Cambian medida cautelar a Julio Miller; ahora está impedido de salir del país

La Fiscalía Tercera Anticorrupción cambió la medida cautelar de detención preventiva al abogado y comentarista de radio

Desde la noche del miércoles, 19 de agosto, tiene impedimento de salida del país y el deber de notificarse todos los lunes y viernes. Igualmente, debe mantener el mismo domicilio.

El cambio de medida cautelar fue adoptado "en atención a su condición de las últimas horas y para que acceda a sus médicos restantes", informó el Ministerio Público en una nota de prensa.

Previamente, la Dirección General del Sistema Penitenciario autorizó el traslado de Miller desde las celdas preventivas ubicadas en la sede de la Policía Nacional en Ancón al hospital Santo Tomás, para una evaluación médica.

Miller se quejaba de algunas dolencias, por lo que el galeno de turno de la Policía decidió solicitar su traslado al hospital. No se dieron más detalles al respecto.

El abogado se encuentra detenido preventivamente desde el 11 de agosto pasado debido a su supuesta vinculación con el cobro de un cheque por parte de la empresa Hidalgo & Hidalgo, que se adjudicó el fallido proyecto de riego de Tonosí, en la provincia de Los Santos.  

 

El MP investiga a los funcionarios sobornados por el SAP

La fiscal Segunda Anticorrupción, Vielka Broce, fue designada para averiguar quiénes son ‘A', ‘B' y ‘C', los tres funcionarios que, según declaró Vicente García —exejecutivo de la empresa alemana SAP al FBI—, fueron sobornados para garantizar la obtención de contratos a favor de una subsidiaria de la compañía distribuidora de productos informáticos.

Rolando Rodríguez, secretario general de la Procuraduría General de la Nación, informó que las investigaciones, de oficio, están apenas en una etapa inicial y se abrieron tras las publicaciones que replicaban lo declarado por García ante el FBI, en Estados Unidos.

‘Estamos realizando averiguaciones sobre el caso, a la vez que estamos procurando contactar algunas autoridades en el extranjero por medio de una asistencia judicial que se está preparando con la posibilidad de conocer elementos que ellos nos puedan proporcionar para así identificar quienes son los posibles vinculados al hecho punible señalado', indicó el secretario.

Mientras se alista la asistencia judicial, la fiscal Broce ya solicitó a la Caja de Seguro Social copia de las auditorías que se realizaron a los contratos por la adquisición de los programas de SAP.

EL TESTIMONIO

El 12 de agosto, el FBI publicó extractos de la confesión de Vicente García, exvicepresidente de Cuentas Estratégicas de SAP.

En su testimonio, García declaró que él fue parte de ‘un esquema para sobornar a oficiales panameños para asegurarse contratos de tecnología'.

Para concretar este plan, García confesó haber sobornado a tres funcionarios del gobierno panameño. El boletín de la agencia estadounidense solo identifica a los funcionarios panameños como ‘A', ‘B' y ‘C'.

Aunque se reservaron las identidades, el FBI publicó las descripciones que brindó García sobre estos tres funcionarios, en particular de ‘A'.

El Funcionario ‘A' era un miembro de alta jerarquía del gobierno de Ricardo Martinelli que tenía la misión de actualizar y modernizar los sistemas tecnológicos gubernamentales.

Por su cargo, el Funcionario ‘A' tenía la suficiente influencia para decidir qué tecnologías y equipos adquiría el Gobierno, indicó el exejecutivo de SAP, quien añadió que, del total del contrato, Funcionario ‘A' se quedaba con el 2%.

Sobre el Funcionario ‘B', Vicente García mencionó que la coima que recibía, ‘B' no la cobraba directamente, sino que utilizaba la empresa de su cuñado.

La compañía presentaba facturas por servicios de ‘asesoría y comunicación' equivalentes al 10% de los contratos. El 8% era para Funcionario ‘B' y el 2% era la tajada que le pertenecía a García y a sus socios.

El Funcionario ‘C' es de quien menos detalles se conocen. La nota del FBI solo indica que, al igual que' A' y ‘B', tenía alta jerarquía en el gobierno de Ricardo Martinelli. El porcentaje que le correspondía del contrato no se reveló.

El contacto entre García y los empleados públicos se logró gracias a la intervención de un Cabildero, quien, antes de que se instalara el gobierno de Ricardo Martinelli, se comunicó con García y le planteó las oportunidades de negocios que había de por medio. García dijo que el Cabildero era un personaje muy bien conectado con el gobierno CD, en particular con el Funcionario ‘A'.

LOS CONTRATOS

De la aplicación de este esquema, entre 2011 y 2013, reveló el exejecutivo de SAP, se obtuvieron cuatro contratos entre una empresa ‘subsidiaria' de SAP y el Estado panameño.

García indicó que el primero de esos cuatro contratos se firmó con la Caja de Seguro Social por $14.5 millones en enero del 2011.

Voceros de esa institución señalaron que esa descripción ‘coincide' con el contrato que se firmó por la compra del Sistema Administrativo Financiero de la Caja del Seguro Social, que se le compró a una compañía mexicana que vende productos de SAP en Panamá, Advanced Consulting Panamá, S.A.

Entre 2011 y 2013, esta compañía firmó dos contratos con la Caja de Seguro Social, uno con la Empresa de Generación Eléctrica y otro con el Tribunal Electoral. Estos tres negocios le representaron a la empresa $19.8 millones.

Además, en la Contraloría General de la República hay registros de que la Autoridad Marítima de Panamá pagó a Advanced Consulting Panamá $ 2.7 millones.

Los contratos entre Advanced, la Caja de Seguro Social y el Tribunal Electoral están aún vigentes, ya que el servicio no se ha entregado en su totalidad, pudo saber este diario.

Un colaborador de Advanced Consulting Panamá que fue consultado por La Estrella de Panamá indicó que la empresa ‘en los próximos días' estará publicando un comunicado sobre el escándalo de SAP y al que fueron vinculados tras las declaraciones de los funcionarios de la Caja de Seguro Social.

‘A través de este comunicado se darán las explicaciones pertinentes a los medios y a los clientes de Advanced Consulting en Panamá y el extranjero', dijo.

