreso Nacional.

Romper cualquier lazo con el varelismo y con Ricardo Martinelli, fue el reclamo de las bases y los delegados al Congreso.

No puede ‘haber lugar a dudas', sentenció Benicio Robinson después de que se hiciera oficial el triunfo.

Por estrategia política, González, Robinson y los demás saben que no pueden llegar aliados al panameñismo en 2019. Sería como cargar con todo el lastre que le han generado 28 meses de gobierno.

Es un secreto voces que la alianza entre diputados perredistas y el oficialista partido Panameñista es un ‘matrimonio de conveniencia'.

El propio Ernesto Pérez Balladares, quien se enfrentó a Pedro Miguel González por el control del partido, le pidió a la Contraloría General de la República investigar la manera en que se manejan los contratos de personal en la Asamblea Nacional, ante indicios de que se utilizaron para nombrar a los delegados. No hubo investigación.

En el PRD, hay quienes apuestan a que esto es una pelea momentánea y que más tarde que temprano llegarán a un acuerdo en el cual nadie salga derrotado.

La opción que se baraja para alcanzara ese acuerdo sería apostar por Yara Campo o alguna de las mujeres (Ceila Peñalba o Sharon Sinclaire de Dumonoir) que están en la lista de aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral.

Ahora los diputados tienen dos meses para encontrar la manera de ponerse de acuerdo, quedar bien ante la opinión pública y mantener, de una manera velada, lo que algunos han denominado ‘matrimonio de conveniencia' en la Asamblea.

Mientras esto sucede, los diputados de Cambio Democrático se convierten en otra opción.

PRD lleva a un callejón sin salida al Legislativo y al Ejecutivo

La tensa jornada del último día del periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional ha puesto al Órgano Ejecutivo y al Legislativo en un callejón sin salida con respecto a la elección del magistrado que remplace a Erasmo Pinilla como magistrado del Tribunal

CRONOLOGÍA DE LA DESIGNACIÓN

El pleno de la Asamblea inició el proceso, pero no ha concluido

APERTURA

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución para la elección del nuevo magistrado.

CINCO DÍAS

La Asamblea destinó cinco días para la postulación de los abogados con aspiraciones a ser magistrado del Tribunal Electoral.

POSTULADOS

La lista final de postulados fue conformada por 23 abogados. El listado fue remitido al pleno de la Asamblea.

ENTREVISTAS

En dos días, la Asamblea Nacional entrevistó a los ocho postulados al cargo. Los diputados se limitaron a escuchar a cada uno de los aspirantes a la magistratura del TE.

Electoral (TE).

Después del inesperado cierre del periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, que concluyó sin haber tomado la decisión, el panorama se torna confuso y ninguno de los dos órganos del Estado tiene definido cómo lograr que se elija a la persona para el cargo.

Lo único definitivo en esta trama es que el 22 de diciembre concluye el mandato de diez años de Pinilla. Además, que es la Asamblea el órgano del Estado que debe designar a su remplazo y que hay una lista de ocho abogados que han sido preseleccionados para el puesto.

La última jornada fue larga y tediosa, con muchas reuniones paralelas para lograr un acercamiento que permitiera la elección del nuevo magistrado, pero el acuerdo fue imposible.

El PRD bloqueó la sesión ante la ausencia de Rubén De León, presidente de la Asamblea, en el pleno legislativo, lo que impidió que se llevara a cabo. El diputado Pedro Miguel González, electo el domingo como secretario general del PRD, dirigió las actuaciones de su partido.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, ya adelantó que no convocará a sesiones extraordinarias, lo que elimina la posibilidad de que antes del 2 de enero se haya definido el remplazo.

Mientras tanto, los diputados insisten en reclamar más tiempo y que la designación se decida en sesiones extraordinarias.

En tanto, González aseguró que la Asamblea podría ‘autoconvocarse' para analizar el tema.

No sería la primera vez que un nombramiento de la Asamblea se define en sesiones extraordinarias. Ya estos mismos legisladores designaron, a finales de 2014, al contralor Federico Humbert.

De no citar a sesiones extraordinarias, habrá que esperar hasta el mes de enero próximo, en el nuevo periodo de sesiones ordinarias.

ANÁLISIS POLÍTICO

Analistas políticos ven las actuaciones de los diputados del PRD como una forma de presionar para renegociar el pacto legislativo y, además, como el adelanto de la ruptura del acuerdo político entre las bancadas legislativas.

‘Ante la contundente victoria de Pedro Miguel González en el PRD, él se siente valiente y que está en una posición para negociar con el panameñismo', asegura el politólogo Richard Morales, quien agrega que se va a buscar una ‘renegociación de los términos con los panameñistas'.

Desde la óptica de Morales, el PRD ve en la victoria del partido una señal de que pueden tener ‘mejores concepciones del Gobierno' y lo que se dio en la Asamblea es un ejemplo. ‘Está tratando de sacar provecho', agrega el politólogo, quien advierte que las actuaciones del PRD ‘no son un intento de hacer oposición'.

