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Doña Experiencia y doña Prudencia tenemos en común tardes de lluvia, ojos abiertos y oídos inquietos. Y en una de esas tardes aburridas, este ensayo resultó… En momentos en que el sistema judicial, la Asamblea Nacional y el Gobierno de Panamá están con la credibilidad en entredicho por los serios casos de corrupción es cuando debemos hacer un llamado a la coherencia social.

Ejerciendo nuestra libertad, en el ámbito de una justa elección, no deberíamos admitir que existiesen vicios ni pasiones que debilitasen la voluntad de elegir, con sabiduría y sin coacciones externas, al próximo magistrado de la Nación. Frente a la amenaza de enfrentarnos a un desorden social, tenemos la oportunidad de aprovechar el momento para inclinar la balanza hacia el lado de la justicia.

Recordando a los grandes filósofos: Platón, Aristóteles o Tomás de Aquino y cada una de sus teorías sobre el significado de justicia, no podemos menos que decir que esta debe servir para proporcionar ética, armonía, equidad y honradez. En este contexto no podemos desaprovechar la oportunidad de concienciar a la comunidad sobre el principio básico del sistema judicial que es su independencia como garantía para todos los ciudadanos.

Mientras vemos cómo, por primera vez en la historia de Panamá se llama a juicio a un expresidente mediante el Sistema Penal Acusatorio, se condena a un magistrado y a altas figuras de la vida pública y de la empresa privada, siguiendo el ejemplo de Perú y de su procurador José Ugaz, cuyo lema vital dio paso y pie al libro Caiga quién caiga, no dejemos a un lado el momento crucial que se avecina con el nombramiento de varios cargos importantes. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y directores de la Autoridad del Canal, esto aunado al reciente mandato del contralor general, el procurador de la Nación y de la Administración y de un magistrado del Tribunal Electoral.

Este gobierno, que se llamó“el de la decencia”, debe pasar a la historia como tal. No podemos seguir postergando que los puestos sean ocupados por méritos propios, y no como resultado de una división de espacios políticos, amistosos o sociales para manejar el país.

A través de los años hemos sido testigos de la trama que se teje alrededor de la elección de los magistrados y de las altas figuras de la esfera política, todos los gobernantes han caído en el juego de ubicar en puestos clave a personas que, de alguna manera, puedan maniobrar en algún sentido. Ya sabemos que favor con favor se paga.

Vivimos en un país presidencialista, donde es facultad del mandatario hacer esos nombramientos, sin embargo, podría asegurar que este o cualquier otro Presidente que cambie las reglas del juego, llámese la Constitución Política, es quien hará la diferencia.

Ese “hoy por ti, mañana por mí” no puede seguir siendo el leitmotiv de la justicia panameña. La sociedad civil está aburrida de la justicia selectiva, de los trueques y de los fallos que dilatan, por años de años, esos abogados que se nutren de la burocracia del sistema para engavetar y desempolvar expedientes cuando conviene, dejando los casos en un limbo judicial en el que para aguantar no solo hay que ser paciente, sino tener dinero. Este es el pan nuestro de cada día de los ciudadanos de a pie, de empresarios y de todo aquel que esté en manos de la justicia panameña. Creo que ha llegado el momento de pasar la página y hacer cambios visibles, tangibles y hasta responsables, porque vergonzosamente nos encontramos ante el hecho sin precedentes de tener magistrados con decenas de querellas, y algunos de ellos incurren en el error de aceptar arreglos y emitir fallos para mantener sosegada a la opinión pública, haciendo caso omiso de la justicia real. Ese es el peor síntoma de deterioro de la justicia como tal.

Hay un abogado que alega siempre: “caimán no come caimán”. Le recomiendo mirar a su alrededor, pues me parece que no ha reconocido el ambiente en donde se encuentra hoy. Toda esa camada de jóvenes abogados debe guardarle lealtad solo a su conciencia; que las luces de las fiestas sean las únicas que los deslumbren; sepan que todo tiene un precio, menos las noches tranquilas; solo estiren la mano para ayudar y recuerden siempre que “el que sube como palmera baja como coco”. Así le dijo doña Experiencia a todos aquellos que fueron sus alumnos.

Nuestro sistema judicial está a punto de colapsar. Trabajemos para lograr que evolucione, se refresque, se renueve y sea libre. Acabar con la delincuencia es difícil; se ausenta y no siempre desaparece. Convirtamos esta amenaza en oportunidad.

Y mientras repicaban las campanas al salir de la iglesia, de la última conversa esta sugerencia resultó: Nombremos una “junta de honorables” que represente la colectividad y que posea los conocimientos para ayudar a elegir con respetabilidad al cuerpo de magistrados de la Corte Judicial. Con sendos representantes del Colegio de Abogados, de Transparencia Internacional, de las facultades de derecho de las universidades del país, y de las grandes firmas de abogados. Una vez conformado el grupo, sus miembros podrían ser quienes calificaran los méritos de los postulados para hacer consultas con la sociedad civil, como en campaña prometió, y de allí, que el Presidente que proceda a hacer su nombramiento. Aun así, dijo doña Experiencia: “Mejor poner doble coladera, ¡un guisante podrido… y nos daña la lata entera!”.

