Decisión de caso Finmeccanica, en manos de firma de abogados

El ministro de Seguridad Rodolfo Aguilera esperará el estudio legal de la firma Tapia, Linares & Alfaro, que les asesora en el caso de los radares que Finmeccanica vendió a Panamá en 2010.

“ Nosotros seguimos trabajando en todos los frentes. Si Finmeccanica no nos hace llegar una propuesta como aparentemente se comprometió… nosotros seguimos adelante”, dijo el titular.

Advirtió que si los abogados de la mencionada firma recomiendan iniciar un proceso legal contra el conglomerado italiano “ eso es lo que haremos”. Las declaraciones del ministro surgen luego de que venciera el plazo para la entrega de la propuesta.

La firma Tapia, Linares & Alfaro es la encargada de evaluar el contrato de la instalación de 19 radares, de los cuales siete presentan “deficiencias”, y que fueron adquiridos en 2010 a través de Selex, filial de Finmeccanica, por $125 millones.

Finmeccanica se comprometió el pasado febrero con el gobierno panameño a presentar en 30 días, una propuesta formal para solventar los problemas registrados con los radares, pero el plazo venció y la moción, a la fecha, no ha sido entregada.

INFORME DE LA FIRMA

Aguilera espera que el estudio u opinión de la firma de abogados Tapia, Linares &Alfaro le sea entregado en las próximas semanas. Explicó que ya los abogados tienen adelantado el documento.

A juicio de Aguilera, las investigaciones que ha emprendido el Estado respecto al caso Finmeccanica “ van a buen ritmo”. “ Los tiempos de los tribunales son distintos a los tiempos de los medios de comunicación… Todo va caminando a buen ritmo”, enfatizó. También planteó que los expedientes están en italiano y hay algunos que tiene como cinco mil folios, situación que demora el análisis.

REUNIONES Y PLAZO

En noviembre pasado, el Estado comenzó las reuniones con la empresa Selex, filial de Finmeccanica. Sin embargo, hace cinco semanas, el número uno del conglomerado italiano, Mauro Moretti, se comprometió en Roma con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, a resolver los defectos técnicos de los equipos. Se pusieron como meta un plazo de 30 días.

Tras las quejas del gobierno panameño por la inefectividad de los radares para detectar las lanchas rápidas que usan narcotraficantes para transportar la droga, la empresa italiana solicitó en noviembre pasado al Ministerio de Seguridad trazar una hoja de ruta para llegar a un acuerdo.

Los radares fueron adquiridos durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), con el argumento de que eran necesarios para combatir el tráfico de estupefacientes.

Por el momento, los directivos de la empresa no se han pronunciado al respecto, a pesar de que este diario ha buscado, sin éxito, sus declaraciones.

Blindaje de diputados violaría la ‘Constitución’

Entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia circula un proyecto de fallo que declara inconstitucional la Ley 55 de 2012, llamada “ley blindaje”, y que establece un mecanismo especial de investigación para los diputados de la Asamblea.

Una fuente judicial informó que el ponente en este caso, el magistrado Hernán De León, puso a circular este fallo, pero falta la firma de dos de los nueve miembros del pleno.

El presidente encargado del Partido Popular, Carlos Rubio, fue quien en septiembre de 2013 interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la norma, porque estipula 10 días para que el magistrado que ejerza de juez de garantías fije el plazo de finalización solicitado por el imputado.

La ley señala que si el magistrado fiscal no remite al juez de garantías la investigación en ese plazo, se dará por extinguida la acción.Entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia circula un proyecto de fallo que declara inconstitucional la Ley 55 de 2012, llamada “ley blindaje”, y que establece un mecanismo especial de investigación para los diputados de la Asamblea.

Una fuente judicial informó que el ponente en este caso, el magistrado Hernán De León, puso a circular este fallo, pero falta la firma de dos de los nueve miembros del pleno.

El presidente encargado del Partido Popular, Carlos Rubio, fue quien en septiembre de 2013 interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la norma, porque estipula 10 días para que el magistrado que ejerza de juez de garantías fije el plazo de finalización solicitado por el imputado.

La ley señala que si el magistrado fiscal no remite al juez de garantías la investigación en ese plazo, se dará por extinguida la acción.

Demandan a Cucalón por pérdidas de $47 millones

Una querella penal interpuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contra el exdirector de ingresos Luis Cucalón, hace dos meses, hace responsable a este por el pago ilegal de $47.1 millones en comisiones a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., por gestionar el cobro de impuestos durante la pasada administración de gobierno.

