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Cuando se destapó el escándalo de los Panama Papers, con el bufete de Mossack & Fonseca en el ojo de la tormenta, muchos no se imaginaron que tenían unos competidores en materia de sociedades anónimas, para facilitar a sus clientes eludir los controles fiscales en sus respectivos países, incluso, en el mundo del fútbol.

Se trata de una reconocida firma forense de nuestro medio, Alemán, Cordero, Galindo & Lee, con residencia en la ciudad de Panamá.

En esta ocasión, el escándalo, de menor dimensión, pero llamativo, fue el del jugador uruguayo Luis Suárez, famoso por la mordida que infligió en el último mundial de fútbol a otro colega, y quien protegió sus ingresos por derechos de imagen en Panamá.

Los informes periodísticos indican que desde que llegó a Europa en 2006 hasta que fue contratado por el Barcelona F.C., en 2014, Suárez resguardó sus derechos de imagen durante ocho años desviando sus ganancias a la empresa Meltockets Investments, S.A., registrada en esta capital, el 26 de mayo de 2005.

EL CASO

Las ganancias de la explotación de la imagen del futbolista se transfirieron a Panamá durante ocho años

Suárez dejó de utilizar este mecanismo de evadir impuestos al ser contratado por un club español.

Las investigaciones que realizó la red de periodistas de investigación EIC en Europa confirman que Meltockets Investments, S.A. fue creada en Panamá por la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee, y que, según publicó El Confidencial , ya había sido contratada por Jordi Pujol Ferrusola, un empresario español implicado en varios escándalos de presunto blanqueo de capitales, entre 2012 y 2014, para supuestamente transferir sus fondos desde Andorra hasta nuestro país.

Pere Guardiola, hermano del entrenador del Manchester City, aseguró a El Confidencial que Luis Suárez otorgó sus derechos de imagen cuando tenía 19 años a Meltockets Investments, S.A., una empresa que era de su propiedad, y que por la explotación de esos derechos la compañía le pagaba una cuota anual.

Son dignatarios en Meltockets Investments S.A. Edgardo Eloy Díaz, presidente; María Vallarino A., secretaria; y Myrna de Navarro, tesorera.

Las transacciones se iniciaban en Países Bajos y luego en Panamá.

Dado que Suárez jugaba primero en el Groningen y Ajax, sus ingresos salían de Holanda, un país de la Unión Europea, y viajaban a Panamá, donde el impuesto de sociedades es bajo, un 2%.

En Holanda, una compañía registrada en la ciudad de Naarden, la LMP Bomore B.V., era la intermediaria en el desvío de los fondos de Suárez a Panamá, y se quedaba con cerca de un 2% de los ingresos publicitarios del futbolista.

Lo restante se enviaba a Panamá. Esta misma compañía holandesa tramitaba las ganancias publicitarias del jugador argentino Ángel Di María, de quien también se conoció por el diario El Mundo , basado en los documentos de ‘Football Leaks’, que utilizaba una sociedad registrada en Panamá, la Sunpex Corporation Inc., para idénticos fines.

EL CASO DI MARÍA

Sunpex Corporation Inc. fue inscrita el 11 de mayo de 2009 en el Registro Público de Panamá, un registro que tramitó el bufete Shirley & Asociados.

El 5 de octubre de 2012 se modificó su pacto social, trámite realizado por el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee, la misma firma forense del jugador Suárez.

Sus directivos son Edgardo E. Díaz, presidente; Fernando A. Gil, tesorero; y Gina Martínez, secretaria.

En el caso de Di María, este resguardó 5.1 millones de euros en Panamá, entre 2013 y 2016, siendo jugador del Real Madrid, Manchester United y Paris Saint-Germain.

A la larga, la Fiscalía Provincial de Madrid descubrió la trama fiscal de Di María y lo denunció.

La Estrella de Panamá le solicitó la opinión a Aníbal Galindo, miembro de esta firma, pero no respondió.

José Quintero

 

A casi dos meses de la fecha para la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, Cambio Democrático (CD), el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Partido Panameñista, los de mayor opción para liderar este órgano del Estado, están diseñando estrategias para captar el apoyo de los diputados que requieren para sumar los votos que les permita quedarse con la presidencia del Legislativo.

Estos tres colectivos han iniciado una serie de reuniones informales en pos de captar los votos que les hagan falta para llegar a los 37, cifra que les despejará el control de la junta directiva.

Adolfo Valderrama, quien ya fue presidente de la Asamblea Nacional en el actual quinquenio constitucional, ha dicho que los panameñistas se merecen repetir en la junta directiva, pues considera que han hecho un buen trabajo al frente de este órgano del Estado y se merecen volver.

El nombre de Valderrama se menciona como el virtual designado para encargarse de la presidencia de la Asamblea.

En el caso de los panameñistas, poseen 17 diputados en sus filas. Se les hace aritméticamente difícil, pues necesitan sumar al menos otros 20 votos para llegar a la ansiada cifra de 37.

