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Lo que era un secreto a voces cada día toma más fuerza y trasciende las paredes del Ministerio de Seguridad: las relaciones entre el ministro, Rodolfo Aguilera Franceschi, y su viceministro, Rogelio Donadío, no son las mejores. Parecen estar en un punto de quiebra irreversible. El distanciamiento es evidente.

Quienes están a su alrededor son testigos de que la relación es tirante casi desde el inicio de sus funciones conjuntas en el ministerio que se encarga de la política de seguridad del Estado panameño.

El vínculo entre Aguilera y Donadío tiene la edad del actual gobierno.

‘No me atrevo a decir que somos amigos personales', respondió de manera tajante el ministro Aguilera al ser preguntado sobre la relación personal entre ambos.

En una conversación telefónica con La Estrella de Panamá, Aguilera dejó claro que su relación es la de un ministro con un viceministro. ‘Es netamente profesional', recalcó.

Piensa que puede haber varias definiciones de amistad, pero lo que tiene claro es que su relación con Donadío no encaja en ninguna de ellas.

Donadío, por su parte, durante una breve entrevista con La Estrella de Panamá , aseguró que no es cierto que haya roces entre ellos.

En su opinión, todo es producto de la ‘mala interpretación' de unas declaraciones públicas que hizo en determinado momento.

EL DISTANCIAMIENTO

Las diferencias entre Aguilera y su viceministro se hicieron evidentes en una entrevista en Telemetro Reporta el 24 de julio pasado.

En esa fecha, el viceministro Donadío pidió la suspensión del cuestionado contrato de compra de brazaletes electrónicos para evitar nuevos casos de feminicidios.

El funcionario, actuando como ministro encargado cuando Aguilera estaba de viaje en el extranjero, alegó en la televisión que el tema debía ser más estudiado, porque no era ninguna panacea para frenar los hechos de violencia contra las mujeres, a pesar de que en su momento había sido avalado por el ministro.

A su regreso al país, el titular de Seguridad calificó como una ‘perfecta estupidez' la suspensión del proyecto de los brazaletes, cuando en los últimos meses los casos de feminicidios mantenían la tendencia al aumento.

‘Estoy seguro de que como ministro debo cumplir las metas del gobierno y si estoy en el cargo, así debe ser; si alguien no está de acuerdo con las metas, entonces debe irse a la oposición', dijo Aguilera en clara alusión a las palabras de Donadío.

AGUILERA Y SUS AMIGOS

Cuestionado sobre quiénes son sus amigos, el ministro dijo a La Estrella de Panamá que son los que conoció en la época escolar y universitaria, con quienes aún mantiene comunicaciones.

Durante la conversación telefónica, dijo en reiteradas ocasiones que no es cierto que haya discutido a gritos con el viceministro Donadío, aunque esa pregunta nunca se le hizo.

Para él, ‘amistad' es una palabra muy subjetiva y por eso no se atrevió a incluir al viceministro Donadío como una de ellas .

Cada semana o cada quince días, cuando se reúne con el viceministro Donadío, le asigna funciones, entre las cuales mencionó las relaciones con la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos y las acciones contra el crimen, la Interpol y otras gestiones establecidas en la ley, insistió el ministro.

GOBIERNO PANAMEÑISTA

Rodolfo Aguilera y Rogelio Donadío llegaron al gobierno de la mano de Juan Carlos Varela, pero cada uno por caminos diferentes.

Aguilera es un abogado y empresario chiricano que ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en la capital.

Fue director de la Policía Técnica Judicial (PTJ) y es de familia panameñista, partido del cual forma parte.

Mientras, Donadío trabajó en la empresa Global Brands, propiedad de la familia Motta, competencia de la familia Varela en el negocio de la venta y distribución de licores. Ha dedicado algunos años de su vida a trabajar con jóvenes en riesgo social. Desde su cargo de viceministro lo sigue haciendo, actualmente con los pandilleros de Colón, lugar donde nació. El ministro Aguilera informó a este diario que esa función se la asignó directamente el presidente Varela al viceministro Donadío.

