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El ministro de Seguridad Rodolfo Aguilera esperará el estudio legal de la firma Tapia, Linares & Alfaro, que les asesora en el caso de los radares que Finmeccanica vendió a Panamá en 2010.

“ Nosotros seguimos trabajando en todos los frentes. Si Finmeccanica no nos hace llegar una propuesta como aparentemente se comprometió… nosotros seguimos adelante”, dijo el titular.

Advirtió que si los abogados de la mencionada firma recomiendan iniciar un proceso legal contra el conglomerado italiano “ eso es lo que haremos”. Las declaraciones del ministro surgen luego de que venciera el plazo para la entrega de la propuesta.

La firma Tapia, Linares & Alfaro es la encargada de evaluar el contrato de la instalación de 19 radares, de los cuales siete presentan “deficiencias”, y que fueron adquiridos en 2010 a través de Selex, filial de Finmeccanica, por $125 millones.

Finmeccanica se comprometió el pasado febrero con el gobierno panameño a presentar en 30 días, una propuesta formal para solventar los problemas registrados con los radares, pero el plazo venció y la moción, a la fecha, no ha sido entregada.

INFORME DE LA FIRMA

Aguilera espera que el estudio u opinión de la firma de abogados Tapia, Linares &Alfaro le sea entregado en las próximas semanas. Explicó que ya los abogados tienen adelantado el documento.

A juicio de Aguilera, las investigaciones que ha emprendido el Estado respecto al caso Finmeccanica “ van a buen ritmo”. “ Los tiempos de los tribunales son distintos a los tiempos de los medios de comunicación… Todo va caminando a buen ritmo”, enfatizó. También planteó que los expedientes están en italiano y hay algunos que tiene como cinco mil folios, situación que demora el análisis.

REUNIONES Y PLAZO

En noviembre pasado, el Estado comenzó las reuniones con la empresa Selex, filial de Finmeccanica. Sin embargo, hace cinco semanas, el número uno del conglomerado italiano, Mauro Moretti, se comprometió en Roma con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, a resolver los defectos técnicos de los equipos. Se pusieron como meta un plazo de 30 días.

Tras las quejas del gobierno panameño por la inefectividad de los radares para detectar las lanchas rápidas que usan narcotraficantes para transportar la droga, la empresa italiana solicitó en noviembre pasado al Ministerio de Seguridad trazar una hoja de ruta para llegar a un acuerdo.

Los radares fueron adquiridos durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), con el argumento de que eran necesarios para combatir el tráfico de estupefacientes.

Por el momento, los directivos de la empresa no se han pronunciado al respecto, a pesar de que este diario ha buscado, sin éxito, sus declaraciones.

Una querella penal interpuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contra el exdirector de ingresos Luis Cucalón, hace dos meses, hace responsable a este por el pago ilegal de $47.1 millones en comisiones a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., por gestionar el cobro de impuestos durante la pasada administración de gobierno.

La denuncia fue interpuesta hace dos meses, antes de conocerse que Cobranzas del Istmo se habría embolsado $21 millones en comisiones por cobrar ilegalmente impuestos morosos a Tocumen, S.A., por un monto de $72.8 millones.

Dulcidio De La Guardia, en calidad de representante legal del Ministro de Economía y Finanzas (MEF), interpuso la querella contra Cucalón por falsificación ideológica de documentos públicos en perjuicio del Estado, el pasado 16 de enero de 2015.

La demanda podría implicar una sanción de cuatro a ocho años de prisión para el exdirector de ingresos.

La acusación señala que Cucalón insertó una declaración falsa en el contrato 100 del 25 de agosto de 2010, con la cual Cobranzas del Istmo, sociedad anónima inscrita en la ficha 433694, rollo 466885, imagen 1, inició su labor como gestor de la cartera morosa de impuestos.

Este documento omitió trámites expresos en materia de contratación pública, provocando un perjuicio económico al Estado panameño, en concepto de las comisiones pagadas a Cobranzas del Istmo, establece la querella penal. Por esto, el demandante solicita la imposición de una medida cautelar de detención preventiva contra Cucalón.

La querella presentada ante el Ministerio Público plantea que el Ministerio de Economía y Finanzas puede hacer contrataciones directas hasta por un monto de $300 mil; mientras que el Consejo Económico Nacional (CENA) puede contratar hasta por $3 millones y el Consejo de Gabinete, cuando supera los tres millones. Sin embargo, el querellante sostiene que el exdirector de ingresos insertó un documento que establece el cumplimiento de estos puntos, ‘lo que es falso’, dice el denunciante.

SIN APROBACIÓN

Tras revisar los archivos del MEF, el representante legal de esta institución dice no haber encontrado un documento que muestre que se haya aprobado la contratación directa de la empresa Cobranza del Istmo, como gestor de cobro.