No obstante, los movimientos políticos y la estrategia de los últimos tres años les ha permitido mantener el control legislativo.

Pero sus adversarios del PRD y CD tampoco las tienen fácil. Necesitan más de una decena de votos para llegar a la cifra mágica. En el caso de los perredistas, les urgen 11 votos para sumar a su bancada, mientras que los del CD requieren sumar 12 a sus intenciones.

Pedro Miguel González, diputado del PRD y máximo dirigente del colectivo opositor que hasta el momento ha sido aliado del panameñismo en busca de concretar su liderazgo legislativo, también afirmó que lucharán por mantener la presidencia de la Asamblea, aunque tengan que unirse a los diputados del CD.

‘Vamos a hacer todo lo posible para lograr una mayoría el 1 de julio’, aseguró el también diputado, quien destacó que para lograr ese objetivo necesitan por lo menos 10 votos de CD.

En las últimas semanas, se ha filtrado información de que los diputados del PRD han tenido acercamientos estratégicos con el grupo denominado ‘disidentes’ a la actual dirigencia de CD, los que estarían dispuestos a sumarlos a sus intenciones.

COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA

El 1 de julio los diputados renovarán su junta directiva

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) mantiene 26 escaños en la Asamblea Nacional.

A su vez, la bancada panameñista posee 17 diputados en sus filas.

Cambio Democrático tiene una facción de 25 diputados, pero sus votos están fragmentados.

Este grupo lo integran cerca de 15 diputados que, aunque algunos aceptan a Ricardo Martinelli como el máximo dirigente del partido, rechazan las directrices de Alma Cortés, la presidenta encargada del colectivo.

Aunque el propio Martinelli ha dicho vía Twitter que no quiere alianza con el PRD ni con el panameñismo, sus diputados están dispuestos a retarlo una vez más y aliarse con el único fin de lograr el control de la directiva legislativa.

Ante las declaraciones de González, el presidente de CD, por medio de su cuenta de Twitter aconsejó lo siguiente: ‘facilito… hagamos una alianza con CD a la cabeza y basta ya a la persecución política por los panameñistas, que se están robando el país’.

En las filas de CD es un comentario constante que ya el Panameñismo y el PRD han encabezado la directiva como presidentes, y que ahora les toca el turno a ellos.

A pesar de que las donaciones y la firma de contratos están suspendidas, los diputados están conscientes de que el control de la directiva les da ventaja, y que ese control sería útil para lograr el propósito de reelegirse en sus respectivos circuitos, en las elecciones del 2019, cuya organización ya se inició por parte del Tribunal Electoral.

Por ahora les queda poco menos de dos meses para intensificar las reuniones y definir qué grupo será el que se quede con la codiciada presidencia de la Asamblea.

La fecha de la elección está fijada para el 1 de julio y en esa fecha el que sume los votos será el que gane.

Ismael Gordón Guerrel

 

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) hizo un llamado urgente al presidente de la República, Juan Carlos Varela, para que no retrase los nombramientos del magistrado principal y los magistrados suplentes.

La Constitución Política establece que será el presidente de la República, quien designará a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea Nacional ratificará el nombramiento.

Alejandro Moncada Luna, quien ejerció como magistrado de la Corte, fue investigado y luego de un acuerdo judicial, condenado a cinco años de prisión en marzo de 2015. Desde esa fecha el cargo  está vacante y es suplido por su suplente José Abel Zamorano.

“El retraso en las designaciones del magistrado y los suplentes restantes en la Corte Suprema de Justicia no permiten el funcionamiento pleno de este órgano del Estado”, reclamó Juan Carlos Araúz, presidente encargado del Colegio de Abogados.

Las piezas faltantes en el rompecabezas de la Corte, explica Araúz, la afecta, ya que su diseño institucional requiere de estas designaciones para agregar agilidad y estabilidad en el desempeño de sus funciones.

El magistrado Cecilio Cedalise, designado por Varela, tiene pendiente la designación de su magistrado suplente.

En el caso de Angela Russo de Cedeño, también designada por Varela, se nombró a Judith Cossú como magistrada suplente. La Asamblea está pendiente de su ratificación.

Ismael Gordón Guerrel

 

La publicación de los ‘Papeles de Panamá’ y una posterior investigación de la Asamblea Legislativa dejó lecciones importantes a los costarricenses.

Los archivos filtrados del bufete panameño Mossack & Fonseca, y que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación el 3 de abril de 2016, demuestran que el uso de sociedades offshore tiene relación con prácticas fiscalmente riesgosas comunes en contribuyentes evasores.

