Diputados aún no reportan sus gastos de campaña

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En la lista remitida por el TE se incluyen los nombres de diputados principales, suplentes y del Parlamento Centroamericano (Parlacen) que no cumplieron con lo que dispone el artículo 209 del Código Electoral, que establece que “los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular están obligados a registrar las contribuciones privadas que reciban para su funcionamiento y campaña”.

La documentación llegó a la Corte a través de los oficios 345, 347, 348, 349 y 350 de los días 24, 27 y 29 de julio pasados. El organismo electoral se amparó en los artículos 2495-A y 2495 B del Código Judicial.

El artículo 2495-A del Código Judicial dice que “corresponde al pleno de la CSJ la investigación y el procesamiento de los actos delictivos y policivos seguidos contra un diputado principal o suplente”. Mientras que el 2495-B de ese mismo cuerpo legal detalla que “las denuncias o querellas que se promuevan contra un diputado principal o suplente serán presentadas ante la Secretaría General de la CSJ”.

En ese sentido, el magistrado del TE Eduardo Valdés Escoffery explicó que estos expedientes corresponden a la falta de entrega de los informes de gastos incurridos durante la pasada campaña electoral.

Detalló que, de acuerdo con la ley [artículo 209 del Código Electoral], los diputados deben rendir un informe sobre el monto de los dineros recaudados en la campaña electoral.

Los candidatos que no presenten el inforrme de gastos de campaña en el plazo establecido por el TE, podrán ser sancionados con multas de entre $50 a $500.

Por tratarse de diputados electos, con un proceso especial de investigación, el TE remitió los casos a la Corte. Valdés Escoffery precisó que esta “es una norma de estricto cumplimiento”. El caso está en manos de la magistrada Nelly Cedeño, quien reemplazó al exmagistrado Víctor Benavides.

INCLUIDOS EN LA LISTA

Entre los diputados que aparecen en esta lista se encuentran Mario Miller, de Cambio Democrático (CD); Iracema Ayarza Parra, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Adolfo Valderrama, del Partido Panameñista, entre otros.

Mientras que entre los miembros del Parlacen que aparecen en la lista enviada a la Corte aparece el panameñista José Ramos. Del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista figura Sergio González Ruiz, exvicepresidente de ese partido. La Prensa tuvo acceso a 68 nombres de los 76 diputados investigados

DIPUTADOS RESPONDEN 

Tras ser consultado sobre la inclusión de su nombre en esta lista, el diputado y expresidente de la Asamblea Nacional Adolfo Valderrama afirmó que ese informe lo entregará esta semana. Agregó que por alguna razón su equipo de campaña no lo entregó, pero que [el informe] “ya está listo para ser entregado”.

El también panameñista Jorge A. Rosas dijo haber remitido al menos uno de los dos informes de su gasto de campaña de las dos elecciones en las que participó. Tras impugnar la elección de Ana G. Rosas de Vallarino, de CD, Rosas fue a otra contienda electoral en la que ganó.

En tanto, Javier Ortega, del PRD, se mostró sorprendido de estar en la lista y aseguró que ya entregó ese informe al TE. “Es extraño, yo entregué mi informe como lo estipula la ley y tengo mi copia de recibido y todo. Yo no puedo hablar por los demás, yo creo que la ley es clara y todos debieron entregar su informe”, agregó.

Algunos diputados del Parlacen argumentaron que ellos no hacen campaña proselitista, y por ende, la noma no les sería aplicable. Sin embargo, el TE opina que la norma no fija excepciones y aplica a todos los diputados suplentes o principales.

En este sentido, José Ramos, diputado panameñista en el Parlacen, manifestó que la campaña para los diputados de ese organismo no es costosa o no cuesta nada. “A mí no me costó ningún real, yo fui designado en un acuerdo de alianza entre el partido Panameñista y el Partido Popular”, precisó.

Explicó, además, que como es una campaña que está vinculada al voto presidencial, entonces los aspirantes al Parlacen se apoyan en esa campaña.  

Manifestó que como no hizo un gasto, omitió el informe, ya que no tiene nada que presentar ante el Tribunal Electoral.

Guillermo Cochez presenta demanda contra el Consejo de Gabinete

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El abogado Guillermo Cochez interpuso una demanda contencioso administrativa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra de una resolución de Gabinete a favor del empresario Herman Bern, y advirtió que también podría presentar una  demanda penal contra miembros del actual Consejo Gabinete incluyendo al presidente Juan Carlos Varela.

El demandante Cochez explicó que, a pesar de las advertencias hechas por su persona, el 17 de mayo de 2016, el Consejo de Gabinete autorizó la venta de dos globos de terreno de 7 hectáreas valorados en $17 millones, que “usurpaba” el empresario Herman Bern en Playa Bonita.

