El señor (Estivenson) Girón no era de los recomendables para dirigir la Caja de Seguro Social. Pero por haberse comprometido a corregir los errores y los fracasos de su predecesor, para que la institución sirva con eficiencia al millón 800 mil pensionados, cotizantes y beneficiarios, que dependen de ella, era razonable darle tiempo para demostrarlo. Sin embargo, dado que su “supercalificado” predecesor fue un auténtico fiasco, para el nuevo director era obligatorio actuar con rapidez y, sobre todo, eficacia.
Sin embargo, transcurridos nueve meses desde que se posesionó del cargo, todavía no hay visos de que puede ser lo que prometió.
Si comenzamos por su comparecencia, hace unos meses, ante el pleno de la Asamblea Nacional, que él mismo solicitó y en la que estaba obligado a presentar con sustentaciones y cifras su diagnóstico de la institución, de sus principales problemas y la situación de sus programas más sensitivos, como el Fondo de Pensiones; con por lo menos algunos avances sobre la manera en que se proponía enfrentarlos, hubo que concluir que fue una presentación desencuadernada e inconsistente.
Al frente de una institución como el Seguro Social no cabe especulaciones ni las imprecisiones; pero ese, precisamente, fue el saldo de la comparecencia del señor Girón, quien, por ejemplo dijo que, según sus cálculos, el programa de Vejez, Invalidez y Muerte quedará desfinanciado en el año 2024. En otras palabras, que después de esa fecha no habrá dinero para pagar las pensiones. En un tema tan delicado, en el que están al día las especulaciones más negativas, hacer ese vaticinio sin presentar cifras actuariales concretas es muestra de irresponsabilidad. Y haber agregado que por ahora no se ha pensado en aumentar cuotas o la edad de las jubilaciones, si lo dijo con la intención de reducir la alarma que provocó su primera afirmación, el efecto fue precisamente el contrario.
En el tiempo transcurrido desde esa comparecencia, en muy poco, más bien en casi nada ha mejorado el sistema de atención, como ha quedado patente en las constantes denuncias sobre las deplorables condiciones de los cuartos de urgencia, a lo que habría que agregar la creciente frustración por la continuada falta de medicamentos esenciales.
Y como si los problemas actuales no fueran suficientes, a esos hay que sumarle dos de proporciones mayúsculas: el empantanado proyecto de la Ciudad Hospitalaria y la difusión de especulaciones, que deben calificarse así, hasta tanto no se hagan públicas las propuestas sobre la proyectada fusión de los servicios que prestan el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social (CSS).
Por ahora, en cuanto al primero, el pasado jueves, la dirección de la CSS publicó un comunicado, a dos páginas completas, incomprensible y por demás desorientador. Al respecto, juzguen ustedes. En el encabezado de la primera hoja puede leerse: “¿Quién miente? Realidades de la Ciudad Hospitalaria”. Y luego se lista una serie de hechos, entre ellos, y después de dar cuenta de la fecha y firma del contrato original, de que sin que exista constancia de que la hubiera aprobado la junta directiva, se le hizo una adenda, por tanto, bruja “que introdujo modificaciones al precio contractual y adelantó los plazos de pago”. En buen cristiano eso quiere decir que la Dirección General anterior, fuera de la ley y porque le dio la gana, aumentó el precio contratado y, además, y lo que es más grave, autorizó adelantarle pagos al contratista, en violación del contrato que como era de “llave en mano”, solo estaba supuesto a cobrarlos cuando entregara la obra completa y a satisfacción.
Los pagos adelantados, como expliqué en el artículo anterior sobre las contrataciones públicas, publicado en La Prensa el pasado sábado, 23 de mayo, se han justificado mediante la patraña de los famosos “certificado de no objeción o de adelanto de obra”. Si como se deduce de la publicación de la CSS al contratista se le entregaron esos instrumentos, y en este caso sin que existiera una adenda legal al contrato, es claro que se configuró un delito sancionable penalmente.
Corresponde que el señor Girón aclare si se expidieron esos certificados, quién los autorizó y cuántos millones se le han entregado al contratista o a los bancos con los que, seguramente, los negociaron.
Si se revisa con cuidado el comunicado de la CSS, es evidente que la situación del proyecto, aparte de estar saturado de inconsistencias legales, es un enfermo en estado más que crítico. Por tanto, es incomprensible que en el encabezado de la segunda hoja se diga, como si los problemas fueran de poca monta, que “El interés de la CSS es continuar con el proyecto Ciudad Hospitalaria, con los mejores materiales y técnicas de construcción de acuerdo con el contrato original y comprometidos con la ley y la transparencia, garantizando el uso eficaz y eficiente de los fondos de los asegurados y del Estado”.
Ese comunicado de poco sirve, porque poco aclara. Lo que se impone es denunciar penalmente a la anterior dirección y a todos los que con ella amañaron y tergiversaron el contrato; denunciar los incumplimientos del contratista, llamándole por su nombre, que sospechosamente se omite en todo el comunicado; recuperar los fondos que se hubieren pagado ilegalmente; y finalmente, ejecutar las fianzas de las cuales es titular el dueño de la obra, o sea, los asegurados, representados por la Dirección de la Caja de Seguro Social.