El CENA tampoco evaluó ni emitió concepto alguno de contratación directa entre el Estado y Cobranzas del Istmo, S.A. La base de datos de la Secretaría Técnica de este organismo tampoco tiene registro de ingreso de dicha contratación.

‘Por ello certificamos que no hemos remitido la referida contratación al Consejo de Gabinete’, dice el representante legal del MEF.

‘Yo no escogí a Cobranzas, ni escogí a ninguna empresa. Es más, yo me oponía a la tercerización del cobro de impuestos’, dijo Cucalón, durante una entrevista exclusiva con este medio de comunicación.

Cucalón agregó que el contrato no fue llevado al Gabinete porque ‘no establecía montos’.

ANTECEDENTES

La contratación de la empresa privada Cobranzas del Istmo, S.A. se realizó cuando Dulcidio De La Guardia era el jefe directo de Cucalón.

Más arriba de ellos en el organigrama de la institución se encontraba Alberto Vallarino, entonces ministro de Economía y Finanzas.

En octubre del año pasado, la Dirección General de Ingresos (DGI) anuló el contrato entre el Estado y Cobranzas del Istmo, alegando que era inconstitucional (artículo 42 de la Constitución) que una empresa privada manejara información sobre los contribuyentes.

La antigua Autoridad Nacional de Ingresos (ANIP) le pagó a esta empresa privada $30 millones por recuperar impuestos morosos en la primera mitad del año pasado.

La cifra representa un aumento de las comisiones de 218% con relación al año 2013, cuando Cobranzas del Istmo obtuvo $9.8 millones.

Cobranzas del Istmo, S.A. adjudicba unas 500 cuentas a cada uno de sus 170 cobradores.

Dado el desgreño administrativo en que se encontraba la DGI cuando el exdirector de ingresos asumió el puesto el trabajo que realizaba Cobranzas del Istmo era ‘bueno’, según Cucalón.

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‘ El contrato con Cobranzas del Istmo no fue aprobado por el suscrito como afirma Cucalón’

DULCIDIO DE LA GUARDIA,

MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

‘ Yo me oponía a la ley que permitía tercerizar el cobro moroso de los impuestos’

LUIS CUCALÓN,

EXDIRECTOR DE INGRESOS

Luis Cucalón, director de la desaparecida Autoridad Nacional de Ingresos (ANIP), hasta finales de septiembre de 2014, revela ahora cómo resistió la intervención de diferentes sectores del gobierno y de la empresa privada, para evitar el cobro de tributos morosos. Esas solicitudes, dice, generaron tensiones con el propio presidente Ricardo Martinelli y el entonces viceministro de Finanzas, Dulcidio De La guardia, ahora a cargo de la cartera. ‘Él me detesta porque yo lo desprecie, y no le hacía caso cuando me decía que no cobrara a quienes él representaba’, dijo Cucalón a La Estrella de Panamá.

‘No voy a cargar con muertos ajenos’, recuerda Cucalón que le dijo a De La Guardia cuando le decía que ‘borrara cuentas’.

‘Mándamelo por escrito’, le dijo al hoy ministro cuando le pidió cuentas como ‘jefe’, ante lo que Cucalón contestó: ‘pero el que el que va ir preso (si accedo) soy yo’.

También explicó que las múltiples condiciconantes que llegaban desde el gobierno para limitar la modificación de la ley tributaria pusieron techo a la meta acordada de recaudar 3 millones más al año. Cada vez que se identificaba un nuevo impuesto, había alguien cercano al ministerio que estaba afectado, señaló.

‘Yo hice mi trabajo y mi trabajo era cobrar. Yo sabía que iba a ser el malo de la película’, aseguró a Luis Cucalón, sobre los cuestionamientos que se han hecho a su gestión y la vinculación entre Cobranzas del Istmo S. A. y la Autoridad nacional de Ingresos (ANIP) durante su etapa como administrador.

‘No estuve de acuerdo en tercerizar la recaudación de los impuesto. Me opuse desde el principio, fue una idea de (Alberto) Vallarino y Dulcidio (de la Guardia), que además propuso que se hicieran públicas las cuentas morosas y se compartiera la información con la Asociación Panameña de Crédito’, recuerda Cucalón.

‘Les dije que nos iban a demandar y aún así se hizo un concurso en el que participaron cinco empresas. Cobranzas del Istmo resultó la mejor calificada’, sostiene el exdirector de Ingresos.

‘Mi única relación con la gestora de cobros se remonta a los años 90, cuando se creó para liquidar el Grupo Triángulo, proceso en el que también participé’, cuenta, y en el que coincidió como parte afectada, con Cristóbal Salerno, con el que compartió la junta directiva en la desaparecida Sears. ‘Fue la última Junta Directiva y a efectos solo de liquidar la empresa. Nunca tuvimos intereses comunes. Ni con él ni con Vallarino, como también se ha querido decir’, sostiene Cucalón.