Bern usurpaba el terreno localizado en Kobbe, Veracruz (Arraiján), dice Cochez, porque construyó a sabiendas que había una demanda que posteriormente fue declarada ilegal. La licitación que se hizo posteriormente en el año 2008 y el 2015, anuló el contrato.

“Él no tenía nada ahí,  era un precarista, como los que construyen casas brujas en terrenos del Estado”, reitera Cochez.

Argumentos de la demanda

El gobierno a través de la resolución de gabinete número 51 del 17 de mayo de 2016, firmada por el presidente Juan Carlos Varela, decidió vender en base a argumentos totalmente falsos, asegura el demandante. 

Cochez explicó que primero, se aprobó un procedimiento excepcional de venta como si se tratase de una urgencia como una catástrofe, pero que beneficia a un particular.

Segundo, la resolución señala que Bern construyó de buena fe, pero, dice Cochez, que el empresario sabía que esto formaba parte de un pleito y si él sabía que había un pleito, por qué siguió construyendo en el lugar, se pregunta el denunciante.

Y un tercer punto de la demanda contra la resolución, es porque el Consejo de Gabinete ha actuado al margen de la ley, porque la Constitución dice que todo bien del Estado debe ir a licitación. ¿Qué licitación hubo? Esto fue una licitación directa, asegura Cochez. 

El abogado señaló que en la demanda no están incluidos los ministros, Milton Henríquez y Marcela Paredes, quienes no firmaron la resolución.

Ministerio Público Investigará Compra De Equipo Espía ‘Pegasus’

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Mientras que el Ministerio Público abrió ayer una investigación por la triangulación que se utilizó para la compra del sistema espía israelí ‘Pegasus’, la mayoría de los vinculados en la operación y en la adquisición del aparato guardaron silencio.

Una fuente del Ministerio Publico confirmó que se decidió abrir un expediente relacionado con estos hechos, pero que aún no se ha asignado el caso a una fiscalía determinada, aunque explicó que las pesquisas las debe efectuar un despacho con capacidad para verificar las transacciones bancarias realizadas para comprar el equipo espía.

La triangulación

De una cuenta ligada al empresario Felipe "Pipo" Virzi se emitió un cheque por $1 millón a la sociedad Caribbean Holding Services, vinculada a Aaron "Ronny" Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli, para el pago a la israelí NSO Group por la compra del sistema de espionaje "Pegasus", el segundo que compró el gobierno anterior por unos $8 millones.

Las pesquisas señalan que la cuenta de la que provino el dinero para emitir el cheque a la empresa de Mizrachi es la misma en la que se le depositó, en el Banco Universal, una transferencia de $5 millones a Virzi por parte de Hidalgo & Hidalgo, encargada del fallido proyecto de riego de Tonosí, y que es motivo de una investigación judicial por supuesta “coima”.

Luego de que el cheque emitido a Caribbean Holding Services es endosado a una cuenta de manejo en el Banco Aliado de Panamá, a través de la compra de una transferencia, el dinero pasa a una filial del banco panameño en una isla del Caribe.

De allí se hace un pago al Banco Aliado por comisiones de manejo, y otro pago de $100 mil a Caribbean Holding Services como parte de otra comisión por mediador privado, explicaron las fuentes.

Tras estas transacciones, la ruta de la transferencia del dinero pasa a una sucursal del Wells Fargo en Estados Unidos, y de allí al Bank Hapoalim en Israel. En total, se depositan $899 mil 687 con 25 centésimos a la empresa de Israel NSO Group como primer pago por el sofisticado equipo de espionaje.

Silencio local e internacional

Los empresarios vinculados en la operación guardaron silencio, mientras que de la embajada de Israel y Estados Unidos no hicieron comentario a la interrogante sobre la utilización de bancos en sus países para esta transacción.

Se llamó a la abogada Guillermina McDonalds, defensora de Virzi, y no respondió.

De la embajada de Israel comunicaron que el embajador aún no ha presentado sus credenciales ante el Gobierno, pero señalaron que a partir del próximo lunes harían averiguaciones sobre este escándalo.

En la embajada de Estados Unidos se pidió una respuesta ante la utilización del banco Wells Fargo en la operación de triangulación, pero se explicó que se le comunicaría al vocero de la embajada para ver si haría algún comentario. Al cierre de la edición no se había informado nada al respecto de la embajada  norteamericana.

También guardó silenció Julio Moltó, quien fungía como secretario del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) cuando se hicieron los trámites para la compra de ‘Pegasus’.

En tanto, Roniel Ortiz, defensa de Gustavo Pérez, exjefe del CSN, quien según documentos de las investigación recibió el equipo en julio de 2012, negó la vinculación de su cliente con el aparato espía. 

Ortiz alegó que no hay pruebas que den certeza de la existencia del sistema de escuchas ilegales ‘Pegasus’.

