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El registro mercante panameño queda en entredicho tras las denuncias que alertan de la alteración de las certificaciones emitidas para la gente de mar bajo bandera del istmo.

Nueve personas, entre ellas cinco exfuncionarios de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), han sido denunciadas por la expedición irregular de licencias durante la pasada administración de gobierno.

La denuncia penal se fundamenta en las faltas que cometieron los funcionarios que ‘delegaron sin el más mínimo cuidado y diligencia estas tareas a una empresa inexperta en el campo que omitió el debido control de fiscalización y supervisión, violando las obligaciones fundamentales y cumplimiento con los delitos descritos como infringidos'.

El exadministrador Roberto Linares, los exdirectores de Gente de Mar Roberto Vallarino Moreno y José Rogelio Hernández; la exsubdirectora de Finanzas Melsina Robles de Cozarelli y el exjefe de la oficina regional de documentación en Manila, Jorge Antonio Torres, además de Iván Karica, Jorge Ramírez Arias, Eric Guevara Villamonte, Carlos Augusto Barahona, gerente, propietario y colaboradores de Orion Maritime Trading, han sido señalados por delitos contra la administración pública, la seguridad colectiva y jurídica de los medios electrónicos y contra la fe pública.

El documento al que tuvo acceso La Estrella de Panamá establece que las actuaciones de estas personas permitieron que le fueran aprobadas licencias de operación a cientos de oficiales de buques panameños sin pasar las evaluaciones necesarias para ocupar los puestos para los que habían sido certificados.

Bajo la dirección de Roberto Linares, la institución preparó el camino para que el trámite de certificaciones se convirtiera en el jugoso negocio de una sola empresa y guardó silencio cómplice ante las denuncias de irregularidades en la expedición de licencias de oficiales y marinos hechas en los medios de comunicación por los gremios ligados a este sector marítimo.

ANTECEDENTES

La conducta permisiva e indebida de la institución de gobierno desencadenó en abusos, actos de corrupción y malversación de fondos, entre otros actos lesivos para la administración pública, agrega el documento legal.

La historia se empieza a escribir en 2008, cuando nace un plan piloto para ‘evaluaciones de competencia' o certificación para los títulos de marinos extranjeros. En principio, solo se emitían títulos a los nacionales y endosos a los extranjeros.

Al cambiar las reglas del juego, se delega a los centros de formación de marinos la responsabilidad de realizar la ‘evaluación de competencias' de la tripulación de los barcos con bandera panameña, el primer registro comercial del mundo.

Los assessments o evaluaciones de competencia están contemplados en el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de Gente de Mar (STCW'78/95).

Este acuerdo establece que todas la administraciones marítimas del mundo deben evaluar a los profesionales del sector antes de emitir un título.

En el caso panameño, los egresados de las universidades que preparan a los marinos y oficiales, la Universidad Marítima de Panamá (UMIP) y Columbus, realizan este proceso una vez culminados sus estudios.

FLORECE UN NEGOCIO

Tres centros de formación (Maritime Training Center, Panama Maritime Training Services y Maritime Training and Certification) fueron acreditados para esta función dentro del plan piloto; sin embargo, sus permisos fueron revocados en octubre de 2010 tras llegar Ricardo Martinelli al máximo poder político del país. Desarticuladas las tres empresas primigenias del plan piloto, se consolida un monopolio alrededor de Orion Maritime Traiding, registrada al iniciarse la gestión de Linares, y la que durante cuatro años se encargó en solitario de expedir las certificaciones a los capitanes, jefes de máquinas, oficiales de cubiertas y de máquinas.

Llama la atención que la denuncia establece que fue mediante una nota simple la forma en que se delegaron las evaluaciones de competencia al nuevo centro de formación, creado el 19 de mayo de 2010.

Con solo seis meses de actividades, Orion quedó solo en el negocio.

Esta concesión se la concedió la dirección de Gente de Mar, que es un brazo operativo de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y debe velar por que se cumplan las normativas en educación y titulación de los profesionales del mar, que entonces estaba a cargo de Roberto Vallarino Moreno, el mismo que suscribió las notas con las que se revocó el permiso de operación a las empresas competidoras.

Orion parece haber tenido la bendición de la administración marítima a cargo de Linares. Entre los directivos de la sociedad figuraba Melsina Robles de Cozarelli quien fungió como subdirectora de Finanzas de la institución estatal.