El colaborador, que solicitó la reserva de su identidad, admitió que la información publicada es cierta; sin embargo, indicó que la empresa aclararía ciertos datos que requieren precisarse..

‘Somos una compañía seria y de larga trayectoria', aseguró el colaborador, quien en estos momentos trabaja en uno de los proyectos que mantiene la compañía con el Estado panameño.

ATANDO CABOS

La Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) es la entidad oficial encargada de ‘planificar, coordinar, emitir directrices, supervisar, colaborar, apoyar y promover el uso óptimo de las tecnologías de la información y comunicaciones en el sector gubernamental para la modernización de la gestión pública, así como recomendar la adopción de políticas, planes y acciones estratégicas nacionales'.

Durante la pasada administración, el encargado de la AIG fue Eduardo Jaén, quien en estos momentos se encuentra detenido por supuestas irregularidades en contratos firmados por él.

García indicó que en febrero del 2010, el Funcionario A le solicitó que SAP le pagara un viaje de placer a México.

Para camuflar la vacación, SAP le envió una invitación formal — que incluía un itinerario de trabajo falso— al Funcionario A para que visitara la sucursal en México de la compañía fabricante de tecnología .

Una fuente de la Caja de Seguro Social indicó a este diario que Eduardo Jaén y Guillermo Sáez Llorens, exdirector de la Caja de Seguro Social, viajaron al extranjero en múltiples ocasiones para ‘visitar a proveedores de sistemas informáticos'.

Algunos de estos viajes se realizaron aún antes del ingreso de Sáez Llorens a la Caja, aseguró la fuente.

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‘Estamos contactando a las autoridades extranjeras para que nos proporcionen elementos que nos permitan identificar a los posibles vinculados',

ROLANDO RODRÍGUEZ

SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

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LOS NEGOCIOS FRAUDULENTOS

García habló de cuatro contratos ganados de forma fraudulenta

$19.8 millones se ha ganado Advanced Consulting, una subsidiaria de SAP, por sus negocios entre 2011 y 2013 con el Estado panameño.

Caso Benavides toca a abogados

El escándalo que envolvió al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Víctor Benavides empieza a tocar a otros abogados. La recién creada Fiscalía Sexta Anticorrupción, a cargo de Aurelio Vásquez, ordenó realizar una serie de pruebas en la investigación que se le sigue a los abogados Edwin Villar Benavides, Leonardo Solís y Abilio Batista.

La medida obedece a una denuncia penal contra los juristas que presentó Enrique ‘Chito' Montenegro, por el posible delito de blanqueo de capitales.

El pasado 11 de agosto, Montenegro acudió a la Fiscalía para ampliar su denuncia y ese día, dijo, se ordenó realizar las prácticas de pruebas con la finalidad de investigar la posible complicidad de los abogados con el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia en el delito de blanqueo de capitales.

La Asamblea Nacional inició una investigación penal contra Benavides por este delito; sin embargo, fue suspendida por su renuncia del cargo a magistrado de la Corte Suprema.

La investigación de la Asamblea se inició en medio de una denuncia pública que presentó un exescolta de Benavides, quien divulgó que como magistrado vendía fallos.

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‘Con mi denuncia, son tres las que se han presentado en el Ministerio Público',

ENRIQUE MONTENEGRO FRENTE ANTICORRUPCIÓN

 

Abogados piden cambio de medida cautelar para Miller

La detención del abogado y periodista Julio Miller sigue generando rechazo.

El Frente Anticorrupción, junto a familiares de Miller, protestó ayer en la sede de las fiscalías Anticorrupción, el edificio Avesa.

Enrique Montenegro, secretario del Frente Anticorrupción, aseveró que la detención de Miller tiene ribetes políticos.

Con pancartas en mano, familiares y conocidos de Miller exigieron el cambio de medida cautelar para el periodista y abogado, detenido preventivamente por estar supuestamente vinculado en el escándalo del proyecto de Riego de Tonosí.

En horas de la tarde, Miller fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) para una revisión médica.

Miller, detenido por ordenes de la fiscal Zuleika Moore, llegó esposado a la sede del IMELCF, momento que aprovechó para mostrar las esposas que, según dijo al salir, son muestra de dignidad.

La fiscal Anticorrupción ordenó la detención de Miller por el cobro de $20 mil a la empresa Hidalgo e Hidalgo, que se adjudicó el fallido proyecto de Riego de Tonosí en Azuero.

Según Daniel Ramírez, su defensa, Miller le ofreció servicios de publicidad e imagen a la empresa Hidalgo e Hidalgo; sin embargo la compañía aún le debe dinero.

Al preguntársele si es una percusión política, Miller respondió que se lo deja a la opinión pública.

Por este caso, también son investigados el exvicepresidente de la República Felipe Virzi, el excandidato a diputado de Cambio Democrático Porfilio Ellis y dos exministros de la pasada administración de gobierno.

 

Colegio de Abogados crea comisiones especiales

La nueva junta directiva del Colegio Nacional de Abogados (CNA) creó cinco comisiones adicionales a las 16 que existen en el gremio.

Estas nuevas comisiones son: De Tarifa de Honorarios Profesionales, que presidirá el expresidente Rubén Elías Rodríguez.

La comisión de Promoción y Defensa de los Servicios Internacionales de Panamá, que presidirá Carlos Ernesto González de La Lastra.

Así también está la comisión de Celebración de los 100 años de vigencia del Código Civil, que quedó presidida por Olmedo Arrocha con las vicepresidencias de Juan Lombardi y Laurentino Arjona. Les corresponderá la edición de los dos tomos de la obra ‘Contratos del Dr. Dulio Arroyo'.

Entre otras comisiones, en formación Seguimiento a la Ley de Agilización de los Procesos Civiles, a cargo del expresidente César Ruiloba.

También, la comisión de Derecho Administrativo, que comenzará a identificar puntos del Código Administrativo a modificar, en cuyos artículos todavía se regula el andar de las carretas por poblados y el amarre de caballos en plazas públicas.

Esta comisión aspira traer al más grande administrativista de América, Allan Brewer Carias, para que hable sobre el futuro del Derecho Administrativo frente al Estado Moderno.

