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La Fiscalía Tercera Anticorrupción cambió la medida cautelar de detención preventiva al abogado y comentarista de radio

Desde la noche del miércoles, 19 de agosto, tiene impedimento de salida del país y el deber de notificarse todos los lunes y viernes. Igualmente, debe mantener el mismo domicilio.

El cambio de medida cautelar fue adoptado "en atención a su condición de las últimas horas y para que acceda a sus médicos restantes", informó el Ministerio Público en una nota de prensa.

Previamente, la Dirección General del Sistema Penitenciario autorizó el traslado de Miller desde las celdas preventivas ubicadas en la sede de la Policía Nacional en Ancón al hospital Santo Tomás, para una evaluación médica.

Miller se quejaba de algunas dolencias, por lo que el galeno de turno de la Policía decidió solicitar su traslado al hospital. No se dieron más detalles al respecto.

El abogado se encuentra detenido preventivamente desde el 11 de agosto pasado debido a su supuesta vinculación con el cobro de un cheque por parte de la empresa Hidalgo & Hidalgo, que se adjudicó el fallido proyecto de riego de Tonosí, en la provincia de Los Santos.  

La fiscal Segunda Anticorrupción, Vielka Broce, fue designada para averiguar quiénes son ‘A', ‘B' y ‘C', los tres funcionarios que, según declaró Vicente García —exejecutivo de la empresa alemana SAP al FBI—, fueron sobornados para garantizar la obtención de contratos a favor de una subsidiaria de la compañía distribuidora de productos informáticos.

Rolando Rodríguez, secretario general de la Procuraduría General de la Nación, informó que las investigaciones, de oficio, están apenas en una etapa inicial y se abrieron tras las publicaciones que replicaban lo declarado por García ante el FBI, en Estados Unidos.

‘Estamos realizando averiguaciones sobre el caso, a la vez que estamos procurando contactar algunas autoridades en el extranjero por medio de una asistencia judicial que se está preparando con la posibilidad de conocer elementos que ellos nos puedan proporcionar para así identificar quienes son los posibles vinculados al hecho punible señalado', indicó el secretario.

Mientras se alista la asistencia judicial, la fiscal Broce ya solicitó a la Caja de Seguro Social copia de las auditorías que se realizaron a los contratos por la adquisición de los programas de SAP.

EL TESTIMONIO

El 12 de agosto, el FBI publicó extractos de la confesión de Vicente García, exvicepresidente de Cuentas Estratégicas de SAP.

En su testimonio, García declaró que él fue parte de ‘un esquema para sobornar a oficiales panameños para asegurarse contratos de tecnología'.

Para concretar este plan, García confesó haber sobornado a tres funcionarios del gobierno panameño. El boletín de la agencia estadounidense solo identifica a los funcionarios panameños como ‘A', ‘B' y ‘C'.

Aunque se reservaron las identidades, el FBI publicó las descripciones que brindó García sobre estos tres funcionarios, en particular de ‘A'.

El Funcionario ‘A' era un miembro de alta jerarquía del gobierno de Ricardo Martinelli que tenía la misión de actualizar y modernizar los sistemas tecnológicos gubernamentales.

Por su cargo, el Funcionario ‘A' tenía la suficiente influencia para decidir qué tecnologías y equipos adquiría el Gobierno, indicó el exejecutivo de SAP, quien añadió que, del total del contrato, Funcionario ‘A' se quedaba con el 2%.

Sobre el Funcionario ‘B', Vicente García mencionó que la coima que recibía, ‘B' no la cobraba directamente, sino que utilizaba la empresa de su cuñado.

La compañía presentaba facturas por servicios de ‘asesoría y comunicación' equivalentes al 10% de los contratos. El 8% era para Funcionario ‘B' y el 2% era la tajada que le pertenecía a García y a sus socios.

El Funcionario ‘C' es de quien menos detalles se conocen. La nota del FBI solo indica que, al igual que' A' y ‘B', tenía alta jerarquía en el gobierno de Ricardo Martinelli. El porcentaje que le correspondía del contrato no se reveló.

El contacto entre García y los empleados públicos se logró gracias a la intervención de un Cabildero, quien, antes de que se instalara el gobierno de Ricardo Martinelli, se comunicó con García y le planteó las oportunidades de negocios que había de por medio. García dijo que el Cabildero era un personaje muy bien conectado con el gobierno CD, en particular con el Funcionario ‘A'.

LOS CONTRATOS

De la aplicación de este esquema, entre 2011 y 2013, reveló el exejecutivo de SAP, se obtuvieron cuatro contratos entre una empresa ‘subsidiaria' de SAP y el Estado panameño.