Según Aguilera, en la ciudad de Colón, a través del programa Barrios Seguros, se ha logrado disminuir de manera significativa el número de delitos, lo cual demuestra que la relación que él tenga con su viceministro no es obstáculo para el desarrollo exitoso de las políticas del Gobierno Nacional con respecto a la seguridad.

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CHOQUE ENTRE FUNCIONARIOS

Diputado arremete contra director de la Policía

Las diferencias dentro del gobierno en el área de la seguridad no se limitan al ministerio del ramo. El diputado oficialista Gabriel Soto arremetió ayer contra el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, y lo responsabilizó de cualquier situación que le pueda suceder, tanto a su esposa, como a su hija y su familia.

Trascendió que la esposa del diputado Soto labora en la Policía Nacional.

El diputado sostuvo que la Policía ‘maneja cajas menudas exorbitantes de alrededor de $30 mil mensuales' y puso en duda el manejo de estos dineros. ‘Dizque por seguridad', aseguró Soto, no se puede hacer público ni puede fiscalizarse, pero hay que reconocer que muchos de los gastos de esas partidas no son por el problema de seguridad.

El diputado panameñista resaltó que esos recursos ‘son para mejorar la seguridad en el país y las comunidades. Todos estamos conscientes de que en este país no estamos caminando en la dirección correcta en cuanto a seguridad, aunque se cuenta con los recursos'.

Desde la Policía Nacional, no le van a responder al diputado, se informó.

La denuncia por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública, contra la seguridad colectiva y otros en contra de los ex secretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad en el gobierno pasado: Julio Moltó, quien fungió de julio de 2010 a marzo de 2012; Gustavo Pérez, de marzo a septiembre de 2012, y Alejandro Garuz, de septiembre de 2012 a julio de 2014.

Garuz y Pérez permanecen detenidos desde el 12 de enero de 2015 por la investigación relacionada a las escuchas ilegales contra 150 personas, que incluyó al ahora presidente Juan Carlos Varela y a dirigentes políticos, empresariales y periodistas, entre otros.

Además, en la querella se señala a los directivos de la sociedad Caribbean Holding Services LTD. vinculada a Aaron Ronny Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli, y quien desde hace una semana abandonó el país. No se sabe si ha regresado. La sociedad es vinculada por sospechas de que a través de ella se hicieron pagos a NSO Group, utilizando una operación de triangulación.

El jefe del Consejo de Seguridad solicita a la procuradora Kenia Porcell el arresto de todos los tres exsecretarios del CSN, los directivos de Caribbean Holding Services LTD y de quienes resulten responsables de estos hechos.

La denuncia se basa, entre otros, en documentos proporcionados por NSO Group y debidamente autenticados por la embajada panameña en Israel.

Julio Moltó inicia trámites

Según la denuncia, documentos sobre la compra de Pegasus, proporcionados por NSO Group revelan que los trámites para la compra del equipo espía se iniciaron el 16 de enero de 2011, cuando Moltó fungía como secretario ejecutivo del Consejo.

Señala el querellante que para inicios de 2012 Moltó requirió para el Consejo mayor ancho de banda, a fin de operar algunos equipos.

Moltó en su declaración jurada rendida ante la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada en la investigación seguida por los ‘pinchazos’ [contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad] reconoció el pedido de aumento de la banda ancha en el Consejo de Seguridad.  

“No me acuerdo quién me realizó esa solicitud, pero sí recuerdo que me requirieron mayor calidad de internet para los sistemas que funcionaban… ya que el ancho de banda no era el adecuado, no recuerdo qué hice, pero se pudo haber hecho alguna solicitud, pero no recuerdo si eso se concretó”.

En esa misma investigación se ubicó una nota, con fecha del 25 de enero de 2012, en la que Moltó se dirigió a Alberto Alemán Zubieta, entonces administrador del Canal de Panamá, para solicitarle que autorice a la empresa Torres Troncales, Corp. S.A., “para que proceda a realizar la instalación de un punto de enlace, único y exclusivamente para así ofrecerla al Consejo de Seguridad un servicio de internet de banda requerido…”.

