Listado de la categoría: Noticia

Sus decisiones lo han puesto en la línea de fuego. La excarcelación de Ignacio Fábrega, exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores, en marzo pasado dentro del caso de Financial Pacific y hasta hace dos días prófugo de la justicia, es apenas uno de los veredictos polémicos del juez primero de lo penal, Rolando Quesada Vallespi.

Por esa decisión, la cual fue revertida por el Segundo Tribunal, la Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría judicial al despacho de Quesada Vallespi.

Fue este mismo juez, quien el 3 de junio de 2013 ordenó el archivo definitivo de la investigación por el supuesto pago de sobornos para la construcción de cárceles modulares en Panamá, en la que se vinculó al italiano Valter Lavítola y a Francisco Frankie Martinelli, primo del expresidente Ricardo Martinelli.

En sus fallos, políticos, empresarios y funcionarios casi siempre salen bien librados. En 2009 sorprendió con una escandalosa decisión: alegando falta de pruebas, cerró un caso que se seguía al Grupo F. Internacional, del empresario Jean Figali, por delitos contra el ambiente, a raíz del relleno de tierras que realizó en Amador. “No existen evidencias que demuestren que el Grupo F. incumplió el estudio de impacto ambiental”, concluyó.

Quesada Vallespi, de 75 años de edad y con un cuarto de siglo de labores en el poder judicial, se graduó de licenciado en derecho y ciencias políticas en la Universidad de Panamá en 1964. Creció en El Chorrillo, y algunos de sus compañeros de universidad lo recuerdan como un alumno “serio e inteligente”.

Una vez fue boxeador. “Hice varias peleas. Gané unas cinco y perdí otras tres”, dijo en una entrevista que otorgó hace varios años a un medio local. Allí mismo contó que es fanático de la salsa y que entre sus libros favoritos figuran Travesuras de la niña mala, de Mario Vargas Llosa, y El Chacal, de Frederick Forsyth.

Enrique Chito Montenegro se atribuye el haberlo llevado al Judicial. “Él trabajó primero en el Ministerio de Trabajo en el Juzgado Ejecutor y después yo ayudé a que lo nombraran en el Órgano Judicial, y desde entonces hasta que ha sucedido esta situación –lo de Fábrega– al tipo lo llaman el ‘incorruptor’. Yo le digo Drácula por su físico”, dice.

De su vida en el cuadrilátero aprendió a sortear golpes. Uno de los más fuertes le llegó en 2006, cuando fue destituido por la Corte Suprema de Justicia como magistrado suplente del Segundo Tribunal por haber avalado un fallo del 15 de diciembre de 2004, que declaró la nulidad de las operaciones antidrogas “ Buenaventura” y “ Estero”.

En 2004 saltó a las primeras planas, a raíz de que el entonces fiscal anticorrupción, Daniel Batista, lo acusara de “forzar la ley” para declarar nulo el expediente sobre una investigación contra el exgerente de la Caja de Ahorros Carlos Raúl Piad, miembro del círculo cero de la expresidenta Mireya Moscoso. Quesada Vallespi argumentó que Piad estaba amparado por el fuero electoral, como secretario general del partido Arnulfista (hoy partido Panameñista).

Ahora, en el ocaso de su carrera, el polémico juez tiene en sus manos la tarea de desenredar una de las madejas que componen la red del caso Financial Pacific.

“Sé que está muy bien protegido por haber durado mucho tiempo en el Órgano Judicial, y la verdad es que no tengo muy buen concepto de esos jueces penales, yo los considero que son jueces venales, porque es imposible que no lo sean en medio de tanta corrupción”, asegura el jurista Miguel A. Bernal.

Hay alguien muy ansioso por saber qué tiene que decir Ignacio Fábrega sobre la ausencia de Vernon Ramos. Es Víctor, el hermano mayor de Vernon, quien en noviembre próximo cumple ya tres años en paradero desconocido.

Vernon laboraba como oficial en el despacho de Fábrega, jefe de la Dirección de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), cuya tarea es vigilar las transacciones o movimientos bursátiles de las casas de valores.