La denuncia fue interpuesta hace dos meses, antes de conocerse que Cobranzas del Istmo se habría embolsado $21 millones en comisiones por cobrar ilegalmente impuestos morosos a Tocumen, S.A., por un monto de $72.8 millones.

Dulcidio De La Guardia, en calidad de representante legal del Ministro de Economía y Finanzas (MEF), interpuso la querella contra Cucalón por falsificación ideológica de documentos públicos en perjuicio del Estado, el pasado 16 de enero de 2015.

La demanda podría implicar una sanción de cuatro a ocho años de prisión para el exdirector de ingresos.

La acusación señala que Cucalón insertó una declaración falsa en el contrato 100 del 25 de agosto de 2010, con la cual Cobranzas del Istmo, sociedad anónima inscrita en la ficha 433694, rollo 466885, imagen 1, inició su labor como gestor de la cartera morosa de impuestos.

Este documento omitió trámites expresos en materia de contratación pública, provocando un perjuicio económico al Estado panameño, en concepto de las comisiones pagadas a Cobranzas del Istmo, establece la querella penal. Por esto, el demandante solicita la imposición de una medida cautelar de detención preventiva contra Cucalón.

La querella presentada ante el Ministerio Público plantea que el Ministerio de Economía y Finanzas puede hacer contrataciones directas hasta por un monto de $300 mil; mientras que el Consejo Económico Nacional (CENA) puede contratar hasta por $3 millones y el Consejo de Gabinete, cuando supera los tres millones. Sin embargo, el querellante sostiene que el exdirector de ingresos insertó un documento que establece el cumplimiento de estos puntos, ‘lo que es falso’, dice el denunciante.

SIN APROBACIÓN

Tras revisar los archivos del MEF, el representante legal de esta institución dice no haber encontrado un documento que muestre que se haya aprobado la contratación directa de la empresa Cobranza del Istmo, como gestor de cobro.

El CENA tampoco evaluó ni emitió concepto alguno de contratación directa entre el Estado y Cobranzas del Istmo, S.A. La base de datos de la Secretaría Técnica de este organismo tampoco tiene registro de ingreso de dicha contratación.

‘Por ello certificamos que no hemos remitido la referida contratación al Consejo de Gabinete’, dice el representante legal del MEF.

‘Yo no escogí a Cobranzas, ni escogí a ninguna empresa. Es más, yo me oponía a la tercerización del cobro de impuestos’, dijo Cucalón, durante una entrevista exclusiva con este medio de comunicación.

Cucalón agregó que el contrato no fue llevado al Gabinete porque ‘no establecía montos’.

ANTECEDENTES

La contratación de la empresa privada Cobranzas del Istmo, S.A. se realizó cuando Dulcidio De La Guardia era el jefe directo de Cucalón.

Más arriba de ellos en el organigrama de la institución se encontraba Alberto Vallarino, entonces ministro de Economía y Finanzas.

En octubre del año pasado, la Dirección General de Ingresos (DGI) anuló el contrato entre el Estado y Cobranzas del Istmo, alegando que era inconstitucional (artículo 42 de la Constitución) que una empresa privada manejara información sobre los contribuyentes.

La antigua Autoridad Nacional de Ingresos (ANIP) le pagó a esta empresa privada $30 millones por recuperar impuestos morosos en la primera mitad del año pasado.

La cifra representa un aumento de las comisiones de 218% con relación al año 2013, cuando Cobranzas del Istmo obtuvo $9.8 millones.

Cobranzas del Istmo, S.A. adjudicba unas 500 cuentas a cada uno de sus 170 cobradores.

Dado el desgreño administrativo en que se encontraba la DGI cuando el exdirector de ingresos asumió el puesto el trabajo que realizaba Cobranzas del Istmo era ‘bueno’, según Cucalón.

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‘ El contrato con Cobranzas del Istmo no fue aprobado por el suscrito como afirma Cucalón’

DULCIDIO DE LA GUARDIA,

MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

‘ Yo me oponía a la ley que permitía tercerizar el cobro moroso de los impuestos’

LUIS CUCALÓN,

EXDIRECTOR DE INGRESOS

Garuz tenía en su residencia información de pinchazos

El ex secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Alejandro Garuz guardaba en su residencia dispositivos de almacenamiento de datos (USB) con audios e informes y perfiles de activistas políticos y de la sociedad civil cuyas comunicaciones posiblemente fueron interceptadas durante la pasada administración. 

 

Al ampliar ayer su declaración indagatoria ante el despacho adjunto a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada que investiga  

las escuchas ilegales en el gobierno anterior, Garuz confirmó el contenido de los USB, pero debido a la mala calidad de las grabaciones no se distinguen con precisión las voces en algunas de las víctimas, según revelaron fuentes judiciales.