También en la denuncia se destaca la declaración jurada rendida en el caso de los pinchazos por Iris del Carmen Cerrud, jefa del Departamento de Informática del Consejo, quien señaló que “… el señor Moltó nos solicitó que colaboráramos con un señor de acento extranjero posiblemente israelí, para realizar un cableado en la parte alta del edificio 150. De inmediato nos entrevistamos con el señor extranjero quien se encontraba en una oficina que está al frente a la oficina del secretario ejecutivo, este nos hizo un rayado en un papel de cómo quería el cableado y en la oficina que lo quería, que era en la oficina del 150, planta alta”.

Moltó en su declaración respondió sobre lo señalado por Cerrud: “Puede ser, no recuerdo, pero puede ser”.

Pérez recibe equipo

Documentos proporcionados por NSO Group, a través de la embajada panameña en Israel y por el Departamento de Autenticaciones y Legalizaciones de la Cancillería, y firmados por Shalev Holy, directivo de la empresa israelí, revelan datos puntuales de la relación de Gustavo Pérez con el sistema espía.

Además, señalan que el 3 de julio de 2012 -cuando Pérez fungía como secretario ejecutivo del Consejo- se da la orden de compra 2012-30 para el sistema Pegasus.

Indica que existe “un certificado de usuario final entregado a NSO Group y firmado por el señor Gustavo Pérez”.

Destaca que el entrenamiento del usuario final y la instalación del sistema Pegasus fue realizado por NSO Group en la ciudad de Panamá.

“Estimamos que de la propia documentación aportada por el proveedor se desprenden los términos del acuerdo pactado entre NSO Group y Gustavo Pérez, en nombre del Consejo de Seguridad Nacional, documento rubricado supuestamente de su mismo puño y letra, el cual contiene parte de la negociación y los términos de la compra que bajo ningún concepto revisten las formalidades exigidas por la Ley 22 de 2006 [contratación pública], sino más bien un acuerdo de voluntades o propio del derecho comercial, alejado de las solemnidades de una contratación de tipo pública”, señala la querella del jefe del Consejo de Seguridad.

Garuz coordina

Para el mes de diciembre del año 2012, precisa la denuncia, cuando la Secretaría Ejecutiva del Consejo era ocupada por Alejandro Garuz “informaciones reflejan de que se lleva a cabo una supuesta reunión en Los Ángeles, Estados Unidos, para precisamente finiquitar el tema de la instalación y funcionamiento de estos equipos, en el cual participa Fernando Glenn, alias ‘Jimmy’ (q.e.p.d.) en representación del Consejo de Seguridad”.

Moltó, Pérez y Garuz

Destaca el querellante que “llama la atención cómo tres secretarios ejecutivos [ del Consejo de Seguridad Nacional] cada uno en su gestión como funcionarios de manejo, omitieran dar fiel cumplimiento a nuestra legislación en materia de contrataciones públicas y consintieran la adquisición de supuestos elementos de seguridad. Esto aunado a los pagos que se presume fueron dispuestos en una forma totalmente irregular, utilizando supuestamente como intermediarios a empresas y bancos nacionales y extranjeros”.

Roniel Ortiz, defensa de Pérez, ha negado la vinculación de su cliente en esta trama, mientras que Moltó no contestó las llamadas y Cristóbal Arboleda, defensor de Garuz, dijo que no podía emitir comentarios porque no conocía la denuncia.

Mizrachi en la triangulación

En la denuncia se señalan responsabilidades a los directivos de Caribbean Holding Services LTD, vinculada a Ronny Mizrachi, cuñado del expresidente Martinelli.

Las pesquisas de la investigación por este caso revelan que, supuestamente de una cuenta del empresario y exvicepresidente Felipe Pipo Virzi -quien no es mencionado en la denuncia- se emitió un cheque por $1 millón a Caribbean Holding Services LTD. Esta sociedad endosa el cheque a una cuenta del Banco Aliado en Panamá, a través de la compra de una transferencia el dinero pasa a una filial del referido banco en el Caribe.

Se hace un pago al Banco Aliado por comisión de manejo, y otro pago, por $100 mil, a Caribbean Holding Services LTD. como parte de una comisión por mediador privado.

La ruta del dinero sigue por una sucursal del Wells Fargo de Estados Unidos hasta el Bank Hapoalim en Israel, en el que NSO Group recibió un pago por $899 mil 687 con 25 centésimos.