García indicó que el primero de esos cuatro contratos se firmó con la Caja de Seguro Social por $14.5 millones en enero del 2011.

Voceros de esa institución señalaron que esa descripción ‘coincide' con el contrato que se firmó por la compra del Sistema Administrativo Financiero de la Caja del Seguro Social, que se le compró a una compañía mexicana que vende productos de SAP en Panamá, Advanced Consulting Panamá, S.A.

Entre 2011 y 2013, esta compañía firmó dos contratos con la Caja de Seguro Social, uno con la Empresa de Generación Eléctrica y otro con el Tribunal Electoral. Estos tres negocios le representaron a la empresa $19.8 millones.

Además, en la Contraloría General de la República hay registros de que la Autoridad Marítima de Panamá pagó a Advanced Consulting Panamá $ 2.7 millones.

Los contratos entre Advanced, la Caja de Seguro Social y el Tribunal Electoral están aún vigentes, ya que el servicio no se ha entregado en su totalidad, pudo saber este diario.

Un colaborador de Advanced Consulting Panamá que fue consultado por La Estrella de Panamá indicó que la empresa ‘en los próximos días' estará publicando un comunicado sobre el escándalo de SAP y al que fueron vinculados tras las declaraciones de los funcionarios de la Caja de Seguro Social.

‘A través de este comunicado se darán las explicaciones pertinentes a los medios y a los clientes de Advanced Consulting en Panamá y el extranjero', dijo.

El colaborador, que solicitó la reserva de su identidad, admitió que la información publicada es cierta; sin embargo, indicó que la empresa aclararía ciertos datos que requieren precisarse..

‘Somos una compañía seria y de larga trayectoria', aseguró el colaborador, quien en estos momentos trabaja en uno de los proyectos que mantiene la compañía con el Estado panameño.

ATANDO CABOS

La Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) es la entidad oficial encargada de ‘planificar, coordinar, emitir directrices, supervisar, colaborar, apoyar y promover el uso óptimo de las tecnologías de la información y comunicaciones en el sector gubernamental para la modernización de la gestión pública, así como recomendar la adopción de políticas, planes y acciones estratégicas nacionales'.

Durante la pasada administración, el encargado de la AIG fue Eduardo Jaén, quien en estos momentos se encuentra detenido por supuestas irregularidades en contratos firmados por él.

García indicó que en febrero del 2010, el Funcionario A le solicitó que SAP le pagara un viaje de placer a México.

Para camuflar la vacación, SAP le envió una invitación formal — que incluía un itinerario de trabajo falso— al Funcionario A para que visitara la sucursal en México de la compañía fabricante de tecnología .

Una fuente de la Caja de Seguro Social indicó a este diario que Eduardo Jaén y Guillermo Sáez Llorens, exdirector de la Caja de Seguro Social, viajaron al extranjero en múltiples ocasiones para ‘visitar a proveedores de sistemas informáticos'.

Algunos de estos viajes se realizaron aún antes del ingreso de Sáez Llorens a la Caja, aseguró la fuente.

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‘Estamos contactando a las autoridades extranjeras para que nos proporcionen elementos que nos permitan identificar a los posibles vinculados',

ROLANDO RODRÍGUEZ

SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

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LOS NEGOCIOS FRAUDULENTOS

García habló de cuatro contratos ganados de forma fraudulenta

$19.8 millones se ha ganado Advanced Consulting, una subsidiaria de SAP, por sus negocios entre 2011 y 2013 con el Estado panameño.

La nueva junta directiva del Colegio Nacional de Abogados (CNA) creó cinco comisiones adicionales a las 16 que existen en el gremio.

Estas nuevas comisiones son: De Tarifa de Honorarios Profesionales, que presidirá el expresidente Rubén Elías Rodríguez.

La comisión de Promoción y Defensa de los Servicios Internacionales de Panamá, que presidirá Carlos Ernesto González de La Lastra.

Así también está la comisión de Celebración de los 100 años de vigencia del Código Civil, que quedó presidida por Olmedo Arrocha con las vicepresidencias de Juan Lombardi y Laurentino Arjona. Les corresponderá la edición de los dos tomos de la obra ‘Contratos del Dr. Dulio Arroyo'.

Entre otras comisiones, en formación Seguimiento a la Ley de Agilización de los Procesos Civiles, a cargo del expresidente César Ruiloba.

También, la comisión de Derecho Administrativo, que comenzará a identificar puntos del Código Administrativo a modificar, en cuyos artículos todavía se regula el andar de las carretas por poblados y el amarre de caballos en plazas públicas.

