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El gobierno de Panamá cambió de riendas el 1 de julio de 2014. Acaba un mandato sumamente convulsionado dada la hiperactividad de su presidente, Ricardo Martinelli. Empresario de viejo cuño, de los que no se equivocan y que confundió los negocios del Estado con los personales y los de sus amigos, según se ha descubierto al asumir la presidencia Juan Carlos Varela, ocho meses atrás.

Como me decía el diplomático norteamericano John Maisto, antiguo segundo de Estados Unidos en Panamá y, exembajador en Venezuela, Nicaragua y la OEA, al ganar Martinelli las elecciones por el 62% de los votos, en su mentalidad comercial, llegó a pensar que había logrado el 62% de las acciones de la República, lo que le daba derecho a tomar las decisiones que le diera la gana, incluyendo aquella de robarse lo que le pertenecía al resto de los panameños.

El 5 de marzo pasado fue un día histórico en Panamá en lo que significa para la lucha contra la corrupción oficial. Además de los exjefes de la Policía y del Consejo Nacional de Seguridad, ya detenidos, fueron encarcelados dos altos funcionarios nombrados por Ricardo Martinelli: un magistrado expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, condenado a cinco años de cárcel por la Asamblea Nacional, tras su declaración de culpabilidad de dos delitos: enriquecimiento ilícito y falsificación de documento público; simplemente vendía sus fallos al mejor postor. El otro, Guillermo Ferrufino, exministro de Desarrollo Social, acusado de enriquecimiento ilícito y corrupción. Empresa beneficiada con contratos oficiales le regaló varias propiedades. Otros magistrados, diputados y exfuncionarios están también siendo investigados.

Martinelli, fuera del país por temor de ser investigado y detenido, pudo haber sido responsable de que durante su mandato se perdieran por robo, malversación y sobrecostos más de 5.000 millones de dólares, inclusive involucró a sus negocios y a su familia en la red de corrupción que desarrolló. También el 5 de marzo, su único hermano, Mario, ha sido llamado a responder a la Fiscalía Anticorrupción por sobrecostos en ventas al Estado a través de la empresa familiar, Importadora Ricamar, S.A., dueña de la mayor cadena de supermercados en Panamá. A pesar de las detenciones, se dice que hasta el momento se habrá descubierto menos del 10% de todos los ilícitos que cometieron.

Lo que se vive en Panamá en estos días es algo completamente novedoso. Siempre se dijo que en materia de corrupción oficial se haría la bulla pero al poco rato todo pasaba. Se creó una especie de cultura popular con aquello de que si construyes obras (como lo hizo a tutiplén Martinelli) te perdonamos que te robes algo. Roba, no importa, te sacarán un titular, y después se olvidarán, parecían decir los que en el gobierno de Martinelli multiplicaron la corrupción existente en gobiernos anteriores, dejando como niños de pecho a los militares que durante 21 años de dictadura destrozaron la economía del país.

El mensaje es claro y quienes luchamos por un país decente y transparente estamos satisfechos. Sabemos que lo que se le manda a decir a los nacionales y extranjeros es alentador porque todos esperamos que los negocios con el Estado no requieran de manos amigas o de funcionarios que a cambios del regalo de un apartamento lujoso o una finca ganadera (modalidades que se usan en Panamá) te facilitan obtener contratos con el Estado.

Este mensaje refleja, además, la importancia de contar con poderes públicos independientes: un Órgano Judicial que no le tiemble la mano para investigar un diputado, un Legislativo que se atreva a condenar a un magistrado, y un presidente que respete la tradicional división de tales poderes. En eso consiste la democracia y debemos apostar a profundizarla, porque se hayan dado importantes avances, este proceso debe ser permanente. Esto le da seguridad al país frente a locales y extranjeros.

El expresidente Martinelli ha hecho lo mismo que Noriega en 1989: abandonó a sus tropas y se escondió. A él sólo le quedan dos caminos: regresar a Panamá y enfrentar la justicia, lo que será muy difícil, o quedarse en el exterior. Eso último lo convertiría en un viajero errante por el mundo porque pronto los Estados Unidos le dirá que tiene que salir de allí porque es un rumor a voces que en ese país también es objeto de investigaciones. Es posible que ante su renuencia de regresar a Panamá, pronto lo veremos en la lista de Interpol de los fugitivos más buscados por mi país.

