Fiscalía Tercera Anticorrupción Indagará Al Exministro, Emilio Kieswetter

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La Fiscalía Tercera Anticorrupción indagará hoy al extitular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) Emilio Kieswetter, dentro de la investigación que adelanta por supuestas irregularidades en el contrato del fallido proyecto de sistema de riego en Tonosí, en Los Santos, a cargo de la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H). 

Kieswetter fue detenido ayer, en David, provincia de Chiriquí. Fuentes judiciales informaron que esta mañana será trasladado a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la ciudad capital, para revisión médica. Una vez terminada, Kiswetter será trasladado para ser indagado. 

La fiscalía investiga el supuesto pago de ‘coimas’ de H&H, compañía que recibió pagos adelantados en el gobierno pasado por la suma de $37.1 millones, sin que hubiesen avances en la construcción de la obra. 

Kieswetter fue titular del MIDA entre el 20 de julio de 2010 y diciembre de 2011.  

El exvicepresidente y empresario Felipo Pipo Virzi, en la indagatoria que rindió el 16 de junio ante la fiscal Zuleyka Moore, señaló que Kiswetter fue el que inició las relaciones con H&H y luego las culminó el entonces ministro del ramo, Óscar Osorio. 

Las investigaciones a Kiswetter girarían en torno a sus vínculos con H&H y a través de quién conoce a los directivos de esa compañía. 

En tanto, Osorio está detenido desde el pasado 5 de junio en la Dirección de Investigación Judicial, en Ancón, dentro de este proceso. 

Osorio fue el que, en 2012, firmó el contrato con H&H para el proyecto, cuyo monto del contrato ascendió a $155 millones. 

Por su lado, Virzi mantiene una medida de casa por cárcel, ya que es acusado de ser supuesto receptor de una ‘coima’ de $10 millones de parte de H&H.  

En efecto, Virzi confesó que era el entonces presidente Ricardo Martinelli el que decidía cómo y a quién se le hacían los pagos y que Ricardo Calvo era el encargado de hacer .

No obstante, Virzi sustenta ante la fiscal que el dinero que recibió de H&H fue producto de un contrato por servicios profesionales que firmó con la empresa para gestionar que se ganara el contrato en el gobierno de Martinelli. 

“Las instrucciones [de Martinelli] eran que de mi pago, de mi trabajo, tenía que repartir, según las instrucciones de él [Martinelli]. La lista me la da Ricardo Calvo”, declaró Virzi a la fiscalía. 

Mientras que Porfirio Ellis, excandidato a diputado de Cambio Democrático, está detenido preventivamente desde el 2 de julio pasado por órdenes de la fiscal Moore. (ver nota relacionada). 

Además, por este caso están detenidos Juan Hurtado y Marcos Albán, ejecutivos de la empresa H&H. También está imputado Abdiel Atencio, exfuncionario del Mida, quien presuntamente recibió un cheque por $20 mil de parte de "Pipo" Virzi. Atencio está fuera del país. 

De acuerdo con las investigaciones, el empresario Gabriel Gaby Btesh, miembro del “círculo cero” del expresidente Martinelli y quien también se encuentra fuera del país, recibió fondos del dinero recibido por Virzi.

 

No Hubo Consenso Para Comisión De Presupuesto

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Pese a las intensas negociaciones, el pleno de la Asamblea Nacional solo logró ayer la integración de trece de las quince comisiones de este órgano del Estado.

Al final de la tarde, se sometió a consideración de los diputados la lista de los integrantes de las comisiones, pero quedó pendiente definir la junta directiva de las de Presupuesto y de Asuntos Indígenas.

Antes de la conformación de las comisiones permanentes, Benicio Robinson se reunió con los diputados José Luis Varela y Adolfo Valderrama, ambos del Partido Panameñista, pero no se concretó ningún acuerdo, aunque se cambió el nombre de varios de los presidentes que ya habían sido elegidos.

Los diputados que conforman las comisiones deben ponerse de acuerdo y votar para definir las directivas que faltan, advirtió Robinson.