EL HOMBRE CLAVE

La empresa aprobaba mensualmente un centenar de licencias. Suma que se calcula en $60 millones al año, según conoció en su momento este diario. Las licencias de la gente de mar llegaron a costar entre $5,000 y $7,000, casi diez veces más del precio original.

Un detalle que salta a la luz en la denuncia es que cuando Vallarino renuncia a la dirección de Gente de Mar para ocupar el cargo de embajador y cónsul en Manila, Filipinas, los trámites para aplicar a las titulaciones fueron trasladados al centro regional de la administración panameña en este país.

Entonces, la oficina de la administración marítima panameña en Filipinas era dirigida por Jorge Antonio Torres, acusado en la denuncia de expedir licencias de oficiales y marinos con el sello de Orion.

Como resultado de una auditoría quedó en evidencia que Torres, exjefe de la oficina regional de la AMP en Manila, tenía un arreglo para falsificar los assessments '.

Este hecho, según el informe, fue evidenciado con el testimonio del funcionario filipino Enmanuel Regio, quien aceptó que Torres le pedía que falsificara la firma de uno de los técnicos evaluadores, Aldo Villarreal.

A Jorge Torres, además, se le vinculó con la manipulación del sistema que emite las licencias de los marinos.

El exfuncionario fue señalado por la Asociación de Marinos Filipinos por excluir a marinos de la lista de infractores que aparecen en la base de datos (Solexai) mediante la alteración de letras de los nombres de las personas para que el sistema los reconociera como nuevas aplicaciones y así poder emitir nuevas certificaciones.

A quien también se señala en la denuncia es al reemplazo de Roberto Vallarino Moreno en la dirección de Gente de Mar, José Rogelio Hernández, por mantener el reconocimiento a la empresa y no aplicar medidas de control, seguimiento y vigilancia a las evaluaciones de competencia, tal como lo ordena la ley.

LINARES

Linares, por su parte, se desvinculó de todo lo que tenía que ver con este centro de formación de gente de mar. En una entrevista previa con este medio dijo que ‘no tenía ninguna acción en la empresa' aunque era el máximo responsable de la administración marítima panameña y enfrentaba cuestionamientos por desatender las denuncias de alerta de los gremios ligados al sector.

Las evidencias que halló la actual administración marítima panameña, y de las que se deja constancia en la denuncia presentada, conducen a una cuenta en un banco de la localidad que presuntamente se utilizó para recibir los pagos de los ‘assessments'.

Por la forma irregular en que se tramitaron, y por la falta de un registro de las licencias emitidas por Orion durante la administración de Linares, hoy en día se desconoce cuántos de los 550 mil marinos que navegan en embarcaciones panameñas obtuvieron sus títulos de manera fraudulenta.

ESTATUS DE LA DENUNCIA

El Ministerio Público explicó que Tania Sterling, la fiscal Primera Anticorrupción, lleva este caso. Sin embargo, al existir una denuncia previa en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción que interpuso la Asociación Panameña de Oficiales de Marina, se solicitó la acumulación de ambos expedientes.

De aceptarse la propuesta, le corresponderá a Ruth Morcillo, fiscal Cuarta Anticorrupción, atender el caso.

Mientras que el Ministerio Público abrió ayer una investigación por la triangulación que se utilizó para la compra del sistema espía israelí ‘Pegasus’, la mayoría de los vinculados en la operación y en la adquisición del aparato guardaron silencio.

Una fuente del Ministerio Publico confirmó que se decidió abrir un expediente relacionado con estos hechos, pero que aún no se ha asignado el caso a una fiscalía determinada, aunque explicó que las pesquisas las debe efectuar un despacho con capacidad para verificar las transacciones bancarias realizadas para comprar el equipo espía.

La triangulación

De una cuenta ligada al empresario Felipe "Pipo" Virzi se emitió un cheque por $1 millón a la sociedad Caribbean Holding Services, vinculada a Aaron "Ronny" Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli, para el pago a la israelí NSO Group por la compra del sistema de espionaje "Pegasus", el segundo que compró el gobierno anterior por unos $8 millones.

Las pesquisas señalan que la cuenta de la que provino el dinero para emitir el cheque a la empresa de Mizrachi es la misma en la que se le depositó, en el Banco Universal, una transferencia de $5 millones a Virzi por parte de Hidalgo & Hidalgo, encargada del fallido proyecto de riego de Tonosí, y que es motivo de una investigación judicial por supuesta “coima”.