 

Tuve la oportunidad de vivir los dos procesos, ambos se escriben con la letra D, pero con sobradísimas diferencias. Nací en 1955, año en que la nación estaba convulsionada por el magnicidio ocurrido. Un presidente, en ejercicio caía abatido por las balas, me refiero al coronel José Antonio Remón Cantera. El hecho ocurrió el 2 de enero de 1955 cuando asistía a un evento hípico. Remón Cantera dirigió los destinos de Panamá con mano de dictador. En él se resumían las dos D, democracia y dictadura. La primera le permitió lograr la Presidencia de la República, mediante los votos, y debido a su formación policial y al clima imperante en la nación, gobernó con la segunda.

Cuando somos dominados por una dictadura los derechos humanos se irrespetan, se persigue al adversario, se utilizan las instituciones para tal fin, se premia a los pillos, estafadores, mentirosos y se castiga a quienes buscan el respeto a la justicia, libertad y democracia. Quienes defienden la verdad son desterrados, apresados y hasta asesinados. Aunque quieran disfrazar una dictadura con cariño, sigue siendo dictadura y terminará haciendo mella en la sociedad.

En julio de 1983, en mi calidad de productor de noticias, entrevisté al procurador general de la Nación de esa época. Me refiero a Rafael Rodríguez, padre de la hoy famosa, Zulay Rodríguez. El exfiscal de hierro estaba cansado de tanta podredumbre. Luego de investigaciones logró determinar cómo el Partido Revolucionario Democrático se hacía de millones de dólares, por ser el hijo político del proceso militar que comenzó el 11 de octubre de 1968, con un golpe de Estado en contra del presidente constitucional, Arnulfo Arias M.

Rodríguez mostró a las cámaras de RPC Televisión, cheques girados a nombre del PRD, de las compañías aseguradoras, del plan colectivo de vivienda que comenzaría la CSS. “Las casas no se han construido y ya el gobierno pagó por el seguro y las empresas, en retribución, le pasan la coima al PRD”, me dijo. Eran declaraciones fuertes; sabía que habría una erupción en la sociedad, en especial, a lo interno del gobierno y de la Guardia Nacional, que lideraba Rubén D. Paredes. El país sería sometido, en mayo de 1984, a elecciones para escoger, por la vía directa, al presidente, vicepresidentes, legisladores, alcaldes y representantes de corregimiento. Esto no ocurría desde 1968.

En democracia se condecoraría al procurador Rodríguez, se pondría como ejemplo su actuación y se encarcelaría no solo a la cúpula del PRD, sino a los empresarios que pagaron la coima, pero como estábamos en dictadura el exfiscal de hierro fue conducido a la comandancia, en donde se le obligó a renunciar y luego fue desterrado a Venezuela. Cuando se supo de la detención, tortura y decapitación de Hugo Spadafora, el presidente de la República Nicolás Ardito Barletta nombró una comisión independiente para que investigara tan horrible suceso. En democracia, todos los estamentos del gobierno lo hubieran apoyado y hoy sabríamos la verdad de esos hechos, pero como estábamos en dictadura, a Ardito Barletta se le obligó a renunciar. Se imaginan, el comandante supremo del ejército, que por ley es el presidente, fue obligado a renunciar por quienes dirigían el ejército, que había adoptado el nombre de Fuerzas de Defensa.

El 25 de febrero de 1988, Eric Arturo Delvalle decide jubilar al general Manuel A. Noriega, buscando crear un ambiente de paz, debido al clima reinante. “El que se va es él”, dijeron los coroneles, Leonidas Macías y Elías Castillo Figueroa. Así ocurrió dos días después, cuando la Asamblea Legislativa, que estaba en receso, logra en la madrugada desconocer el mandato, no solo de Delvalle, también se llevaron al Dr. Roderick Esquivel, en su calidad de segundo vicepresidente.

Estos son los casos más emblemáticos –pero hay muchos más– para establecer la diferencia entre una nación en democracia y otra en dictadura. Hago estas reflexiones, para que comprendamos lo que acaba de ocurrir con el exmagistrado Alejandro Moncada Luna. No quiero formar el coro de quienes celebran y ríen por lo ocurrido; estoy en el grupo que no sale de su asombro frente a tanta pillería que permitió un hombre al que comparo con Remón Cantera, me refiero a Ricardo Martinelli. Él se aprovechó de la democracia para llegar a la Presidencia, pero una vez instalado gobernó como un tirano, persiguiendo a quienes le decían la verdad y premiando a los corruptos.