Esta comisión aspira traer al más grande administrativista de América, Allan Brewer Carias, para que hable sobre el futuro del Derecho Administrativo frente al Estado Moderno.

Las nuevas comisiones fueron creadas en el marco del nombramiento de los presidentes de las comisiones de trabajo permanente del Colegio.

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COLEGIO DE ABOGADOS

Artículo 47 del Estatuto, 16 comisiones, algunas

Régimen Jurídico del Ejercicio de la Abogacía y Servicio de Orientación LegalAbogados 

El empresario venezolano Luis Aular Peralta –dueño de la compañía Outsourcing de Venezuela, S.A., a cargo de la construcción de la Cadena de Frío, por $75 millones– acusó ayer a Javier Pariente –exvicepresidente de Importadora Ricamar, razón social de los Super 99, cuyo dueño es el expresidente Ricardo Martinelli– de haberlo “extorsionado” para que firmara en 2011 un contrato de “comisión” por unos $10 millones.

Aular Peralta suscribió el contrato con el abogado Amado Arjona Duque, el tercero en menos de dos años, firmado con empresas que recibieron, a su vez, contratos por $135 millones, a través de dependencias del Ministerio de la Presidencia, bajo la gestión de Jimmy Papadimitriu.

En suma, Arjona Duque firmó contratos privados por $22 millones: $12 millones por supuestas “asesorías” al proveedor de la comida deshidratada: Lerkshore International Limited, cuyo representante es Rubén De Ycaza, amigo personal de Pariente; y casi $10 millones por supuestos “honorarios” en la Cadena de Frío, que construyó Aular Peralta.

Este último dijo a La Prensa que, tras ganar la licitación, Pariente le advirtió de que si no firmaba el contrato de “comisión”, el gobierno de Martinelli ejecutaría la fianza del proyecto, que ascendía a unos $50 millones. “Eso sería un duro golpe económico para mí y tuve que firmar”. Pariente decía que representaba al “tiburón blanco”, refiriéndose a Martinelli, subrayó, al tiempo que mostró otro contrato que a la postre dijo haber anulado el pago de “comisiones”.

Pariente también es señalado como el “artífice” del negociado de la comida deshidratada, que comieron cientos de miles de niños.

La Prensa trató de ubicar a Pariente ayer a su celular y a través de sus abogados, pero no respondió.

FACTURACIÓN

Que un abogado poco conocido en Panamá facture en menos de dos años 22 millones de dólares por dar “asesoría” es una hazaña que pocos de sus colegas –incluyendo los de grandes firmas– pueden presumir. Sin embargo, parece posible, en especial, si el dinero proviene del Estado.

El abogado Amado Arjona Duque puede dar fe de ello. Su nombre aparece en dos contratos privados celebrados con la empresa que obtuvo los contratos de comida deshidratada: Lerkshore International Limited, a la que el Programa de Ayuda Nacional (PAN) le pagó la suma de 60 millones de dólares en 2010, bajo la gestión de Giacomo Tamburrelli.

Pero estos dos no fueron los únicos. Arjona Duque también fue pieza clave en el multimillonario contrato de la Cadena de Frío, que en 2011 firmó el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu.

Los contratos de “asesoría” con Lerkshore International Limited –representada por Rubén De Ycaza– que firmó Arjona Duque por la comida dehidratada, sumaron casi 12 millones de dólares.

Lerkshore vendió al PAN los alimentos deshidratados que fueron distribuidos entre niños de escuelas públicas de las zonas más pobres y que, tanto el Ministerio de Salud como el Hospital del Niño, coinciden en que nunca debieron haberse entregados ni consumidos por su alto contenido de sodio.

‘GRAN LABOR’

Arjona Duque, en sus contratos de comisionista, se obligaba a funciones que no requerían mayor esfuerzo: “inscribir la empresa como proponente ante el PAN; adquirir el pliego de cargos y asistir y representar a la compañía en el acto público” y “asesorar a la empresa en los aspectos técnicos, económicos, administrativos y financieros de la propuesta y revisar el informe de evaluación y verificación del acto público objeto del contrato”.

A cambio, el abogado cobró honorarios multimillonarios –a través de la firma Arjona, Figueroa, Arrocha y Díaz– dinero que fue a parar a cuentas bancarias de sociedades locales y off shore en Islas Vírgenes Británicas.

Las autoridades le siguen el rastro al dinero para identificar a los beneficiarios finales, para lo cual giraron oficios a bancos locales solicitando copia de las aperturas de cuentas de esas compañías, transferencias recibidas y enviadas, y copias de los depósitos.