Incluso la diputada independiente, Ana Matilde Gómez, se abstuvo de votar al momento de elegir a los miembros de la Comisión de Credenciales, de la cual fue miembro en el periodo anterior.

El diputado Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue uno de los que más intranquilo estuvo en el proceso de votación, al punto que abandonó su curul y subió al estrado.

En más de una ocasión, Robinson se abalanzó sobre la secretaria general del Legislativo, Anelis Bernal, en un intento por arrebatarle los documentos de los que ésta leía los nombres de los comisionados sometidos a consideración del pleno legislativo.

Por la falta de acuerdo, la directiva de la Asamblea Nacional estuvo a punto de utilizar urnas para que el pleno eligiera a los integrantes de cada comisión.

Incluso desde antes de iniciar la sesión plenaria de ayer, se había colocado en el estrado detrás de la junta directiva quince urnas de cartón identificadas con el nombre de cada una de las comisiones, previendo la falta de acuerdo entre los diputados.

De haber recurrido a las urnas, sería la primera vez que se usa este método para definir la conformación de las directivas de las distintas comisiones.

‘Sería una situación inédita, no recuerdo que se haya registrado en los quince años que tengo como diputado', reconoció el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Rubén De León.

En tanto, el presidente del PRD, Robinson, recordó que la bancada de su partido está integrada por 26 miembros y no por 20, por lo que tienen derecho a seis puestos en la Comisión de Presupuesto, lo que representaría un tercio de esa instancia.

Con la conformación de las comisiones permanentes, se espera que en los próximos días se instalen formalmente y se comience a debatir una serie de proyectos de ley pendientes del primer debate desde el inicio de la primera legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias.

Se espera que se incluya en agenda la sesión de instalación de las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Agropecuarios, para que, en ese momento, se elija a las juntas directivas que han quedado pendientes.

La bancada del Partido Panameñista presidirá la mayoría de las comisiones permanentes de este órgano del Estado.

La agenda pendiente de la Asamblea

El presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, ya dio a conocer la agenda y los proyectos de ley para su año de gestión.

A la fecha no se ha podido iniciar el debate de ningún proyecto por la falta de comisiones.

Las iniciativas como la eliminación de la ley de blindaje, las reformas electorales, cambios al Código Penal y una nueva Ley de Contrataciones Públicas figuran entre los temas que deben ser tratados en este nuevo periodo ordinario de sesiones del Legislativo.

En los 21 días desde que se instaló la nueva junta directiva de la Asamblea, los diputados no han podido avanzar del periodo de incidencias, por la falta de proyectos para discutir.

De León aseguró que seguirá el fortalecimiento institucional durante su gestión al frente de este órgano.

 

Investigan La Visita De Lula A Panamá En 2011

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La investigación judicial por tráfico de influencias al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva –abierta por la Fiscalía de Brasilia en mayo y formalizada el jueves de la semana pasada– tiene en uno de sus principales ramales el viaje que este hizo a Panamá, en mayo de 2011, el cual fue pagado por la empresa Norberto Odebrecht, hoy una de las principales contratistas del Estado panameño.

 “Por invitación de Odebrecht, el expresidente Lula hizo un viaje a esta capital al final de la semana pasada, acompañado por el exministro Luis Dulci y José Dirceu”, escribió el 23 de mayo de 2011, en un correo electrónico, el embajador de Brasil en Panamá, Eduardo Prisco Paraíso Ramos, comunicación a la que tuvo acceso La Prensa.

La tesis principal de los investigadores es que Lula de Silva usó su prestigio político personal, así como sus influencias, para facilitar los negocios de la empresa e influyó en los gobiernos de los países que visitó, entre ellos, Panamá, para que le otorgaran contratos a la transnacional brasileña.

En este sentido, los fiscales tendrán que demostrar que la constructora se benefició injustamente, obteniendo concesiones y contratos millonarios de los gobiernos de los países que el expresidente brasileño visitó, lo que sentaría las bases para investigarla por el delito de cohecho.

En Panamá, desde el viaje de Lula da Silva, en mayo de 2011, hasta 2014, período que coincide con los años en que los fiscales centran su investigación, Odebrecht –sola o asociada con otras empresas– ha sido la adjudicataria de obras por un valor total superior a los 2 mil 400 millones de dólares (ver nota relacionada).