Desde aquel 16 de noviembre de 2012, en ‘el momento en que yo hablé a los medios denunciando la desaparición de mi hermano, siempre puntualicé que el señor Fábrega me había mandado a buscarlo a la morgue, y eso encendió en mí una alarma que nadie, ni siquiera la justicia, se dignó a aclarar', asevera en tono molesto Vic, como también se le conoce entre los caricaturistas.

‘Incluso yo hice una denuncia pública a la Policía desde un principio', recuerda, sin que aquella investigación arrojara resultados.

Después de cinco meses de permanecer en la clandestinidad, huyendo de la justicia, implicado en una investigación de la propia SMV, por corrupción de servidores públicos, Fábrega se declaró culpable de filtrar información confidencial a Financial Pacific, empresa que también investigaba Vernon Ramos.

Se presentó voluntariamente al Juzgado Primero de lo Penal para someterse a un proceso abreviado.

Frente al juez Rolando Quesada Vallespi mencionó -según el abogado querellante Jair Urriola que asistió el proceso—, que recibía instrucciones del exmandatario Ricardo Martinelli y del exministro de Turismo Salomón Shama para favorecer a la casa e valores, donde, al parecer, el expresidente tenía una cuenta de inversión.

Una fuente ligada a la investigación contó a este diario que ‘desde hace varios meses Fábrega pensaba en la posibilidad de entregarse a las autoridades. Sin embargo, se mostraba inseguro por los años que podría pasar en la cárcel, considerando que ya raspa los 70'.

Ahora que Fábrega está nuevamente a disposición de las autoridades, Vic reitera su petición a las autoridades: ‘Quiero solicitar a la Fiscalía que contrasten la versión del testigo protegido, quien los primeros días del mes de marzo pasado declaró ante el fiscal Nahaniel Murgas que Fábrega fue el autor intelectual de la supuesta muerte de mi hermano', suplica Vic.

La versión del testigo nunca se comprobó. Entre las diligencias que efectuó la Fiscalía, se acudió al terreno que identificó el testigo como el lugar donde habían enterrado el cadáver de Vernon. Los peritos cavaron hasta lograr un hueco profundo y ancho, pero no encontraron nada parecido a un cadáver.

¿POR QUÉ DESAPARECIÓ VERNON?

La Fiscalía aún no tiene una línea de investigación definida, pero tampoco ha dado señales de que citará a Fábrega para que dé respuesta a las principales interrogantes en el caso abierto por la desaparición de Vernon Ramos.

En noviembre de 2014, este diario publicó unas declaraciones de Vic que motivaron que la Fiscalía reactivara la búsqueda de Vernon, sin que se hayan conocido nuevos resultados.

En aquel momento, Vic describió situaciones hostiles relacionadas con Fábrega: ‘Cuando le pedimos su cooperación para continuar con las investigaciones, nos sugirió que Vernon se había ido con otra mujer. Fue un chiste de muy mal gusto', señaló entonces Vic.

Al día siguiente de que Vernon no regresó a casa, un sábado, la familia amaneció en la Dirección de Investigación Judicial para poner la denuncia. Entonces sonó el celular del desaparecido. En la pantalla del teléfono se leía: Fábrega. Al levantar el teléfono el exjefe de Vernon le recomendó al hermano que lo buscara en la morgue, y le preguntó además si éste llevaba la cédula cuando salió de casa, con ropa de deportiva.

EN ESPERA DE SENTENCIA

Según las pesquisas de la Fiscalía Tercera Anticorrupción, Ignacio Fábrega transmitía información confidencial y reservada a través de su correo electrónico sobre las decisiones que emanaban de las reuniones de la junta directiva de la SMV, y alertaba a la casa de valores Financial Pacific sobre las quejas que hacían los clientes sobre ellos.

El exsuperintendente del Mercado de Valores Juan Manuel Martans recordó que comenzó a sospechar sobre el comportamiento de Ignacio Fábrega porque él quería acaparar los temas de la casa de valores y retrasaba las decisiones de su despacho cuando se trataba de Financial Pacific.

Fábrega se fue de vacaciones entre mayo y junio de 2014.

En su ausencia, se inspeccionaron los temas ‘referentes a Financial Pacific y se detectaron conductas indebidas por parte de Fábrega', rememoró Martans.

