CSJ realizará audiencia de control por “pinchazos” contra Martinelli

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) celebra hoy una audiencia de control a petición de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por el caso de las escuchas ilegales, que denunciará "vicios de nulidad" en el proceso.

El pasado 8 de junio la CSJ abrió una investigación contra el exmandatario y actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por las escuchas ilegales que supuestamente se cometieron durante su presidencia y que afectaron a más de 150 personas entre políticos, periodistas y sindicalistas.

La audiencia de control se celebrará en el salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior por solicitud del abogado Dimas Guevara, "defensor técnico de un diputado del Parlamento Centroamericano, a fin de plantear argumentos en torno a la afectación de derechos fundamentales de su representado", indicó el Órgano Judicial.

Por el caso de los "pinchazos" serán juzgados en marzo próximo los exdirectores del Consejo de Seguridad de Panamá Alejandro Garúz y Gustavo Pérez, que están detenidos, y sus subalternos Ronny Ramiro Rodríguez y William Pitti, que se encuentran en paradero desconocido y sobre los que pesa una orden de captura.

La Fiscalía de Panamá imputa a los cuatro exfuncionarios del Gobierno de Martinelli los delitos contra la libertad en la modalidad de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.

El caso de los "pinchazos" es el tercer proceso judicial que enfrenta el exgobernante panameño, a quien ya se le investiga por la compra con supuestos sobrecostes de comida deshidratada y por la firma de más de 300 indultos.

Martinelli, que salió de Panamá el pasado 28 de enero y se encuentra en Estados Unidos, según sus abogados, se ha declarado un "perseguido político" de su antiguo aliado electoral y vicepresidente Juan Carlos Varela, actual gobernante de Panamá. 

Abogados marítimos piden explicaciones

Hoy, la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar) pedirá al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Jorge Barakat, aclarar el escándalo que provocó la firma de un acuerdo para certificar títulos de marinos con la empresa Samoa International Maritime Authority, que, posteriormente, fue denunciada por el Gobierno de la isla oceánica como impostora.

El gremio de abogados marítimos también busca una respuesta a lo que ellos han llamado la ‘inesperada' renuncia del director de Gente de Mar, José Luis Aizprúa, el 30 de agosto de 2015.

En una misiva, fechada el 1 septiembre de 2015, la directiva del gremio marítimo solicitó al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) una cita, que se concretará hoy, en las oficinas de Barakat.

La carta, a la que tuvo acceso La Estrella de Panamá, señala como ‘preocupantes' las publicaciones relacionadas al caso Samoa International Maritime Authority.

Belisario Porras, presidente del gremio marítimo, explicó que buscan escuchar la versión de la administración de la entidad sobre el escándalo con la empresa samoana. Además, quieren saber qué proyecto reemplazará el trabajo que realizaba la empresa Orion Maritime Training, que durante cinco años, y de forma irregular, certificó a marinos para trabajar en la flota mercante panameña.

Samoa International Maritime Authority ha sido vinculada con el exmiembro de la junta directiva de la AMP Encarnación Samaniego.

Figuras ligadas al sector han señalado a Samaniego como propietario de la empresa.

Este escándalo también ha involucrado al subadministrador de la AMP, Alejandro Agustín Moreno Velásquez. La empresa fue inscrita por la firma de abogados Moreno & Arjona Bureau, de la que el funcionario es socio.

Fuentes del ramo marítimo han señalado que altos mandos de la AMP fraguaron la continuidad del negocio de Orion Maritime Training a través de la empresa Samoa Maritime International Authority.

 

Exigen veto a la nueva ‘ley blindaje’

Voces de la sociedad civil exigieron ayer el veto al proyecto de ley 214, que modifica la Ley 55 de 2012 (ley blindaje), que establece prerrogativas a diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Presidente de la República al momento de ser procesados.

Representantes de varios grupos advierten de que la iniciativa legislativa, que también modifica al Código Procesal Penal, es “una farsa” y “una burla para el pueblo”.

Horacio Icaza, del Movimiento Independiente (Movin), consideró que con el proyecto aprobado se hace retroceder al país en materia de justicia, por lo que solicitó al presidente Juan Carlos Varela que lo vete.

Mientras que la exprocuradora Mercedes Araúz aseguró que nadie debe tener privilegios en la administración de justicia y menos en este momento.

Por su lado, la diputada independiente Ana Matilde Gómez, aunque afirma que se logró eliminar “el nefasto plazo de dos meses”, cuestionó que para proteger al presidente [Juan Carlos] Varela ahora se ha legislado para cubrir a los magistrados de la Corte.

En tanto, el mandatario Juan Carlos Varela dijo que antes de tomar una decisión, esperará la opinión del equipo legal de la Presidencia y que hará consultas al Ministerio Público y al Órgano Judicial.

'IMPUNIDAD SIGUE RAMPANTE'

Como un “engaño, farsa y burla” a la ciudadanía calificaron diversos actores de la sociedad civil la aprobación por la Asamblea Nacional del proyecto de ley 214, que modifica el Código Procesal Penal y la Ley 55 de 2012, y blinda al Presidente de la República, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los diputados ante eventuales procesos penales en su contra.

A pesar de que la iniciativa amplía de dos a cuatro meses el tiempo para investigar a los funcionarios señalados, estos gozan de privilegios en comparación con lo que establece el sistema judicial para el resto de los ciudadanos, de seis meses.

“Esta ley no tiene razón de ser, todos los ciudadanos panameños somos iguales ante la ley y debemos cumplir la ley, no debemos buscar blindajes y no debemos buscar excepciones que ponen a unos en ventaja sobre otros y en donde a unos se les permite seguir impunes y a otros no; no tiene nombre lo que se ha hecho ahí”, declaró Horacio Icaza, del Movimiento Independiente (Movin).

Consideró que “con esta ley [los diputados] han perdido terreno, han perdido cara, han perdido credibilidad y solicitamos al Presidente que la vete. La situación la complica aún más al haber incluido en este blindaje a los magistrados y al Presidente de la República; yo creo que el Presidente la va a analizar y esperamos que la vete”, señaló.

Aunque los diputados eliminaron de la redacción del proyecto las palabras prueba sumaria o prueba idónea, sí incluyeron requisitos para presentar una denuncia contra el Presidente de la República, los magistrados y los diputados.

En este sentido, se aprobó que para admitir la denuncia se requerirá de “los elementos de convicción que ofrezcan conocimiento cierto o probable de que se haya cometido o se esté cometiendo un hecho punible, así como los elementos de convicción que permitan relacionar al investigado con el presunto hecho punible”.

Con respecto a este artículo del proyecto, Icaza precisó que al final de cuentas es lo mismo que había sobre la prueba sumaria en la Ley 55 de 2012, conocida como blindaje, pero con términos diferentes. “Literalmente, nos han visto cara de tontos”, sostuvo.