El Departamento Anticorrupción de la Fiscalía de la República de Brasilia (Brasil) abrió diligencias para descubrir si Lula se confabuló con las autoridades de los países que contrataron a Odebrecht para generar contratos millonarios financiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), gracias a su influencia, con un bajísimo interés.

Las sospechas de corrupción en torno a las operaciones del Bndes –capitaneadas por el expresidente de Brasil para favorecer las obras de Odebrecht– comienzan a voltearse contra los gobiernos extranjeros que contrataron a la empresa.

De momento, los investigadores han puesto bajo la lupa judicial el préstamo concedido por el banco brasileño –por valor de 747 millones de dólares- para la construcción por Odebrecht de líneas del metro de Caracas y Los Teques, también en Venezuela.

Los fiscales tendrán que esclarecer por qué el Bndes se prestó a financiar –con un interés muy bajo– las obras de Odebrecht en el extranjero y determinar qué tipo de garantías estaban previstas del traspaso de dinero del banco brasileño hasta las arcas del Gobierno venezolano.

El Bndes ofreció condiciones ventajosas en el préstamo que concedió a Odebrecht para construir la autopista Madden-Colón (Panamá) en 2006, según supo La Prensa.

El banco brasileño –fundado en 1952 para subvencionar programas de desarrollo– financió con un interés del 1% anual en la tasa Libor (Londres Interbank Offered Rate) y estableció un plazo de 12 años para que la compañía brasileña pagara la totalidad del préstamo.

El Comité de Financiación y Garantía de Exportaciones (Cofig), una comisión con representación institucional de siete ministerios, que controla las operaciones del Programa de Financiamiento a las Exportaciones, aprobó en junio de 2006 la cobertura de un seguro de crédito a la exportación, financiado por el Bndes, por un valor total de 142 millones de dólares, para la construcción de la carretera que une Madden y Colón.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas de la Unión (Brasil) comenzó a indagar sobre las irregularidades en las concesiones de préstamos por parte del Bndes y no se descarta que en un futuro se extienda el escenario investigativo hasta Panamá.

Según se lee en un telegrama enviado por la Embajada de Brasil en Panamá de julio de 2006 –al que ha tenido acceso La Prensa–, la operación de préstamo por parte del banco brasileño fue validada gracias a la recomendación del entonces director de Exportación del Crédito del Banco de Brasil, quien destacó que el proyecto se “inserta en el ámbito de pretendida ampliación del Canal de Panamá, obra cuyo coste estimado está entre 6 y 10 billones de dólares”.

Como se pone de manifiesto en la correspondencia de la sede diplomática brasileña en Panamá, Odebrecht tuvo interés en la participación en el proyecto de ampliación del Canal, aunque fracasó en su intento.

Pero desde que empezó a negociar con Panamá en 2006, Odebrecht –sola o asociada con otras empresas– se ha adjudicado contratos que hasta la fecha suman más de 8 mil millones de dólares, contando la licitación de la línea 2 del Metro de Panamá, que suman más de 3 mil millones de dólares por encima de las inversiones que realiza el Estado panameño en las obras de ampliación del Canal.

Según ha puesto de manifiesto las primeras pesquisas, Odebrecht habría protagonizado un esquema corruptivo de pago de coimas millonarias, vinculadas a la empresa estatal Petrobras que ha llevado preventivamente a la cárcel a su presidente, Marcelo Odebrecht.

La Contraloría General de la República anunció el pasado 30 de junio que comenzaría la auditoría al contrato de la línea 1 del Metro de Panamá.

Asimismo, las autoridades brasileñas solicitaron a Panamá una asistencia judicial a fin de que se investiguen las actividades de la constructora brasileña en el territorio panameño.

 

Panameñistas Y Disidentes Se Quedan Con Las Comisiones

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El fraccionamiento de la bancada legislativa del Partido Revolucionario Democrático (PRD) es el factor que ha complicado hasta ahora la conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Los diputados de la bancada del PRD, conocido como el ‘Grupo de Los Veinte', que comanda Benicio Robinson, aspiran a quedarse con la presidencia de la Comisión de Presupuesto, la más importante del Legislativo.