Por su parte, Jaime Porcell es tajante en su opinión. ‘Adelantaron un poco la ruptura de la alianza', deduce de las recientes actuaciones del PRD.

De León incumple el protocolo de la Asamblea

El Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, que es Ley de la República, establece cómo se debe desarrollar la sesión de clausura de un periodo de sesiones ordinarias, normas que no se cumplieron.

En su artículo 219, dispone que para la sesión de clausura se nombrará una comitiva de cinco diputados que comunicará al Presidente de la República sobre el particular. Se dispone que la Asamblea aguardará a que regrese la comitiva, después, el Presidente o Presidenta de este Órgano declarará constitucionalmente cerrada la legislatura.

En el artículo 220, se prescribe que cualquier número de diputados bastará para que se lleve a efecto la sesión de clausura. Cuando por algún motivo no se celebrase sesión en el último día en que debe efectuarse, la Asamblea Nacional quedará de hecho en receso.

El presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, no cumplió con la disposición legal pues no hubo sesión de clausura.

Este 31 de octubre los diputados, encabezados por Ana Matilde Gómez, cantaron el Himno Nacional 15 minutos antes de las doce de la media noche.

A prueba, alianza Gobierno oposición

Ningun partido tiene mayoría absoluta de 36 votos en el Legislativo. Los acuerdos y consensos son necesarios para aprobar leyes y nombramientos. 

Si la bancada del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) se distancia del oficialista Partido Panameñista en la Asamblea Nacional, podría surgir una nueva correlación de fuerzas políticas en el Legislativo a partir del año 2017, advirtieron analistas, dirigentes políticos y sectores de la sociedad civil.

Los comentarios surgieron luego de las diferencias entre los diputados panameñistas y del PRD, que impidieron el pasado lunes la elección del nuevo magistrado del TE en el Legislativo.

Para el analista Jaime Porcel, “tarde o temprano” el pacto de gobernabilidad entre el PRD y los panameñistas se va a romper debido a la cercanía de las elecciones.

En ese sentido, el expresidente del PRD Francisco Sánchez Cárdenas opinó que ya es hora de que la bancada empiece a hacer oposición.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, consideró que si el PRD rompe con el oficialismo, ese espacio puede ser tomado en el Legislativo por otra fuerza política, como Cambio Democrático (CD).

En tanto, el presidente del Partido Panameñista, José Luis Varela, señaló que en vista de que ningún partido tiene mayoría absoluta en el Legislativo, los acuerdos continuarán hasta 2019.

El politólogo Carlos Guevara Mann destacó que, al final, la partidocracia se impondrá y perredés junto con panameñistas tomarán los dos meses que faltan para elegir al magistrado del TE, a fin de negociar nuevas “componendas” en beneficio de sus intereses, sin importarles los de la sociedad.

ASAMBLEA: ACUERDO DE GOBERNABILIDAD, EN JUEGO

Para algunos analistas y dirigentes políticos, las diferencias demostradas en la sesión de la Asamblea Nacional del pasado 31 de octubre entre las bancadas del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) y del oficialista Partido Panameñista, respecto a la elección del magistrado del Tribuna Electoral (TE), es el inicio de la ruptura del pacto de gobernabilidad. Pero para otros, lo que sucederá es una negociación de componendas entre ambos partidos para seguir con el acuerdo.

A juicio del analista político y de mercado Jaime Porcell, lo que pudiera estar en juego en los próximos dos años es que la gobernabilidad del país “va a estar muy tensa, como se empezó a evidenciar en la sesión legislativa del 31 de octubre pasado, cuando se debió escoger al nuevo magistrado del Tribunal Electoral”.

Según Porcell, tras el proceso interno de escogencia del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PRD, en el que resultó electo como secretario general el diputado Pedro Miguel González, las bases están exigiendo a la nueva dirigencia asumir un rol de oposición más fuerte, para no confundir al electorado en los comicios de 2019.

Destacó que si el PRD quiere distanciarse de los oficialistas con miras a la campaña política, están obligados a cambiar hacia un discurso opositor, que fue lo que demandaron las bases del colectivo en el reciente congreso ordinario del partido.

Advirtió que frente a este escenario, los próximos dos años y medio serán difíciles para el país en materia política. “Tarde o temprano, esa mayoría legislativa se va a romper y pareciera que ese es el camino…”, sostuvo.

Para el dirigente del PRD Francisco Sánchez Cárdenas ya va siendo hora de que la bancada del PRD y el CEN adopten un proceso para demostrar la verdadera cara de oposición que debe tener el partido en los próximos años.

“Con este coqueteo con el Ejecutivo, estamos abriendo el camino muy fácil al partido Cambio Democrático (CD) para que vuelva al poder. Espero que lo que ocurrió el lunes en el proceso de escogencia del magistrado del Tribunal Electoral sea el inicio de este nuevo discurso y no sea una estratagema para conseguir intereses, que siempre se pueden obtener en la Asamblea Nacional”, indicó Sánchez Cárdenas, expresidente del PRD.