Para Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, lo aprobado es un “retoque cosmético” a la Ley 55.

“Si los diputados se enfocaran en sus funciones y atribuciones, no deberían escudarse en ningún privilegio procesal, pero la realidad es que una vez se sientan en la curul muchos utilizan sus privilegios y abusan de ellos en beneficio personal, lo cual desde luego puede hacerlos incurrir en irregularidades o delitos, cuyas investigaciones no deberían tener protección ni tratamiento especial”, indicó Gasnell.

IMPUNIDAD RAMPANTE

En tanto, Sandra Escorcia, del Movimiento Institucionalidad y Justicia, señaló que con el documento aprobado por la Asamblea  

“siguen los privilegios, ese cambio ha sido una burla para todas las panameñas y panameños decentes de este país”.Afirmó que con esta ley la impunidad seguirá rampante y mientras no haya un Estado de derecho “seguirán los ladrones de cuello blanco y de medio pelo burlándose del pueblo, y robando al erario”.

“La Asamblea es un ente político y hasta ahora ha demostrado ser incapaz de aprobar leyes que promuevan la institucionalidad y la justicia”, consideró Escorcia.

La docente Maui De Saint Malo calificó el proyecto de ley 214 como una “farsa, una burla… los diputados han engañado a los ciudadanos”. Dijo que lo aprobado es peor que la otra norma, refiriéndose a la actual Ley 55 de 2012.

Mientras que para Rubén Elías Rodríguez, jurista y expresidente del Colegio Nacional de Abogados, el proyecto 214 constituye una especie de “burla” a las aspiraciones de la sociedad panameña.

“Ellos lo que están es convirtiéndose en unos promotores de la impunidad y del respeto a los postulados básicos del sistema jurídico”, advirtió. 

Consideró que con el proyecto han pretendido engañar a la sociedad y lo que debieron haber es decretado que esa ley fuera de orden público e interés social para que sea retroactiva y se aplique a los casos que no se han abierto y a los que están actualmente en trámite en la Corte y en la Asamblea.

“De no hacerlo así, los casos que ya están abiertos antes de su promulgación, van a aplicarle esa ley que evidentemente crea un fuero y un privilegio a favor de ellos”, precisó el abogado.

También cuestionó que se haya aprobado un artículo para que los magistrados fiscales en los procesos de investigación contra diputados solo puedan ser de la Sala Contencioso Administrativo o de la Sala Civil, y que como jueces de garantías solo puedan actuar los magistrados de la Sala Penal. “Esto crea un enredijo y una entretela entre ellos mismos, que promueve la demora y el manejo político”, sostuvo.

La abogada y exprocuradora Mercedes Araúz de Grimaldo coincidió en que nadie debe tener privilegios en la administración de justicia y menos en este momento.  

“A todos nos deben tratar por igual, inclusive al Presidente, a los magistrados y diputados. La administración de justicia está en deuda con el pueblo panameño en relación al juzgamiento de magistrados, diputados y presidentes. No bastó con lo de Moncada Luna, realmente debemos dar gracias a Dios que ese caso terminó en una transacción (acuerdo)”, enfatizó.

La abogada se refirió al juicio efectuado durante el pasado mes de marzo en la Asamblea Nacional, tras el que el exmagistrado de la Corte Alejandro Moncada Luna fue condenado a 60 meses de prisión por los delitos de falsedad de documentos y enriquecimiento injustificado.

MEDIDAS CAUTELARES

La diputada independiente y exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez explicó su posición durante la discusión del proyecto. “No me opuse a la ley, porque se avanzó de lo que teníamos, se logró eliminar el nefasto plazo de dos meses desde que se inicia la investigación hasta que termina, pero aun así siguen siendo plazos muy cortos para delitos que son complejos”, indicó.

Destacó que cualquier delito de una persona de alto perfil dentro del engranaje gubernamental o del sistema de administración pública es un delito complejo en sí mismo, debido al propio perfil de la persona, que tiene posibilidades que no tiene el ciudadano común para moverse en el sistema financiero y de administración pública, influenciando a otras personas.

“Eso, sumado al hecho de que para proteger al presidente Varela, ahora se ha legislado también protegiendo a los magistrados de la Corte, en el sentido de que para una medida cautelar durante la etapa de investigación se tenga que ir al pleno para una mayoría absoluta (36 votos), es enraizar aún más la politización del sistema”, enfatizó la diputada.

El proyecto de ley establece que las medidas cautelares en procesos a diputados y magistrados solo podrán ser aplicadas previa autorización de la mayoría absoluta de los plenos de la Asamblea Nacional (36 votos) y de la Corte (5 votos).

Gómez sostuvo que esa nueva norma es una protección, que en determinado momento puede detener los procesos contra diputados y magistrados. 

Con respecto a este artículo, De Saint Malo dijo que es mentira que se va a lograr que la mayoría de la Asamblea y de la Corte vote “en contra de nada”. “Ahí va a entrar la política (…) Yo creo que la deberían vetar, echarla para atrás y volverla a hacer”, dijo.

DEFIENDEN PROYECTO

Por su parte, Adolfo Valderrama, expresidente de la Asamblea y proponente del proyecto 214, expresó: “creo que este proyecto le  

hace justicia a la Asamblea (…) Aquí no hay blindaje; hay la oportunidad de que se presente la denuncia”.

A juicio del diputado del gobernante partido Panameñista Jorge Iván Arrocha, con la ley aprobada se ha equiparado la norma tanto para que el Presidente de la República como los diputados y magistrados de la Corte sean juzgados bajo un mismo criterio jurídico y bajo el mismo marco de términos, en virtud de cualquier elemento de pruebas que existiese en caso de que haya un hecho punible o una querella contra estos funcionarios. 

“ Creemos que esta norma debe ser sancionada y creo que la percepción del pueblo panameño debe ir bajando con respecto a que si un  

diputado está fuera o no del alcance de la ley”, expresó el diputado.

Los órganos del Estado se ‘blindan’ con nueva ley

El Presidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los diputados seguirán teniendo prerrogativas jurídicas que los blindan en eventuales procesos penales en su contra, según el proyecto de ley 214, aprobado ayer en tercer debate en la Asamblea Nacional, que modifica el Código

Procesal Penal y la Ley 55 de 2012, conocida como ley blindaje.

El proyecto mantuvo la prueba sumaria y la exigencia de que la misma sea “idónea”, como requisito para presentar denuncias o querellas contra el Presidente de la República, los magistrados de la CSJ y los diputados de la Asamblea Nacional o del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

A pesar de que el proyecto 214 amplía de dos a cuatro meses el tiempo para investigar a los funcionarios señalados, estos gozan de privilegios en comparación con lo que establece el sistema judicial para el resto de los ciudadanos, de seis meses.