Silencio oficial

Se consultó al ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, sobre el caso e informó que las investigaciones por este tema son manejadas por el Consejo de Seguridad Nacional. En tanto, se pidió a través de la Secretaría de Comunicación del Estado una versión del Consejo de Seguridad Nacional, pero no hubo respuesta.

Rechazo

Roberto Troncoso, experto en el tema de derechos humanos aseguró que la información sobre este sistema de espionaje confirma la violación a la privacidad que huno de los panameños. 

“Existía una gran obsesión por personas del pasado gobierno por conocer de las actividades de sus adversarios políticos y por ello se dio esta situación”, aseguró.

Troncoso consideró necesario aumentar las sanciones por la inviobiabilidad del secreto, ya que la pena actual es de 1 a 3 años de cárcel.

En tanto Anette Planells, del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), aseguró que la existencia de estos sistemas de espionaje demuestra cuáles eran las prioridades de inversión de la pasada administración.

Cuestionó el poco avance en la Corte sobre la investigación contra el expresidente Martinelli por su vinculación a las escuchas ilegales de más de 150 personas en el país.

 

Investigaciones Contra Benavides Se Estancan En La Procuraduría

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Treinta y seis días después de haber recibido el expediente contra el exmagistrado Víctor Benavides, por supuesta venta de fallos y blanqueo de capitales, el Ministerio Público no ha determinado qué fiscalía investigará el escándalo que provocó la renuncia del magistrado y agudizó la crisis de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Fuentes ligadas al caso explicaron a este diario que el documento que remitió el 26 de junio pasado el diputado fiscal Jorge Alberto Rosas, todavía reposa en el despacho de la procuradora Kenia Porcel, ‘en lectura', y sin abogado tramitador.

El expediente, numerado como el 128-15, tiene cinco tomos. El Ministerio Público señaló que se estudian qué tantos componentes de blanqueo de capitales tiene el caso para decidir si se pasa al despacho del fiscal contra el Crimen Organizado, Nahaniel Murgas, o a una de las fiscalías Anticorrupción.

En junio pasado, el diputado Jorge Alberto Rosas, encargado por la Asamblea Nacional de la investigación de Benavides, pretendía imputar al exjuez por supuesto lavado de dinero: le descubieron una residencia en Santiago con un valor de $239 mil y una cuenta de plazo fijo en el Banco Nacional de $424 mil, que sumaban unos $96 mil más de lo que sus ingresos como magistrado y jubilado le habrían permitido.

DEMÁS IMPLICADOS

Paralelamente a ese proceso, el Ministerio Público debe determinar la participación de los abogados Abilio Batista, Edwin Villar y Leonel Solís en la supuesta trama de venta de fallos desde la otrora oficina de Benavides.

Enrique Montenegro, del Frente Anticorrupción, quien interpuso esta última querella, asegura que la Procuraduría no ha podido ‘concatenar la función de los tres abogados con Benavides'.

Montenegro insiste en que la Fiscalía contra el Crimen Organizado debe pedir una ampliación del período para investigar, sosteniendo que los juristas fueron parte de la red de negocios ilegales en la Corte.

En una entrevista con La Estrella de Panamá el detenido Vicente Caballero (la fuente que denunció a Benavides), aseguró que Batista era uno de los abogados que redactaba fallos ‘convenientes' en nombre del exmagistrado, y señaló a Solís como la figura que recibía y repartía el dinero.

Una tercera denuncia, del 26 de mayo pasado, que vincula el tráfico irregular de un fallo entre los despachos de Benavides y el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, está todavía en la subsecretaría del Ministerio Público, ‘bajo estudio'.

 

La Ruta Del Pago A NSO Group

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La triangulación que se utilizó para el primer pago por $1 millón a NSO Group, para la adquisición del segundo equipo de escuchas ilegales en el gobierno de Ricardo Martinelli, dejó rastros en el sistema bancario local e internacional que revelan la vinculación de importantes empresarios panameños en la transacción.

La operación, según datos proporcionados por fuentes ligadas a la investigación, revela que de una cuenta cuyo firmante es el empresario y exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi se emitió un cheque por un millón de dólares a Caribbean Holding Services, vinculada a Aaron Ronny Mizrachi, cuñado del exmandatario Ricardo Martinelli, y quien salió del país el miércoles pasado tras conocerse el escándalo.

Hay que resaltar que la cuenta No. 2004010100002014, del Banco Universal, es la misma en la que se depositó la transferencia de $5 millones a Virzi por parte de la empresa Hidalgo & Hidalgo (H&H), encargada del fallido proyecto de sistema de riego de Tonosí. Casualmente, la Fiscalía Tercera Anticorrupción investiga el posible pago de ‘coimas’ de H&H a varios miembros del círculo cero de Martinelli.

