‘Desde el principio sospeché que detrás del contrato de Cobranzas del Istmo había un chanchullo', narró a La Estrella de Panamá la abogada Norma González, quien, tres meses y medio después de su adjudicación, el 25 de agosto de 2010, interpuso una querella penal en la Procuraduría General de la Nación, en un intento de dar la primera voz de alerta.
González conocía bien los vínculos amistosos y comerciales que existían entre Cristóbal Salerno, propietario de la recaudadora, y el entonces director general de Ingresos, Luis Cucalón.
Ambos habían formado parte de la directiva de IDS Holdings Corporation, mejor conocida como Sears. También habían coincidido en otras sociedades.
Además, entre 2004 y 2006 ella trabajó en la misma oficina que Salerno, donde Cucalón era una presencia constante, a donde llegaba a conversar por horas.
Estas coincidencias provocaron la sospecha de la abogada, quien no se explicaba cómo podría adjudicarse un contrato directo para cobrar impuestos morosos a la empresa de un exsocio y amigo. Su instinto le daría la razón.
SOSPECHAS
Cuatro años más tarde, el caso de Cobranzas del Istmo S.A. es investigado por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, quien intenta esclarecer la trama de corrupción, coimas y lavado de dinero que se teje a su alrededor.
Entre los años 2010 y 2014, Cobranzas del Istmo, S.A. llegó a recibir del Estado $54 millones en concepto de comisiones, muchas ilegales.
EXPLICACIONES
En 2010, Norma González no dudó en pedir explicaciones sobre el contrato. ‘En varias ocasiones contacté a la secretaria del exministro (Alberto) Vallarino; incluso intenté hablar con él, pero nunca me recibió', contó.
Ella no podía concebir que algo bueno pudiera derivarse de ese contrato, adjudicado a una empresa cuyo propietario había estado implicado en un caso de tráfico de armas cuatro años antes (2006); una persona que la utilizó y traicionó, lo que supuso para ella una situación traumática que la impulsó a titularse en derecho con el único fin de hacer justicia para su familia.
González trabajaba para Salerno cuando en una de las oficinas de éste se encontraron las armas (explosivos y granadas), incautadas por las autoridades, un caso por el que ella se vio privada de libertad por un mes y cuatro días, mientras el mismo Salerno estaba prófugo.
CÓMO LO CONOCIÓ
Norma González era una exitosa empresaria dedicada a la intermediación financiera. Salerno también estaba en ese negocio, sin mucho éxito. Él contaba con un código del Banco Continental, pero su cuenta estaba en cero.
Ella, en cambio, como independiente, era la número uno en producción en todos los bancos privados. ‘Tenía una cartera de clientes interesante y metía mis préstamos en el Banco Continental, a través de otras personas. En ese momento, Salerno empezó a preguntar por Norma González', agregó.
El empresario la contactó a través de su contador, José Antonio Teng, y le prometió ayudarla. Le ofrecería un local para trabajar cómodamente y, además, le constituiría su propia sociedad.
Los abogados del empresario inscribieron la sociedad y le dijeron que estaba a su nombre. Ella les creyó.
‘Pero me jugaron sucio', dijo González, que descubrió más tarde que ella era solamente la representante legal de la empresa y los accionistas eran ellos (Salerno y su contador). ‘Se aprovecharon de mi buena voluntad y me hicieron mucho daño', recuerda con ojos llorosos.
TRÁFICO DE ARMAS
Salerno la colocó en un local de su propiedad en el que también estaban instaladas otras de sus oficinas y empresas, así como las de Teng.
El local no tenía letrero y los clientes no lograban encontrar la oficina. Al darse cuenta de que estaba perdiendo clientes, solicitó que colocaran un letrero para identificarse. Irónicamente, esa fue justo la causa de su detención.
El letrero tenía su nombre, el mismo nombre de la empresa: Servicios de Promociones Norma González , S.A.
Cuando fueron detectadas las armas de guerra, presuntamente dirigidas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), la creyeron propietaria del local.
‘Él no estaba el día del allanamiento. Yo lo llamé y le dije, muy nerviosa: ‘Dicen que nos van a allanar la oficinas… ¿Qué hay aquí? ¿Qué significa esto?”, siguió contando González.
JUSTICIA SELECTIVA
Las armas fueron encontradas en un baño, al cual se entraba por la oficina de Teng. ‘A esa oficina sólo tenían acceso dos personas: Salerno y Teng', asegura.
El contador llegó un poco más tarde. Y qué casualidad: en ese momento pasaba caminando, por la acera de enfrente, el exdirector de la policía, Gustavo Pérez, quien se detuvo a conversar con Teng.
La conversación se la llevó el contador a la tumba. Teng fue detenido ese mismo día y, meses más tarde, falleció.
Tras su detención, ella lo perdió todo: su empresa, sus clientes. Su familia se vio muy afectada, pues ella era su principal sustento.