Maquinación previa

El jefe del Consejo de Seguridad señala que todos los elementos aportados revelan una “maquinación previa entre cada uno de los actores debidamente individualizados, quienes perseguían no otra cosa que evadir los controles formales del Estado para así esconder los rastros de una operación ilegal de compra de equipo de espionaje que tenía por objeto, según han arrojado las investigaciones, la supuesta violación del derecho a la intimidad de los ciudadanos”.

Pegasus desaparecido

El jefe del Consejo destaca en su denuncia que no existe constancia hoy día del paradero del sistema Pegasus, pero sí certeza de que se compró a través de una operación irregular a nombre del Consejo de Seguridad. Indica que NSO Group precisó, según registros tecnológicos, que la fecha exacta en que el equipo operó por última vez fue el 16 de mayo de 2014.

Pegasus podía penetrar celulares y computadoras y recogía conversaciones, fotos y el tráfico en internet.

 

Sus declaraciones se dieron en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, a donde se presentó a interponer una demanda de nulidad del contrato de los radares por $125 millones.

La existencia dentro del precio acordado de una comisión oculta de $25 millones para la empresa Agafia Corp. es una de las pruebas más contundentes que alega Panamá como causal de ilegalidad.

El contrato se celebró con la empresa Selex, filial de Finmeccanica.

El gobierno anterior, sin que mediara licitación ni acto público, suscribió tres contratos con subsidiarias del conglomerado italiano por cerca de $250 millones. Los contratos, que firmó el entonces Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, nunca fueron publicados en la Gaceta Oficial.

“Nos hemos encontrado con una empresa de nombre Agafia Corp. que estaba cobrando una comisión de $25 millones cuando no hay evidencia de que esa sociedad haya realizado gestión alguna que amerite un pago por una cantidad tan exorbitante”, indicó el Ministro de la Presidencia.

La existencia de dicha “comisión” fue detectada por fiscales italianos, quienes sostienen que Agafia no era más que una pantalla que escondía un soborno que conducía directamente al expresidente Ricardo Martinelli y a su colaborador Valter Lavítola.

Alemán hizo énfasis en que la nulidad se fundamenta en la causal de desviación de poder contemplada en la legislación panameña. La misma se sustenta en pruebas obtenidas tanto en Panamá como en Italia.

Agafia Corp. fue creada por Valter Lavítola -preso en Italia por varios delitos de corrupción- para presuntamente desviar dineros de los contratos que suscribió Panamá para la compra de los 19 radares, 6 helicópteros y 1 mapa digital. La presidenta de la sociedad es Karen de Gracia, su compañera sentimental. 

Una resolución del Consejo de Gabinete del 28 de julio pasado autorizó a Alemán a presentar la demanda en representación del Estado panameño. 

La firma de abogados Tapia, Linares y Alfaro estará representando al Estado en este caso.

Octavio del Moral, de la citada firma de abogados, explicó que se presentó un número considerable de pruebas. También informó que aportaron las sentencias condenatorias y documentos judiciales de tribunales italianos donde constan pruebas de actos de corrupción internacional relacionados con los contratos.

Anunció que próximamente se interpondrán demandas contra los otros dos contratos que suscribió Panamá con Finmeccanica para la compra de los helicópteros y el mapa digital, adquiridos de la misma forma.

Como parte de la demanda se pide la suspensión provisional del contrato mientras la Sala Tercera decide si se anula el mismo.

“Es una lucha que puede ser larga, que se inicia luego de un año de haber tratado de encontrar una salida amigable y diplomática con la empresa italiana involucrada en estos actos”, dijo del Moral.

Ni Alemán ni del Moral ofrecieron copia de la demanda presentada.

Alemán reconoció que el contrato de los radares tiene una cláusula de arbitraje, pero que, ante las evidencias encontradas, correspondía demandar su existencia misma.

La desviación de poder es el vicio de un acto que resulta de utilizar funciones públicas para fines distintos de los que establecía la ley pero amparándose en la apariencia de legalidad.

En el mes de junio pasado, el Ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera comunicó a Finmeccanica que debía llevarse los radares y devolver el dinero.