Las nuevas comisiones fueron creadas en el marco del nombramiento de los presidentes de las comisiones de trabajo permanente del Colegio.

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COLEGIO DE ABOGADOS

Artículo 47 del Estatuto, 16 comisiones, algunas

Régimen Jurídico del Ejercicio de la Abogacía y Servicio de Orientación LegalAbogados 

“Subsidiaria” de SAP ha recibido más de $15 millones en pagos

Aunque se han ocultado detalles claves (como quiénes eran los funcionarios panameños a los que sobornó para garantizarse la adjudicación de contratos millonarios), Vicente García —el exejecutivo de la compañía alemana SAP— reveló en su declaración ante el FBI (Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, en castellano) varios elementos claves que dan luces sobre el caso.

En el resumen del testimonio que García le brindó al FBI y que publicó la Securities and Exchange Commission (SEC) —la agencia federal que supervisa los mercados bursátiles en Estados Unidos— se menciona que, en total, fueron cuatro los contratos que se obtuvieron a través del pago de coimas. El primero fue con la Caja de Seguro Social (CSS) por un monto de $14.5 millones y se adjudicó en enero 2011.

La empresa SAP, para la que trabajaba García, no fue parte directa del soborno. El entonces vicepresidente de Cuentas Estratégicas explicó al FBI que usaron una sociedad anónima panameña para participar en las licitaciones.

La empresa le compraba el software a SAP a un bajo precio y se lo revendía al Estado panameño mucho más caro.

García dijo que la compañía alemana le dio a la sociedad anónima panameña descuentos de hasta el 82% gracias a sus influencias. El entonces ejecutivo de SAP explicaba a sus colegas que era necesario otorgar esas rebajas para poder ser competitivos.

En realidad, necesitaban el descuento para poder elevar más los precios de oferta, sacar más ganancia y poder repartir más dinero entre todos los cómplices de la estafa.

Funcionarios de la CSS indican que esta descripción coincide con el contrato para la compra del programa Safiro (siglas de ‘Sistema Administrativo Financiero'), que le vendió la empresa Advanced Consulting Panamá, S.A. a la Caja. Los voceros de la CSS indican que Advanced era una ‘subsidiaria' local de SAP.

ADVANCED Y EL ESTADO

El contrato por la compra de Safiro es el primer rastro de Advanced Consulting Panamá en los registros de la Contraloría, según el Sistema de Seguimiento, Control y Fiscalización de Documentos de esta entidad.

Antes de ganarse esa licitación de la Caja de Seguro Social, la compañía no había sido proveedora del Estado.

Vicente García declaró que, aplicando el plan de sobornos, logró obtener cuatro contratos con el Estado panameño entre 2011 y 2013.

Los datos obtenidos por La Estrella de Panamá indican que, en ese mismo periodo, la Contraloría solo registra el refrendo de tres contratos a favor de Advanced Consulting Panamá: El de la compra de Safiro; un segundo con la CSS que se firmó el 10 de agosto del 2012 por $2,306,353.14; y un tercero del 16 de octubre del 2012 entre Advanced y la Empresa de Generación Eléctrica (EGESA) por $245,030.

Estos tres pactos comerciales suman un monto de $17,053,692.45.

En los servidores de la Contraloría también aparecen dos órdenes de compra de la CSS a favor de Advanced por $30 mil y $40 mil, respectivamente. La primera orden es de noviembre del 2011 y la segunda, de mayo de 2012.

Los documentos de la SEC narran que —para un entusiasmado Vicente García— la Caja sería el trampolín que lo llevaría a cerrar ventas por más de $100 millones con otras entidades gubernamentales.

Los planes de García no resultaron así y las ventas fueron mucho menores .

LOS PAGOS A ADVANCED

Lo recabado en el Sistema de Seguimiento, Control y Fiscalización de Documentos arroja que la Contraloría refrendó 14 cheques de la CSS a favor de Advanced Consulting Panamá.

El primero fue autorizado por la entonces contralora, Gioconda Torres, el 8 de agosto de 2011, por $2,581,104.99. El último pago fue refrendado el 29 de octubre de 2014.

En total, la Caja le abonó a la compañía $12,445,422.49 en tres años.

El último cheque gubernamental a favor de Advanced Consulting Panamá del que se tiene constancia es de 2015. Se trata del documento número 6551 de EGESA, refrendado el 15 de enero bajo la administración del contralor Federico Humbert. El pago fue por $8,496.46.

Entre diciembre 2012 y enero 2015, la Contraloría refrendó 23 cheques de EGESA para Advanced.

La suma de estos talonarios es de $232,353.78. Salvo dos abonos— uno de $43 mil y otro de $3 mil— todos los cheques se emitieron ‘en concepto de uso periódico de la suite empresarial'.

LOS OTROS PAGOS

En la web de Advanced se mencionan a EGESA y a la Caja de Seguro Social de Panamá como dos clientes satisfechos.

Los contratos refrendados por la Contraloría certifican que, bien o mal, ambas entidades ‘trabajaron' con Advanced Consulting.

Sin embargo, hay una tercera oficina gubernamental que, según los registros de la Contraloría, también comerció con este distribuidor de tecnología: la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El primer cheque de la AMP a favor de Advanced Consulting Panamá fue por $2.5 millones.

El documento financiero llegó a la Contraloría el 22 de febrero del 2013. No se registró la fecha de refrendo ni de devolución a la AMP.

El 5 de mayo del 2014 pasó a la Contraloría un segundo cheque de la AMP para Advanced, ahora por $270,349. Se autorizó el 19 de junio.

Entre 2011 y 2015, Advanced Consulting Panamá recibió 40 cheques del Gobierno: 14 de la CSS, 24 de EGESA y 2 de la AMP.

En cuatro años, la subsidiaria de SAP recibió $15,448,125.27 en pagos del Estado panameño.

*Con información de Adelita Coriat.

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COMPRAS

SAP y la administración Varela

El 6 de mayo del 2013 se crea Sap International Panamá, S.A.