Se incorporó a la gestión pública, asegura, a petición de Alberto Vallarino, entonces ministro de Economía y Finanzas. ‘La patria te necesita, me dijo, y me vine de Colombia, de ganar $30,000 para ser el malo de la película. Hubo un pacto de caballeros y yo entendí que se iba a honrar si hacía bien mi trabajo, pero no me cumplieron. La meta de recaudación, que se marcó fue quinquenal: 16,000 millones y yo conseguí superar los $17,000 millones. Yo hice mi trabajo pero no me cumplieron’, insiste Cucalón, quien da cuenta de su trabajo ‘dentro de la ley’.

‘Cuando llegué al puesto me encontré con un 70% de evasión fiscal y en un escenario como ese, el trabajo de Cobranzas del Istmo fue bueno. Esta gente cobraba su comisión, pero el funcionario que yo me encontré era desordenado y redondeaba su salario con coimas’, explica. Sobre las cuentas a pagar, subrayó que se enviaban a la gestora desde la ANIP, por antiguedad y monto.

Vallarino rechaza relación

Alberto Vallarino, ministro de Economía y Finanzas cuando se tercerizó el cobro de los impuestos, aseguró a este diario no tener ningún vínculo con la empresa privada Cobranzas del Istmo, S.A., que cobró comisiones de hasta 30 millones en solo seis meses de 2014, según un contrato pactado con el Estado.

A través de su agencia de comunicaciones, Vallarino explicó que como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, ni él ni ninguna de sus empresas tiene o ha tenido participación accionaria alguna o intereses económicos en Cobranzas del Istmo, o con el señor Cristóbal Salerno, propietario de dicha empresa.

El exministro negó además tener participación o vínculos con cualquier otra empresa dedicada al cobro de pagos morosos en el sector público o privado. La tercerización del cobro de impuestos, añadió, se enmarca dentro de la Ley 8 de 2010, cuyos méritos fueron ampliamente debatidos en el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados en su momento.

DESDE COREA

Dulcidio se defiende

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, aseguró que no aprobó el contrato de la empresa privada Cobranzas del Istmo, S.A., que actuó como gestora de cobros de impuestos morosos del Estado durante la pasada administración y cuyas comisiones se presume superaron lo que correspondía.

Las declaraciones del funcionario del gobierno, que en estos momentos se encuentra en Asia, se dieron luego de que el exdirector de ingresos Luis Cucalón lo señalará como su ‘jefe directo’ en el momento en que se propuso tercerizar el cobro de los impuestos morosos, medida que resultó anticonstitucional y provocó la desarticulación de la Anip.

De La Guardia aseguró que las declaraciones de Cucalón no son más que una ‘estrategia para desviar la atención’.

Como representante legal de la cartera de Economía y Finanzas, De La Guardia interpuso una demanda penal contra el exdirector de ingresos por supuesta falsificación ideológica de documento público, en la procuraduría General de la Nación, el pasado 16 de enero.

Hasta el momento, el proceso penal contra el fiscal Electoral, Eduardo Peñaloza, se mantiene estancado.

El magistrado Harry Díaz, quien actúa como juez de garantías en el caso de Peñaloza, en una nota remitida a La Estrella de Panamá informó que en ‘su despacho no tiene pendiente ninguna solicitud o proceso que guarde relación con Peñaloza’.

De esta forma, Díaz advierte que el expediente reposa en manos del Ministerio Público y que no ha pasado a la Corte Suprema.

La procuradora de la Nación, Kennia Porcell, solicitó mediante una nota el pasado 10 de febrero, que se le concediera una fecha para celebrar una audiencia para formalizar la solicitud de acumulación de las demandas presentadas por el Colegio Nacional de Abogados y el político Carlos Rubio.

La solicitud fue desistida, toda vez que se le indicó a Porcell, que ‘la acumulación de los procesos debe hacerse de forma automática en el MP y no se debe solicitar audiencia para la acumulación’. Ahora corresponde el proceso de la investigación y una vez se recaben pruebas, debe remitirlo a la Corte Suprema de Justicia.

Fuentes del Ministerio Público informaron que Porcell consultó si era necesario hacer una audiencia de acumulación de los expedientes como lo hacían en la gestión de Ana Belfon. Al final se decidió que el fiscal podía acumular los expedientes por gestión propia.

Carlos Herrera Morán, miembro del Colegio de Abogados, informó que hoy presentarían un impulso procesal para acelerar la investigación.