Luego de que el cheque emitido a Caribbean Holding Services es endosado a una cuenta de manejo en el Banco Aliado de Panamá, a través de la compra de una transferencia, el dinero pasa a una filial del banco panameño en una isla del Caribe.

De allí se hace un pago al Banco Aliado por comisiones de manejo, y otro pago de $100 mil a Caribbean Holding Services como parte de otra comisión por mediador privado, explicaron las fuentes.

Tras estas transacciones, la ruta de la transferencia del dinero pasa a una sucursal del Wells Fargo en Estados Unidos, y de allí al Bank Hapoalim en Israel. En total, se depositan $899 mil 687 con 25 centésimos a la empresa de Israel NSO Group como primer pago por el sofisticado equipo de espionaje.

Silencio local e internacional

Los empresarios vinculados en la operación guardaron silencio, mientras que de la embajada de Israel y Estados Unidos no hicieron comentario a la interrogante sobre la utilización de bancos en sus países para esta transacción.

Se llamó a la abogada Guillermina McDonalds, defensora de Virzi, y no respondió.

De la embajada de Israel comunicaron que el embajador aún no ha presentado sus credenciales ante el Gobierno, pero señalaron que a partir del próximo lunes harían averiguaciones sobre este escándalo.

En la embajada de Estados Unidos se pidió una respuesta ante la utilización del banco Wells Fargo en la operación de triangulación, pero se explicó que se le comunicaría al vocero de la embajada para ver si haría algún comentario. Al cierre de la edición no se había informado nada al respecto de la embajada  norteamericana.

También guardó silenció Julio Moltó, quien fungía como secretario del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) cuando se hicieron los trámites para la compra de ‘Pegasus’.

En tanto, Roniel Ortiz, defensa de Gustavo Pérez, exjefe del CSN, quien según documentos de las investigación recibió el equipo en julio de 2012, negó la vinculación de su cliente con el aparato espía. 

Ortiz alegó que no hay pruebas que den certeza de la existencia del sistema de escuchas ilegales ‘Pegasus’.

Silencio oficial

Se consultó al ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, sobre el caso e informó que las investigaciones por este tema son manejadas por el Consejo de Seguridad Nacional. En tanto, se pidió a través de la Secretaría de Comunicación del Estado una versión del Consejo de Seguridad Nacional, pero no hubo respuesta.

Rechazo

Roberto Troncoso, experto en el tema de derechos humanos aseguró que la información sobre este sistema de espionaje confirma la violación a la privacidad que huno de los panameños. 

“Existía una gran obsesión por personas del pasado gobierno por conocer de las actividades de sus adversarios políticos y por ello se dio esta situación”, aseguró.

Troncoso consideró necesario aumentar las sanciones por la inviobiabilidad del secreto, ya que la pena actual es de 1 a 3 años de cárcel.

En tanto Anette Planells, del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), aseguró que la existencia de estos sistemas de espionaje demuestra cuáles eran las prioridades de inversión de la pasada administración.

Cuestionó el poco avance en la Corte sobre la investigación contra el expresidente Martinelli por su vinculación a las escuchas ilegales de más de 150 personas en el país.

 

La triangulación que se utilizó para el primer pago por $1 millón a NSO Group, para la adquisición del segundo equipo de escuchas ilegales en el gobierno de Ricardo Martinelli, dejó rastros en el sistema bancario local e internacional que revelan la vinculación de importantes empresarios panameños en la transacción.

La operación, según datos proporcionados por fuentes ligadas a la investigación, revela que de una cuenta cuyo firmante es el empresario y exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi se emitió un cheque por un millón de dólares a Caribbean Holding Services, vinculada a Aaron Ronny Mizrachi, cuñado del exmandatario Ricardo Martinelli, y quien salió del país el miércoles pasado tras conocerse el escándalo.

Hay que resaltar que la cuenta No. 2004010100002014, del Banco Universal, es la misma en la que se depositó la transferencia de $5 millones a Virzi por parte de la empresa Hidalgo & Hidalgo (H&H), encargada del fallido proyecto de sistema de riego de Tonosí. Casualmente, la Fiscalía Tercera Anticorrupción investiga el posible pago de ‘coimas’ de H&H a varios miembros del círculo cero de Martinelli.

Luego de que el cheque emitido a Caribbean Holding Services es endosado a una cuenta de manejo en el Banco Aliado de Panamá, a través de la compra de una transferencia, el dinero pasa a una filial del banco panameño en una isla del Caribe.

De allí se hace un pago al Banco Aliado por comisiones de manejo, y otro pago de $100 mil a Caribbean Holding Services como parte de otra comisión por mediador privado, explicaron las fuentes.