La compañía cuenta con tres directivos: Peter David, Anthony Coletta (representante legal de la empresa) y Rodolfo Cardenutto. Las suscriptoras son Itzamara Madrid e Isolda Vanessa Morán Anria, de la firma Icaza, González-Ruiz & Alemán.

Cinco meses después, el 4 de octubre del 2013, SAP se convierte en proveedor del Estado, gracias a la adjudicación de una compra directa. Su cliente fue el Metro de Panamá a través de la Presidencia de la República.

La entidad solicitó la adquisición de licencias para que el Metro tuviera un ‘sistema de gestión de recursos empresariales (ERP) que automatice las necesidades de gestión de la organización en las áreas de finanzas, contabilidad, controlling , compras, recursos humanos y mantenimiento'.

El costo de las 64 licencias (de diversos tipos) y un soporte de 12 meses de mantenimiento fue de $175,010.22.

Dos años después, el 3 de marzo del 2015, se hizo una compra similar. El Metro pidió 50 licencias más de un sistema de ERP.

Nuevamente SAP Panamá International se adjudicó la compra directa del producto.

En esta ocasión, por ser 14 licencias menos las solicitadas, la factura fue por $122,289.75.

El documento que aprueba que el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, le comprara las 50 licencias a Sap International Panamá, fue firmado por la viceministra de Finanzas, Eyra Varela de Chinchilla.

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LA SUBSIDIARIA

Advanced Consulting Panamá, S.A.

En una entrevista —hasta ahora inédita— concedida a este diario a principios de julio, Guillermo Sáez Llorens, director de la Caja de Seguro Social al momento de la compra de Safiro, hablaba de SAP como el proveedor del sistema, directamente. Durante la conversación, el ingeniero nunca se refirió a Advanced Consulting Panamá.

Según la ficha de Advanced Consulting Panamá, S.A. en el Registro Público, la empresa se creó el 25 de junio de 2010. Sus directivos son el mexicano Mauricio Deveaux Beltrán —quien firmó el contrato con la CSS para la compra de Safiro—, Robin Willie Corrigan, Efraín de Jesús Chávez González. Como suscriptores aparecen Adreadna González y María Alejandra Eisenmann, de la firma Eisenmann Abogados y Consultores.

En la página web de la compañía, ‘advanced-consulting.biz', se indica que la de Panamá es una de las varias sucursales de la empresa mexicana, que fuera de México (su país de origen) también tiene presencia en Guatemala y Puerto Rico.

En tierras aztecas tienen cuatro ubicaciones: la casa matriz en el Distrito Federal, dos sucursales en la sureña ciudad de Yucatán en el estado de Sinaloa (unas oficinas y un laboratorio) y otra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la zona central de la República mexicana.

Se llamó en repetidas ocasiones a los números de las oficinas de Advanced Consulting en Panamá, mas no se obtuvo respuesta.

 

 

 

Cadena de Frío: Acusan a Pariente de extorsión

El empresario venezolano Luis Aular Peralta –dueño de la compañía Outsourcing de Venezuela, S.A., a cargo de la construcción de la Cadena de Frío, por $75 millones– acusó ayer a Javier Pariente –exvicepresidente de Importadora Ricamar, razón social de los Super 99, cuyo dueño es el expresidente Ricardo Martinelli– de haberlo “extorsionado” para que firmara en 2011 un contrato de “comisión” por unos $10 millones.

Aular Peralta suscribió el contrato con el abogado Amado Arjona Duque, el tercero en menos de dos años, firmado con empresas que recibieron, a su vez, contratos por $135 millones, a través de dependencias del Ministerio de la Presidencia, bajo la gestión de Jimmy Papadimitriu.

En suma, Arjona Duque firmó contratos privados por $22 millones: $12 millones por supuestas “asesorías” al proveedor de la comida deshidratada: Lerkshore International Limited, cuyo representante es Rubén De Ycaza, amigo personal de Pariente; y casi $10 millones por supuestos “honorarios” en la Cadena de Frío, que construyó Aular Peralta.

Este último dijo a La Prensa que, tras ganar la licitación, Pariente le advirtió de que si no firmaba el contrato de “comisión”, el gobierno de Martinelli ejecutaría la fianza del proyecto, que ascendía a unos $50 millones. “Eso sería un duro golpe económico para mí y tuve que firmar”. Pariente decía que representaba al “tiburón blanco”, refiriéndose a Martinelli, subrayó, al tiempo que mostró otro contrato que a la postre dijo haber anulado el pago de “comisiones”.

Pariente también es señalado como el “artífice” del negociado de la comida deshidratada, que comieron cientos de miles de niños.

La Prensa trató de ubicar a Pariente ayer a su celular y a través de sus abogados, pero no respondió.

FACTURACIÓN

Que un abogado poco conocido en Panamá facture en menos de dos años 22 millones de dólares por dar “asesoría” es una hazaña que pocos de sus colegas –incluyendo los de grandes firmas– pueden presumir. Sin embargo, parece posible, en especial, si el dinero proviene del Estado.

El abogado Amado Arjona Duque puede dar fe de ello. Su nombre aparece en dos contratos privados celebrados con la empresa que obtuvo los contratos de comida deshidratada: Lerkshore International Limited, a la que el Programa de Ayuda Nacional (PAN) le pagó la suma de 60 millones de dólares en 2010, bajo la gestión de Giacomo Tamburrelli.

Pero estos dos no fueron los únicos. Arjona Duque también fue pieza clave en el multimillonario contrato de la Cadena de Frío, que en 2011 firmó el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu.

Los contratos de “asesoría” con Lerkshore International Limited –representada por Rubén De Ycaza– que firmó Arjona Duque por la comida dehidratada, sumaron casi 12 millones de dólares.

Lerkshore vendió al PAN los alimentos deshidratados que fueron distribuidos entre niños de escuelas públicas de las zonas más pobres y que, tanto el Ministerio de Salud como el Hospital del Niño, coinciden en que nunca debieron haberse entregados ni consumidos por su alto contenido de sodio.