Trascendió que los perfiles de los dirigentes e informes de sus actividades eran suministrados a Garuz diariamente por un grupo de orden público del CSN y por miembros de estamentos de seguridad como la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, la Dirección de Investigación Policial y agencias privadas.

DEFENSA ACEPTA

Cristóbal Arboleda, quien ejerce la defensa de Garuz, aceptó que su cliente tenía en su poder los perfiles, pero aclaró que eran parte de sus funciones en el CSN.

“Calificar como irregular este tipo de actividades depende, porque para nosotros son actos normales dentro de una estructura de seguridad. Sin embargo, pareciera que la fiscalía le da otra connotación”, dijo.

Los USB fueron encontrados tras un allanamiento realizado por las autoridades en la residencia de Garuz en la madrugada del 12 enero pasado. Desde ese día, el exfuncionario está detenido junto con el también exjefe del CSN Gustavo Pérez.

DILIGENCIA DE 7 HORAS

En la diligencia de ayer se ventilaron detalles sobre dos interceptaciones en las que se escuchan las voces de la cacica general de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, y de la diputada perredista Zulay Rodríguez.

El fiscal adjunto de la Fiscalía contra el Delincuencia Organizada, Ricardo Muñoz, tomó la ampliación de la declaración indagatoria a Garuz, diligencia que se prolongó durante al menos siete horas y media, entre las 7:30 a.m. y las 2:30 p.m.

Garuz colaboró poco durante la indagatoria, ya que contestaba parcamente ante las preguntas del fiscal, contaron las fuentes. 

Después de escuchar una petición del abogado Ángel Álvarez –defensor de varios afectados por las interceptaciones– para que la fiscalía le aprehendiera sus propiedades y cuentas bancarias, Garuz decidió acogerse al artículo 25 de la Constitución Política que le otorga el derecho a no declarar contra sí mismo.

Álvarez representa en el proceso por las escuchas telefónicas al catedrático Miguel Antonio Bernal, a la diputada Zulay Rodríguez, la dirigente magisterial Yadira Pino y al expresidente Ernesto Pérez Balladares.

CACICA CONDENA

La cacica Silvia Carrera condenó el hecho de que fuese grabada, lo cual, dijo, confirma las denuncias que hizo en cuanto a que el gobierno de Martinelli sabía de antemano todo sobre las protestas indígenas.

“Es claro que se daban las intervenciones a los celulares”, dijo la dirigente indígena al ser entrevistada por este diario.

Martinelli, bajo la lupa del espionaje

Blog Periodismo en las Américas | 25 mar 2015 – 00:05h

El futuro del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009–2014) quedará definido hoy, 25 de marzo, cuando el fuero penal electoral con el que cuenta sea retirado oficialmente.

Una vez suceda esto, la justicia podría requerirle que vuelva al país para que responda por los diferentes casos que lo involucran. Una de estas investigaciones tiene que ver con presuntas interceptaciones ilegales y espionaje a periodistas, miembros de la oposición, sociedad civil e incluso a sus propios funcionarios y allegados. El escándalo estalló a finales de 2014, cuando se conoció que la administración de Martinelli gastó más de $13 millones en la compra de equipos y software a una empresa israelí a mediados de 2010 con fondos del Programa de Ayuda Nacional.

Los equipos dirigidos al Consejo Nacional de Seguridad, una entidad que responde directamente a la Presidencia, se encuentran desaparecidos. Se han encontrado grabaciones, transcripciones y vídeos que han permitido adelantar una investigación por parte del Ministerio Público.

“Dulcidio me pedía que borrara cuentas morosas”, Cucalón

Luis Cucalón, director de la desaparecida Autoridad Nacional de Ingresos (ANIP), hasta finales de septiembre de 2014, revela ahora cómo resistió la intervención de diferentes sectores del gobierno y de la empresa privada, para evitar el cobro de tributos morosos. Esas solicitudes, dice, generaron tensiones con el propio presidente Ricardo Martinelli y el entonces viceministro de Finanzas, Dulcidio De La guardia, ahora a cargo de la cartera. ‘Él me detesta porque yo lo desprecie, y no le hacía caso cuando me decía que no cobrara a quienes él representaba’, dijo Cucalón a La Estrella de Panamá.

‘No voy a cargar con muertos ajenos’, recuerda Cucalón que le dijo a De La Guardia cuando le decía que ‘borrara cuentas’.