‘Queda evidenciada la relación común entre el uso de sociedades offshore y las conductas tendientes al incumplimiento tributario’, son parte de las conclusiones de reporte elaborado por nueve miembros de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y publicado el 30 de marzo de 2017

Los legisladores de la comisión investigadora concluyen que la filtración de documentos expuso a una élite política económica que ha gozado de suficiente poder para mantener la legislación con vacíos legales que les han permitido desarrollar acciones inmorales en beneficio de su interés personal.

‘La revelación de una serie de acciones y mecanismos usados por estas élites nos ha permitido señalar vacíos legales donde corresponde desarrollar propuestas de ley que aboguen por el bien común’, añade el documento.

En total fueron diecinueve puntos remarcados como vacíos legales. Entre estos están la opacidad y frágil regulación de las personerías jurídicas y fideicomisos, la falta de regulación de los aportes extraordinarios de capital, la carencia de impuesto a las ganancias de capital, debilidades del impuesto de ventas que facilitan la evasión, las limitaciones en la definición de tipo penal del delito de legitimación de capitales y de defraudación fiscal, la falta de regulación de precios de transferencia y de las entidades financieras sin fines de lucro, la insuficiente legislación para el riesgo de elusión y evasión de los personajes públicos y políticamente expuestos.

LOS PROYECTOS

Para subsanar las fallas, los legisladores proponen un conjunto de leyes para cerrar los portillos de las maniobras de defraudación fiscal. Entre las iniciativas a impulsar están la regulación de las personas jurídicas no inscritas en la administración tributaria, la prohibición a funcionarios con altos cargos públicos de realizar actividades comerciales en paraísos fiscales, retención de impuestos sobre las remesas, reformar el código de comercio para que se protocolicen los aportes extraordinarios de capital, bancarización de las transacciones de bienes inscritas en el Registro Público, reformas a la sanción a asesores tributarios que aconsejen mecanismos de defraudación fiscal, al tipo penal del delito de legitimación de capitales y a la Ley del impuesto sobre la renta.

LEGALIDAD DE ‘OFFSHORE’

En cuanto a la constitución de sociedades mercantiles o personas jurídicas, el informe considera que no es una actividad ilícita. Sin embargo, se identificó que en todas las actividades ilícitas estaban involucradas personas jurídicas como medio facilitador de las mismas por la opacidad que ellas representan.

Como otra conclusión señalan que el bufete Mossack & Fonseca es una organización privada que crea condiciones y estructuras legales para canalizar los fondos de sus clientes a espacios económicos con reglas tributarias menos rígidas.

En su análisis sobre el bufete panameño, señalan que su negocio es constituir empresas offshore como entidades legales que funcionan por debajo de los radares de la legislación fiscal del país de origen de sus beneficiarios, lo que incrementa su riqueza patrimonial y poder político en perjuicio del erario público.

Mossack & Fonseca es, según las conclusiones de la comisión investigadora, un bufete que ‘a la postre vende encubrimiento o camuflaje de legalidad formal para el enriquecimiento ilícito material de clientes de por sí acaudalados, siendo ese tipo servicio profesional representa una cortina de humo para el tema de la especulación financiera, la corrupción o el lavado de dinero (o todas las anteriores)’.

CASOS

Según el reporte, los ‘Papeles de Panamá’ representan un desafío para cualquier país democrático que tenga pendientes en su agenda de gobernanza de los asuntos públicos.

DIPUTADA COSTARRICENSE

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica mantiene bajo investigación a 120 empresas o personas sospechosas de prácticas de evasión fiscal vinculadas al escándalo de los ‘Papeles de Panamá’.

La información se refiere a 49 empresas y 41 personas naturales que se dedican a actividades del ámbito jurídico, inmobiliario, agropecuario, comercial y de servicios de asesoramiento y consultorías.

De los 120 involucrados, las autoridades costarricenses tienen plenamente identificados a 69, los cuales, además, crearon un total de 410 sociedades offshore en Panamá, de acuerdo a una publicación de la agencia de noticias EFE , el 21 de marzo de 2017.

La administración ‘presume que detrás de la creación de estas sociedades hay una clara intención de evadir las responsabilidades tributarias, por lo que sus casos serán trasladados a las áreas de fiscalización de la Dirección General de Tributación o al Ministerio Público, según corresponda’, para su investigación, dijo en un comunicado el viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez.

‘NOSOTROS NO ASESORAMOS A LOS CLIENTES FINALES DE ESTOS INTERMEDIARIOS SOBRE LA MANERA EN QUE DEBEN OPERAR SUS NEGOCIOS’,

MOSSACK & FONSECA

FIRMA DE ABOGADOS

Desde abril de 2016, a raíz de la filtración de datos, el Ministerio Público de Panamá instruye un expediente contra los socios del bufete por un supuesto delito de blanqueo de capitales. La investigación ha encontrado obstáculo por recursos interpuestos por la defensa.

Otro proceso fue abierto en el ente investigación panameño por un supuesto hackeo a los servidores de la firma de abogados panameña.

Hasta ahora no hay detenidos en ninguno de los casos.

Marlene Testa