Cuando volvió de vacaciones, a finales de junio de 2014, renunció. Dos días después se le vio en la casa de valores, cuando la SMV intervino la empresa.

El exjefe de la SMV explicó que la casa de valores, en junio de 2014, ‘requería de una acción más severa, como la intervención, debido al desgreño administrativo', sobre todo en lo referente al trato de clientes.

Fuentes del mercado indicaron que la casa de valores no les daba la cara a los clientes y se demoraba en darles su dinero cuando lo solicitaban.

‘Nosotros estábamos enfocados en la administración de los nuevos accionistas, aún no habíamos detectado los correos que enviaba Fábrega', dijo Martans.

En ese momento, agregó el exsuperintendente, ‘es que se detectaron indicios de que él no necesariamente respondía al cargo de supervisor en el caso de Financial Pacific, indicó Martans.

Ante los reclamos de su superior, Fábrega decía que se pondría a trabajar en las tareas, pero, según la investigación de la Fiscalía, enviaba al regulado los puntos que tenían que corregir.

Los correos, según una fuente ligada a la investigación, ‘también se copiaban a gente que no tenía que ver con la casa de valores formalmente, aunque toda la información era de Financial Pacific'.

Ahora que las autoridades tienen bajo su orden a una de las piezas claves que pueden ayudar a comprender el rompecabezas de la casa de valores, Ignacio Fábrega podría confirmar si en Financial Pacific se hacían operaciones indebidas y cómo.

También está en su mano descifrar por qué, según la versión del propio Fábrega, recibía instrucciones de Ricardo Martinelli y de Salomón Shamah, y a cambio de qué. O por qué debía proteger a la casa de valores de una intervención de la SMV.

En octubre de 2012, la SMV intentó intervenir la casa de valores, pero un amparo contra el exsuperintendente frenó la acción. Dos meses después, se registró un cambio accionario.

A principios de julio de 2014, la SMV intervino y liquidó la empresa.

El exjefe de la Dirección General de Ingresos (DGI) Luis Cucalón enfrenta una nueva querella penal interpuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por la presunta comisión de los delitos de peculado y corrupción relacionados con anomalías en la operación de Cobranzas del Istmo (Cisa).

La Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, llevará a cabo este tercer expediente que reposa en el Ministerio Público relacionado a Cisa y en el que se vincula a Cucalón en supuestos ilícitos.

El 19 de enero de 2015 el MEF interpuso una denuncia contra Cucalón por la supuesta comisión del delito de falsificación de documentos. Este expediente también lo investiga la Fiscalía Cuarta.

Además, la Fiscalía Primera Anticorrupción investiga el cobro ilegal de $47.1 millones en comisiones por parte de Cisa.

Por este caso, Cucalón está detenido. Además se mantiene con medida cautelar de casa por cárcel a Cristóbal Salerno, accionista principal de Cisa. Su hija, María Alessandra Salerno, accionista de Cisa, tiene impedimento de salida del país al igual que Magaly Ramos, gerente de Cisa.

Sobre la nueva querella penal, Carlos Carrillo, abogado de Cucalón, dijo que ahora se quiere acusar a su cliente de peculado cuando lo que se debe discutir es que el actual titular del MEF, Dulcidio De la Guardia, y el jefe de la DGI, Publio Cortés, estén diciendo que existe delito porque un tercero se apropió de fondos públicos y se avalen esos pagos.

Carrillo vincula al ministro y al jefe de la DGI en el proceso por el pago de $7 millones por comisiones a Cisa y que fueron efectuados entre diciembre y enero pasado. Los pagos correspondían a comisiones que le adeudaban a Cisa de abril, mayo, junio y agosto de 2014, según declaró a la fiscalía Cristóbal Salerno.

Carrillo se opone a que el ministro De la Guardia rinda declaración jurada “por posiblemente estar vinculado a esto junto con el director de la DGI” y pide que en su lugar se remitan copias del expediente a la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, para que tome indagatoria al titular del MEF y al jefe de la DGI.

No obstante, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción determinó que tomará la declaración jurada al ministro De la Guardia mediante un cuestionario.