‘Mándamelo por escrito’, le dijo al hoy ministro cuando le pidió cuentas como ‘jefe’, ante lo que Cucalón contestó: ‘pero el que el que va ir preso (si accedo) soy yo’.

También explicó que las múltiples condiciconantes que llegaban desde el gobierno para limitar la modificación de la ley tributaria pusieron techo a la meta acordada de recaudar 3 millones más al año. Cada vez que se identificaba un nuevo impuesto, había alguien cercano al ministerio que estaba afectado, señaló.

‘Yo hice mi trabajo y mi trabajo era cobrar. Yo sabía que iba a ser el malo de la película’, aseguró a Luis Cucalón, sobre los cuestionamientos que se han hecho a su gestión y la vinculación entre Cobranzas del Istmo S. A. y la Autoridad nacional de Ingresos (ANIP) durante su etapa como administrador.

‘No estuve de acuerdo en tercerizar la recaudación de los impuesto. Me opuse desde el principio, fue una idea de (Alberto) Vallarino y Dulcidio (de la Guardia), que además propuso que se hicieran públicas las cuentas morosas y se compartiera la información con la Asociación Panameña de Crédito’, recuerda Cucalón.

‘Les dije que nos iban a demandar y aún así se hizo un concurso en el que participaron cinco empresas. Cobranzas del Istmo resultó la mejor calificada’, sostiene el exdirector de Ingresos.

‘Mi única relación con la gestora de cobros se remonta a los años 90, cuando se creó para liquidar el Grupo Triángulo, proceso en el que también participé’, cuenta, y en el que coincidió como parte afectada, con Cristóbal Salerno, con el que compartió la junta directiva en la desaparecida Sears. ‘Fue la última Junta Directiva y a efectos solo de liquidar la empresa. Nunca tuvimos intereses comunes. Ni con él ni con Vallarino, como también se ha querido decir’, sostiene Cucalón.

Se incorporó a la gestión pública, asegura, a petición de Alberto Vallarino, entonces ministro de Economía y Finanzas. ‘La patria te necesita, me dijo, y me vine de Colombia, de ganar $30,000 para ser el malo de la película. Hubo un pacto de caballeros y yo entendí que se iba a honrar si hacía bien mi trabajo, pero no me cumplieron. La meta de recaudación, que se marcó fue quinquenal: 16,000 millones y yo conseguí superar los $17,000 millones. Yo hice mi trabajo pero no me cumplieron’, insiste Cucalón, quien da cuenta de su trabajo ‘dentro de la ley’.

‘Cuando llegué al puesto me encontré con un 70% de evasión fiscal y en un escenario como ese, el trabajo de Cobranzas del Istmo fue bueno. Esta gente cobraba su comisión, pero el funcionario que yo me encontré era desordenado y redondeaba su salario con coimas’, explica. Sobre las cuentas a pagar, subrayó que se enviaban a la gestora desde la ANIP, por antiguedad y monto.

Vallarino rechaza relación

Alberto Vallarino, ministro de Economía y Finanzas cuando se tercerizó el cobro de los impuestos, aseguró a este diario no tener ningún vínculo con la empresa privada Cobranzas del Istmo, S.A., que cobró comisiones de hasta 30 millones en solo seis meses de 2014, según un contrato pactado con el Estado.

A través de su agencia de comunicaciones, Vallarino explicó que como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, ni él ni ninguna de sus empresas tiene o ha tenido participación accionaria alguna o intereses económicos en Cobranzas del Istmo, o con el señor Cristóbal Salerno, propietario de dicha empresa.

El exministro negó además tener participación o vínculos con cualquier otra empresa dedicada al cobro de pagos morosos en el sector público o privado. La tercerización del cobro de impuestos, añadió, se enmarca dentro de la Ley 8 de 2010, cuyos méritos fueron ampliamente debatidos en el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados en su momento.

DESDE COREA

Dulcidio se defiende

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, aseguró que no aprobó el contrato de la empresa privada Cobranzas del Istmo, S.A., que actuó como gestora de cobros de impuestos morosos del Estado durante la pasada administración y cuyas comisiones se presume superaron lo que correspondía.

Las declaraciones del funcionario del gobierno, que en estos momentos se encuentra en Asia, se dieron luego de que el exdirector de ingresos Luis Cucalón lo señalará como su ‘jefe directo’ en el momento en que se propuso tercerizar el cobro de los impuestos morosos, medida que resultó anticonstitucional y provocó la desarticulación de la Anip.

De La Guardia aseguró que las declaraciones de Cucalón no son más que una ‘estrategia para desviar la atención’.