Según conoció La Estrella de Panamá , Robinson mantiene sus aspiraciones de controlar esta instancia legislativa, en la cual pretende repetir como presidente o colocar a uno de sus diputados leales.

El presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, dijo a este diario que la conformación de las comisiones se concretaría con los diputados que el 1 de julio lo apoyaron y permitieron que alcanzara la presidencia de la Asamblea Nacional.

De esta forma, los veinte diputados del PRD y los doce de Cambio Democrático (CD) que no lo apoyaron no quedarían excluidos de las directivas de las comisiones.

Iván Picota, diputado perredista, reconoció que, en efecto, hay diferencias entre los diputados de su partido, pero que se trabaja para superarlas. Indicó además que realizan esfuerzos para recomponer la bancada legislativa con el fin de lograr la unidad del colectivo.

Históricamente, la Comisión de Presupuesto se ha constituido en la más codiciada de las comisiones permanentes entre los diputados. De hecho, es la más grande numéricamente —es la única que está constituida por quince miembros; el resto tienen nueve— y además es la que más actividad tiene durante todo el año.

También es la más importante porque cada una de las modificaciones al Presupuesto General del Estado debe hacerse en esta instancia legislativa.

En esta comisión también se debate el Presupuesto General de la Nación, que es la ley más importante para el funcionamiento del Estado panameño.

Es conocido que dentro de esta instancia el presidente de la Comisión de Presupuesto tiene la facilidad de hacer solicitudes directas a los ministros de Estado, así como los directores de las instituciones que acuden a pedir cambios en las partidas asignadas.

A la Comisión de Presupuesto le corresponde aprobar, una vez al año, la Ley de Presupuesto del Estado, pero debe aprobar durante todo el periodo fiscal cualquier solicitud de movimiento y manejo de los fondos públicos y además fiscaliza la ejecución presupuestaria .

Allí se discuten créditos adicionales, créditos extraordinarios y traslados de partidas para todos los ministerios e instituciones del Estado. Ninguna institución puede hacer cambios a la Ley de Presupuesto sin el aval de este equipo del legislativo. Esta comisión puede constituirse en una instancia que agiliza el cumplimiento de los planes y proyectos oficiales o ‘tranca' el funcionamiento de todas las instituciones.

A diferencia de los diputados del PRD, los de Cambio Democrático (CD) no se han constituido en un obstáculo para la conformación de las comisiones permanentes.

Ayer se informó que los diputados CD que apoyaron con su voto a Rubén De León aceptaron ser parte de las directivas legislativas como vicepresidentes o secretarios de las comisiones permanentes.

Repartición entre los aliados legislativos

Los diputados del oficialista Partido Panameñista volvieron a imponerse políticamente. Ahora se quedarán con ocho de las quince comisiones permanentes de la Asamblea Nacional.

Aunque hasta el momento no se ha logrado un acuerdo sobre la conformación y presidencia de la Comisión de Presupuesto, se menciona como posibles presidentes a Jorge Alberto Rosas y Carlos Santana.

A los diputados panameñistas les tocará por lo menos ocho de las presidencias de las quince comisiones permanentes que conforman la Asamblea.

Por su parte, los ‘perredés' que apoyaron a Rubén De León el pasado 1 de julio presidirán unas cuatro comisiones y a los diputados del opositor Cambio Democrático (CD) les corresponderá presidir dos de las comisiones por el próximo año de sesiones legislativas.

Las comisiones permanentes fueron definidas por el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, como la columna vertebral de este órgano del Estado.

Se espera que hoy se logre un consenso entre las bancadas legislativas para someter a consideración del pleno la conformación de las comisiones.

 

La DGI Combatirá El Fraude De ITBMS En Las Tiendas

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En los últimos cuatro años, las tiendas y supermercados a nivel nacional han evadido el pago del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) ante la Dirección General de Ingresos (DGI), lo que afecta la recaudación.