Luego de que el cheque emitido a Caribbean Holding Services es endosado a una cuenta de manejo en el Banco Aliado de Panamá, a través de la compra de una transferencia, el dinero pasa a una filial del banco panameño en una isla del Caribe.

De allí se hace un pago al Banco Aliado por comisiones de manejo, y otro pago de $100 mil a Caribbean Holding Services como parte de otra comisión por mediador privado, explicaron las fuentes.

Tras estas transacciones, la ruta de la transferencia del dinero pasa a una sucursal del Wells Fargo en Estados Unidos, y de allí al Bank Hapoalim en Israel. En total, se depositan $899 mil 687 con 25 centésimos a NSO Group como primer pago por el sofisticado equipo de espionaje.

Durante el gobierno de Martinelli se pagaron cerca de $8 millones por la máquina pinchadora Pegasus, que tenía como propósito, según el certificado de uso, “la recolección y recopilación de información en dispositivos móviles para el uso exclusivo del Gobierno de Panamá”.

Se componía de un sistema de escuchas ilegales llamado Pegasus, con capacidad de filtrar 150 BlackBerry e igual cantidad de Android, pero las especificaciones indican que esta cantidad podría ser hasta cinco veces mayor.

El contrato original con NSO Group con el Gobierno era por $6 millones, pero tras la adquisición de nuevos softwares se hizo una adenda, por $2 millones más. 

Hasta ahora las investigaciones indican que no hay registro de pago alguno o financiamiento por parte de una entidad del Estado con NSO Group, a pesar de que las normas indican que este tipo de artefactos se adquieren de Estado a Estado.

El sistema Pegasus –cuyo último registro de uso data del 16 de mayo de 2014– está desaparecido, al igual que la primera máquina de escuchas que se compró a la también israelí M.L.M. Protection, por $13.4 millones con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

En los próximos días se estaría interponiendo una denuncia formal en el Ministerio Público por la presunta transacción ilegal con la que se adquiere Pegasus y por su desaparición.

En enero de 2011, cuando Julio Moltó era el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad, se iniciaron las negociaciones para la compra de este sistema según indica el certificado de uso de Pegasus.

 

 

 

“Si Seguimos Mirándonos El Ombligo Será Difícil Volver Al Poder”, Torrijos

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En el fondo suena Estéreo Azul y en la pared principal destaca el perfil de Omar Torrijos en un cuadro de fondo tropical que contrasta con la sobriedad de la habitación. La siguiente nota de color aparece con el expresidente Martín Torrijos, con chaqueta cobalto deportiva con la que disimula sus 52 años cumplidos. Desenfadado, cruza las piernas y se sienta cómodo en el sofá de cuero de su oficina. Habla primero de torrijismo, luego como exmandatario, y después como líder perredista.

USTED HA RELANZDO LA FUNDACIÓN OMAR TORRIJOS. ¿CUÁL ES LA VISIÓN EN EL CONTEXTO ACTUAL DEL PAÍS?

La fundación tiene que convertirse en un instrumento para convocar voluntades, como lo hizo el general Torrijos. En esta nueva realidad que vive el país debe contribuir a sumar, debatir, concretar, ayudar a fijar visión y construir acuerdos.

CON TORRIJOS AL PODER LA LUCHA ERA POR LA RECUPERACIÓN DEL CANAL. ¿AHORA?

No sólo era eso: se creó una clase media, se abrió la educación, se modernizó el país con nuevas instituciones. Ahora venimos de un período que se caracterizó por la destrucción de la institucionalidad democrática, el asalto a las finanzas públicas. Requerimos de los valores de Torrijos para la reconstrucción del país. Esa capacidad de convocatoria es necesaria.

SI ES ASÍ, ¿POR QUÉ EN EL ACTO DE RELANZAMIENTO DE LA FUNDACIÓN NO HABÍA NADIE DE LA DIRIGENCIA DEL PRD?

Sí había, incluso gente que trabaja para la dirigencia del partido, pero no quisimos que se viera como un evento del partido. Los problemas del PRD son del PRD y a la Fundación sólo vamos a llevar los problemas del país.

HAGA UNA PROYECCIÓN DEL PRD DE AQUÍ AL 2016, CUANDO SE ELIJA AL CEN

Es difícil poder predecir cómo vamos a llegar. El PRD mira el futuro con el espejo retrovisor. El enfoque de los que hoy dirigen el partido es electoral, y no de las necesidades de la sociedad. Si seguimos mirándonos el ombligo y no el horizonte y al país, será difícil pensar en recuperar el poder.

¿QUIÉN CREE QUE SE PERFILA COMO EL SUCESOR DE BENICIO ROBINSON EN EL CEN?