Como representante legal de la cartera de Economía y Finanzas, De La Guardia interpuso una demanda penal contra el exdirector de ingresos por supuesta falsificación ideológica de documento público, en la procuraduría General de la Nación, el pasado 16 de enero.

Cinco auditores irán a declarar a la fiscalía

La Fiscalía Segunda Anticorrupción llevará a cabo mañana, miércoles, una diligencia judicial de repreguntas a los cinco peritos que firmaron el informe de auditoría de la Contraloría en el caso de las supuestas anomalías en la compra de comida deshidratada por $45 millones a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

En la diligencia, programada para las 9:00 a.m., podrán participar los abogados defensores de los seis acusados en el proceso, informaron fuentes judiciales. 

Las repreguntas a los peritos fueron solicitadas por la defensa de la exministra de Educación Lucy Molinar, acusada por la supuesta comisión del delito de de peculado en este caso.

Además de Molinar están acusados en el proceso el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, el ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli Adolfo  

Chichi De Obarrio, la excontralora Gioconda Torres de Bianchini, el exfuncionario del PAN Angel Famiglietti y el empresario Rubén De Ycaza, este último fue quien se ganó el contrato.

Gonzalo Moncada, abogado de Tamburrelli, presentó ayer un escrito y pidió que la Fiscalía envíe el expediente del caso al Órgano Judicial por haber vencido el plazo para investigar.

Además, Moncada solicitó participar de las repreguntas a los peritos, aunque cuestionó la admisión de esta diligencia.

Moncada consideró que esta diligencia retrasa el proceso, porque cada abogado puede tomar hasta cuatro horas con los cinco auditores de la Contraloría.

INCAPACITADA

Por su parte, Cristian Lara, abogado de Torres de Bianchini, manifestó ayer que la evaluación que le hizo a su clienta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) concluye que esta padece problemas de salud desde 2014, por los cuales está incapacitada para el trabajo físico o psicológico y solo puede rendir declaración indagatoria en su residencia, siempre y cuando no esté agitada.

El pasado 18 de marzo, la fiscal segunda anticorrupción, Vielka Broce, acudió a la residencia de la excontralora en Don Bosco, Juan Díaz, para tomarle la indagatoria. Sin embargo, la exfuncionaria se acogió al artículo 25 de la Constitución, que le permite no declarar contra sí misma.

DESISTIMIENTO

Por otra parte, Rolando Rodríguez Chong, abogado del empresario Juan Carlos Marciaga –acusado y preso por supuestas irregularidades en la compra de bolsas de comida con fondos del PAN– informó que un particular presentó un hábeas corpus a favor de todos los 58 acusados en este caso, pero él interpuso un desistimiento ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque, según argumentó, es perjudicial para su cliente.

Mientras tanto, la CSJ admitió en resolución del 19 de este mes un desistimiento al recurso de hábeas corpus presentado a favor del exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, acusado de peculado por el alquiler de helicópteros con fondos del PAN.

La Corte ordenó el archivo de dicho hábeas corpus, que había sido presentado a título personal por William Monroy, quien no es abogado de Ferrufino.

Proceso penal contra el fiscal Peñaloza se estanca

Hasta el momento, el proceso penal contra el fiscal Electoral, Eduardo Peñaloza, se mantiene estancado.

El magistrado Harry Díaz, quien actúa como juez de garantías en el caso de Peñaloza, en una nota remitida a La Estrella de Panamá informó que en ‘su despacho no tiene pendiente ninguna solicitud o proceso que guarde relación con Peñaloza’.

De esta forma, Díaz advierte que el expediente reposa en manos del Ministerio Público y que no ha pasado a la Corte Suprema.

La procuradora de la Nación, Kennia Porcell, solicitó mediante una nota el pasado 10 de febrero, que se le concediera una fecha para celebrar una audiencia para formalizar la solicitud de acumulación de las demandas presentadas por el Colegio Nacional de Abogados y el político Carlos Rubio.

La solicitud fue desistida, toda vez que se le indicó a Porcell, que ‘la acumulación de los procesos debe hacerse de forma automática en el MP y no se debe solicitar audiencia para la acumulación’. Ahora corresponde el proceso de la investigación y una vez se recaben pruebas, debe remitirlo a la Corte Suprema de Justicia.

Fuentes del Ministerio Público informaron que Porcell consultó si era necesario hacer una audiencia de acumulación de los expedientes como lo hacían en la gestión de Ana Belfon. Al final se decidió que el fiscal podía acumular los expedientes por gestión propia.