De la Guardia ha dicho que los pagos se dieron (el último se hizo el 20 de enero de 2015) porque “cuando se efectuaron, los documentos estaban refrendados y pendientes de pago”

El Estado panameño suscribió en 2010 acuerdos con Italia que permitieron la compra de unos 250 millones de dólares en helicópteros (AgustaWesland), radares (Selex) y cartografía (Telespazio Argentina)

El Gobierno de Panamá puso sobre la mesa una apuesta alta contra Finmeccanica al demandar la nulidad, por ilegal, de un contrato que celebró en 2010 con una de sus subsidiarias: Selex. Desecha la idea de un arbitraje y recurre a una figura poco conocida: la desviación de poder.

Su tipificación está contenida en el artículo 162 de la Ley 38 del 31 de julio de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo General: “… Para los fines de esta Ley, se entiende por desviación de poder la emisión o celebración de un acto administrativo con apariencia de estar ceñido a derecho, pero que se ha adoptado por motivos o para fines distintos a los señalados en la ley”.

Si bien la apuesta es alta –pues el Estado se enfrentará en Panamá a una de las empresas más poderosas de Italia– los hechos en lo que fundamenta su petición de nulidad del contrato con Selex, la que le vendió a Panamá 19 radares que no sirven a los propósitos de su compra, parecen bastante sólidos.

IRREGULARIDADES

La demanda fue presentada hace poco por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, acompañado por la firma que representará al Estado: Tapia, Linares & Alfaro.

Este contrato es por 90.5 millones de euros (unos 120 millones de dólares), suma que no incluye el pago de ningún impuesto (ITBMS ni aranceles ni siquiera el gasto de importación), pues se obligó al Estado a asumirlos.

Claro que nadie se enteró de ello, porque su firmante, el entonces ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, inexplicablemente lo volvió secreto, pues su texto nunca llegó a publicarse en la Gaceta Oficial.

La demanda del Estado panameño contiene una aclaración. Si bien el contrato impugnado contiene una cláusula arbitral, ello “no afecta en lo absoluto la competencia privativa de la Sala Tercera para conocer y decidir sobre la nulidad de este contrato”.

“La cláusula arbitral aludida –aclara– solo se refiere a conflictos entre las partes sobre ‘[…] interpretación unilateral, terminación unilateral, modificación del contrato, ejecución del contrato, equilibrio económico del contrato, imprevisión sobreviniente…’, No contempla la nulidad del contrato dentro de su competencia”.

Y agrega: “Las violaciones que le imputamos a este contrato administrativo son graves y de orden público y tienen que ver con conductas reprochables y posiblemente delictivas de funcionarios públicos que originan la nulidad del contrato impugnado y de sus adendas”.

El Estado se muestra sorprendido de que el Consejo de Gabinete, durante la administración de Ricardo Martinelli, aprobó los contratos con las filiales de Finmeccanica “de manera inusualmente expedita”: en tan solo 34 días se firmaron el memorándum de entendimiento con Italia y el contrato con el conglomerado.

Además, pese a lo elevado de la contratación –unos 242 millones de dólares– la contratación se dio “sin que el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio d de Obras Públicas [MOP] presentaran ante el Consejo de Gabinete descripción de la adquisición, servicio u obra a contratar, justificación de la solicitud y de la contratación con el proveedor debidamente desarrollada y fundamentada”.

Otro de los hechos que resalta la demanda es que ni el Servicio Nacional Aeronaval ni el MOP (por el mapa digital) –a quienes estaban destinados los equipos o servicios derivados de estos contratos– “nunca emitieron un concepto u opinión sobre la viabilidad o ventaja de contar con estos recursos, y específicamente con los aparatos o productos fabricados por el grupo Finmeccanica ni nunca se presentó ante el Consejo de Gabinete alguna alternativa”. 

También llamó la atención de los abogados el hecho de que en tan solo tres días el Ministerio de Seguridad Pública y el MOP firmaron los contratos “sin que a la fecha de la firma de los contratos el contratista hubiese entregado las fianzas de cumplimiento y las fianzas de anticipo”.