Le hago un llamado al presidente Juan Carlos Varela. Como jefe del Ejecutivo, debe abogar para que se aplique una justicia igualitaria. No importa si se trata de parientes, amigos o cercanos colaboradores, si se identifican actos que pudieran ser punibles, él debe ser el primero en denunciarlos y pedir un castigo ejemplar. Solo así lograremos consolidar el proceso democrático que tanta sangre, luto y dolor ha costado.

 

Lo histórico de lo acontecido con el ex magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –el mayor representante de la justicia en la República de Panamá–, que se declaró confeso de dos delitos graves, nos motiva a hacer un alto en el torbellino noticioso para analizar las lecciones que esto implica para la ciudadanía, los funcionarios y la democracia.

En primer lugar, hay que destacar el papel que juega la libertad de expresión en un sistema democrático, que quedó demostrado de forma contundente en este caso. La labor de La Prensa, al destapar la inconsistencia de los bienes del magistrado en razón de sus ingresos, fue decisiva. Igual situación vemos en otros casos sonados de corrupción. No puedo pasar por alto la ironía que significa que el reo Moncada Luna pasara de ser censor de medios a preso por la labor de estos.

Lo segundo a destacar es el sistema penal acusatorio. En un país acostumbrado a procesos que tardan varios años, vimos cómo ese sistema tiene los elementos pertinentes para llegar a una conclusión en solo cuatro meses. Es indiscutible que con su aplicación entramos en una etapa efectiva de la justicia. Lo necesario ahora es proveer a la administración de recursos para que haga su labor de manera eficiente, salvaguardando los derechos fundamentales de los ciudadanos, en especial, su libertad personal.

También quedó en evidencia que aunque es mejor, el sistema penal requiere ajustes. Hay que aclarar la norma de los acuerdos entre reos y fiscales. Se debe obligar al reo que llega a un acuerdo a explicar en público cómo cometió el delito del que admite ser culpable. Es importante para que entienda que se trata de un mea culpa, genuino. También para evitar abusos por parte de los fiscales, pues se torna muy difícil explicar un crimen no cometido.

Las declaraciones patrimoniales no pueden quedar fuera de este análisis. Esta es la piedra angular para medir la actuación de todo funcionario a la entrada y salida de un cargo. Es de rigor que pasemos a la divulgación de estas declaraciones, a efecto de lograr que cada ciudadano se convierta en un auxiliar de la justicia. La transparencia es el único mecanismo efectivo y comprobado para prevenir el asalto a los bienes públicos. En manos del contralor está que esto suceda. Es él quien debe poner en internet todas y cada una de las declaraciones patrimoniales de los actuales y anteriores funcionarios. Ampararse en un fallo espurio de la CSJ no tiene sustento jurídico (los fallos no son ley), además es una excusa muy tenue para no cumplir con la transparencia debida que requiere su posición.

Moncada Luna nunca debió llegar a magistrado. Esto fue posible por dos razones: la falta de un mecanismo de control efectivo por parte de la Asamblea y la ciudadanía, y la baja catadura moral del anterior presidente de la República. En el primer caso, debemos modificar la Constitución para que el proceso de ratificación de la Asamblea requiera de una serie de condiciones: absoluta transparencia de los haberes del designado; período de análisis e interrogatorio del designado, con especial poder a la oposición y a la ciudadanía; y una votación calificada para su ratificación.

En cuanto a la baja catadura moral del ex presidente, debo comentar que la propia designación de Moncada Luna, que había sido destituido por faltas a la ética cuando ejercía como director de la PTJ, reafirma tal calificativo. A Martinelli le preocupaba más contar con un cómplice de fechorías, que con un magistrado honorable. Es lamentable, pero esa ha sido hasta ahora la tónica del Ejecutivo. Al actual presidente lo mediremos por su actuación en este tema y cómo logra que el sistema se fortalezca en la estructura constitucional.

Por último, me siento orgulloso de mi país y mis conciudadanos. Somos una nación que hace cambios graduales, a veces desesperadamente lentos, pero, por lo general, consensuados y en buena dirección (eliminación del ejército, blindaje del Canal, oposición permanente a la reelección, entre otros). Hoy llegamos a un consenso nacional para acabar con la corrupción y el “juega vivo” en la administración de justicia, esto hace que las instituciones públicas funcionen de manera eficiente. Ese consenso nos lleva por el camino de hacer de Panamá, no solo un mejor país, sino uno en el que impere el estado de derecho.