Desde hace un tiempo escribo sobre la justicia selectiva y las arbitrariedades que practican algunos juzgadores. La Corte Suprema de Justicia no escapa a este señalamiento. Mientras a unos se les beneficia con fallos o medidas confusas, otros son perjudicados con sentencias contrarias al derecho y bajo argumentos e interpretaciones incoherentes.

Diferentes magistrados de épocas pasadas y, en este quinquenio, el magistrado Harry Díaz, advierten de la venta de fallos, mientras los gremios abogadiles y la población, en general, guardan silencio. Los ciudadanos esperan muchos años antes de que salgan los fallos. Por desdicha, el proceso es lento y negativo para los honestos, pero complaciente para políticos y corruptos.

Habría sido interesante conocer el inventario de expedientes, en orden cronológico, que reposaba en el despacho del entonces magistrado Alejandro Moncada Luna y la razón por la que los mantenía en suspenso, algunos por años. Al parecer y por lo expuesto en su momento por el magistrado Díaz, no es uno ni son dos. Entonces, ¿quiénes y cuántos son los que venden los fallos?

El sistema está en crisis y eso es peligroso. La población se cansó de ser tratada como ignorante. En países como Perú los ciudadanos se toman la justicia por sus manos y ladrón visto es ladrón linchado, igual que ocurre en algunas poblaciones de Panamá. Aquí la impunidad es sinónimo de inmunidad, y solo mediante medidas enérgicas se le podrá poner coto a la corrupción. Además, algunos (as) secuaces del expresidente Ricardo Martinelli todavía se mantienen en cargos de confianza y gran responsabilidad. Una acaba de renunciar.

Ahora, tal como lo denuncia la abogada Edna Ramos, hay un número considerable de colegas extranjeros que ejercen sin permiso en Panamá, quizás producto del mal concebido programa Crisol de Razas. Lo que pudiera ser un distractor o bola de humo por parte de quienes administran justicia.

Mientras los magistrados no sean escogidos por el pueblo, mediante el voto popular, y tampoco sean reemplazados a través de un plebiscito, el sistema seguirá en crisis. Al parecer, los organismos de administrar justicia tienen una capacidad mediatizada por razones económicas, sociales y políticas. ¿Quién paga más? ¿Por qué dar país por cárcel para algunos y presidio para el hijo de Juana? Y ¿quién me nombró o tiene a mis parientes emplanillados? ¡Dios te salve, Panamá!

No puede ser que el Estado y las autoridades sigan manteniendo una actitud de tolerancia frente a la recurrente muerte violenta de mujeres por razones de género, y que la misma sociedad panameña vea como algo natural la violencia sexista.

El feminicidio es una de las formas más extremas de violencia, es el asesinato que comete un hombre contra una mujer a quien considera de su propiedad.

Es lamentable que esto ocurra, a pesar de la existencia de la Ley 82 de 2013, que tipifica y sanciona el feminicidio, gracias a la tenaz lucha de las feministas y organizaciones de mujeres que no se rindieron para lograr que se visibilizara, se conceptualizara y se tipificara este grave delito contra los derechos humanos. Es evidente que aún impera la impunidad estatal de género, a través de la inacción de la justicia, la falta de voluntad política de dotar de los recursos a las instancias que tienen que poner en ejecución las medidas sociojurídicas tendientes a resguardar la vida e integridad de las mujeres.

El feminicidio es un problema social y de seguridad humana, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de colocarlo en la agenda política y actuar con rapidez para contribuir a la erradicación de este flagelo.

Se necesitan campañas para cambiar la tolerancia natural a la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones. No basta con un Día Internacional de la Mujer o uno de lucha contra la violencia. Se requiere un permanente compromiso estatal, individual y de la sociedad para erradicar la violencia y la discriminación basadas en el género.

Como bien dice Isabel Vericat: “Cada mujer desaparecida es un fantasma errante por la ciudad. Cada cuerpo no identificado un grito para que lo nombren. Cada mujer asesinada un clamor de justicia…”.

¡Le exigimos al Estado: ni una menos!

Los tiempos cambian, al igual que los hombres y sus imaginarios sobre el mundo y las cosas que lo constituyen. Este fenómeno sociológico, lejos de ser una novedad del siglo XXI, se puede evidenciar a lo largo de la historia de la humanidad, porque los cambios sociales han moldeado las ideas, al tiempo que estas suscitan transformaciones socioestructurales.

No es de extrañar, entonces, que la consideración y estima hacia la vejez haya permutado en las últimas décadas, al intensificarse el imaginario simbólico de la eterna juventud; que no solo ha suscitado una perniciosa dicotomía, destacando lo juvenil por encima de la senescencia, como sinónimo de belleza y productividad, en contraste con fealdad y parasitismo, respectivamente.