‘GRAN LABOR’

Arjona Duque, en sus contratos de comisionista, se obligaba a funciones que no requerían mayor esfuerzo: “inscribir la empresa como proponente ante el PAN; adquirir el pliego de cargos y asistir y representar a la compañía en el acto público” y “asesorar a la empresa en los aspectos técnicos, económicos, administrativos y financieros de la propuesta y revisar el informe de evaluación y verificación del acto público objeto del contrato”.

A cambio, el abogado cobró honorarios multimillonarios –a través de la firma Arjona, Figueroa, Arrocha y Díaz– dinero que fue a parar a cuentas bancarias de sociedades locales y off shore en Islas Vírgenes Británicas.

Las autoridades le siguen el rastro al dinero para identificar a los beneficiarios finales, para lo cual giraron oficios a bancos locales solicitando copia de las aperturas de cuentas de esas compañías, transferencias recibidas y enviadas, y copias de los depósitos.

Dos sociedades investigadas son Apollo International Services, Inc. y Starlington Holdings, Ltd. –registradas en Islas Vírgenes Británicas– a las que se les envió dinero de los contratos de comisión de Arjona Duque. Y tras una operación de triangulación, recalaba nuevamente en la banca local.

Pero en este caso hay, al menos, otras 20 sociedades que recibieron fondos de compañías de Arjona Duque, entre cuyos directores figuran nombres como Ariel Arjona, Yulissa Ortega, Idaliz Guiraud, Juana Carrasco, Ana Verónica Rojas y Cecibel Carrasco, todos vinculados a este abogado. 

LA SONRISA DE LA FORTUNA

Menos de un año después de firmar los contratos privados en la compra-venta de la comida deshidratada, el 7 de noviembre de 2011, Arjona Duque volvió a pactar honorarios profesionales con un nuevo proveedor estatal.

Esta vez debía “asesorar” a Outsourcing de Venezuela, S.A. que, en consorcio con la empresa panameña Mejores Acabados, S.A., firmó el 29 de noviembre de 2011 un contrato con el ministro Papadimitriu para construir la Cadena de Frío, a un costo de 75 millones de dólares, de los cuales, Arjona Duque recibió 9.5 millones de dólares.

Outsourcing de Venezuela, S.A., fue el único consorcio que participó en la licitación. Quizás por ello, el “agente comisionista” no tenía dudas de que su cliente se alzaría con la millonaria contratación.

La pregunta de los 10 millones de dólares es ¿por qué Outsourcing Venezuela, S.A., –representada por Luis Aular Peralta– necesitó de una empresa panameña para ganar la “licitación”? La pregunta es pertinente porque Outsourcing Venezuela es dueña del 99.5% del consorcio, mientras Mejores Acabados –su socia panameña, representada por Juan Gabriel Pérez Silva– tenía apenas el 0.5%.

‘EXTORSIÓN’

El empresario Aular Peralta habló con La Prensa y admitió que firmó el contrato de “honorarios profesionales” porque fue “extorsionado” por Javier Pariente, exvicepresidente ejecutivo de Importadora Ricamar, razón social de los Súper 99.

Contó que Pariente hablaba en nombre del entonces presidente Martinelli y que, a mediados de noviembre de 2011, le advirtió que tenía que firmar el contrato con Arjona Duque; de lo contrario, el gobierno de Martinelli ejecutaría la fianza de cumplimiento del proyecto Cadena de Frío, que ascendía a unos 50 millones de dólares.

Curiosamente, el contrato de 9.5 millones de dólares por “honorarios profesionales” de Arjona Duque se firmó tres meses después de que Papadimitriu adjudicó el proyecto de la Cadena de Frío al consorcio. Las preguntas vinculadas a estos y otros contratos no fueron respondidas ni por Pariente ni por su abogado.

Arjona Duque tiene más historias. Fue mencionado en el escándalo del colombiano David Muria Guzmán, a quien le creó múltiples sociedades anónimas.

Además, figura en sociedades con miembros del llamado “círculo cero” del expresidente Martinelli. ( ver nota relacionada).

NUEVO ESTATUS

La fortuna de Arjona Duque lo sorprendió despachando en oficinas alquiladas en el edificio Omega, urbanización Obarrio. Eso duraría muy poco, pues poco de recibir las comisiones cobradas en los contratos de la comida deshidratada, se marchó a una oficina propia, tiene bufete y hasta nuevos socios. Su firma es AP Partners, y se ubica en el edificio BMW, en Costa del Este, comprada al contado,  por 327 mil dólares.

Desde principios  del año 2000, el abogado  Amado Arjona Duque entabló una relación comercial con Gabriel Gaby Btesh y Felipe Alejandro Pipo Virzi, del llamado “círculo cero” del expresidente Ricardo Martinelli, así como con otros empresarios ligados a centros comerciales y residenciales de lujo.

Arjona Duque es suscriptor de  Pavilion Financial, que  en el gobierno de  Martinelli recibió  un contrato directo –de $426 mil  al año– por el  arrendamiento del local en el que  opera  la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

Curiosamente, esta transacción se hizo a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN). Pero no  por este contrato directo fue que el nombre de Arjona Duque vio la luz pública. Su nombre apareció en publicaciones de prensa en  el  escándalo del colombiano David Murcia Guzmán.

A través de la firma  Arjona Figueroa, Arrocha y Díaz –en la que fue socio hasta 2013–, Arjona Duque constituyó  varias   sociedades y aperturó cuentas bancarias vinculadas a  Murcia Guzmán, hoy condenado en Estados Unidos a nueve años de cárcel por lavado de activos.

Por ese caso, Arjona Duque rindió declaración ante el Ministerio Público, donde aseguró que Ernesto Chong Coronado –exasesor financiero de Murcia Guzmán– le solicitó la compra y posterior constitución de las sociedades. Un de ellas fue Smart International Business Inc.,  donante de la campaña de Martinelli en  2009, cuando ganó las elecciones.

Tras estallar este escándalo, Arjona Duque renunció a todas esas sociedades en las que figuraban como dignatarios sus empleados,  varios de ellos vinculados a compañías que fueron parte de la triangulación de los pagos que recibió por “asesoría”  en los  contratos de  comida deshidratada y Cadena de Frío, hoy bajo la lupa de las autoridades.