AGAFIA Y LAS COIMAS

Pero el principal argumento del Estado panameño para probar la “desviación de poder” se centra en el supuesto pago de coimas a la sociedad panameña Agafia Corp. constituida semanas antes de la firma del Memorándum de Entendimiento de Cooperación Técnica, el 30 de junio de 2010, por los gobiernos de Panamá e Italia, que sirvió para pactar la compra de equipos a las subsidiarias de Finmeccanica, incluida Selex.

Resulta que las filiales de Finmeccanica suscribieron contratos para el pago de supuestas comisiones a Agafia, por el equivalente al 10% del precio bruto de venta”, unos 25 millones de dólares.

La demanda subraya que, “con el objetivo de guardar la apariencia de legalidad de las comisiones que recibirían los verdaderos dueños de Agafia”, los contratos con las subsidiarias de Finmeccanica “se realizaron de manera oculta y sin el conocimiento del Consejo de Gabinete, a pesar de que las negociaciones entre Finmeccanica y el Gobierno de la República de Panamá, se hicieron de manera directa, es decir, sin la participación de intermediarios”.

A ello, agrega la demanda, hay que sumarle el hecho de que la comisión que debería recibir [Agafia en su rol de intermediario en los contratos suscritos entre Finmeccanica y Panamá] por los servicios prestados no aparece en ningún documento en manos del Estado panameño, incluyendo los contratos celebrados entre las subsidiarias del conglomerado.

Pero la existencia de Agafia y el pago de supuestas comisiones se supo después de conocerse en Italia interceptaciones telefónicas de Valter Lavítola –ordenadas por los fiscales italianos– y cuyas transcripciones reposan en los expedientes judiciales de Italia, y que por primera vez se utilizan para abrir un proceso judicial en Panamá.

El Gobierno panameño cita a peritos italianos que analizaron las interceptaciones telefónicas, al concluir que las filiales de Finmeccanica asumieron el pago de las comisiones “sin ninguna justificación aparente, como por ejemplo sería una investigación del mercado u otro tipo de verificación para asegurarse de que sea adecuada”.

Los peritos también destacan que Finmeccanica estableció que los accionistas de Agafia son de nacionalidad panameña … “ya que los propios acuerdos de Agafia Corp. con las tres subsidiarias de Finmeccanica prohibían que la sociedad o sus accionistas fueran residentes de Italia, razón por la cual Valter Lavítola no figuraba en la junta directiva de Agafia Corp., y así contribuyeron a la apariencia de legalidad de las comisiones cobradas por Agafia Corp., que serían destinadas al [entonces] presidente Ricardo Martinelli”.

Por ello, el Estado asegura que “los directivos de Finmeccanica y sus tres subsidiarias eran plenamente conscientes de este esquema fraudulento”. Para probarlo citan una interceptación telefónica del 13 de julio de 2011, entre Lavítola y Paolo Pozzessere, director comercial de Finmeccanica, en la que el primero dice que se quiere hacer de un 35% de las acciones de Agafia mediante un acuerdo con Martinelli.

Es decir, Finmeccanica era consciente plenamente del esquema fraudulento “por medio del cual se buscaba beneficiar ocultamente al [entonces] presidente Ricardo Martinelli Berrocal, por medio de la comisión cobrada por Agafia Corp., e inclusive participaron en la elaboración del mismo”.

Por eso, los fiscales italianos están seguros de que “los 18 millones de euros destinados al presidente Martinelli le fueron prometidos en calidad de recompensa por los servicios necesarios para asegurar la firma de los acuerdos de las tres subsidiarias de Finmeccanica con el Gobierno panameño”.

Agafia, según los fiscales italianos –cita la demanda de nulidad de los contratos con Finmeccanica– fue constituida únicamente para canalizar la coima; esto se deduce no solo por la elección exacta del momento en que fue armada, sino también el hecho que (como muestra la conversación) encaja con la coima (‘… yo agarro 35% de esta empresa… así me agarro el 35% de la comisión’).

Todos ellos y otros elementos incluidos en la demanda infringen, según el Gobierno panameño, la ley, específicamente lo relativo al tema de la “desviación de poder”.

La desviación de poder también está contemplada en otras dos leyes: la de Procedimiento Administrativo General y la Ley 22 de 2006.