Carlos Herrera Morán, miembro del Colegio de Abogados, informó que hoy presentarían un impulso procesal para acelerar la investigación.

PEÑALOZA, LA ÚLTIMA FICHA DE MARTINELLI

Peñaloza, denunciado por incumplir con su deberes como fiscal electoral, llegó al cargo de la mano del exmandatario Ricardo Martinelli. Lo hizo cuatro meses después de la renuncia inesperada de Boris Barrios, quien estaba al frente de la Fiscalía y enfrentaba un proceso en la Corte.

Los meses en que la Fiscalía estuvo en acefalía tenía una sola razón: Peñaloza no cumplía con los requisitos constitucionales para ser fiscal electoral. Le faltaban meses en el ejercicio de la profesión para llenar los requisitos y ser idóneo para el puesto. Se esperó el tiempo.

Antes de llegar a la Fiscalía, Peñaloza, pertenecía al Consejo de Honor y Disciplina de Cambio Democrático (CD) No fue su primer colectivo, perteneció al desaparecido Movimiento de Renovación Nacional y militó 13 años en el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Peñaloza fue ratificado por la Asamblea Nacional, el 18 de marzo de 2010, con 43 votos a favor, cero en contra y 15 abstenciones.

Ante el pleno de la Asamblea, Peñaloza, prometió vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y perseguir los delitos electorales.

Sin embargo, muchos consideran que no ha sido así. El exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, en reiteradas ocasiones, ha sostenido que Peñaloza ha ‘jugado el papel de un encubridor’.

Las palabras del exmagistrado del TE se refuerzan al ver los números de demandas de nulidad de elecciones y proclamación recibidas en la Secretaría General de la instancia electoral.

Los candidatos de CD fueron quienes encabezaron la lista de impugnaciones por el uso de recursos del Estado. El TE admitió 24 demandas de nulidad de elecciones y proclamaciones, 22 involucran a miembros de CD.

La nota característica fueron las demandas contra candidatos a diputados. Las diez denuncias contra catorce diputados.

Las investigaciones por el uso de recursos del Estado, fueron asumidas por su totalidad por el TE. La Fiscalía no investigó y pidió desestimar los casos.

Por ejemplo en la audiencia de Carlos Afú, a quien el TE le comprobó el usó de más de $4.9 millones para hacer campaña electoral, Peñaloza dijo que no había razón y al final dejó en manos de los magistrados la decisión.

A las demás, envió a fiscales de circuito quienes siempre pidieron desestimar las demandas de nulidad.

 

‘ El Fiscal Electoral, Eduardo Peñaloza, ha jugado el papel de un encubridor’,

GUILLERMO MÁRQUEZ AMADO

EXMAGISTRADO DEL TE

GESTIÓN EN CIFRAS

El fiscal Electoral se defiende

La Fiscalía Electoral, entre el 4 de enero del año pasado a la fecha, tramitó 181 expedientes por el supuesto uso de bienes ilegítimos y de recursos del Estado. Esto, según información suministrada por la propia entidad.

La sede principal de la Fiscalía General tramitó 70 expedientes en ese delito.

En tanto, la Fiscalía Electoral del primer distrito judicial tramitó seis expedientes. Por su parte, el segundo distrito judicial tramitó cuatro expedientes.

La Fiscalía Electoral que más expedientes manejó fue la de Santiago: 93 denuncias se manejaron en ese circuito que comprende las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

En la misma fecha, la Fiscalía Electoral remitió a los Juzgados Penales Electorales con vistas fiscales de 389 expedientes, según estadísticas de la entidad,

La semana pasada, cuando el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, retomó el control de la Fiscalía, informó que daría a conocer mayores detalles de su gestión en el último año.

Magistrados de la Corte Suprema con denuncias

Luego de la condena a cinco años de prisión y destitución del cargo del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, la comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional tiene pendiente resolver un total de 51 denuncias y querellas penales interpuestas contra magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Un informe de la Asamblea, al que este diario tuvo acceso, revela que las denuncias y querellas datan de entre 2005 y 2014.

José Ayú Prado, presidente de la CSJ, tiene 12 denuncias y querellas penales en su contra y es el que más procesos enfrenta. El también exprocurador de la Nación es señalado por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, omisión y simulación de hecho punible.

Los magistrados Oydén Ortega y Harley Mitchell tienen siete procesos cada uno pendientes en la Asamblea Nacional; mientras que Víctor Benavides, cinco. 

Le siguen Harry Díaz (4), Jerónimo Mejía (3), Hernán De León (2), Luis Ramón Fábrega (1) y Abel Zamorano (1).