 

Los pueblos, las naciones, se dice, juzgan a sus delincuentes a través de los jueces. Quién juzga a los jueces? Se dice, igualmente, que los superiores de esos jueces. ¿Y los superiores de esos jueces? Pues sencillo: Dios. Nadie escapa del justo juicio del Creador, el grandioso y soberano juez de toda la Tierra, con lo cual, lo que quiero decir no es que no existan instancias para juzgar a los magistrados de las cortes de las naciones, sino que siempre sobre el juzgador hay otro juzgador por encima de él y por encima de todos ellos, Dios. Juez absoluto y supremo.

Ha culminado el denominado “proceso” contra Alejandro Moncada Luna. Representación auténtica de lo que no debe ser un proceso auténtico y legítimo. Para ser sincero conmigo mismo, tenía Moncada Luna jueces por todas partes: desde abogados particulares que lo crucificaban a diario, pasando por los jueces de los medios de comunicación, no se descartan comentaristas de todos los espacios en la comunicación, periódicos, el fiscal, las juezas de garantías, etc. Algunos se atrevieron a decir que “la ciudadanía estaba al tanto” de ese pseudo juicio. Qué gran engaño! La ciudadanía no estaba en el juicio, ni siquiera lo entendía. La ciudadanía, muchos años hace ya, que aún sigue haciendo lectura en otras cuestiones que le son vitales: empleo, educación, seguridad ciudadana, alimentos, casas, gastos diarios, luz, agua, etc.

He visto a muchos que se llaman cristianos, sean evangélicos o católicos, comportarse como verdugos de la más dura catadura de insensibilidad, frialdad e indiferencia. Cuales Caifás o fariseos de la época del más injusto juicio que haya conocido la humanidad, el juicio de Cristo, todo lo que salía de la boca de ellos era “crucifícale”.

En realidad, no se por qué, pero tengo el amargo sabor de que la sentencia de Moncada Luna más que una sentencia de un juicio objetivo, imparcial, impartial y humano, ha sido el rédito de muchas presiones políticas, de mucho cerco y muchas puyas, en donde al señor Moncada Luna, ante las presiones, miedos, críticas, etc., no le quedaba de otra que optar por el acuerdo de pena y menos con instancias legislativas castradas de toda independencia y de todo vestigio de auténtico carácter como órgano del Estado.

Por mucho que se esforzaron las juezas de garantías de citar cosas importantes como la independencia, la imparcialidad, el debido proceso, constitucionalización del proceso, respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana, lo que la ciudadanía sí sabe es que eso es de lo que menos ha habido en este proceso.

Basta echar lectura al sagrado patrimonio de la dignidad de todo ser humano, inviolable, Tierra Santa para cada ser humano, siendo que en este proceso dicho principio fue pisoteado a diario. Los medios disfrutaban -pienso- considerando que el pueblo lo haría, que se gozaría con cada imagen que divulgaban y en la que aparecía el rostro del acusado. Equivocación. Soberana equivocación! Lejos de despertar pasiones odiosas o egoístas en los ciudadanos, los que siguieron el proceso en los medios empezaron a sentir un cierto aliento de solidaridad, de comprensión y hasta de lástima en beneficio del acusado Moncada.

La sentencia de Moncada Luna, más que una sentencia de un juicio objetivo, imparcial, impartial y humano, ha sido el rédito de muchas presiones políticas.

La sociedad, luego, aún se pregunta ¿quién o quiénes condenaron al señor Moncada Luna? Si fueron realmente las juezas de garantías, el fiscal o los medios de comunicación, y entre ellos, alguno en especial? Pero créanme, la sociedad, jamás.

Nada mejor para un Estado, para una sociedad, que sus delincuentes sean ejemplarmente condenados, pero cuando se hace de los procesos una especie de circo romano: pan y vino, la sociedad responde con repulsa ante tales juicios o procesos.