Más que quien va a reemplazar a Robinson, hay que ver qué va a proponer el PRD para reagrupar a los miembros del partido y del país detrás de una sola visión. Si en el Congreso de 2016 impera la ley de la chequera y los que engordan cuentas bancarias para seguir corrompiendo el sistema político, el reemplazo no se va a medir en función de liderazgos sino por dinerazgo. Pero en el PRD hay gente capaz.

¿QUIÉNES?

No voy a personificarlo. Esto no es el equipo A contra el B. ¿Por qué vamos a seguir a un individuo que no nos ha dicho cómo resolver los problemas del país o que no sabemos qué piensa?

EN UNA ENTREVISTA CON ‘LA ESTRELLA DE PANAMÁ' ERNESTO PÉREZ BALLADARES SE PROMOVIÓ COMO LA FIGURA QUE PUEDE LOGRAR ESOS CONSENSOS EN EL PARTIDO…

Esa es su idea. La unidad del partido no pasa por figuras sino por identificar propuestas.

VAMOS AL GOBIERNO: UN AÑO DESPUÉS, ¿CÓMO LO VE?

Ha tenido errores y aciertos. Muchos quisiéramos que actuara diferente en algunas áreas, que hubiera mayor ejecución, que se enfrentase el problema de la seguridad social, una nueva ley de contrataciones públicas, que las decisiones no fueran solamente encaminadas a recuperar el patrimonio, sino a intentar que no se vuelva a repetir lo que vivimos con Martinelli.

ES DECIR, ES LENTO…

No hay duda de que hay cuestionamientos sobre la ejecución del gobierno, pero hay que valorar de dónde venimos. Tenemos más libertad que con Martinelli. Esto es un balance: hay temas positivos y negativos.

SUS CRÍTICOS ASEGURAN QUE TIENE INFLUENCIA EN EL GOBIERNO DE VARELA Y QUE, INCLUSO, ESTUVO DETRÁS DE LA DESIGNACIÓN DEL CONTRALOR.

Algunos me dan facultades que no tengo. Pensar que alguien le pueda imponer a un presidente una figura tan importante como el contralor es ilusorio.

Humbert hizo un gran trabajo en mi gobierno, conozco su integridad y capacidad; ha sido siempre un hombre independiente y creo que las críticas vienen de los que esconden el haber estado, no sólo cerca, sino en complicidad, durante una época que dejó momentos tristes al partido y al país.

No me han preguntado por el nombramiento de ningún funcionario en este gobierno. En el partido hay una conveniente memoria selectiva, para seguir creando fantasmas. Dada la poca capacidad de comprensión de nuestra historia política, algunos creen que así pueden expiar sus culpas.

El problema de la justicia no sólo es de la Corte, y poco a poco se irá resolviendo. Cada gobierno dirá qué aportó. El mío, con el Pacto de Estado por la Justicia. Sin embargo, queda mucho que hacer y se requiere, además, de una reforma a la justicia, una nueva Constitución que cree instituciones sólidas que nos blinden de los excesos de poder.

Ese es su punto de vista. La única forma de evitar que vuelvan a ocurrir lo que vivimos es creando una nueva Constitución. La que tenemos requiere de ajustes.

Este es un momento de ayudar a la construcción del país; no es el momento de las candidaturas. Yo respeto la opinión de los que han decidido postularse, pero el país requiere de más desprendimientos, de apostar a la reconstrucción.

 ‘Si en el Congreso de 2016 impera la ley de la chequera y los que engordan cuentas bancarias, el reemplazo no se va a medir en función de liderazgos sino se elegirá por dinerazgo'

Exmandatario de la República y líder de la Fundación Omar Torrijos

Nombre completo: Martín Torrijos Espino

Nacimiento: 18 de julio de 1963. Chitré, Herrera

Ocupación: Político y economista

Cónyuge: Vivian Fernández

Resumen de su carrera: Exdirigente de la Juventud y exsecretario general del PRD, partido del cual fue aspirante presidencial para las elecciones de 1999 y 2004, año en el que ganó la contienda por el Palacio de las Garzas, con el 47% de los votos. Fue presidente de la Internacional Socialista. Durante 12 años fue investigado por el escándalo del Cemis.

 

Javier Cachafeiro Detenido Por Blanqueo De Capitales, Relacionado A Caso Del PAN

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La Fiscalía Quinta Anticorrupción ordenó la detención preventiva de Javier Cachafeiro Richa por su vinculación en la investigación por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

El expediente se origina por los movimientos de dineros obtenidos a través del supuesto pago de ‘coimas’ y otras irregularidades en las contrataciones y compras hechas por el Programa de Ayuda Nacional (PAN) en el gobierno pasado.