Dos sociedades investigadas son Apollo International Services, Inc. y Starlington Holdings, Ltd. –registradas en Islas Vírgenes Británicas– a las que se les envió dinero de los contratos de comisión de Arjona Duque. Y tras una operación de triangulación, recalaba nuevamente en la banca local.

Pero en este caso hay, al menos, otras 20 sociedades que recibieron fondos de compañías de Arjona Duque, entre cuyos directores figuran nombres como Ariel Arjona, Yulissa Ortega, Idaliz Guiraud, Juana Carrasco, Ana Verónica Rojas y Cecibel Carrasco, todos vinculados a este abogado. 

LA SONRISA DE LA FORTUNA

Menos de un año después de firmar los contratos privados en la compra-venta de la comida deshidratada, el 7 de noviembre de 2011, Arjona Duque volvió a pactar honorarios profesionales con un nuevo proveedor estatal.

Esta vez debía “asesorar” a Outsourcing de Venezuela, S.A. que, en consorcio con la empresa panameña Mejores Acabados, S.A., firmó el 29 de noviembre de 2011 un contrato con el ministro Papadimitriu para construir la Cadena de Frío, a un costo de 75 millones de dólares, de los cuales, Arjona Duque recibió 9.5 millones de dólares.

Outsourcing de Venezuela, S.A., fue el único consorcio que participó en la licitación. Quizás por ello, el “agente comisionista” no tenía dudas de que su cliente se alzaría con la millonaria contratación.

La pregunta de los 10 millones de dólares es ¿por qué Outsourcing Venezuela, S.A., –representada por Luis Aular Peralta– necesitó de una empresa panameña para ganar la “licitación”? La pregunta es pertinente porque Outsourcing Venezuela es dueña del 99.5% del consorcio, mientras Mejores Acabados –su socia panameña, representada por Juan Gabriel Pérez Silva– tenía apenas el 0.5%.

‘EXTORSIÓN’

El empresario Aular Peralta habló con La Prensa y admitió que firmó el contrato de “honorarios profesionales” porque fue “extorsionado” por Javier Pariente, exvicepresidente ejecutivo de Importadora Ricamar, razón social de los Súper 99.

Contó que Pariente hablaba en nombre del entonces presidente Martinelli y que, a mediados de noviembre de 2011, le advirtió que tenía que firmar el contrato con Arjona Duque; de lo contrario, el gobierno de Martinelli ejecutaría la fianza de cumplimiento del proyecto Cadena de Frío, que ascendía a unos 50 millones de dólares.

Curiosamente, el contrato de 9.5 millones de dólares por “honorarios profesionales” de Arjona Duque se firmó tres meses después de que Papadimitriu adjudicó el proyecto de la Cadena de Frío al consorcio. Las preguntas vinculadas a estos y otros contratos no fueron respondidas ni por Pariente ni por su abogado.

Arjona Duque tiene más historias. Fue mencionado en el escándalo del colombiano David Muria Guzmán, a quien le creó múltiples sociedades anónimas.

Además, figura en sociedades con miembros del llamado “círculo cero” del expresidente Martinelli. ( ver nota relacionada).

NUEVO ESTATUS

La fortuna de Arjona Duque lo sorprendió despachando en oficinas alquiladas en el edificio Omega, urbanización Obarrio. Eso duraría muy poco, pues poco de recibir las comisiones cobradas en los contratos de la comida deshidratada, se marchó a una oficina propia, tiene bufete y hasta nuevos socios. Su firma es AP Partners, y se ubica en el edificio BMW, en Costa del Este, comprada al contado,  por 327 mil dólares.

Desde principios  del año 2000, el abogado  Amado Arjona Duque entabló una relación comercial con Gabriel Gaby Btesh y Felipe Alejandro Pipo Virzi, del llamado “círculo cero” del expresidente Ricardo Martinelli, así como con otros empresarios ligados a centros comerciales y residenciales de lujo.

Arjona Duque es suscriptor de  Pavilion Financial, que  en el gobierno de  Martinelli recibió  un contrato directo –de $426 mil  al año– por el  arrendamiento del local en el que  opera  la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

Curiosamente, esta transacción se hizo a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN). Pero no  por este contrato directo fue que el nombre de Arjona Duque vio la luz pública. Su nombre apareció en publicaciones de prensa en  el  escándalo del colombiano David Murcia Guzmán.