Por ello, concluyo: Qué bueno habría sido que su escenario de juzgamiento, el del señor Moncada, hubiere sido un escenario de auténtica y legítima objetividad, de transparencia, con juezas de garantías imparciales, sin interés en las resultas del caso, sin que salieran ellas mismas a hablar del proceso, con un fiscal profesional, conocedor del Derecho, un acusador idóneo, y –sobre todo– con periodistas objetivos, profesionales, no dueños de la verdad ni estoicos seres que desde las gradas de la acusación inusitada aún parecieran gritar: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale!

No vislumbro mucho tiempo, ya se verá, cuando un ejército de voces empiece a levantarse y a pregonar de las injusticias, por vicios de formas, sobre todo, en el juzgamiento de Moncada Luna.

La historia de este país, como de cualquier otro, no se olvide, siempre ha sido un corsi et recorsi, al decir de Juan Bautista Vico, de un permanente “ir y venir”, o lo que yo personalmente me he permitido en calificar como “el comportamiento pendular de los políticos de mi país”.

Dios bendiga a la Patria!

 

El siniestro personaje Al Capone ya ha sido sobrepasado, con creces, en su aventura gansteril. Sus actuaciones fueron simplificadas a la postre, como un evasor de impuestos y traficante de licor. Es más, sin afán de beatificarlo, creo que muchas de las hazañas que se le atribuyen son simples leyendas urbanas y que las enseñanzas que pudo haber legado al mundo de la maleantería son para niños de primer grado, que creen que la escuela del delito es el centro de educación ideal para su perfeccionamiento profesional.

Panamá no escapa a la moda ni a los aprendizajes de las tendencias universales. Al Capone después fue superado por una caterva de rufianes, innombrables, para no hacerle culto a sus desafueros, quienes se agitaron en las huestes de la delincuencia.

En la política criolla hay visos del uso de los manuales del delito para perjudicar no solo al adversario, sino para granjearse el pecunio del Estado. La corrupción siempre ha sido maquillada, conjugada y casada con la percepción para mitigar su gravedad y dejar en duda su existencia. Hay casos puntuales que vale la pena mencionar. Bosco Ricardo Vallarino se convirtió un burgomaestre de la comuna capitalina con subterfugios legales –pues no calificaba para ello–, para entronizarlo en el poder de manera momentánea, con la intención posterior de descabezarlo, lograr que su suplencia se hiciera con el cargo y luego “hacerle la cama” con un soborno por parte su amigo, que ya había colaborado con él en otro asunto de ribetes delincuenciales, como es el caso de Murcia Guzmán.

Al mejor estilo del tráfico de personas, qué mejor entidad para hacerlo sino aquella que regula las entradas y salidas del territorio nacional. Ahí floreció la venta de nuestra nacionalidad y el reparto de las regalías que esto producía, para beneficio de los participantes. Es decir, aquellos que debían prevenir que ello ocurriera.

En el PAN hubo otro festín debido a la venta de productos y servicios a sobrecostos para exigir “coimas”. Los delatores de aquel nefasto negociado pactaron con la justicia su rendición y así ganar las canonjías y prebendas judiciales que se otorgan por ser “sapos”, y para vivir con lo que les queda de sus actividades, como si fuera de una honesta jubilación.

Habrá que esperar a que se apliquen los correctivos por una de las conductas más desleales en el mundo del hampa, cuyo resultado son las vendettas.

La extorsión forma parte de los capítulos de la novela del crimen. Hay quienes tienen conocimiento de los ilícitos y mantienen en vilo a los actores, exigiendo parte del botín para, en efecto, no denunciarlos ante las autoridades.

Los testaferros o prestanombres son otro grupo de personas o sociedades que se han encumbrado en la trampa para servir de “tapadera” a los verdaderos autores materiales de los delitos, a cambio del pago de una pírrica cuota por sus servicios y la garantía del silencio, en caso de ser sometidos a los rigores de la investigación criminal.

Antes se había prometido una “quebradera de piernas” para bajar a un adversario político, ese fue un preámbulo del homicidio por encargo para acallar a una persona que sabía demasiado, es un tema crítico que debe ser investigado, aunque pareciera ser la historia que nadie quiere creer, pero con la parranda de millones que orbitan cualquier cosa puede suceder en este país.

En toda esta trama la justicia juega su rol, pero con la fama que tiene todo indica que ha sido salpicada por las actuaciones de quienes la dirigen y que gozan del mismo “prestigio” de los que pretenden investigar y sancionar.

La figura de Al Capone, como marco de referencia, palidece en este panorama, él es solo un detalle.