La nueva norma establece que las medidas cautelares en procesos contra diputados y magistrados solo podrán ser aplicadas previa autorización de la mayoría absoluta de los plenos de la Asamblea y de la CSJ.

Con respecto a esta última prerrogativa, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, advirtió que en el caso del pleno de la Asamblea la votación no sería jurídica, sino política. “Va a ser casi imposible que se pueda dar una investigación contra un magistrado”.

En tanto, la exmagistrada de la CSJ Esmeralda de Troitiño sostuvo que el proyecto 214 quedó como era calificado: “Un blindaje” para los órganos del Estado.  

Denunció que el proyecto hace del proceso de juzgamiento de los diputados y magistrados “algo ilusorio por las exigencias que se plantean de la prueba  

sumaria”.

En tanto, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, consideró que el proyecto mantiene privilegios en el caso del jefe del Ejecutivo, los magistrados y los diputados, que serían juzgados en un plazo de menor tiempo en comparación con el resto de los ciudadanos.

El diputado panameñista Luis Eduardo Quirós defendió el proyecto y aseguró que lo que se busca es “equiparar” los procesos de juzgamiento del presidente, los magistrados y los diputados, para que no haya diferencia.

“Las modificaciones no son perfectas, pero se ha avanzado”, indicó el diputado.

ASAMBLEA MANTUVO BLINDAJES

Sectores de la sociedad civil advirtieron que el proyecto 214, que modifica el Código Procesal Penal y la Ley 55 de 2012, esta última conocida como “ley blindaje”, aprobado ayer en tercer debate en la Asamblea Nacional, “mantiene privilegios” para los diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República sobre los demás ciudadanos del país.

Para Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, a pesar de que el proyecto 214 amplía los plazos de investigación de dos a cuatro meses, se mantiene un privilegio en comparación a lo que establece el sistema judicial para el resto de los ciudadanos y servidores, que es de seis meses.

En el proyecto aprobado se derogó el artículo 491-A de la Ley 55 de 2012, que establecía un plazo de investigación de dos meses en casos seguidos a diputados, y hasta un mes adicional en investigaciones complejas.

Los órganos del Estado se ‘blindan’ con nueva ley

Mientras, en las modificaciones aprobadas el pleno optó por fijar un plazo de cuatro meses, que sería aplicable para los procesos seguidos no solo a diputados, sino también a los magistrados de la Corte y al Presidente de la República.

En tal sentido, en el artículo 470 avalado por el pleno se aprobó que el fiscal designado tendrá un plazo de hasta dos meses para formular la imputación o solicitar sobreseimiento de la causa, mientras que en el artículo 471 aprobado se señala que en caso de admitirse la imputación, el fiscal designado tendrá un plazo de hasta dos meses adicionales para concluir la investigación –pese a que esta sea considerada compleja–, así como para formular la acusación o solicitar el sobreseimiento de la causa.

A juicio de José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), “los diputados no  

son panameños excepcionales para tener una ley que los proteja”.

“Yo veo innecesaria una ley que les dé el privilegio de ser investigados en corto tiempo. Los señores diputados solo deben tener el privilegio de la inmunidad en cuanto a su opinión y sus votos en la Asamblea. Todo lo que ellos hagan fuera de la Asamblea tiene que ser juzgado igual como los demás panameños que viven en este país”, precisó el dirigente de los abogados.

ELIMINACIÓN DEL 491-A

Es precisamente el artículo 491-A, que derogó la Asamblea Nacional, el que está pendiente de cuatro demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte.

La espera de una decisión de la Corte al respecto mantiene paralizado el proceso que se le sigue al expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano Ricardo Martinelli, por la compra de alimentos deshidratados a través del Programa de Ayuda Nacional.

Sobre la derogación de este artículo, Lee precisó que en este caso no aplica el principio de que la mejor ley es la que beneficia al reo, porque esta es una ley procesal; es decir, que no afecta las penas o la cuantía de penas.

Álvarez advirtió que al eliminarse el artículo 491-A la Corte tendrá que pronunciarse sobre la sustracción de materia, aunque consideró que lo mejor hubiera sido que la Corte lo declarara inconstitucional.

Advirtió que la eliminación de este artículo no necesariamente va a reactivar de nuevo el proceso seguido a Martinelli, ya que, de  

seguro, sus abogados van a argumentar que se le debe juzgar de acuerdo con la Ley 55 y no con la ley que entre en vigencia a futuro tras las nuevas modificaciones.

“No va a ser tan fácil destrancar este proceso. Cualquier recurso que se presente en la Corte no toma días ni semanas, sino meses”, puntualizó.

PRUEBA SUMARIA

Aunque los magistrados eliminaron de la redacción del proyecto las palabras prueba sumaria o prueba idónea, sí incluyeron requisitos para presentar una denuncia contra el Presidente de la República, los magistrados y los diputados.

En este sentido, se aprobó que para admitir la denuncia se requerirá de “los elementos de convicción que ofrezcan conocimiento cierto o probable de que se haya cometido o se esté cometiendo un hecho punible, así como los elementos de convicción que permitan relacionar al investigado con el presunto hecho punible”.

DESIGNACIÓN DE FISCAL

Además, en el proyecto se cambió el método de designación del magistrado fiscal y juez de garantías para los procesos seguidos contra los diputados y los magistrados de la Corte.

En este sentido, la nueva norma establece que una vez admitida la querella o la denuncia, el magistrado fiscal será escogido, por reparto, entre los miembros de las salas Primera de lo Civil o Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte. Además, el juez de garantías será seleccionado entre los magistrados de la Sala Segunda de lo Penal en turno.

Esta norma fue cuestionada durante el debate por la diputada independiente Ana Matilde Gómez, quien consideró que el papel de fiscal recaerá en los magistrados de las salas que menos dominan la materia penal.

“Menos probable es que haya corrupción cuando una persona domina más la materia”, alegó Gómez sobre esta norma, e indicó que los magistrados de la Sala Penal son los especialistas del sistema que deben ejercer las fiscalías en estos procesos.

PLENO DECIDIRÁ CAUTELARES

En la reforma aprobada por el pleno, se adicionó al Código Procesal Penal el artículo 470-A, presentado por el diputado panameñista Luis Eduardo Quirós.

En esta norma se establece que será la mayoría absoluta del pleno de la Asamblea –36 diputados– al que corresponderá autorizar la aplicación de toda medida cautelar personal o real en la fase de investigación y en la fase de juicio para los casos seguidos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la República.

En la Ley 55, las medidas cautelares solicitadas por el diputado fiscal en los casos seguidos a magistrados eran avaladas o rechazadas con los votos de dos de los tres diputados designados por la Comisión de Credenciales como magistrados de garantías.

En este sentido, el presidente del CNA objetó esta modificación, al considerar que en la medida cautelar que se pueda dar contra un magistrado la votación no va a ser jurídica, sino política. “Va a ser casi imposible que se pueda dar una investigación contra un magistrado”, advirtió Álvarez.