 

Angélica Maytín: ‘Me Desagrada’ La Relación Odebrecht-Gobierno

Tras el escándalo de corrupción que mantiene en el ojo de la tormenta a la constructora Norberto Odebrecht, investigada por supuestamente pagar sobornos en Brasil y otros países, y luego de las recientes declaraciones de fiscales brasileños según las cuales Panamá fue utilizada para blanqueo de capitales por parte de la empresa, nuevas voces piden al Ministerio Público (MP) retomar las investigaciones.

La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, dijo ayer que le “desagrada que una empresa cuyo presidente y altos ejecutivos están detenidos e investigados por la presunta comisión de actos de corrupción sea contraparte del Gobierno en estas obras tan importantes”.

Maytín se refirió a la licitación que ganó Odebrecht en este Gobierno para construir la línea 2 del Metro.

La funcionaria apeló a que se le asignen más recursos al MP, para hacer frente a la avalancha de denuncias de actos de corrupción cometidos por nacionales y ahora transnacionales.

“Ojalá nuestra legislación en materia de contrataciones públicas hubiese sido más robusta, pero justamente en la administración anterior se dedicaron a debilitar esta ley”.

Recordó que la Antai propuso como reforma a la ley de contrataciones públicas que se pueda “inhabilitar” a las empresas investigadas por corrupción. 

Roberto Brenes dijo que con estos escándalos lo que “está quedando cada vez más claro es que estamos lidiando con unos maleantes. Es muy fácil decir que el tipo no robó aquí, pero le robó al mundo entero. ¿Entonces, en qué quedamos?”. “Si yo fuera el sistema judicial panameño, ya hubiera mandado a alguien a estudiar todo lo que hay en Brasil”, dijo.

El MP no ha respondido una asistencia judicial que en marzo pasado pidió Brasil para investigar actividades presuntamente sospechosas de Odebrecht en el istmo.

Sobre el expediente 463-15 que adelanta la Fiscalía Sexta Anticorrupción, a cargo de Aurelio Vásquez, el presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Ramón Ricardo Arias, presentó ayer nuevas pruebas al fiscal en torno a la investigación que se abrió a raíz de una nota denuncia que él presentó en representación de la fundación, el 18 de marzo pasado, con relación a la publicación de un diario brasileño que reveló que la Fiscalía Antimafia de Italia inició pesquisas contra Odebrecht por supuestos actos de corrupción en la línea 1 del Metro, adjudicada en el gobierno pasado.

Arias presentó al fiscal la edición del diario La Prensa del 13 de agosto pasado, en la que “se publican serias y graves acusaciones en contra de la empresa Norberto Odebrecht y algunos de sus directivos, y que presumiblemente se cometieron en la República de Panamá”.

El diario reportó que, según la fiscalía brasileña, Odebrecht usó a Panamá para el blanqueo a través de la sociedad Constructora Internacional del Sur, constituida en Panamá, la cual fue destinataria de coimas por $47 millones, que fueron depositados en una cuenta del Credicorp Bank.

En un comunicado difundido por Facebook, Odebrecht Panamá reiteró ayer que “ no existe ninguna relación entre sus actividades en el país y las investigaciones que ocurren en Brasil sobre el tema de Petrobras”. “Los proyectos que mantiene en Panamá son desarrollados con total autonomía e independencia operacional”, acotó.

Tras el escándalo de corrupción que mantiene en el ojo de la tormenta a la constructora Norberto Odebrecht, investigada por supuestamente pagar sobornos en Brasil y otros países, y luego de las recientes declaraciones de fiscales brasileños según las cuales Panamá fue utilizada para blanqueo de capitales por parte de la empresa, nuevas voces piden al Ministerio Público (MP) retomar las investigaciones.

La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, dijo ayer que le “desagrada que una empresa cuyo presidente y altos ejecutivos están detenidos e investigados por la presunta comisión de actos de corrupción sea contraparte del Gobierno en estas obras tan importantes”.

Maytín se refirió a la licitación que ganó Odebrecht en este Gobierno para construir la línea 2 del Metro.

La funcionaria apeló a que se le asignen más recursos al MP, para hacer frente a la avalancha de denuncias de actos de corrupción cometidos por nacionales y ahora transnacionales.

“Ojalá nuestra legislación en materia de contrataciones públicas hubiese sido más robusta, pero justamente en la administración anterior se dedicaron a debilitar esta ley”.

Recordó que la Antai propuso como reforma a la ley de contrataciones públicas que se pueda “inhabilitar” a las empresas investigadas por corrupción. 

Roberto Brenes dijo que con estos escándalos lo que “está quedando cada vez más claro es que estamos lidiando con unos maleantes. Es muy fácil decir que el tipo no robó aquí, pero le robó al mundo entero. ¿Entonces, en qué quedamos?”. “Si yo fuera el sistema judicial panameño, ya hubiera mandado a alguien a estudiar todo lo que hay en Brasil”, dijo.

El MP no ha respondido una asistencia judicial que en marzo pasado pidió Brasil para investigar actividades presuntamente sospechosas de Odebrecht en el istmo.

Sobre el expediente 463-15 que adelanta la Fiscalía Sexta Anticorrupción, a cargo de Aurelio Vásquez, el presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Ramón Ricardo Arias, presentó ayer nuevas pruebas al fiscal en torno a la investigación que se abrió a raíz de una nota denuncia que él presentó en representación de la fundación, el 18 de marzo pasado, con relación a la publicación de un diario brasileño que reveló que la Fiscalía Antimafia de Italia inició pesquisas contra Odebrecht por supuestos actos de corrupción en la línea 1 del Metro, adjudicada en el gobierno pasado.

Arias presentó al fiscal la edición del diario La Prensa del 13 de agosto pasado, en la que “se publican serias y graves acusaciones en contra de la empresa Norberto Odebrecht y algunos de sus directivos, y que presumiblemente se cometieron en la República de Panamá”.

El diario reportó que, según la fiscalía brasileña, Odebrecht usó a Panamá para el blanqueo a través de la sociedad Constructora Internacional del Sur, constituida en Panamá, la cual fue destinataria de coimas por $47 millones, que fueron depositados en una cuenta del Credicorp Bank.