Ante esa situación, fuentes reportan que la DGI iniciará acciones legales y casos por defraudación fiscal contra estos comercios que no han reportado ni pagado el ITBMS, pese a que realizan la venta de bienes gravados con este impuesto que se aplica al momento de vender al consumidor.

La Estrella de Panamá obtuvo información de que la DGI ha ordenado medidas de secuestro contra cuentas bancarias y bienes inmuebles, tomando en cuenta que la suma dejada de pagar y multas van entre cinco y diez veces el monto dejado de declarar ante las autoridades.

Prueba de ello, por ejemplo, en el caso del Minisúper Marimar, de la barriada El Tecal, en Arraiján; el Minisúper y Ferretería Jenifer, en Capira; el Almacén Tata, en La Chorrera; y el comercio de Weifou Hou Cheng, en Las Cumbres, situación que se replicará con otros negocios que tampoco realizan la declaración.

 

Estados Unidos Y Cuba Listos Para Reanudar Relaciones Luego De Décadas

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La bandera de Cuba –una estrella blanca sobre fondo rojo junto a franjas azules y blancas– está lista para ser izada este lunes, 20 de julio, fuera de la misión diplomática del país caribeño en Estados Unidos, por primera vez desde que ambos países rompieron relaciones en 1961.

Aunque no está prevista alguna ceremonia formal en su contraparte en La Habana, la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba también se convertirá plenamente en embajada justo después de la medianoche, cuando los dos enemigos de la Guerra Fría decidan entrar formalmente en una nueva era de acercamiento, a pesar de que los divide un profundo abismo ideológico.

“Es un momento histórico”, dijo el diplomático y analista cubano Carlos Alzugaray, quien agregó que ahora comienza el trabajo verdaderamente difícil: resolver disputas espinosas, como reclamos mutuos en busca de reparaciones económicas, la insistencia de La Habana en poner fin al embargo comercial de 53 años y las exigencias estadounidenses a que Cuba mejore sus derechos humanos y la democracia.

“La importancia de la apertura de embajadas es que se puede ver confianza y respeto: ambas partes tratándose con confianza y respeto”, agregó Alzugaray.

“Eso no quiere decir que no va a haber conflictos, es seguro que habrá, pero la forma en que se tratarán los conflictos ha cambiado por completo”, dijo.

Cuba planea realizar una ceremonia solemne el lunes por la mañana en su misión señorial en Washington, D. C., con unos 500 invitados, entre ellos una delegación de 30 representantes diplomáticos, culturales y de otros tipos de la nación caribeña, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

El gobierno de Estados Unidos estará representado por la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson –quien encabezó la delegación estadounidense durante seis meses de negociaciones que condujeron al anuncio del 1 de julio sobre la reapertura de embajadas– y Jeffrey DeLaurentis, el jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, quien ahora será encargado de negocio.

 

José Alberto Álvarez Reelecto Como Presidente Del Colegio Nacional De Abogados

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Con un amplio margen de distancia, José Alberto Álvarez fue reelecto como presidente del Colegio Nacional de Abogados.

Con 98.16% de los votos escrutados, Álvarez obtuvo mil 70 votos (57.16%) muy por encima de Edna Ramos quien obtuvo 485 (25.91%) de los votos.

En tercer lugar quedó Carlos Lee,  miembro de la organización de la sociedad civil Alianza Ciudadana pro Justicia y que lidera la nómina verde Innovación Institucional quién sacó 317 votos (16.93%).

Varela Sube La Deuda En $1,654 Millones

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La deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) de Panamá aumentó $1,655 millones en el primer año del gobierno de Juan Carlos Varela. En junio de 2014, antes de que la actual administración asumiera el mando del país, la deuda sumaba $17,668 millones, pero en junio de ese mismo año, alcanzaba la cifra de $19,323 millones. El aumento de los compromisos financieros del SPNF significó una expansión de 9.4% en el periodo analizado.

Este aumento no es más que el reflejo de las deficiencias en recaudación tributarias, sumado a los compromisos financieros heredados del gobierno pasado. En tanto continúe el déficit fiscal, se tendrá que seguir pidiendo prestado.