Este mismo artículo se aplicaría en el caso de las investigaciones de los diputados en la Corte; es decir, que corresponderá a la mayoría simple del pleno de esa corporación –cinco de nueve magistrados– aprobar las medidas cautelares contra los diputados.

El diputado Quirós defendió su propuesta con el argumento de que lo que se trató fue buscar un sistema más amplio y balanceado y homologarlo con el proceso que se sigue en la Corte a los diputados.

“Se ha tratado de equiparar los procesos. Estas modificaciones que se han hecho no son perfectas ni son la situación ideal; sin embargo, creemos que fue un avance. Lo que la sociedad debe comprender es que en función de lograr la mayoría para aprobar el proyecto tuvimos que lograr consensos”, destacó.

CASO MARTINELLI

El proyecto 214 estableció la facultad del juez de garantías de dictar un sobreseimiento provisional cuando el procesado se encuentre ausente durante la audiencia de formulación de cargos.

Fuentes jurídicas consultadas advirtieron que la ley establece que luego de un período de hasta cinco años los sobreseimientos provisionales pueden convertirse en definitivos y se extingue la pena.

“Por qué permitir un sobreseimiento temporal si una persona se ausenta del proceso y lo que está haciendo es riéndose del proceso”, advirtió la diputada Gómez al votar contra esta norma.

Gómez planteó que la investigación no debe detenerse por diputados que se ausentan voluntariamente del proceso, tienen conocimiento de su caso, contratan abogados defensores, formulan opiniones y hasta hacen mofa desde el exterior de las investigaciones.

La diputada presentó una propuesta para no detener la investigación hasta tanto se vincule al procesado con los delitos por los que se le acusa. La moción fue negada por el pleno Legislativo.

Acciones mineras, en la red de lavado

Las empresas que hoy son vinculadas a escándalos de corrupción, presuntos pagos de coimas, proyectos fallidos y desviación de dinero, inyectaban fondos que, posteriormente, High Spirit invertía en la compra de acciones de Petaquilla Minerals e Inmet Mining.

Las entradas y salidas de dinero no correspondían a la actividad propia de una casa de valores, por lo que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) detectó movimientos irregulares en High Spirit y denunció la posible comisión de delitos financieros.

La SMV presentó una denuncia por la posible comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales contra FP y High Spirit.

 

Con el dinero injustificado, Financial Pacific (FP) utilizó la cuenta High Spirit para comprar, en marzo de 2010, acciones de Petaquilla.

Para ese momento, estas se cotizaban en $0.55 y más tarde, en ese mismo año, luego de la venta por la suma de $1.9 millón, se obtuvo una ganancia neta de $771 mil 148.

Con fondos de procedencia desconocida, High Spirit adquirió acciones de Inmet Mining por $700 mil 409, para ganar $76 mil.

En la primera operación se logró una buena ganancia y aunque la segunda apuesta no fue tan ventajosa, de acuerdo con la SMV, el mecanismo era una fórmula para justificar “la entrada ilícita” de dinero, “toda vez que sigues ganando, ya que su procedencia es ilegal”.

APETITO POR LAS ACCIONES MINERAS

El dinero en efectivo, injustificado e ilícito que entraba en la cuenta High Spirit, a través de la casa de valores Financial Pacific (FP), encontró un atajo perfecto para salir por la puerta grande.

Una breve línea de tiempo hecha por este diario, basada en hechos del pasado reciente y vinculando los detalles de una denuncia interpuesta por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), da cuenta de cómo el poder político, las figuras señaladas en casos de corrupción y el presunto lavado de dinero están atados por un elemento común: la administración del expresidente Ricardo Martinelli.

A través de la cuenta High Spirit, en la que uno de sus beneficiarios y firmantes es Aaron Ronny Mizrachi –cuñado Martinelli–, se hicieron decenas de transacciones irregulares, de acuerdo con la SMV.

Los fondos de procedencia previamente desconocida y provenientes de empresas no vinculadas eran invertidos en acciones mineras, específicamente en Petaquilla Minerals e Inment Mining. Dichos movimientos, según la denuncia presentada el 8 de junio de 2015 ante el Ministerio Público, se hicieron para justificar la entrada irregular de dinero.

Las investigaciones del ente regulador del mercado detallan que se invertía en acciones, para luego hacerse de fondo ilícitos sin importar el monto de la ganancia. En palabras simples, se lavaba dinero.

Algunos movimientos generaron ganancias cercanas a los 800 mil dólares, “ya que las acciones de Petaquilla llegaron a subir 74% y 104%”, en palabras del regulador.

Un dato relevante es que las transacciones hasta ahora detectadas guardan relación con los pronunciamientos que hacía Martinelli y en las que se mostraba en total acuerdo con las operaciones mineras en el país.

Las declaraciones de Martinelli, siendo presidente, podían interpretarse como un apretón de manos o más bien un gran abrazo con el que se respaldaba la inversión minera.

Cada vez que decía o hacía algo vinculado con la minería, Martinelli podía tener el divino poder de potenciar el valor de las acciones. Y así se beneficiaban las inversiones que hacía su cuñado y ahora cara visible de High Spirit.

En los registros de Jal Offshore, con cuenta en Banco Universal, también figuran otros movimientos sospechosos.

 

Para el 25 de marzo de 2010, el entonces presidente dijo que estaba dispuesto a modificar el Código de Recursos Mineros para facilitar la inversión extranjera.

Señaló que el país no podía perder una gran oportunidad y quedar atrás en la explotación minera por falta de legislación.

Ese día marcó el camino que tomaría el manejo de High Spirit, cuenta que se creó ese mismo marzo de 2010 con varios depósitos procedentes del Bank Audi de Suiza, y en un proceso en el que nunca se identificó qué persona o sociedad enviaba los fondos.

Un día después de aquella profética declaración de Martinelli, entre el 26 de marzo y el 15 de abril de 2010, se empiezan a hacer compras de acciones de Petaquilla Minerals por 984 mil 772 dólares.

Para ese momento, la cuenta High Spirit tenía un saldo en efectivo por 975 mil 979 dólares, por lo quedó con un negativo de 9 mil 293 dólares.

Para ese entonces, el discurso del gobierno iba enfocado a potenciar la minería y obtener ingresos por al menos mil millones de dólares en cuatro años.

De hecho, en una visita oficial a Perú el 27 de agosto de 2010, Martinelli dijo que el lobby ambiental en el mundo soslaya los beneficios de la minería responsable en el desarrollo de un país.

No había transcurrido ni un mes cuando la cuenta High Spirit recibe transferencias para luego utilizar ese dinero en la compra y venta de más acciones. 