Por esta investigación, además, están imputados Rafael Guardia Jaén, exjefe del PAN -que también se le acusa de asociación ilícita y delito contra la fe pública-, y sus tres hijos: Rafael Gustavo Guardia Juárez, Loraine Brigitte Guardia Juárez y Jonathan Guardia Andrión que son señalados por supuesto delito de blanqueo de capitales.

La detención de Cachafeiro Richa se ordenó luego de que rindió indagatoria el martes pasado. Su abogada, Guillermina McDonald, calificó de “injusta” la medida dictada por la fiscal Janeth Rovetto.

Cachafeiro Richa era la pantalla de Guardia Jaén en las sociedades Kalúa, S.A. y Musashi Investment, S.A., mediante las cuales el exjefe del PAN movilizó millones de dólares producto de las ‘coimas’ que recibió por beneficiar a empresas en las contrataciones del PAN.

El Ministerio Público mantiene congeladas las cuentas bancarias de estas sociedades desde noviembre de 2014, por el orden de $20 millones. Cachafeiro Richa es amigo personal de Rafael Guardia Juárez, hijo del exdirector del PAN.

Cachafeiro Richa laboró en el Banco Hipotecario Nacional (BHN) durante la gestión de Guardia Jaén, entre 2010 y 2012.

También figuraba como secretario de la sociedad Brescia Tre, S.A., bajo la cual estaba inscrito en la Autoridad Marítima de Panamá el yate “Boombastic”, de propiedad del exjefe del PAN y el cual se mantiene aprehendido por órdenes del Ministerio Público.

El exjefe del PAN reveló a la fiscalía el proceso mediante el cual ‘maquillaba’ el dinero producto de las ‘coimas’ para ingresarlo al sistema bancario local.

Este proceso consistía en que el exdirector del PAN,  le entregaba dinero en efectivo a empresarios –producto de las comisiones que recibía por otorgar los contratos– para que estos se lo devolvieran en cheques de gerencia para ser depositados en los bancos.

 

“La Corte Debe Declarar Inconstitucional La Ley 55”

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Los caminos de la controversial Ley 55 de ‘blindaje' están cercados: con la advertencia del magistrado Oydén Ortega y el reciente respaldo del procurador de la Administración Rigoberto González, la Corte Suprema tendrá que echar abajo la moción que obliga a la justicia a investigar los casos de los diputados en tiempo exprés.

Abogados consultados por este diario confían en que así debe suceder antes de que la Asamblea, contra su ‘voluntad natural', decida algo sobre el asunto.

‘La Corte está obligada a declararla inconstitucional, si no sería un escándalo… eso violenta todo tipo de principios constitucionales', advirtió a La Estrella de Panamá el jurista Carlos Lee.

La hoy oposición, que con Ricardo Martinelli en el poder promovió e impuso con su mayoría la norma, cree que si la salida es declararla inconstitucional, entonces se debe revisar la Constitución.

SI ES PARA UNO, ES PARA TODOS

Sin embargo, para el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Alberto Álvarez, la Carta Magna es sabia con respecto a las inmunidades, los fueros y los privilegios.

‘La opinión del procurador no es vinculante, pero es valiosa. La Ley 55 no es inconstitucional por el tiempo que establece, sino porque simplemente ordena que los diputados tengan un período de investigación menor al del resto' de los ciudadanos, opina Álvarez.

El exprocurador Rogelio Cruz coincide en que el plazo es ‘discriminatorio', aunque asegura que una reforma al blindaje legislativo implicaría también equiparar el plazo para investigar al presidente y a los magistrados con el de los diputados.

El común de los ciudadanos puede ser investigado hasta por seis meses, de acuerdo con el Código Procesal Penal. En función de eso, juristas como el exmagistrado Edgardo Molino Mola han considerado que la ley blindaje va en contravía de la supresión de las inmunidades adoptada en 2004.

Desde el Judicial han dejado ver que la inconstitucionalidad de la Ley 55 está en pie. En marzo se avisó que el fallo al respecto estaba en proceso de firmas.

DECISIONES POLÍTICAS DETRÁS

Pero eso no preocupa a la Asamblea Nacional, cuyos directivos aseguran que volverán a proponer la discusión de la ley antiblindaje, que no pasó el tamiz legislativo en el período que culminó en julio pasado.

‘Nosotros actuaremos con criterios de independencia, tenemos que jugar nuestro rol', explicó el presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Iván Arrocha, quien sostiene que aun cuando la Corte decida la inconstitucionalidad o no de la Ley 55, la Asamblea tiene que legislar sobre los plazos que tienen los magistrados para investigar a diputados.

Si bien el expresidente del Legislativo Adolfo Valderrama aseguraba la necesidad de que se amplíe a seis meses el plazo para investigar a un diputado, facciones en el propio panameñismo reconocen que ‘con dos meses basta'.