Los radares, alega Panamá, no tienen capacidad para detectar lanchas rápidas. Selex propuso adicionar el uso de drones (aviones no tripulados) como complemento al sistema de radares, pero el ministro de Seguridad Aguilera no aceptó la propuesta.

 

Bouche conoce cada uno de los capítulos de la vida jurídica del exmagistrado; fue su asistente, su confidente.

Tanto así que su declaración fue la prueba sumaria que dio paso a la investigación que adelantó la Asamblea Nacional, luego de que se diera a conocer que Moncada Luna adquirió, por $1.7 millón, dos apartamentos en Coco del Mar, uno de ellos al contado.

Los resultados ya se conocen: el exmagistrado purga una condena de cinco años de cárcel por enriquecimiento injustificado y falsedad.

Esta vez, Bouche acudió a la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, que adelanta una investigación por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, en la que están señaladas, al menos, 12 personas, una docena de sociedades, y 16 cuentas bancarias.

Las secuelas del caso que se inició en la Asamblea. En declaración jurada, Bouche le contó a la fiscalía cómo surgieron algunas de las empresas que están bajo la lupa por este caso.

Corporación Cubemu, S.A., en cuya cuenta fueron depositados $400 mil luego de que el Órgano Judicial otorgara un contrato por $8.9 millones a Conceptos y Espacios, S.A. para construir el Tribunal Marítimo, nació a solicitud del propio Moncada Luna. “Fue una sociedad que constituyó el licenciado 

Felipe Rodríguez Guardia –con detención preventiva– a solicitud de Moncada Luna …”, narró.

Cubemu, S.A. también está ligada al comerciante Felipe Pipo Virzi y a Ricardo Ricky Calvo.

Mientras que Sarelan Corporation, a la que se le cautelaron $125 mil en medio de las pesquisas, surgió de la misma manera. Bouche reveló que Moncada Luna le pidió que lo apoyara, poniendo a un familiar suyo como presidente y representante legal de la sociedad.

“Tenía la intención de utilizarla para construir un patrimonio a favor de su hijo menor, José Alejandro Moncada Luna Marín”, dijo.

La misma operación aplicó para Luxol, S.A., en la que el exmagistrado depositó un plazo fijo de $1 millón.

“El señor Moncada Luna nos solicitó que levantáramos el pacto social de la misma y lo remitiéramos a la Notaría Segunda para que lo elevara a escritura pública y se inscribiera en el Registro Público esta sociedad”, afirmó.

“ (…) un día me dice que necesita con urgencia una sociedad, y me da los nombres de las personas que aparecerían en la misma como miembros de la junta directiva para que confeccionara el pacto, pero no me da mayores explicaciones de para qué la quería”, sostuvo la exasistente del hombre que un día llegó a dirigir la máxima corporación de justicia del país.

“Nunca supe con qué propósitos se constituyeron”, agregó.

Todas las cuentas y transferencias de estas sociedades fueron detectadas en el Banco Universal, en el que Pipo Virzi es uno de los principales accionistas.  

De hecho, la fiscalía indagará hoy a Alberto Ortega, exgerente de este banco.

De acuerdo con las investigaciones, Ortega era el encargado de documentar los depósitos de las cuentas investigadas.

Mientras que el empresario y directivo de la Autoridad del Canal de Panamá Nicolás Corcione Pérez-Balladares tendrá que presentarse ante el fiscal Nahaniel Murgas, el próximo jueves.

La diligencia, que inicialmente estaba prevista para el 29 de julio, tuvo que aplazarse en vista de que Corcione se encuentra fuera del país.

Corcione es otra de las piezas clave de esta trama, luego de que los empresarios Julián París y Jorge Espino, dueños de Conceptos y Espacios, S.A. –detenidos preventivamente por este caso– lo ligaran al proceso.

Espino, declaró que Corcione le solicitó $600 mil a cambio de obtener el contrato para la construcción del Tribunal Marítimo.

Precisó que por instrucción de Corcione depositó $400 mil en una cuenta de Cubemu, S.A., y $200 mil a Cobros GC, ligado a Corcione. El Grupo Corcione ha negado estos señalamientos.