Habría una gran diferencia entre la primera y las posteriores transacciones. Cuando compraron las acciones, en marzo de 2010,  

estas se cotizaban en 0.55 centésimos.

Luego lograron la suma de 1.9 millón de dólares, por la venta realizada entre el 6 y el 14 de diciembre de 2010, y se obtuvo una ganancia neta de 771 mil 148 dólares.

Esta información es probablemente una pequeña fracción de los negocios de High Spirit. Se sabe que antes de una segunda y definitiva intervención de FP en 2014, los ejecutivos de la casa de valores lograron borrar información sensitiva.

En 2010, nadie sospechaba de la intrincada red de corrupción entre FP, High Spirit, las empresas mineras y el círculo de poder más cercano a Martinelli.  

Algo que sí se rumoraba en los corrillos financieros era la posibilidad de que Martinelli tuviera acciones en las mineras.

Poco antes de que Petaquilla Gold empezara a sacar oro de su mina en 2010, casi al mismo tiempo, aumentó la compra y venta de las  

acciones de su holding Petaquilla Minerals.

Este movimiento se observa desde el 26 de octubre de 2009.

Para esa fecha, la acción de Petaquilla Minerals logró un volumen total negociado de 2 millones 805 mil dólares y se cotizó en 0.22 centésimos.

El 13 de noviembre de 2009 se dio otro gran empuje. Se reflejó en la bolsa de valores de Toronto, Canadá, un volumen total de 5 millones 723 mil acciones de Petaquilla Minerals, cada una en 0.25 centésimos.

El 4 de enero de 2010 esta acción trepó a 0.88 centésimos, justo el mismo mes en que Petaquilla Gold ya tenía el aval del Estado para exportar oro.

Las bruscos movimientos alertaron sobre una posible manipulación del mercado y el manejo de información privilegiada, pero la alerta no surgió en el mismo momento en que se dieron los movimientos, sino después, cuando Mayté Pellegrini, exempleada de confianza de FP, hizo unas reveladoras declaraciones.

Siendo la principal sospechosa de una transferencia ilícita de dinero, Pellegrini fue denunciada por los entonces directivos de FP.

Al rendir indagatoria por un fraude calculado en 12 millones de dólares, ella reveló un vínculo entre altos funcionarios, las inversiones de FP y las acciones de Petaquilla Minerals.

A órdenes de la Fiscalía Decimotercera de Circuito, en una indagatoria el 22 de noviembre de 2012, dijo que los directivos de FP Iván Clare y West Valdés habían dicho públicamente que una cuenta secreta llamada High Spirit se abrió para “manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla”. Y que era del presidente Ricardo Martinelli”.

Cuando La Prensa reveló la información, Martinelli acusó a este diario de “manipular información” y de tratar de involucrarlo en un “pequeño problema”.

“Han jugado con mi honor y con mi familia, donde a punta de bochinches y rumores, el diario La Prensa, específicamente, se ha metido conmigo.

Pero que rectifiquen, por tergiversar, mal informar y manipular información, porque acabar con la reputación de personas, empresa, país, con lo que fuera, no es correcto”.

Nunca dijo, ni en ese momento ni más tarde, que su cuñado y miembro de su cercano entorno familiar era uno de los beneficiarios del “pequeño problema”, que ha terminado por desenmascarar la posible comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales contra FP la cuenta High Spirit, según la denuncia presentada por la SMV.

Mizrachi no solo es uno de los beneficiarios de High Spirit. A través de Caribbean Holding Services, vinculada a él, se hicieron depósitos irregulares a la cuenta.

Caribbean Holding es la sociedad que pagó a la empresa NSO Group por el sistema de escuchas Pegasus, adquirido durante la administración de Martinelli para espionaje ilegal.

Entre las transferencias a High Spirit figura también una procedente de la sociedad Jal Offshore, que a su vez tenía una cuenta en FP.

Jal Offshore depositó un millón de dólares en High Spirit y tal como ocurrió con Caribbean Holding Services, la operación tampoco fue identificada como parte relacionada para recibir o transferir fondos.

En los registros de Jal Offshore, con cuenta en Banco Universal, también figuran otros movimientos sospechosos.

Felipe Alejandro Pipo Virzi, el empresario del llamado circulo cero de Martinelli, depositó 1.5 millón de dólares en esta empresa. Virzi está bajo arresto domiciliario por presunta vinculación en el escándalo de corrupción del fallido proyecto de riego de Tonosí.

En tanto, sobre Banco Universal, cuyo control ha perdido la familia Virzi, pesa una sanción apelable por blanqueo de dinero.

Jal Offshore, además, recibió depósito de Langton Int. Holdings, la empresa que captó 25 millones de dólares de Cobranzas del Istmo, la recaudadora de impuestos morosos a través de la que el comerciante Cristóbal Salerno admitió haber pagado “comisiones” a Ricardo Martinelli, el nombre que en cada escándalo termina citado.

Panamá deja sola a Colombia en la votación de la OEA

Durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada ayer lunes, el embajador panameño ante esta organización, Jorge Miranda, se abstuvo de votar a favor o en contra de la iniciativa que buscaba lograr la aprobación de una convocatoria para llevar a cabo una cumbre extraordinaria de cancilleres.

Con la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, solicitada por Colombia, se analizaría la crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia, por la deportación de miles de colombianos por orden del gobierno de Nicolás Maduro.

Panamá, en quien Colombia confiaba, se abstuvo y se ofreció a intervenir como mediador para resolver la crisis, y se postuló para albergar una eventual cumbre entre Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro.

Al principio Panamá se mostró a favor de la reunión en la OEA, pero decidió abstenerse para defender su propuesta de servir como mediador en la crisis de Venezuela y Colombia.

María Ángela Holguín, canciller colombiana, ofreció una conferencia de prensa ayer una vez se conoció el resultado de esta votación.

"Estábamos contando con el voto de Panamá, que es un país amigo, un país cercano, un país con el que tenemos la mejor relación, que tomó la decisión de abstenerse para poder ser mediador en una posible reunión entre el presidente Maduro y el presidente Santos, ese era un voto importante”.

Sobre la posibilidad de que el voto panameño tuviera que ver con una mala jugada del país… que puede ser intencional o mal intencionada teniendo en cuenta las últimas medidas que tomó Colombia en contra de Panamá, la canciller respondió:

“ (…) fue algo que nos cayó muy de sorpresa, la canciller [Isabel de Saint Malo] los últimos días que había conversado con ella [dijo que] entendía la situación, sacaron [Panamá] un comunicado muy favorable y en el transcurso de la tarde [de ayer] al parecer tuvieron alguna conversación con el Presidente de Venezuela y creyeron que podían o creen que pueden, que podían [sic], que era mejor abstenerse para poder servir de mediadores.  Digamos que nos hubiera gustado que apoyaran la decisión de una reunión, que eso no va en detrimento de una reunión bilateral más adelante”.