Así pues, precisa la demanda de nulidad que promueve el Estado, el contrato de los radares “tiene la apariencia de estar ceñido a Derecho, pero fue celebrado por las partes por motivos y para fines distintos a los señalados en la Ley, es decir, con fines distintos al interés público”.

El hecho que mayormente demuestra la “desviación de poder” –alega el Estado– es que las autoridades que intervinieron en dicho contrato “actuaron con una finalidad particular, distinta a la finalidad pública establecida en las leyes”, pues las empresas de Finmeccanica suscribieron contratos de comisión con Agafia, por el 10% del monto de la contratación.

Otro hecho que destaca la demanda para probar sus alegatos es que dos de los tres contratos de “comisión” que las subsidiarias de Finmeccanica firmaron con Agafia –incluido Selex– se firmaron antes de la firma del memorándum de entendimiento, a pesar de que en dichos contratos se hace referencia expresa a que el memorándum es prerrequisito para los acuerdos con Agafia. En consecuencia, las personas que suscribieron los contratos por Selex y Telespazio Argentina, S.A. “tenían la certeza del cierre de los acuerdos entre el Gobierno italiano y el Gobierno panameño, y por ende gozaban de acceso a círculos de información privilegiada ya sea con el Gobierno italiano y/o el Gobierno panameño”.

Por otro lado –señala la demanda– “nos llama poderosamente la atención que los abogados que constituyeron la sociedad anónima Agafia Corp., en Panamá, eran abogados vinculados a los señores Gabriel “Gaby” Btesh, Felipe “Pipo” Virzi, y también con el primo del [entonces] presidente, Ricardo Martinelli, el señor Francisco Martinelli”, miembros de su llamado “círculo cero”, todos envueltos en escándalos.

A todo ello hay que agregar, alega la demanda, las denuncias en los medios de comunicación, de viajes pagados por Lavítola a Cerdeña (Italia) y la promesa de un helicóptero con interiores de lujo, a cambio de contratos.

La demanda pide a la Corte la “suspensión provisional de los efectos del acto administrativo impugnado”, es decir, del contrato con Selex, ya que se le adeuda hasta ahora unos 51.5 millones de dólares “para un equipo que ni siquiera puede detectar una lancha rápida que permita la movilización de las fuerzas de seguridad para interceptarlas.

El Consejo de Gabinete instruyó al Ministerio de Finanzas para que haga efectiva una compensación de $2.6 millones a los pueblos indígenas de Guna de Madugandí y Emberá de Bayano por el desplazamiento forzado registrado en 1972 para la construcción de la hidroeléctrica Bayano.

La información fue publicada a través del decreto de gabinete 23 del 11 de agosto de 2015 en la Gaceta Oficial 27850.

"Esta acción tiene como base la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que el Estado panameño violó obligaciones internacionales protectoras de los derechos humanos a este grupo indígena. En 1972, el Estado desalojó a varios pueblos indígenas establecidos en el lugar donde hoy se encuentra la represa hidroeléctrica Bayano en la zona del Alto Bayano. Según manifiesta la Corte en su Sentencia, el Estado es responsable por haber violado el derecho a la propiedad colectiva contenido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos", precisa un comunicado de la Presidencia de la República.

"La Corte manifiesta además que el Estado también incumplió el deber de adecuar su derecho interno, contenido en la Convención Americana por no haber dispuesto a nivel interno nomas que permitan la delimitación, demarcación y titulación de tierras colectivas anteriormente en el año 2008, en perjuicio de los pueblos Guna de Madugandí y Emberá de Bayano y sus miembros. La sentencia manifiesta que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial contenidos en la Convención Americana, en perjuicio de las Comunidades Indígenas Emberá, por considerar que los recursos incoados por estas no contaron con una respuesta que permitiera una adecuada determinación de sus derechos y obligaciones", añade el documento.

La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tomó el 14 de octubre de 2014.

El Estado panameño estuvo representado en esta audiencia por los abogados Rosario Granda de Brandao y Nelson Brandao. Entretanto, Antonio Huertas y Alexis Alvarado fueron los representantes de los grupos indígenas demandantes.