Carlos Lee, dirigente de la Alianza Ciudadana pro Justicia, dijo que no tiene dudas de que pronto habrá una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea. “El panameñismo ya sumó a la gente de Cambio Democrático; hay otra correlación de fuerzas que se puede estar manejando en estos momentos, aun sin el PRD”, indicó.

Lee se refirió al grupo de 16 diputados de CD que el 1 de julio pasado votó junto con los panameñistas y el PRD a favor de Rubén De León para presidir el Legislativo.

El politólogo Carlos Guevara Mann no cree que el desacuerdo entre el PRD y el panameñismo por la magistratura en el TE produzca la ruptura del pacto. “El nuevo liderazgo perredista necesita del apoyo encubierto que el oficialismo, con su acceso irrestricto a las arcas del Estado, puede darle en esta etapa de consolidación”, dijo.

Explicó que en los próximos dos meses, que ahora faltan para la elección del reemplazo de Pinilla, “es posible que, como en ocasiones anteriores, el oficialismo y los perredistas logren superar sus diferencias a partir de componendas e intercambios mutuamente beneficiosos, aunque sean dañinos para la institucionalidad democrática”.

PANAMEÑISTAS SEGUIRÁN ACUERDOS POLÍTICOS

El diputado panameñista Adolfo Valderrama volvió a criticar a la dirigencia del PRD por oponerse a que se escogiera en la sesión del lunes al nuevo magistrado del TE.

“Yo tiendo a no sacar análisis tan profundos en torno a una posible ruptura. ¿Por qué esperar hasta el 2 de enero de 2017 para temas tan importantes que el país necesitaba, como la escogencia de un magistrado del Tribunal Electoral? Yo creo que cuando hay personas que ponen primero el partido antes que el país, te dan mérito para pensar qué es lo mejor para Panamá. Yo sí creo que la bancada del panameñismo debe evaluar qué está por encima de la bancada del PRD. Pareciera que ellos están por encima del país”, denunció Valderrama.

Por su lado, el diputado y presidente del Partido Panameñista, José Luis Varela, manifestó que el acuerdo original (pacto de gobernabilidad entre el PRD y los Panameñistas) vence en junio de 2017 y explicó que hay que separar los acuerdos legislativos con las elecciones nacionales.  

Manifestó que cada partido tendrá una estrategia hacia las elecciones de 2019, y destacó que en la Asamblea [el acuerdo] es la única manera de aprobar algo y tomar decisiones mediante el consenso, porque ningún partido tiene la mayoría.

“Lo que pienso es que en la Asamblea seguirán los acuerdos hasta 2019”, pronosticó Varela, quien no estuvo presente en la sesión del 31 de octubre pasado en el Legislativo.

El diputado y secretario general electo del PRD, Pedro Miguel González, insistió en que la decisión de su bancada de oponerse a que se escogiera el lunes al magistrado del TE no fue con la intención de generar una crisis dentro de la Asamblea Nacional.

“Hemos actuado con madurez. Este país ha tenido gobernabilidad durante los dos años y meses del periodo constitucional vigente gracias a la madurez y a la responsabilidad del PRD”, afirmó.

Señaló que con esa misma madurez con la que han actuado en este período constitucional, fue que solicitaron la postergación del proceso de elección del magistrado que reemplazará al magistrado Erasmo Pinilla en el TE.

Pero el argumento del secretario general electo del PRD fue rebatido por Valderrama, quien dijo: “González tuvo miedo de someter una votación dentro de su bancada. Había diputados del PRD, más de la mitad, incluso del grupo del señor Benicio Robinson, dispuestos a apoyar al candidato a magistrado de la mayoría. Ese era el temor del PRD, que no tenía el control de su bancada”.

MAL MENSAJE

Para Carlos Gasnell, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, se envió un mal mensaje a la ciudadanía con lo ocurrido en la Asamblea.

“Lo que se vio el día lunes fue una burda negociación de espacios políticos en un ente del Estado que es garante de la libertad y transparencia del sufragio, así como de los procesos que sostienen nuestra democracia. Debería pensarse en una persona que represente estos ideales, no los de la defensa de los intereses de ningún partido”, dijo.

Mientras que para Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano pro Reformas Electorales, la Asamblea quedó muy mal institucionalmente al no nombrar a tiempo al magistrado del TE, tras sacarle el cuerpo a sus obligaciones.

De acuerdo con el exmagistrado del TE Denis Allen, el retraso en el nombramiento del nuevo magistrado no tiene una afectación profunda desde el punto de vista institucional, ya que el derecho administrativo es muy claro.

“Un funcionario cuyo nombramiento tiene un término de vencimiento constitucional de 10 años en este caso no puede abandonar el cargo hasta tanto no sea reemplazado”, precisó.