REACCIONA PANAMÁ

Ante esta situación, la Cancillería panameña envió por correo electrónico la posición de la canciller panameña Isabel de Saint Malo de Alvarado.

“ Ante esfuerzos de acercamientos que desarrolla Panamá, una división de la OEA podría perjudicar una oportunidad real para reducir con mayor brevedad las tensiones”.

Momentos más tarde, remitieron otro correo con una versión institucional: “ A Panamá le preocupa una Organización de Estados Americanos dividida y por ello optó por seguir buscando el consenso y continúa manteniendo conversaciones para propiciar un acercamiento bilateral en el corto plazo, ofreciendo al país como foro para este espacio entre mandatarios”.

VOTACIÓN

Colombia se quedó ayer a un voto de alcanzar los 18 apoyos necesarios para que la OEA convocara una reunión de cancilleres de los 34 países miembro.  

Con 17 votos a favor, 5 en contra, 11 abstenciones y una ausencia (Dominica), el Consejo Permanente de la OEA rechazó la propuesta colombiana.

Apoyaron la propuesta 17 países: Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Uruguay, Bahamas, Barbados, Canadá, Chile y la misión de Colombia.

Cinco naciones secundaron el rechazo a que la OEA aborde esta crisis: Ecuador, Haití, Nicaragua, Bolivia y la misión de Venezuela.

Finalmente, 11 países se abstuvieron: Granada, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Belice, Brasil y Argentina.

OTRAS REACCIONES

Antes de la votación, el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, anunció que el Gobierno de su país no quiere abordar la crisis fronteriza con Colombia en la reunión de cancilleres.

“Mi Gobierno no es partidario de debatir este tema en la OEA por su lamentable y frustrante historia ante situaciones complejas entre los Estados miembro”.

Chaderton defendió que la crisis se resuelva de manera bilateral, a través de una reunión de los presidentes de ambas naciones, oferta que ya hizo Nicolás Maduro.

Por su parte, el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, dijo que seguirá trabajando para dar “nuevos elementos” de valoración a los países que se han abstenido, porque su país considera que la crisis fronteriza debe abordarse en la OEA como único foro que reúne a todas las naciones del continente, salvo Cuba.

Colombia buscaba con su propuesta exponer ante los ministros de Exteriores la crisis humanitaria desatada por la deportación de más de un millar de sus ciudadanos que vivían en el estado venezolano de Táchira, además de los 7 mil 162 que habrían abandonado el país voluntariamente, según cifras ofrecidas por Bogotá.

La crisis arrancó cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de un tramo de la frontera entre Colombia y Venezuela con el argumento de combatir el contrabando y a supuestos paramilitares.

 

Sistema Penal Acusatorio, en su tercera región

Las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé amanecen con un nuevo sistema penal. A las 12:00 medianoche entró en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en esta región del país.

Ayer, las autoridades judiciales y la Policía Nacional realizaron una reunión de coordinación para ultimar los detalles para la aplicación del nuevo sistema de justicia.

Idalgis Olmos, fiscal Primera Superior, dijo que se reunieron fue para afinar y recordar conceptos, y para intercambiar información.

Explicó que los casos penales que hayan ocurrido hasta las 11:59 de la noche serán investigados y penalizados a través del sistema inquisitivo.

Marcos Córdoba, jefe de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, indicó que la entidad se preparó para aplicar el nuevo modelo de justicia. Sin embargo, la falta de recursos económicos es un tema que aún preocupa a las autoridades judiciales, porque limita el trabajo.

La implementación del nuevo sistema llegó con dos años de retraso. La fecha inicial, el 2 de septiembre de 2013, fue pospuesta por el anterior gobierno.

 

Panamá pide a Colombia y Venezuela solución pacífica

El Gobierno de la República de Panamá aboga por el diálogo para encontrar una solución pacífica a las diferencias entre Colombia y Venezuela en materia fronteriza, dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.

La vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, dio a conocer a sus homólogas María Ángela Holguín, de Colombia y Delcy Rodríguez, de Venezuela, que Panamá está en disposición para contribuir a la vía del diálogo.

"Es un tema muy serio y que preocupa a Panamá, principalmente por el bienestar de las personas afectadas", señaló Saint Malo de Alvarado.

El Gobierno de Panamá augura lo mejor para ambos países, en beneficio de sus ciudadanos y de la región latinoamericana, agrega el comunicado.

Esta petición se suma a la del ayer, hecha por el presidente Juan Carlos Varela, quien hizo un llamado a sus homólogos de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, respectivamente, para que resuelvan la restricción que se mantiene entre las fronteras de sus países, la cual lleva más de una semana.

Durante una actividad en la provincia de Herrera, Varela señaló "hay una situación humana de por medio, donde hay seres humanos  que están sufriendo”,  al tiempo que manifestó que como “hombres de paz”, los mandatarios suramericanos deben buscar una solución al conflicto.

 

Cuñado de Ricardo Martinelli, firmante de ‘High Spirit’

Empresarios cercanos a la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) movieron importantes sumas de dinero a través de la casa de valores Financial Pacific y de su cuenta “High Spirit”.  Esta es la cuenta que, según declaró en 2012 Mayte Pellegrini, exempleada de la empresa, pertenecía al expresidente Martinelli y fue abierta “para manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla”.

Aunque Martinelli negó tener cualquier tipo de relación con esa cuenta, entre los firmantes y beneficiarios de la misma figura su cuñado Aaron Ronny Mizrachi.

Una sociedad vinculada al empresario, Caribbean Holding Services, hizo varios depósitos a la cuenta que, a juicio de la Superintendencia del Mercado de Valores, son irregulares.

Caribbean Holding Services es la misma sociedad que fue utilizada para pagar a la empresa NSO Group por el sistema de escuchas Pegasus, adquirido durante la pasada administración.

En el entramado de transferencias irregulares detectadas por la Superintendencia del Mercado de Valores –que incluye movimientos entre cuentas de Financial Pacific– también figuran algunas procedentes de Felipe Pipo Virzi, empresario y exvicepresidente (1994-1999), que cumple arresto domiciliario por su supuesta vinculación en el escándalo de corrupción del fallido proyecto de riego de Tonosí, y de la sociedad Langton International Holdings, vinculada a Cristóbal Salerno, la cara visible de Cobranzas del Istmo.

Según la ley que regula el mercado de valores, una cuenta solamente puede dedicarse a la actividad propia de inversión del titular de la misma, estando prohibido recibir y enviar dinero a terceras partes no identificadas previamente.

Los fondos que recibía “High Spirit”, algunos de procedencia desconocida, se utilizaron para comprar acciones de empresas como Petaquilla Minerals e Inmet Mining.