En promedio, la deuda pública aumentó a razón de $138 millones cada mes desde que inició el gobierno de Juan Carlos Varela.

La tendencia del aumento de la deuda varió fuertemente desde la administración de Ricardo Martinelli. En los últimos diez años y medio la deuda se incrementó en aproximadamente $11 mil 600 millones.

De junio 2014 a junio 2015, el aumento se concentró en la deuda externa, que se incrementó $1,835 millones; es decir 13.9%. Por el contrario, deuda interna se redujo $104 millones (-2.7 %).

En junio 2014, la deuda externa sumaba $13 mil 236 millones y junio 2015 se ubicó en $15 mil 87 millones. En igual periodo, la deuda interna pasó de $3 mil 867 millones a $3 mil 763 millones, respectivamente.

La estrategia financiera del gobierno continúa centrándose en el financiamiento externo, a través de bonos globales (adquieren deuda para pagar deuda), lo que supone expansión de la externa y una reducción de la interna.

LAS OTRAS DEUDAS

Adicional a la deuda del SPNF, el gobierno de Panamá tiene otros compromisos financieros, los cuales no se encuentran registrados en la contabilidad del SPNF.

Las últimas cifras que se conocen dan señales de que la deuda total del gobierno de Panamá suma aproximadamente $26 mil millones, al considerar los compromisos financieros de las entidades que fueron separadas del Sectos Público No Financiero, las cuentas por pagar en concepto de proyectos llave en mano y pagos diferidos y la deuda del Canal de Panamá.

La deuda de las empresas que fueron separadas del SPNF sumaba $1,744.5 millones en septiembre de 2014. Con esto se hace referencia a la deuda del Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) y la Empresa Nacional de Autopista (ENA), donde el estado panameño es el dueño del 100% de las acciones de estas sociedades anónimas.

En este componente, ENA reveló la deuda más pesada, con un saldo de $1,075.4 millones a septiembre de 2014. La del Aeropuerto Internacional de Tocumen también refleja un monto cuantioso, al sumar $560 millones en el mismo mes.

En la misma fecha, ETESA presentó un saldo de $19.1 millones en sus compromisos financieros.

Se conoce que estas tres empresas propiedad del Estado panameño están realizando importantes inversiones, por lo cual la deuda de ellas en la actualiodad se ha incrementado.

De acuerdo a las últimas cifras del MEF, presentadas a la Asamblea Nacional, a junio de 2014 las cuentas por pagar en proyectos llave en mano y pagos diferidos sumaban un total de $3,603.2 millones.

La cuestionado medida se vuelve a asumir. El gobierno de Varela ha anunciado que acudirá a proyecto llave en mano en la Línea 2 del Metro, y en los pliegos de la licitaciones, establece que el 40% se pagará en el próximo gobierno.

Se opta por este mecanismo aun cuando esta administración carga con el peso de los llave en mano de la era Martinelli.

De hecho, entre las recomendaciones que se hacen en el informe elaborado por la empresa de investigación y análisis económico Indesa, se resalta que la lección es ‘no financiar más proyectos por ese método'. El procedimiento se torna un círculo vicioso.

La estrechez fiscal y el asfixiante mecanismo son los principales ‘cucos'.

Por tal razón, el economista Guillermo Chapman aconseja modernizar los mecanismos de recaudación fiscal.

 

PAN: $12 Millones Para Tocar Música

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El Ministerio Público llevó a cabo una inspección in situ en la sede del Programa de Ayuda Nacional, en busca de documentos que sustenten el millonario gasto. LA PRENSA/Ana Rentería

El 20 de noviembre de 2013, la excontralora Gioconda Torres de Bianchini dio su beneplácito a un contrato de cuatro millones de dólares, que le remitió el Programa de Ayuda Nacional (PAN) para dotar de instrumentos musicales a las escuelas públicas del país.

Aunque esa compra la tramitó el PAN –bajo la gestión de Rafael Guardia Jaén–, la entidad responsable del proyecto era el Ministerio de Educación (Meduca), por entonces a cargo de Lucy Molinar, quien pretendía “perfeccionar programas para la enseñanza de instrumentos para bandas de música en diferentes centros educativos”.