En cambio, Salerno permaneció prófugo durante tres meses. Cuando apareció, el juez encargado se inhibió del caso y lo pasó a la esfera administrativa. Posteriormente, el gobernador de la provincia de Panamá, en una situación absolutamente anómala, lo sobreseyó.
Norma aún resiente lo ocurrido y sostiene que la justicia fue complaciente con el empresario.
‘Todo se manejó políticamente. Es que él ha tenido influencias con todos los gobiernos', asegura.
Pero el resentimiento contra Salerno, va más allá.
González sostiene que era mala persona, ‘patán, grosero y soberbio. Lo creo capaz de cualquier cosa', dice, segura de su referencia.
UNA PRUEBA
Irónicamente, la denuncia que interpuso González es hoy una de las pruebas que esgrime la defensa del exdirector de Ingresos Luis Cucalón.
Los abogados Víctor Chan Castillo y Carlos Benítez han presentado una carta enviada por el entonces viceministro de Finanzas, Dulcidio De La Guardia, al procurador Ramsés Barrera, brindando información requerida por éste en relación a la contratación de Cobranzas, como parte de las averiguaciones en torno a la denuncia interpuesta por González.
El proceso interpuesto por Norma González, contra el exministro Alberto Vallarino y el exdirector de ingresos Luis Cucalón, por delito contra la administración pública, se encuentra en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
‘El magistrado ponente es Jerónimo Mejía, y actualmente, el expediente está en recolección de firmas de una resolución de la cual nadie —excepto los magistrados— saben su contenido', informó el departamento de Relaciones Públicas de la máxima magistratura del país a La Estrella de Panamá .
Este documento es hoy el primero en la cronología de este escándalo de corrupción anunciado en primera instancia por una ciudadana que olfateó una contratación amañada.
Alberto Vallarino, exministro de Economía y Finanzas (MEF), acudió a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción a rendir declaración como testigo en el caso de Cobranzas del Istmo, S.A.
Vallarino explicó a la fiscal que al Decreto Ejecutivo 191 del 27 de noviembre de 2009 se le efectuaron ‘algunos cambios como la autorización al Director de la Dirección General de Ingresos (DGI) para designar de manera permanente un equipo evaluador, y hace un cambio en la tabla de comisiones que se pagaba a los gestores de cobro'. Vallarino añadió que ese Decreto Ejecutivo lo firmó directamente el presidente Ricardo Martinelli, además del ministro encargado Frank De Lima, ya que en esa fecha, alega, ‘tanto el viceministro de Finanzas (Dulcidio De La Guardia), como él se encontraban de viaje'.
El Decreto Ejecutivo 22 de 17 de marzo al que hace referencia Vallarino eleva el porcentaje de las comisiones del gestor de cobro según la cantidad de meses morosos. Por ejemplo, por impuestos con morosidad hasta 18 meses, elevó la comisión de 10% a 15% ( Tabla ).
El exministro se desligó de cualquier cobro de comisiones o coimas que hayan surgido a raíz de la implementación del contrato con Cobranzas del Istmo, encargada de recaudar los impuestos morosos.
Dijo que durante su gestión no tuvo conocimiento de que se hayan pagado comisiones por montos diferentes a los establecidos, y que durante su gestión se realizó un solo pago a Cobranzas del Istmo por $829,788.35.
Consideró que al principio la iniciativa no dio los resultados esperados, ya que desde la promulgación de la Ley 49 de 2009 tómó casi un año para acreditar a la empresa.
Aceptó que conoce a Cristóbal Salerno, representante público de Cobranzas del Istmo, desde mediados de los años 70, cuando éste era socio de la firma de auditores Man Salerno y Asociados.
Salerno goza de una medida cautelar de casa por cárcel por el supuesto delito contra la administración pública. Vallarino también habló del exdirector de la Autoridad Nacional de Ingresos (ANIP) Luis Cucalón, a quien también conoce desde hace 20 años cuando éste era accionista de Financiera Nacional, y a quien la fiscalía ordenó medida de detención preventiva por presunto delito contra la administración pública.
Vallarino fue quien trajo a Cucalón al MEF cuando Martinelli lo designó ministro. Identificó las posiciones clave, y dentro de éstas se encontraba la DGI que mejoraría las recaudaciones que financiarían el ambicioso programa de inversiones de Martinelli.
Según la declaración de Vallarino, el MEF cuenta con un departamento de auditoría interna con la presencia de representantes de la Contraloría. Para el próximo lunes se programó la comparecencia de tres de ellos.
El exministro se sacudió de conocer sobre cualquier reporte de cobros que realizara Cobranzas del Istmo. Apuntó que la introducción de gestores de cobro fue por recomendación de consultorías extranjeras contratadas por el MEF.
La diligencia, no obstante, se suspendió cuando Vallarino se levantó al baño y por accidente tropezó con el armario donde la fiscal guarda los expedientes. Un vidrio estuvo a punto de caer y el exministro trató de apañarlo. El intento provocó una cortada larga en el dedo meñique de la mano izquierda del empresario que fue llevado al hospital.