Algunas de esas operaciones generaron ganancias de hasta 104% por la revaloración de las acciones. En otras ocasiones el beneficio era menor, pero el regulador cree que la inversión en acciones era “una manera de justificar una entrada ilícita de dinero (…) para luego ser retirada en fondos lícitos, sin importar si ganas o pierdes (…) ya que su procedencia es ilegal”.

Todos estos movimientos constan en una denuncia por la posible comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales contra Financial Pacific y la cuenta “High Spirit” presentada por la Superintendencia del Mercado de Valores ante la Procuraduría General de la Nación el pasado mes de junio, a la que ha tenido acceso este diario

 

LA CUENTA NEGADA POR MARTINELLI

Investigaciones de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) revelan un esquema de transferencias irregulares a través de varias cuentas de la casa de valores Financial Pacific, cuyos artífices son personas cercanas al expresidente Ricardo Martinelli. La primera persona que mencionó la relación entre Martinelli y Financial Pacific fue Mayte Pellegrini, exempleada de confianza de la casa de valores, que actualmente cumple arresto domiciliario acusada por el desfalco de $12 millones en esa empresa.

Al rendir declaración indagatoria ante la Fiscalía Decimotercera de Circuito el 22 de noviembre de 2012, Pellegrini contó que los exdirectivos de Financial Pacific Iván Clare y West Valdés dijeron públicamente que la cuenta secreta “High Spirit” pertenecía al “presidente, Ricardo Martinelli”, y que “se aperturó para manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla”.

Martinelli negó la relación y remitió una nota al entonces procurador general de la Nación, José Ayú Prado –hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia–, en la que Clare aseguraba que ni el expresidente ni su familia tenían relación con la cuenta “High Spirit”.

No obstante, entre los firmantes y beneficiarios de la cuenta figura Aaron Ronny Mizrachi, cuñado del expresidente, que también está presuntamente vinculado con la compra durante la pasada administración del sistema Pegasus, utilizado para “pinchar” teléfonos celulares.

El pasado 29 de julio, justo después de estallar el escándalo, Mizrachi tomó un vuelo privado desde el aeropuerto de Albrook con destino a Miami, Estados Unidos. El empresario viajó en el avión N799RM, propiedad de Ricardo Martinelli, quien permanece fuera del país desde enero de este año.

Martinelli y el exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá Salomón Shamah también fueron vinculados a Financial Pacific por el exdirector de Supervisión de la SMV Ignacio Fábrega, detenido la pasada semana tras confesar que dio información confidencial a la casa de valores.

Fábrega declaró ante el Juzgado Primero Penal que Martinelli y Shamah se habían convertido en accionistas de la casa de valores, que se reunió con ellos en la Presidencia y que le pidieron que intentara evitar la intervención de la empresa.

LA DENUNCIA

La Superintendencia del Mercado de Valores identificó una serie de movimientos irregulares en la cuenta “High Spirit”, que podrían ser constitutivos de delitos contra el orden económico (delitos financieros y blanqueo de capitales), como consta en una denuncia presentada por el regulador financiero ante la Procuraduría General de la Nación el pasado mes de junio y a la que tuvo acceso este diario.

De acuerdo con la ley que rige la actividad de las casas de valores, una cuenta se debe utilizar para hacer inversiones en el mercado y recibir los rendimientos generados por las operaciones. No se permite que reciba ni transfiera fondos a terceras personas que no son las titulares de la cuenta de inversión. Este precepto se incumplió con “High Spirit”.

El documento presenta con detalle los movimientos que se consideran irregulares. En tres depósitos distintos, entre octubre de 2010 y julio de 2011, la sociedad Caribbean Holding Services ingresó $583 mil 743 a “High Spirit”, pero la compañía no había sido identificada al momento de la apertura de la cuenta para recibir o transferir fondos.

 

Caribbean Holding Services es la sociedad vinculada a Mizrachi que, según las investigaciones de las autoridades judiciales, habría pagado a la empresa NSO Group por el equipo de escuchas ilegales Pegasus, operación que se habría originado con la emisión de un cheque por $1 millón que salió de una cuenta cuyo firmante es el empresario y exvicepresidente Felipe Pipo Virzi, quien cumple arresto domiciliario por su supuesta vinculación en el caso del proyecto de riego de Tonosí.

La cuenta “High Spirit” se abrió en marzo de 2010 con varios depósitos procedentes del Bank Audi de Suiza, pero no se identificó qué persona o sociedad enviaba los fondos. La denuncia recoge que “el 26 de marzo de 2010 la cuenta mantenía un saldo de efectivo por $975,979, sin la información de la procedencia de estos fondos, lo cual es una grave deficiencia que viola los acuerdos No. 5-2003 y No. 5-2006 sobre prevención del delito de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo”.

Entre las transferencias sospechosas a “High Spirit” figura una procedente de la sociedad Jal Offshore, que también tenía una cuenta en Financial Pacific. Como en el caso de Caribbean Holding Services, esta compañía tampoco fue identificada como parte vinculada para recibir o transferir fondos.

A su vez, en el registro de entradas y salidas de Jal Offshore, que tenía cuenta en Banco Universal, también figuran movimientos que llamaron la atención de las autoridades, entre los que destaca un depósito de $1.5 millón procedente de Virzi el 13 de enero de 2010, varias transferencias sin identificar y un ingreso de $125 mil efectuado por Langton International Holdings.

Esta última sociedad, creada en las Islas Vírgenes Británicas, es la misma que recibió entre junio de 2012 y junio de 2014 $25.2 millones procedentes de Cobranzas del Istmo, empresa que manejó durante la pasada administración, en exclusiva, el cobro de cuentas morosas de impuestos y que es objeto de otra investigación judicial que de momento se ha saldado con la detención preventiva del ex director general de Ingresos Luis Cucalón y el arresto domiciliario de Cristóbal Salerno, principal cara visible de la compañía.

A través de Langton International Holdings, Salerno transfirió $1 millón a una sociedad vinculada a Cucalón. Además, el empresario admitió haber entregado dinero en efectivo y en cheques al expresidente Martinelli en distintas ocasiones, hecho negado por este.

COMPRAVENTA DE ACCIONES

Con los fondos recibidos en “High Spirit” se hicieron distintas operaciones en el mercado bursátil. En los movimientos de la cuenta figuran compras de divisas y de acciones de Petaquilla Minerals e Inmet Mining, dos empresas que tienen concesiones estatales de explotación minera en Panamá. Algunos movimientos generaron ganancias considerables, cercanas a los $800 mil, “ya que las acciones de Petaquilla llegaron a subir 74% y 104%”, según consta en la denuncia.

 

En otros casos las ganancias no eran tan sustanciosas, pero, según la tesis del regulador, no era trascendente si el movimiento generaba una ganancia o una pérdida, toda vez que se justificaba una entrada ilícita de dinero a través de la inversión en acciones “para luego ser retirada en fondos lícitos”.