Lo único a lo que aspirarán con la reforma paralela a la decisión de la Corte Suprema es a extender el tiempo que tienen los magistrados para admitir o no la denuncia, de 10 a 20 días hábiles, tal cual lo había impuesto el PRD liderado por Benicio Robinson (defensor del blindaje). El Judicial tiene dos denuncias sobre el tema.

‘La Corte Suprema de Justicia tiene que atender este problema que todavía no ha sabido resolver', dice Lee.

COMIDA DESHIDRATADA

La discusión que tiene parado el proceso contra Martinelli

Desde hace casi un mes el proceso que sigue la Corte Suprema contra el expresidente Ricardo Martinelli por el desfalco en el contrato para la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional depende, exclusivamente, de que se decida la constitucionalidad o no de la ‘ley blindaje'.

El magistrado fiscal Oydén Ortega interpuso el 2 de julio una advertencia al Pleno, acción sobre la cual el procurador de la Administración, Rigoberto González, recomendó el lunes la declaratoria de inconstitucionalidad.

Los abogados de Martinelli esperaban a principios de julio que la oficina del magistrado Ortega decidiese llamar o no a imputación de cargos, la fase más compleja del proceso judicial; sin embargo, el magistrado se decantaba por pedir más tiempo para reunir elementos de juicio.

 ‘La Ley 55 no es inconstitucional por el tiempo que establece, sino porque da prerrogativas a los diputados'

 

 ‘La opinión del Ministerio Público no es vinculante y cualquier otra persona también puede opinar',

 

Triangularon Compra De Equipo Para Espionaje

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Las autoridades judiciales han descifrado una posible triangulación que revela de dónde salieron los fondos para la compra del sofisticado equipo de espionaje ilegal proporcionado por NSO Group al gobierno de Ricardo Martinelli.

Las investigaciones dan cuenta de que la empresa Caribbean Holding Services, vinculada a Aaron Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli, habría pagado a NSO Group por este equipo de escuchas ilegales, que todavía está desaparecido y que ha originado una investigación judicial.

Según las pesquisas, la transacción para pagar el moderno equipo, conocido en el mundo del espionaje como Pegasus, se hizo mediante una transferencia de un banco de Panamá al Wells Fargo en Estados Unidos, y luego a un banco en Israel.

Caribbean Holding Services es también señalada en una denuncia que interpuso en junio pasado la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), relacionada con el supuesto manejo irregular de cuentas de inversión por la casa de valores Financial Pacific (FP).

Este medio trató de ubicar a Mizrachi. Se le llamó a dos números telefónicos de sus oficinas. En uno no contestaron y en el otro la secretaria preguntó que quién lo buscaba. Al identificarse el reportero de La Prensa, respondió que no estaba allí.

EL SOFISTICADO EQUIPO

En 2012, el gobierno de Martinelli compró el equipo para “pinchar” teléfonos celulares. Costó cerca de $13 millones. Era mucho más moderno que el primer equipo adquirido por la administración pasada a la también empresa israelí M.L.M. con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

De acuerdo con la investigación, la tecnología proporcionada al gobierno de Martinelli por NSO Group puede controlar en su totalidad las comunicaciones de las personas vigiladas.

Recoge datos, incluyendo conversaciones, fotos, textos, y el tráfico de internet. De esta forma, los espías gubernamentales obtenían una radiografía completa de la vida de sus víctimas. Podían leer información tan personal como resultados médicos, tener acceso a información bancaria y comunicación personal entre madres e hijos, por citar ejemplos.

Esta investigación se originó cuando en diciembre pasado el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por la desaparición de los dos equipos de escuchas ilegales, el comprado a M.L.M. a través del PAN y el negociado con NSO Group.

Por esta investigación, que fue seguida por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, han sido señalados los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, y sus subalternos William Pittí, Ronny Rodríguez [prófugos] e Ismael Pittí.

Fuentes judiciales confirmaron que el expediente por este caso se encuentra radicado en el Segundo Tribunal Superior, en espera de que se resuelvan tres recursos presentados por los abogados defensores: un incidente de nulidad; la apelación contra la negativa del Juzgado Séptimo Penal de acoger una solicitud de fianza de excarcelación presentada por uno de los sindicados; y la apelación de la Fiscalía Segunda Anticorrupción ante la decisión del citado juzgado de no admitir la declaración indagatoria de Alejandro Garuz.

 

 

Presidencia Resta Importancia A Promesa Efectuada A Cucalón

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El manuscrito en el que Luis Cucalón, exdirector de Ingresos, da cuenta del ‘pacto de caballeros' acordado en los primeros días de julio de 2009 entre él y el expresidente Ricardo Martinelli, y del cual habría sido testigo el entonces vicepresidente Juan Carlos Varela, ha generado reacciones diversas.