Tras estas transacciones, la ruta de la transferencia del dinero pasa a una sucursal del Wells Fargo en Estados Unidos, y de allí al Bank Hapoalim en Israel. En total, se depositan $899 mil 687 con 25 centésimos a NSO Group como primer pago por el sofisticado equipo de espionaje.

Durante el gobierno de Martinelli se pagaron cerca de $8 millones por la máquina pinchadora Pegasus, que tenía como propósito, según el certificado de uso, “la recolección y recopilación de información en dispositivos móviles para el uso exclusivo del Gobierno de Panamá”.

Se componía de un sistema de escuchas ilegales llamado Pegasus, con capacidad de filtrar 150 BlackBerry e igual cantidad de Android, pero las especificaciones indican que esta cantidad podría ser hasta cinco veces mayor.

El contrato original con NSO Group con el Gobierno era por $6 millones, pero tras la adquisición de nuevos softwares se hizo una adenda, por $2 millones más. 

Hasta ahora las investigaciones indican que no hay registro de pago alguno o financiamiento por parte de una entidad del Estado con NSO Group, a pesar de que las normas indican que este tipo de artefactos se adquieren de Estado a Estado.

El sistema Pegasus –cuyo último registro de uso data del 16 de mayo de 2014– está desaparecido, al igual que la primera máquina de escuchas que se compró a la también israelí M.L.M. Protection, por $13.4 millones con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

En los próximos días se estaría interponiendo una denuncia formal en el Ministerio Público por la presunta transacción ilegal con la que se adquiere Pegasus y por su desaparición.

En enero de 2011, cuando Julio Moltó era el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad, se iniciaron las negociaciones para la compra de este sistema según indica el certificado de uso de Pegasus.

 

 

 

Los caminos de la controversial Ley 55 de ‘blindaje' están cercados: con la advertencia del magistrado Oydén Ortega y el reciente respaldo del procurador de la Administración Rigoberto González, la Corte Suprema tendrá que echar abajo la moción que obliga a la justicia a investigar los casos de los diputados en tiempo exprés.

Abogados consultados por este diario confían en que así debe suceder antes de que la Asamblea, contra su ‘voluntad natural', decida algo sobre el asunto.

‘La Corte está obligada a declararla inconstitucional, si no sería un escándalo… eso violenta todo tipo de principios constitucionales', advirtió a La Estrella de Panamá el jurista Carlos Lee.

La hoy oposición, que con Ricardo Martinelli en el poder promovió e impuso con su mayoría la norma, cree que si la salida es declararla inconstitucional, entonces se debe revisar la Constitución.

SI ES PARA UNO, ES PARA TODOS

Sin embargo, para el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Alberto Álvarez, la Carta Magna es sabia con respecto a las inmunidades, los fueros y los privilegios.

‘La opinión del procurador no es vinculante, pero es valiosa. La Ley 55 no es inconstitucional por el tiempo que establece, sino porque simplemente ordena que los diputados tengan un período de investigación menor al del resto' de los ciudadanos, opina Álvarez.

El exprocurador Rogelio Cruz coincide en que el plazo es ‘discriminatorio', aunque asegura que una reforma al blindaje legislativo implicaría también equiparar el plazo para investigar al presidente y a los magistrados con el de los diputados.

El común de los ciudadanos puede ser investigado hasta por seis meses, de acuerdo con el Código Procesal Penal. En función de eso, juristas como el exmagistrado Edgardo Molino Mola han considerado que la ley blindaje va en contravía de la supresión de las inmunidades adoptada en 2004.

Desde el Judicial han dejado ver que la inconstitucionalidad de la Ley 55 está en pie. En marzo se avisó que el fallo al respecto estaba en proceso de firmas.

DECISIONES POLÍTICAS DETRÁS

Pero eso no preocupa a la Asamblea Nacional, cuyos directivos aseguran que volverán a proponer la discusión de la ley antiblindaje, que no pasó el tamiz legislativo en el período que culminó en julio pasado.

‘Nosotros actuaremos con criterios de independencia, tenemos que jugar nuestro rol', explicó el presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Iván Arrocha, quien sostiene que aun cuando la Corte decida la inconstitucionalidad o no de la Ley 55, la Asamblea tiene que legislar sobre los plazos que tienen los magistrados para investigar a diputados.