Por otra parte, dicho imaginario ha sido fuertemente justificado y legitimado por el sistema capitalista que –gracias a una lógica de mercado que privilegia tanto la producción como el consumo– ha creado las bases estructurales e ideológicas para la aparición de semejante estigma social. En este sentido, las personas adultas mayores son tan solo imperfectamente productivas y consumidoras, pues por una parte ya no se encuentran insertas en el mercado de trabajo formal y, por la otra, sus jubilaciones y pensiones son, en muchísimos casos, insignificantes.

En este orden de cosas, la vejez es percibida como una etapa residual del ciclo vital, lo que implica que estas personas mayores no solo se encuentran en una situación de “rol sin rol”, sino que además, están casi desamparadas institucionalmente (lo que se evidencia por el simple hecho de que no hay una política gerontológica que elabore y regule planes, programas y servicios sociales dirigidos solo a este segmento de la población).

Ahora bien, por siglos la familia se ha considerado como uno de los pilares fundamentales de la sociedad, porque proporciona funciones indispensables como la reproducción, la socialización, la regulación de la actividad sexual, el mantenimiento económico y el apoyo emocional. Además, en muchísimas sociedades el cuidado de las personas mayores era relegado casi por completo a esta institución social. No obstante, en Panamá, en los últimos años se nota un enfriamiento en las relaciones generacionales en el seno familiar, porque si bien el adulto mayor ejerce, muchas veces, una suerte de función educativa y queda al cuidado de sus nietos, esto se ha erosionado a través del tiempo. Lo que lleva a problemas como el abandono, negligencia en el cuido, maltrato y hasta la institucionalización forzada en asilos (en algunos casos).

Lejos de lo que se cree, todas estas situaciones son el efecto de una racionalidad basada en el individualismo más cruel, propiciado por un sistema que le ha negado a la vejez un lugar en nuestro mundo. De esta forma, las personas mayores aparecen ante nuestros ojos como seres incomprendidos e insufribles. Penitentes en un mundo que les niega no solo la solidaridad, el aprecio y la estima que se merecen, como legítimos constructores del presente en que vivimos, sino que además los invisibiliza y excluye de la sociedad.

Fue ilustrativo regresar a Lima por la Panamericana Sur el mismo día en que se transmitían dos noticias aparentemente inconexas. Un accidente de carretera que dejaba una veintena de muertos y la inauguración de la  Cumbre Empresarial de la  Alianza del Pacífico (CEAP) con unos 500 líderes empresariales, previa a la X Cumbre Presidencial de la Alianza, que está priorizando, felizmente, la construcción de infraestructura en los cuatro países miembros.

La radio interrogaba a especialistas del sector salud que enfocaban el problema desde la perspectiva de nuestra limitada capacidad hospitalaria para atender heridos.

Conduciendo por una de las pocas y colapsadas autopistas que tiene la Panamericana, vi con claridad que el tremendo déficit de infraestructura vial es la causa principal de que los accidentes de tránsito se multipliquen día a día por todo el Perú. Sin embargo, es notorio que no se incide suficientemente en esa evidente relación causal. Datos: 

1. El promedio anual de muertes por accidentes de tránsito afectó a casi 4 mil peruanos el año pasado.

2. Solo en Lima, la brecha deficitaria de infraestructura vial y de transportes se ha calculado en $50 mil millones.

3. En el panorama nacional, publicaciones de AFIN estiman la brecha en $80 mil millones, equivalentes al 40% del PBI.

4. Según Provías Nacional, de un total de 24 mil 235 km de carreteras departamentales, solo 2 mil 340 km están asfaltadas.

¿No es evidente entonces que esta es la causa principal del geométrico incremento de accidentes en un país donde se conduce en forma salvaje? ¿Podemos esperar décadas para cerrar este macro déficit mediante recursos presupuestales que resultan exiguos para la magnitud de un problema tan dramático? ¿No es una situación incompatible con nuestros planes para acceder a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos?

Sin embargo, no se percibe urgencia en el tratamiento gubernamental de esta problemática, agravada por la tramitología y la insuficiencia de recursos fiscales. Por ello tiene enorme importancia que la infraestructura haya sido creativamente priorizada en las reuniones de la Alianza del Pacífico en Paracas. La convergencia del brillante trabajo previo de los ministros de Economía (que les ha merecido la constitución de un Consejo especial), la CEAP (al más alto nivel empresarial) y la Cumbre Presidencial (con su envidiable capacidad decisoria) han ido más allá de las expectativas cifradas en la Alianza.

Como lo demuestra el violento despegue de varios países asiáticos, la infraestructura es un factor que reduce desigualdades sociales, genera bienestar y dinamiza el desarrollo económico. El Anexo 2 de la Declaración de Paracas establece una fuerte y acertada complementación entre los temas vitales de la integración financiera (A) y la inversión en infraestructura (B), pues la primera estimulará la participación del capital privado y la gestión empresarial en el financiamiento y ejecución de proyectos que superan la capacidad presupuestal del sector público.

El dinamismo que evidencia la  Alianza del Pacífico  alienta la esperanza de que estos oportunos acuerdos internacionales nos ayudarán a superar un grave estrangulamiento que desarticula y frena nuestro desarrollo como nación.