A través de la firma  Arjona Figueroa, Arrocha y Díaz –en la que fue socio hasta 2013–, Arjona Duque constituyó  varias   sociedades y aperturó cuentas bancarias vinculadas a  Murcia Guzmán, hoy condenado en Estados Unidos a nueve años de cárcel por lavado de activos.

Por ese caso, Arjona Duque rindió declaración ante el Ministerio Público, donde aseguró que Ernesto Chong Coronado –exasesor financiero de Murcia Guzmán– le solicitó la compra y posterior constitución de las sociedades. Un de ellas fue Smart International Business Inc.,  donante de la campaña de Martinelli en  2009, cuando ganó las elecciones.

Tras estallar este escándalo, Arjona Duque renunció a todas esas sociedades en las que figuraban como dignatarios sus empleados,  varios de ellos vinculados a compañías que fueron parte de la triangulación de los pagos que recibió por “asesoría”  en los  contratos de  comida deshidratada y Cadena de Frío, hoy bajo la lupa de las autoridades.

Ninguno de los tres máximos directivos de la Caja de Seguro Social en la administración de Ricardo Martinelli recibió soborno alguno para implementar el sistema tecnológico Safiro, comprado a la alemana SAP por $14.5 millones. La empresa, sostiene además, que si se pagaron esas coimas, como lo ha confesado uno de sus representantes, Vicente García, asignado al mercado panameño, fue sin su conocimiento.

Ni Guillermo Saéz-Llorens, ex director de CSS; ni Marlon de Souza, exsubdirector; ni Alberto Maggiore, exdirector de Administración y Finanzas, intervinieron en el proceso de compra del sistema.

Aunque la fecha de la adquisición coincidió con su gestión, según aseguraron a este diario, ninguno participó directamente en la licitación, que se hizo ‘de forma transparente'.

HABLAN LOS EXDIRECTIVOS

Guillermo Saéz-Llorens declaró sentirse ‘confundido, como muchos panameños', y aunque coincidió con la actual administración al decir que el contrato descrito por Vicente García ‘coincide' con el que él firmó en 2011 para adquirir el sistema de la empresa SAP, rechazó cualquier irregularidad de su parte.

Saéz Llorens negó cualquier vinculación con Vicente García, el extorsionador confeso, al que dijo desconocer. ‘Fue un acto público bien estructurado, con participación de varias empresas', reiteró el exdirector de la CSS sobre la denuncia.

Marlon De Sousa, entonces subdirector de la CSS, indicó a La Estrella de Panamá que es urgente que las autoridades panameñas soliciten al FBI, que realiza las pesquisas en Estados Unidos, los nombres de los funcionarios sobornados por García a fin de iniciar una investigación en Panamá y determinar la culpabilidad de los involucrados en los hechos.

A De Sousa le preocupa la especulación que pueda surgir en los medios de comunicación y que señalen a las personas equivocadas mientras las autoridades americanas mantengan en reserva el nombre de los culpables.

‘Se cuestiona la honorabilidad de quienes formamos parte de la administración pasada', dijo.

Reconoció que durante su gestión se adquirió un software de SAP, pero la compra, explicó, se manejó a través de la oficina de Innovación y Tecnología, dentro de la CSS. El director ejecutivo nacional respectivo era el que sustentaba las compras. ‘Todo lo que tenía que ver con tecnología debía ser evaluado, además, por Innovación Tecnológica del Estado, quienes debían avalar cualquier tema de tecnología', apuntó De Sousa.

Alberto Maggiore, exdirector de administración y finanzas de la CSS, manifestó, por su parte, que no tuvo ‘nada que ver con estas compras'. Y contó que se contactaron a tres subsidiarias de SAP y dos de la empresa Oracle para conocer sus ofertas iniciales.

Según Maggiore, la licitación se efectuó a principios del 2011, y posteriormente, en junio, se implementó el sistema. Sin embargo, reitera, que él no intervino en los procesos anteriores. Su labor fue más bien implementar el programa en la CSS, indicó.

LA VERSIÓN DE SAP

A través de un comunicado, SAP se desvinculó del pago de sobornos a funcionarios panameños y resaltó que, según la ‘Orden Administrativa de Cese y Desiste de la SEC [Departamento de Justicia y la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos]', Vicente García admitió al FBI que el esquema de sobornos que detalló fue elucubrado a espaldas de la SAP.

‘El Sr. García eludió los controles internos de SAP, falsificó los libros y registros de la empresa, e hizo declaraciones falsas a SAP con el fin de reducir el precio del software SAP para financiar el esquema de sobornos y comisiones', destaca el comunicado de la compañía.

El Ministerio Público no ha indicado si actuará de oficio.