Si bien el expresidente del Legislativo Adolfo Valderrama aseguraba la necesidad de que se amplíe a seis meses el plazo para investigar a un diputado, facciones en el propio panameñismo reconocen que ‘con dos meses basta'.

Lo único a lo que aspirarán con la reforma paralela a la decisión de la Corte Suprema es a extender el tiempo que tienen los magistrados para admitir o no la denuncia, de 10 a 20 días hábiles, tal cual lo había impuesto el PRD liderado por Benicio Robinson (defensor del blindaje). El Judicial tiene dos denuncias sobre el tema.

‘La Corte Suprema de Justicia tiene que atender este problema que todavía no ha sabido resolver', dice Lee.

COMIDA DESHIDRATADA

La discusión que tiene parado el proceso contra Martinelli

Desde hace casi un mes el proceso que sigue la Corte Suprema contra el expresidente Ricardo Martinelli por el desfalco en el contrato para la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional depende, exclusivamente, de que se decida la constitucionalidad o no de la ‘ley blindaje'.

El magistrado fiscal Oydén Ortega interpuso el 2 de julio una advertencia al Pleno, acción sobre la cual el procurador de la Administración, Rigoberto González, recomendó el lunes la declaratoria de inconstitucionalidad.

Los abogados de Martinelli esperaban a principios de julio que la oficina del magistrado Ortega decidiese llamar o no a imputación de cargos, la fase más compleja del proceso judicial; sin embargo, el magistrado se decantaba por pedir más tiempo para reunir elementos de juicio.

 ‘La Ley 55 no es inconstitucional por el tiempo que establece, sino porque da prerrogativas a los diputados'

 

 ‘La opinión del Ministerio Público no es vinculante y cualquier otra persona también puede opinar',

 

Las autoridades judiciales han descifrado una posible triangulación que revela de dónde salieron los fondos para la compra del sofisticado equipo de espionaje ilegal proporcionado por NSO Group al gobierno de Ricardo Martinelli.

Las investigaciones dan cuenta de que la empresa Caribbean Holding Services, vinculada a Aaron Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli, habría pagado a NSO Group por este equipo de escuchas ilegales, que todavía está desaparecido y que ha originado una investigación judicial.

Según las pesquisas, la transacción para pagar el moderno equipo, conocido en el mundo del espionaje como Pegasus, se hizo mediante una transferencia de un banco de Panamá al Wells Fargo en Estados Unidos, y luego a un banco en Israel.

Caribbean Holding Services es también señalada en una denuncia que interpuso en junio pasado la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), relacionada con el supuesto manejo irregular de cuentas de inversión por la casa de valores Financial Pacific (FP).

Este medio trató de ubicar a Mizrachi. Se le llamó a dos números telefónicos de sus oficinas. En uno no contestaron y en el otro la secretaria preguntó que quién lo buscaba. Al identificarse el reportero de La Prensa, respondió que no estaba allí.

EL SOFISTICADO EQUIPO

En 2012, el gobierno de Martinelli compró el equipo para “pinchar” teléfonos celulares. Costó cerca de $13 millones. Era mucho más moderno que el primer equipo adquirido por la administración pasada a la también empresa israelí M.L.M. con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

De acuerdo con la investigación, la tecnología proporcionada al gobierno de Martinelli por NSO Group puede controlar en su totalidad las comunicaciones de las personas vigiladas.

Recoge datos, incluyendo conversaciones, fotos, textos, y el tráfico de internet. De esta forma, los espías gubernamentales obtenían una radiografía completa de la vida de sus víctimas. Podían leer información tan personal como resultados médicos, tener acceso a información bancaria y comunicación personal entre madres e hijos, por citar ejemplos.

Esta investigación se originó cuando en diciembre pasado el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por la desaparición de los dos equipos de escuchas ilegales, el comprado a M.L.M. a través del PAN y el negociado con NSO Group.

Por esta investigación, que fue seguida por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, han sido señalados los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, y sus subalternos William Pittí, Ronny Rodríguez [prófugos] e Ismael Pittí.

Fuentes judiciales confirmaron que el expediente por este caso se encuentra radicado en el Segundo Tribunal Superior, en espera de que se resuelvan tres recursos presentados por los abogados defensores: un incidente de nulidad; la apelación contra la negativa del Juzgado Séptimo Penal de acoger una solicitud de fianza de excarcelación presentada por uno de los sindicados; y la apelación de la Fiscalía Segunda Anticorrupción ante la decisión del citado juzgado de no admitir la declaración indagatoria de Alejandro Garuz.