PEÑALOZA, LA ÚLTIMA FICHA DE MARTINELLI

Peñaloza, denunciado por incumplir con su deberes como fiscal electoral, llegó al cargo de la mano del exmandatario Ricardo Martinelli. Lo hizo cuatro meses después de la renuncia inesperada de Boris Barrios, quien estaba al frente de la Fiscalía y enfrentaba un proceso en la Corte.

Los meses en que la Fiscalía estuvo en acefalía tenía una sola razón: Peñaloza no cumplía con los requisitos constitucionales para ser fiscal electoral. Le faltaban meses en el ejercicio de la profesión para llenar los requisitos y ser idóneo para el puesto. Se esperó el tiempo.

Antes de llegar a la Fiscalía, Peñaloza, pertenecía al Consejo de Honor y Disciplina de Cambio Democrático (CD) No fue su primer colectivo, perteneció al desaparecido Movimiento de Renovación Nacional y militó 13 años en el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Peñaloza fue ratificado por la Asamblea Nacional, el 18 de marzo de 2010, con 43 votos a favor, cero en contra y 15 abstenciones.

Ante el pleno de la Asamblea, Peñaloza, prometió vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y perseguir los delitos electorales.

Sin embargo, muchos consideran que no ha sido así. El exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, en reiteradas ocasiones, ha sostenido que Peñaloza ha ‘jugado el papel de un encubridor’.

Las palabras del exmagistrado del TE se refuerzan al ver los números de demandas de nulidad de elecciones y proclamación recibidas en la Secretaría General de la instancia electoral.

Los candidatos de CD fueron quienes encabezaron la lista de impugnaciones por el uso de recursos del Estado. El TE admitió 24 demandas de nulidad de elecciones y proclamaciones, 22 involucran a miembros de CD.

La nota característica fueron las demandas contra candidatos a diputados. Las diez denuncias contra catorce diputados.

Las investigaciones por el uso de recursos del Estado, fueron asumidas por su totalidad por el TE. La Fiscalía no investigó y pidió desestimar los casos.

Por ejemplo en la audiencia de Carlos Afú, a quien el TE le comprobó el usó de más de $4.9 millones para hacer campaña electoral, Peñaloza dijo que no había razón y al final dejó en manos de los magistrados la decisión.

A las demás, envió a fiscales de circuito quienes siempre pidieron desestimar las demandas de nulidad.

‘ El Fiscal Electoral, Eduardo Peñaloza, ha jugado el papel de un encubridor’,

GUILLERMO MÁRQUEZ AMADO

EXMAGISTRADO DEL TE

GESTIÓN EN CIFRAS

El fiscal Electoral se defiende

La Fiscalía Electoral, entre el 4 de enero del año pasado a la fecha, tramitó 181 expedientes por el supuesto uso de bienes ilegítimos y de recursos del Estado. Esto, según información suministrada por la propia entidad.

La sede principal de la Fiscalía General tramitó 70 expedientes en ese delito.

En tanto, la Fiscalía Electoral del primer distrito judicial tramitó seis expedientes. Por su parte, el segundo distrito judicial tramitó cuatro expedientes.

La Fiscalía Electoral que más expedientes manejó fue la de Santiago: 93 denuncias se manejaron en ese circuito que comprende las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

En la misma fecha, la Fiscalía Electoral remitió a los Juzgados Penales Electorales con vistas fiscales de 389 expedientes, según estadísticas de la entidad,

La semana pasada, cuando el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, retomó el control de la Fiscalía, informó que daría a conocer mayores detalles de su gestión en el último año.

El ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, y la diputada independiente Ana Matilde Gómez están de acuerdo en una cosa: el tiempo de prescripción de delitos contra la administración pública debe ser aumentado.

El pasado jueves 19 de marzo, el ministro respaldó la propuesta de la diputada, sin dejar de advertir sobre la necesidad de impedir la prescripción de los delitos de lesa humanidad relacionados con los actos de corrupción.

La diputada Ana Matilde Gómez había presentado, el pasado mes de enero, una propuesta para modificar el Código Procesal Penal con el fin de darle a ‘la justicia más tiempo para investigar a los corruptos’.

La propuesta tardó un mes y medio para ingresar a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

‘Estoy de acuerdo con que se aumenten los plazos de prescripción de la acción penal por delitos contra la administración pública, siempre y cuando no prescriban los de lesa humanidad’, dijo el jueves pasado el ministro Aguilera durante su comparecencia en la Asamblea Nacional.

Según el abogado Miguel Antonio Bernal, durante la administración de Ricardo Martinelli, el mismo código había sido modificado para ‘crear un escenario cómplice a la corrupción’.

Actualmente, el código establece la prescripción de los delitos después de un periodo de tiempo igual a la pena máxima determinada por el Código Procesal Penal.

El proyecto de Gómez propone elevar, al doble de la pena máxima, el periodo de tiempo necesario para la prescripción de un delito.