Este medio consultó y envió correos electrónicos al magistrado Ayú Prado sobre el tema, pero no respondió.

No obstante, al referirse a las denuncias presentadas en su contra , declaró el 13 de este mes en Chiriquí lo siguiente: “a mí personalmente no me han notificado de nada. Me he enterado por los medios de comunicación de que hay como una docena de denuncias”.

El magistrado aseguró que enfrentaría cada una de las denuncias en la Asamblea Nacional.

CASOS POLÉMICOS

La mitad de las denuncias contra Ayú Prado fueron presentadas por Juan Domingo Ibarra, quien fue separado de su cargo de juez penal de Adolescentes de Colón el 10 de julio de 2014 y está llamado a juicio por corrupción. Fue Ayú Prado quien interpuso la denuncia contra Ibarra por corrupción.

Además, existen otros procesos penales contra el magistrado Ayú Prado. Uno de ellos es la denuncia del dirigente sindical Mariano Mena, que lo acusó porque siendo procurador de la Nación supuestamente ordenó en 2012 destruir evidencias en el caso del hackeo al correo electrónico del entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.

También sigue pendiente en la comisión de Credenciales la denuncia del exjuez Alexis Ballesteros, quien acusó a Ayú Prado y a otros tres magistrados de haberlo presionado para fallar a favor de amigos del expresidente Ricardo Martinelli.

Otro de los casos en su contra es una querella penal del exalcalde de Chame, Euclides Mayorga, quien también denunció en ese mismo caso a los magistrados Harry Díaz y Luis Mario Carrasco. Mayorga los acusó después de que en menos de seis días decidieron no admitir una casación en la Sala Penal mediante una resolución emitida el 6 de mayo pasado. Con esa decisión, se confirmó la condena de tres años a Mayorga por el cobro de una coima y estuvo nueve meses detenido.

De igual forma, está pendiente la denuncia que presentó el abogado Rosendo Rivera, porque supuestamente Ayú Prado –siendo procurador– coaccionó al florista César Segura para que devolviera el terreno de Paitilla a cambio de salir de prisión.

ASAMBLEA DEBE DECIDIR

Fuentes del Órgano Judicial informaron que el diputado panameñista Luis Barría, presidente de la comisión de Credenciales, es el único de los nueve miembros de esa instancia que tiene un proceso penal pendiente en la CSJ.

Se trata de la denuncia que presentó en 2012 el empresario Ernesto Águila, quien lo acusó de extorsión y cobro de coima para la aprobación de dos contratos cuando Barría era director del Registro Público. El ponente del caso es Hernán De León.

Barría es quien debe decidir cuándo somete a discusión los casos contra los magistrados.

Mientras tanto, fuentes de la Asamblea informaron que existen varios proyectos de resoluciones que admiten las denuncias presentadas contra Ayú Prado por el juez Ibarra, Ballesteros, Mena, el exalcalde Mayorga y el jurista Rivera.

“Hay muchas posibilidades de que esas denuncias sean las próximas en ser admitidas”, indicaron las fuentes.

Según las fuentes, otra de las denuncias que podría ser admitida es la que presentó el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares contra los magistrados Díaz, Benavides y Luis Mario Carrasco por el delito de abuso de  

autoridad, luego de que anularon una condena de 20 años de prisión a Rogelio Ramos, acusado de tentativa de homicidio tras la muerte del obrero Osvaldo Lorenzo, hecho ocurrido el 14 de agosto de 2007 en Chilibre.

PIDEN TRAMITAR CASOS

Ramón Ricardo Arias, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, opinó que “la comisión [de Credenciales] tiene que entrar a resolver, a ver si las denuncias proceden o no. Pero no se puede quedar allí encajonado y durmiendo el sueño eterno”.

Por su lado, Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, señaló que “la Asamblea debe ser consciente de que el momento que vive el país exige que los administradores de justicia en general cumplan los procedimientos igual para cada ciudadano”.

Advirtió que si los diputados no tramitan las denuncias, “generan el morbo innecesario de que la Asamblea en sesiones judiciales solo actúa políticamente”. 

Indicó que la inacción de la Asamblea envía un mensaje negativo a la sociedad.

 

Barría: Expedientes se tramitarán

El presidente de la comisión de Credenciales, Luis Barría, informó que al llegar a esa instancia legislativa en 2014 se encontró con expedientes fechados antes de 2008 y actualmente ordenan cronológicamente todas esas denuncias.

“Se ha hecho una auditoría, se ha estado revisando cada uno de los casos y para que la comisión conozca si estos casos fueron o no tratados hay que revisar las actas de las reuniones de la comisión, lo cual es un trabajo muy tedioso”, sostuvo Barría.