En un comunicado difundido por Facebook, Odebrecht Panamá reiteró ayer que “ no existe ninguna relación entre sus actividades en el país y las investigaciones que ocurren en Brasil sobre el tema de Petrobras”. “Los proyectos que mantiene en Panamá son desarrollados con total autonomía e independencia operacional”, acotó.

 

Exdirectivos De CSS Se “Lavan Las Manos” Y Apuntan A La AIG

Ninguno de los tres máximos directivos de la Caja de Seguro Social en la administración de Ricardo Martinelli recibió soborno alguno para implementar el sistema tecnológico Safiro, comprado a la alemana SAP por $14.5 millones. La empresa, sostiene además, que si se pagaron esas coimas, como lo ha confesado uno de sus representantes, Vicente García, asignado al mercado panameño, fue sin su conocimiento.

Ni Guillermo Saéz-Llorens, ex director de CSS; ni Marlon de Souza, exsubdirector; ni Alberto Maggiore, exdirector de Administración y Finanzas, intervinieron en el proceso de compra del sistema.

Aunque la fecha de la adquisición coincidió con su gestión, según aseguraron a este diario, ninguno participó directamente en la licitación, que se hizo ‘de forma transparente'.

HABLAN LOS EXDIRECTIVOS

Guillermo Saéz-Llorens declaró sentirse ‘confundido, como muchos panameños', y aunque coincidió con la actual administración al decir que el contrato descrito por Vicente García ‘coincide' con el que él firmó en 2011 para adquirir el sistema de la empresa SAP, rechazó cualquier irregularidad de su parte.

Saéz Llorens negó cualquier vinculación con Vicente García, el extorsionador confeso, al que dijo desconocer. ‘Fue un acto público bien estructurado, con participación de varias empresas', reiteró el exdirector de la CSS sobre la denuncia.

Marlon De Sousa, entonces subdirector de la CSS, indicó a La Estrella de Panamá que es urgente que las autoridades panameñas soliciten al FBI, que realiza las pesquisas en Estados Unidos, los nombres de los funcionarios sobornados por García a fin de iniciar una investigación en Panamá y determinar la culpabilidad de los involucrados en los hechos.

A De Sousa le preocupa la especulación que pueda surgir en los medios de comunicación y que señalen a las personas equivocadas mientras las autoridades americanas mantengan en reserva el nombre de los culpables.

‘Se cuestiona la honorabilidad de quienes formamos parte de la administración pasada', dijo.

Reconoció que durante su gestión se adquirió un software de SAP, pero la compra, explicó, se manejó a través de la oficina de Innovación y Tecnología, dentro de la CSS. El director ejecutivo nacional respectivo era el que sustentaba las compras. ‘Todo lo que tenía que ver con tecnología debía ser evaluado, además, por Innovación Tecnológica del Estado, quienes debían avalar cualquier tema de tecnología', apuntó De Sousa.

Alberto Maggiore, exdirector de administración y finanzas de la CSS, manifestó, por su parte, que no tuvo ‘nada que ver con estas compras'. Y contó que se contactaron a tres subsidiarias de SAP y dos de la empresa Oracle para conocer sus ofertas iniciales.

Según Maggiore, la licitación se efectuó a principios del 2011, y posteriormente, en junio, se implementó el sistema. Sin embargo, reitera, que él no intervino en los procesos anteriores. Su labor fue más bien implementar el programa en la CSS, indicó.

LA VERSIÓN DE SAP

A través de un comunicado, SAP se desvinculó del pago de sobornos a funcionarios panameños y resaltó que, según la ‘Orden Administrativa de Cese y Desiste de la SEC [Departamento de Justicia y la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos]', Vicente García admitió al FBI que el esquema de sobornos que detalló fue elucubrado a espaldas de la SAP.

‘El Sr. García eludió los controles internos de SAP, falsificó los libros y registros de la empresa, e hizo declaraciones falsas a SAP con el fin de reducir el precio del software SAP para financiar el esquema de sobornos y comisiones', destaca el comunicado de la compañía.

El Ministerio Público no ha indicado si actuará de oficio.

 

Panamá Dilata Pesquisas En Proceso A Odebrecht

Así lo informaron fuentes cercanas a la investigación en el país sureño. Esto, pese a que Panamá figura como pieza clave en la trama orquestada por el gigante de la construcción para supuestamente ocultar y lavar millones de dólares.

Miembros de distintos sectores de la sociedad en Panamá piden al Ministerio Público investigar a profundidad el tema.

La procuradora Kenia Porcell señaló que recopilan la información requerida por Brasil.

Detalló que su despacho cumplirá con la solicitud y que, en las próximas semanas, se enviará la documentación.

SOBORNO

Arrestos, complejas investigaciones, auditorías, millonarias cuentas confiscadas. Todo eso ha ocurrido en Brasil, y otros países salpicados por el escándalo de corrupción que arrastra a la constructora Odebrecht, investigada por soborno.

En Panamá, país clave de la trama de corrupción que envuelve al gigante de la construcción, el tema es casi ignorado tanto por las autoridades judiciales como por el Ejecutivo.

Prueba de ello es que el expediente 463-15 que adelanta la Fiscalía Sexta Anticorrupción, a cargo de Aurelio Vásquez, a raíz de una nota denuncia presentada el 17 de marzo pasado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que puso en conocimiento una publicación de un diario brasileño que reveló que la Fiscalía Antimafia de Italia inició pesquisas contra Odebrecht por supuestos actos de corrupción en la línea 1 del Metro de Panamá, ha tenido pocos avances.

Información a la que tuvo acceso este medio, da cuenta que el caso se asignó a la Fiscalía Anticorrupción de turno, el 25 de mayo pasado, más de dos meses después de que se solicitara la investigación.

El 11 de junio pasado, la Fiscalía Primera Anticorrupción asignó el expediente a la Fiscalía Novena, la cual el 23 de junio declinó la competencia del caso argumentando que el monto de una posible lesión patrimonial, en este proceso, supera el millón de dólares. Es así como el 6 de julio de este año, el proceso termina en manos de las Fiscalía Sexta Anticorrupción.