La adquisición de esos instrumentos musicales, al parecer, no fue suficiente. Tres meses después, Guardia Jaén volvió a adjudicar otro contrato: esta vez por cinco millones de dólares.

El nuevo contrato fue adjudicado a la sociedad Country Max, S.A., que se constituyó en el quinquenio del gobierno de Ricardo Martinelli.

El resto de las compras de instrumentos musicales no se hizo por contrato, sino a través de órdenes de compra por montos que no superaron los 300 mil dólares, cantidad hasta la cual podía autorizar Guardia Jaén.

Country Max, S.A. y Nulato Commercial Inc. –creada en el gobierno anterior y que también vendió instrumentos musicales al PAN– tienen dignatarios diferentes, pero están relacionadas entre sí.

Eso quedó demostrado cuando en agosto de 2014 Country Max, S.A. intentó vender más de medio millón de dólares en instrumentos musicales para la banda musical de la Policía Nacional, que dirige Omar Pinzón.

Curiosamente, en la propuesta que presentó Country Max, S.A. a la Policía Nacional aparece una “nota de referencia” firmada por Aaron Flores, representante legal de Nulato Commercial Inc., dando fe del suministro satisfactorio de equipos musicales entre noviembre y diciembre de 2013.

En otras palabras, Country Max, S.A. suministró equipos musicales a Nulato Commercial Inc., coincidentalmente para la fecha en que el PAN realizó una de esas compras millonarias.

También se anexó un acta de aceptación final de entrega de equipos musicales –satisfactoria– suscrita por Mario Bolívar, por entonces director de Asuntos Estudiantiles del Meduca.

Además, dos dignatarios de Country Max, S.A. –Margarita Santamaría y Luis Carlos Sánchez– aparecen en la directiva de la compañía Digimart International, S.A., que facturó en el PAN siete millones de dólares en la venta de implementos y uniformes deportivos, bolsas de comida y electrodomésticos, por citar algunos contratos.

Una “trompeta en sí bemol” fue vendida al PAN por Country Max, S.A. por la suma de mil 300 dólares, pero el mismo equipo aparece con 200 dólares menos en la propuesta que presentó la compañía a la Policía Nacional.

INSPECCIONAN EL PAN

La Fiscalía Sexta Anticorrupción, a cargo de Aurelio Vásquez, realizó ayer una inspección ocular en la sede del PAN en el Casco Antiguo, para recabar documentación sobre la millonaria compra de equipos musicales y determinar posibles sobrecostos.

El fiscal precisó que la inspección corresponde a las primeras pesquisas que hace su despacho, que abrió de oficio una investigación por este caso.

Debido a lo incipiente de la investigación, el fiscal aseguró que no puede precisar la clase de instrumentos que fueron utilizados ni la posible lesión patrimonial ni a los exfuncionarios que llamará a declarar.

“Todo va a salir en el informe de auditoría”, afirmó.

Adelantó que habrá más pesquisas relacionadas con esta investigación.

Mientras que José Matías Muñoz, director de Arte y Cultura del Meduca, dijo que desde que asumió su gestión ha estado recibiendo quejas de la calidad de los instrumentos de parte de directores de bandas, por lo que les pidió que redactaran un informe en el que se indiquen los daños.

Country Max, S.A. y Nulato Commercial, S.A. también ampliaron sus áreas de negocios en el PAN durante la pasada campaña electoral. Vendieron bolsas de comida, implementos y uniformes deportivos, lavadoras, estufas, bolsas de basura y hasta uniformes para los inspectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

El 12 de diciembre de 2012, Country Max, S.A. vendió 310 cunas de madera a un precio de 310 dólares cada una.

La mayoría de esas contrataciones tramitadas en el PAN se hizo con carácter de “urgencia”, según múltiples órdenes de compra a las que tuvo acceso este medio.

 

El Estado Gastó $21.5 Millones Para Espiar En 10 Años

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En la última década, el espionaje ilegal a políticos y dirigentes nacionales por parte del Estado ha requerido una inversión de $21.5 millones.