Cinco años más tarde, Varela, hoy presidente de la República, desestima la fuente, quien reclama $10 millones por sobrepasar la meta de recaudación de impuestos.

‘La palabra se honra', dice Cucalón en la nota. Varela, en cambio, se reserva el comentario. La Secretaría de Comunicación del Estado envió una respuesta a solicitud de este diario en la que, prácticamente, desecha lo afirmado por Cucalón.

‘Se trata de un mecanismo de defensa de las personas que de alguna forma están siendo investigadas o denunciadas', según Manuel Domínguez, vocero del presidente.

Otras opiniones se inclinan a debatir sobre el funcionamiento y la remuneración de los servidores públicos. Así lo dijo Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio de Abogados. ‘Ningún funcionario público debe pretender recibir nada distinto a su salario', dijo. ‘Deben servir con la convicción para la cual se le contrató', añadió.

Araúz apunta a que cualquier beneficio que reciba un funcionario además de su emolumento puede generar corrupción para obtener beneficios distintos a los establecidos.

‘El funcionario no debe pretender ser más especial que otro', recalcó Araúz.

Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño consideró ‘repugnante que una persona que acepta un cargo público manifieste que sería beneficiado con una bonificación'.

Este tipo de promesas no son correctas, según Cedeño. El abogado citó que la ley prohíbe a los funcionarios recibir regalos por desempeño de sus funciones. ‘Es un delito que se ofrezca y un delito recibirlos', añade. En este caso, como no hubo un documento legal que respalde el acuerdo, no hay sustento legal, dice.

‘Lo q ue hizo Martinelli es otro elemento de conducta delictiva al haber hecho la promesa', indicó Esmeralda Arosemena de Troitiño, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De Troitiño recordó que al inicio de la administración Martinelli hubo una alianza con Varela que después de dos años se rompió. ‘En el caso de Cucalón, es una conducta delictiva aceptar bonificaciones, sobornos y coimas', opinó. Lo importante, agregó la también exmagistrada de la Corte Suprema, es que hay una multiplicidad de situaciones, en el ámbito penal, sobre las cuales las autoridades están obligadas a proceder y a darle el fortalecimiento para garantizar la efectividad de las investigaciones.

Aseguró que una situación como la citada puede implicar un delito que debe investigarse.

Antonio Saad, del Movimiento Independiente, puso cuidado a la fuente de donde proviene la información. ‘En el caso de Cucalón, siendo una persona indagada y bajo investigación, puede decir cualquier cosa con tal de involucrar a otras personas, en este caso al actual presidente, una conducta típica para tratar de enredar el asunto', manifestó.

Agregó que Varela debería responder a esta acusación.

‘Es de esperar que diga que no sabe de qué está hablando Cucalón y entren en juegos de palabras que sin pruebas no llegarán a ningún lado', resumió el jurista.

 ‘Como no hubo un documento legal que respaldara el pacto, no hay sustento legal',

El polémico ‘pacto de caballeros'

Luis Cucalón, exdirector de Ingresos, hizo llegar a este diario una hoja de papel firmada en la que narró que en julio de 2009 hubo una reunión en el despacho de Ricardo Martinelli, entonces presidente de la República, en presencia del vicepresidente y actual mandatario, Juan Carlos Varela, en la que se hizo un ‘pacto de caballeros'. El trato consistía, según la nota de Cucalón, en que si en cinco años él superaba los $16,000 millones en recaudaciones, recibiría una bonificación de diez millones de dólares.

Cucalón describió que el pacto se hizo según el modelo de incentivos que un empresario ofrece a sus mejores trabajadores. ‘Como si fuera una empresa privada, me prometieron un bono que saldría de sus bolsillos si llegaba a la meta. Llegué a los $18,500 millones y no cumplieron', se lee en el pedazo de papel que envió Cucalón, recluido en una celda preventiva de la Dirección de Investigación Judicial.

En la misma nota se lee que en la cita en la que se engendró el ‘pacto de caballeros', se le prometió al exdirector de Ingresos que ‘nadie le iba a llamar para perdonar impuestos, todos, ricos y pobres, por igual a pagar. Había que incrementar los ingresos del quinquenio de $9,400 millones a $16,500 millones ya que era un plan ambicioso de inversiones' el que pretendía ejecutar Martinelli.

Cucalón aseguró a este diario en una entrevista realizada en marzo pasado, que tuvo que resistir las presiones de distintos sectores del gobierno de Martinelli y de la empresa privada para evitar el cobro de impuestos. Esta promesa, de que tendría total independencia, tampoco la cumplieron.

Cucalón se encuentra en prisión preventiva después de que la Fiscalía Cuarta Anticorrupción lo acusara de delitos contra la administración pública en una investigación abierta por pagos irregulares de comisiones a la empresa gestora del cobro de los impuestos atrasados, Cobranzas del Istmo.