Consultada sobre el tema, la procuradora Kenia Porcell manifestó que ese expediente en este momento se encuentra “cumpliendo diligencias en una de las fiscalías Anticorrupción”.

Suerte parecida ha tenido la asistencia judicial solicitada por las autoridades brasileñas para que el Ministerio Público (MP) panameño le diera pistas sobre actividades de la empresa en Panamá. Desde Brasil se ha informado que hasta el momento no se ha tenido colaboración del istmo en ese tema.

Porcell dijo ayer que falta por recopilar parte de la información requerida por las autoridades de ese país. Detalló que su despacho cumplirá con la solicitud y que en las próximas semanas se estará enviando la documentación solicitada.

La petición del país sureño se hizo en marzo pasado, un mes después [12 de febrero de 2015] de que se diera a conocer públicamente que Odebrecht, que ya era investigada por pagar millonarios sobornos para quedarse con jugosos contratos, era parte de uno de los tres consorcios interesados en construir la línea 2 del Metro, obra que tiene un costo de mil 857 millones de dólares.

Es decir, las autoridades locales conocían desde marzo pasado que la trama de corrupción por la que se investigaba a Odebrecht, se extendía hasta Panamá. Por esos días, el país se preparaba para acoger a la Cumbre de las Américas [del 8 al 11 de abril], y sus foros paralelos. En el foro empresarial, quizá el más importante de la cita hemisférica, participó como orador Marcelo Odebrecht.

Pero en medio del escándalo, y con los focos de las autoridades brasileñas puestas en el istmo, el 14 de mayo de este año una comisión evaluadora otorgó el contrato para construir la línea 2 del Metro al consorcio Odebrecht-FCC Construcciones, uno de los proyectos insignia de la administración de Juan Carlos Varela.

En el sofisticado esquema de supuesto lavado de activos que tejió la compañía brasileña, que en el país ha logrado negocios por $9 mil millones, una sociedad constituida en Panamá fue destinataria de más de $47 millones, en una cuenta de Credicorp Bank. Se trata de Constructora Internacional del Sur, empresa que cambió de agente residente a finales de julio de 2009, semanas después de que tomara posesión el presidente Ricardo Martinelli.

La compañía fue disuelta en agosto de 2014, en medio de las primeras operaciones de Lava Jato, pesquisas que tienen tras las rejas a Marcelo Odebrecht, presidente de la todopoderosa compañía.

ABRIR INVESTIGACIÓN

Que Panamá aparezca como la plataforma usada por Odebrecht para ocultar y lavar dinero durante los últimos 10 años, causó múltiples reacciones ayer por parte de distintos actores de la sociedad.

La mayoría cuestionó el actuar del MP y demandan más agilidad de las autoridades. Incluso, piden que se envíen fiscales a Brasil y se coopere con las autoridades de ese país para esclarecer lo ocurrido con Odebrecht en Panamá.

Para Ramón Ricardo Arias, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el tema no ha sido tomado con “seriedad”. “Se están escuchando y leyendo noticias de que varios países están cooperando con los fiscales brasileños, y yo veo mucha pasividad de los fiscales panameños. No creo que sea lo correcto, sobre todo cuando parte de esos delitos se está alegando que se cometieron en Panamá”, agregó.

“Pedimos que se abran investigaciones, que se viaje a Brasil para saber la información que se maneja allá y que se coopere con la fiscalía brasileña”, añadió.

Quien también aboga por una investigación es Annette Planells, del Movimiento Independiente. A su juicio, debe ser “lo más pronto posible”. Expresó que “el país está pidiendo que nos saquen de listas grises a nivel internacional, por lo que debemos ser enérgicos en el combate local al lavado de dinero”.

Opinión parecida emitió el exembajador de Panamá en Estados Unidos Eloy Alfaro. Manifiesta que el escándalo de corrupción que vincula al presidente de Odebrecht en Brasil y las investigaciones que al respecto adelantan las autoridades de dicho país, “justifican que las autoridades panameñas lleven a cabo investigaciones en Panamá para descartar cualquier existencia en actos de corrupción relacionados con los contratos celebrados o por celebrarse entre la empresa y la República de Panamá”.

Agregó que “la falta de una investigación exhaustiva en Panamá tendría como consecuencia que continúen haciéndose especulaciones al respecto”.

FRENO DE PROYECTO

En ese sentido, y llevando el tema más allá, el arquitecto Ricardo J. Bermúdez advierte de que es “incomprensible” que a pesar de las acusaciones formales y arrestos por corrupción a los más altos niveles de la directivas de la constructora mencionada, el Gobierno insista en pactar con la citada compañía para llevar a cabo la línea 2 del Metro y el plan de Renovación Urbana de la provincia de Colón.

Explicó que existe un “desgano de las autoridades locales por indagar a fondo sobre todo lo actuado por ellos en nuestro país”, por ello, apeló para que el contralor Federico Humbert juegue un papel “histórico y frene este desatino para el bien de todos”.

Mientras que el excontralor José Chen Barría manifiesta que de ser ciertas las declaraciones de los fiscales brasileños sería “inmoral, inoportuno, injustificable y políticamente arriesgado que el Gobierno Nacional firme los dos contratos con Odebrecht [línea 2 del Metro y Renovación Urbana de Colón]. Agregó que sería un mensaje incorrecto para el país en su lucha contra la corrupción y lavado de dinero”, explica.

No obstante, representantes de la banca panameña desaprueban las declaraciones de los fiscales brasileños. Belisario Castillo, vicepresidente de la Asociación Bancaria de Panamá, manifestó que “a la imagen del sistema bancario panameño siempre la quieren ensuciar, dando a entender que a través de Panamá se pasa el dinero ya sea de Odebrecht o de cualquier otra compañía…”.

En tanto, el secretario de Comunicación del Estado, Manuel Domínguez, indicó que el Gobierno tiene como práctica no comentar procesos judiciales ni locales ni internacionales. En todo caso, agregó, es un tema de las autoridades de justicia.

Mientras que el secretario del Metro de Panamá, Roberto Roy, manifestó que la entidad no tiene conocimiento directo de este tema. “Más bien correspondería su tratamiento a una colaboración entre las autoridades brasileñas y panameñas”, señaló.