Por esa misma suma se pudo haber construido dos escuelas modelo o de excelencia educativa o centros hospitalarios en cualquier provincia del interior.

Aunque la práctica de los ‘pinchazos' no es nueva, viene desde la época militar, durante el gobierno de Martín Torrijos se trató de institucionalizar y en el de Ricardo Martinelli se elevó a su máxima expresión y se requirió de una inversión millonaria.

En el quinquenio Martinelli se adquirieron equipos de última generación que requirieron una mayor inversión.

Lo más grave es que al final de cada gestión los equipos usados por el Consejo de Seguridad del Estado desaparecieron sin dejar rastros.

En 2008, el gobierno de Martín Torrijos adquirió equipos de tecnología inglesa, alemana e israelí por un valor de $800 mil. Los aparatos fueron comprados de forma directa utilizando el portal de PanamaCompra, pero con la descripción de equipos de computación, sin especificar el uso que se le daría.

En este mismo periodo, se acusó al gobierno Torrijos de equipar automóviles con antenas móviles para captar señales de celulares y de teléfonos fijos. De esta forma, se podía captar conversaciones dentro de oficinas, restaurantes, edificios o residencias. El equipo podía interceptar las llamadas en un radio aproximado de 500 a 800 metros cuadrados. Tenía capacidad para captar hasta 25 señales de celulares al mismo tiempo.

No fue hasta dos años después, en enero de 2011, que el entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli, denunció la pérdida de dos equipos de interceptaciones de llamadas del Consejo de Seguridad. Se tenía en el registro tres equipos, pero solo aparecía uno. Se informó que el equipo fue trasladado a un apartamento en Bella Vista, pero no se ubicó.

A principios del gobierno de Martinelli se puso un plan de seguridad que incluía espiar a políticos, dirigentes sindicales, periodistas y otros.

Se inició una espiral de gastos cuyo final todavía no se conoce.

Hasta ahora, se sabe que se adquirió equipo a la empresa la empresa israelí M.L.M. Protection Ltd. valorado en $13.4 millones.

A pocos días de concluir el gobierno, el equipo desapareció y no se tiene pistas de su paradero.

Información surgida del expediente de una investigación que está en manos de la Corte detalla que el equipo estuvo en Monte Oscuro, donde están las oficinas centrales de los negocios de Martinelli, pero no se ha ubicado.

El gobierno de Martinelli, también pactó con la empresa M.L.M. cuatro mantenimientos en los que el Estado gastó otros $6.3 millones, 50% adicional a la adquisición.

Abogados de Martinelli, en un intento por desvincularlo, señalan que la actual administración gubernamental sigue con las mismas prácticas de espionaje y llevaron el caso al Ministerio Público.

El presidente, Juan Carlos Varela, solo asegura que es una manera de distraer la atención y ante los cuestionamientos sobre si su Gobierno realiza ‘pinchazos', sostuvo que todo está judicializado y que ‘no hay ninguna intervención que no sea autorizada' por la Corte Suprema de Justicia.

‘Es para distraer', dice Varela

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, desestimó las acusaciones contra miembros de su gobierno a quienes se les vincula con el espionaje telefónico.

A juicio del mandatario, las denuncias presentadas por dos abogados del expresidente de la República Ricardo Martinelli, contra su ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, y el jefe del Consejo de Seguridad, Rolando López, son acciones para distraer la atención de los procesos en los tribunales.

Los abogados han solicitado la separación de los funcionarios por extralimitación de funciones. Además, los abogados del expresidente demandaron a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante la Asamblea Nacional, por supuestas irregularidades en el proceso.

En clara referencia a Martinelli, el mandatario dijo que ‘todo el mundo en este país sabe quién era el que pinchaba los teléfonos', razón por la que se le está investigando hoy.

Varela aseguró que se pretende desviar la atención de la ‘judicialización' de la actuación en la que incurrieron miembros de la pasada administración.

‘Ahora tratan de acusar a otros de lo que ellos mismos hicieron', dijo Varela, quien fue víctima de las escuchas telefónicas.