Explicó que el caso del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, denunciado en agosto de 2014 por enriquecimiento injustificado y corrupción de servidores públicos, se atendió de primero porque la comisión no podía determinar el estatus de los expedientes con fechas previas.

El diputado panameñista negó que exista algún “pacto de no agresión” para no investigar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que estos no investiguen a los diputados.

“La comisión de Credenciales no tiene ningún tipo de acuerdo con nadie; si lo hubiésemos tenido aquí no se hubiera hecho lo que históricamente nadie se había atrevido a hacer, como fue tratar el caso de Moncada Luna”.

Aseguró que cuando la comisión sepa el estatus de determinados casos, se tramitarán según lo que se encuentre acreditado en los expedientes. “Cada vez que la comisión tenga sesión, se irán atendiendo algunos casos. Algunos serán remitidos a la Procuraduría de la Nación, otros rechazados por improcedentes y algunos más admitidos y se nombrará a las subcomisiones de Garantías que deberán entonces iniciar los procesos correspondientes”.

Prescripción de delitos, en debate

El ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, y la diputada independiente Ana Matilde Gómez están de acuerdo en una cosa: el tiempo de prescripción de delitos contra la administración pública debe ser aumentado.

El pasado jueves 19 de marzo, el ministro respaldó la propuesta de la diputada, sin dejar de advertir sobre la necesidad de impedir la prescripción de los delitos de lesa humanidad relacionados con los actos de corrupción.

La diputada Ana Matilde Gómez había presentado, el pasado mes de enero, una propuesta para modificar el Código Procesal Penal con el fin de darle a ‘la justicia más tiempo para investigar a los corruptos’.

La propuesta tardó un mes y medio para ingresar a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

‘Estoy de acuerdo con que se aumenten los plazos de prescripción de la acción penal por delitos contra la administración pública, siempre y cuando no prescriban los de lesa humanidad’, dijo el jueves pasado el ministro Aguilera durante su comparecencia en la Asamblea Nacional.

Según el abogado Miguel Antonio Bernal, durante la administración de Ricardo Martinelli, el mismo código había sido modificado para ‘crear un escenario cómplice a la corrupción’.

Actualmente, el código establece la prescripción de los delitos después de un periodo de tiempo igual a la pena máxima determinada por el Código Procesal Penal.

El proyecto de Gómez propone elevar, al doble de la pena máxima, el periodo de tiempo necesario para la prescripción de un delito.

Abogados piden destitución de Peñaloza

Como si se tratara del juego del gato y el ratón, el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, estuvo ayer evitando a los medios de comunicación. Desde su despacho, en varias ocasiones, se informó que se presentaría al Ministerio Público, pero no lo hizo.

Mientras, juristas consultados por La Estrella de Panamá insisten en que la Procuradora de la Nación, Kennia Porcell, debe pedir la separación del funcionario.

Peñaloza dijo que no renunciará al cargo, por lo que abogados consideran que se debe proceder a investigarlo y separarlo por incumplir sus deberes y no actuar ante los casos de despilfarro que hubo en las pasadas elecciones.

La inacción de Peñaloza, según Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral, llevó a tener un proceso electoral plagado de denuncias que dieron lugar a procesos judiciales y condenas.

Márquez Amado sostiene que, si el fiscal, desde el primer momento que se reportó la distribución de dinero, regalos como casas y carros, entre otros incentivos, hubiera actuado, no se hubieran registrado tantos procesos.

La Procuradora, asegura Márquez Amado, tiene la facultad y la obligación legal de apersonarse a la Corte y solicitar la inmediata separación del cargo y tendríamos este tema resuelto.

En tanto, Gerardo Solís, quien fue fiscal electoral, dice que sería oportuno hacer una auditoría a los funcionarios administrativos de la Fiscalía para conocer los méritos de cada uno.

Recordó Solís que, en el fallo de anulación de elecciones de El Bebedero, se le advirtió a Peñaloza del uso de recursos del Estado; sin embargo, este no le dio importancia.

Otro de los abogados que cuestionó la falta de acción de Peñaloza fue Roberto Troncoso, quien asegura que no se puede tener un país en el que se realizan elecciones parciales generadas por impugnaciones a los resultados y que esto deja mucho que decir del fiscal electoral.

En su opinión, Peñaloza no investigó a los políticos que promovían el uso de recursos del Estado. Eso dejó la impresión de que no hacía su trabajo.

‘ Ya es tiempo de tomar una decisión contra un fiscal que no hizo su trabajo’,