Los supuestos beneficios de las operaciones bursátiles fueron remitidos a otras cuentas, en movimientos que también son sospechosos para la Superintendencia. En concreto, el 21 de diciembre de 2010 se realizó una transferencia por $2 millones a una cuenta en Global Bank Overseas, subsidiaria de Global Bank, en la que no se detalla el nombre del titular de la cuenta beneficiaria. Si el movimiento se realizó a un cuenta distinta de “High Spirit”, “es una transferencia ilícita”, advierte el regulador financiero.

Otra salida de fondos irregular se produjo el 20 de marzo de 2012; esta vez, a la empresa Parker Electronics, en cuya directiva figuran Navin Mohan Bhakta (también firmante en “High Spirit”) y Guadalupe Mejía. La compañía tampoco fue identificada al momento de la apertura de la cuenta como beneficiaria para recibir o transferir fondos.

Roberto Brenes, gerente de la Bolsa de Valores de Panamá y una de las primeras personas que alertó sobre el escándalo de Financial Pacific, dijo la semana pasada, luego de la declaración de Ignacio Fábrega que vinculó a Martinelli y Shamah, que todavía hay mucho que investigar sobre cómo se utilizó la casa de valores para el manejo de coimas y el lavado de capitales.

Mientras, Kevin Moncada, abogado de Mayte Pellegrini, declaró: “se observa diáfanamente que la casa de valores Financial Pacific, aparte de estar involucrada en el delito de insider trading, era una gran lavandería de dinero. Se blanqueaba capital de una forma inimaginablemente cínica e inescrupulosa”.

A medida que las autoridades desenmarañan el entramado creado alrededor de la casa de valores, toman más relevancia los intentos de entorpecer la investigación en el pasado. La Superintendencia se refiere en la denuncia a la suspensión de la reorganización de la casa de valores, luego de que la Corte Suprema de Justicia –en concreto el entonces magistrado Alejandro Moncada Luna, actualmente detenido en la cárcel de El Renacer– admitió un amparo de garantías interpuesto por los representantes de Financial Pacific que permitió a los directivos de la casa de valores recuperar el control. “A consecuencia de esta acción legal, la Superintendencia no tuvo la oportunidad de recabar la información necesaria para proseguir los procedimientos administrativos…”, recoge la denuncia.

También levantó sospechas la venta de la casa de valores en medio del escándalo y con sus operaciones suspendidas. En 2013, la Superintendencia autorizó el cambio de la titularidad de las acciones, que pasaría de Ori Zbeda Levy, Iván Clare y West Valdés a la sociedad Banvalores, S.A., cuyos propietarios son Joao Bosco Santana de Lima, Ricardo De Souza Leao Sampaio, Rogerio Marcio Pereira y Josué Absalón Chávez. Todos ellos, además de los firmantes y beneficiarios de la cuenta “High Spirit” y de las sociedades Caribbean Holding Services y Jal Offshore, son mencionados en la denuncia como “presuntamente vinculados a los hechos”.

Las irregularidades acompañaron a “High Spirit” hasta su cierre, el 30 de junio de 2014, mismo día que culminó la administración de Ricardo Martinelli. Se ordenó la transferencia de $733 mil 939 a una cuenta, pero sin indicar el beneficiario final.

 

Rolando Quesada Vallespi, el controversial juez

Sus decisiones lo han puesto en la línea de fuego. La excarcelación de Ignacio Fábrega, exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores, en marzo pasado dentro del caso de Financial Pacific y hasta hace dos días prófugo de la justicia, es apenas uno de los veredictos polémicos del juez primero de lo penal, Rolando Quesada Vallespi.

Por esa decisión, la cual fue revertida por el Segundo Tribunal, la Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría judicial al despacho de Quesada Vallespi.

Fue este mismo juez, quien el 3 de junio de 2013 ordenó el archivo definitivo de la investigación por el supuesto pago de sobornos para la construcción de cárceles modulares en Panamá, en la que se vinculó al italiano Valter Lavítola y a Francisco Frankie Martinelli, primo del expresidente Ricardo Martinelli.

En sus fallos, políticos, empresarios y funcionarios casi siempre salen bien librados. En 2009 sorprendió con una escandalosa decisión: alegando falta de pruebas, cerró un caso que se seguía al Grupo F. Internacional, del empresario Jean Figali, por delitos contra el ambiente, a raíz del relleno de tierras que realizó en Amador. “No existen evidencias que demuestren que el Grupo F. incumplió el estudio de impacto ambiental”, concluyó.

Quesada Vallespi, de 75 años de edad y con un cuarto de siglo de labores en el poder judicial, se graduó de licenciado en derecho y ciencias políticas en la Universidad de Panamá en 1964. Creció en El Chorrillo, y algunos de sus compañeros de universidad lo recuerdan como un alumno “serio e inteligente”.

Una vez fue boxeador. “Hice varias peleas. Gané unas cinco y perdí otras tres”, dijo en una entrevista que otorgó hace varios años a un medio local. Allí mismo contó que es fanático de la salsa y que entre sus libros favoritos figuran Travesuras de la niña mala, de Mario Vargas Llosa, y El Chacal, de Frederick Forsyth.

Enrique Chito Montenegro se atribuye el haberlo llevado al Judicial. “Él trabajó primero en el Ministerio de Trabajo en el Juzgado Ejecutor y después yo ayudé a que lo nombraran en el Órgano Judicial, y desde entonces hasta que ha sucedido esta situación –lo de Fábrega– al tipo lo llaman el ‘incorruptor’. Yo le digo Drácula por su físico”, dice.

De su vida en el cuadrilátero aprendió a sortear golpes. Uno de los más fuertes le llegó en 2006, cuando fue destituido por la Corte Suprema de Justicia como magistrado suplente del Segundo Tribunal por haber avalado un fallo del 15 de diciembre de 2004, que declaró la nulidad de las operaciones antidrogas “ Buenaventura” y “ Estero”.

En 2004 saltó a las primeras planas, a raíz de que el entonces fiscal anticorrupción, Daniel Batista, lo acusara de “forzar la ley” para declarar nulo el expediente sobre una investigación contra el exgerente de la Caja de Ahorros Carlos Raúl Piad, miembro del círculo cero de la expresidenta Mireya Moscoso. Quesada Vallespi argumentó que Piad estaba amparado por el fuero electoral, como secretario general del partido Arnulfista (hoy partido Panameñista).

Ahora, en el ocaso de su carrera, el polémico juez tiene en sus manos la tarea de desenredar una de las madejas que componen la red del caso Financial Pacific.

“Sé que está muy bien protegido por haber durado mucho tiempo en el Órgano Judicial, y la verdad es que no tengo muy buen concepto de esos jueces penales, yo los considero que son jueces venales, porque es imposible que no lo sean en medio de tanta corrupción”, asegura el jurista Miguel A. Bernal.