Comisiones, sin justificación
Hallazgos en la gestión de Cobranzas del Istmo sellan un ciclo de irregularidades en la relación entre el Estado y la compañía a la que el gobierno de Ricardo Martinelli le cedió, de forma directa, la exclusividad en el cobro de los impuestos morosos.
Este diario tuvo acceso a una misiva firmada por Publio Cortés, a cargo de la DGI, en la que da cuenta de cómo la empresa logró facturar millones de dólares sin que se pueda validar su gestión en la recuperación de los impuestos.
La DGI, para ese entonces bajo el liderazgo de Luis Cucalón, habría aprobado el pago de cuantiosas comisiones a favor de la compañía sin que se pueda comprobar que hizo el trabajo para el que fue contratada. Así se lo hizo saber Cortés a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, en una carta enviada a su despacho el 26 de enero.
No hay forma de corroborar cómo la DGI segmentaba los pagos realizados por los contribuyentes, de forma voluntaria, para evitar la acreditación de comisiones injustificadas a Cobranzas del Istmo.
La misiva también alerta del pago de “excesivas” comisiones, pasando por encima de lo que dictaba el contrato.
Cobranzas del Istmo no tenía derecho a cobrar comisión cuando la deuda fuera de hasta 12 meses. Pero se fijó que la empresa se quedaría con un 15% de lo recuperado, al tratarse de tributos morosos de entre 12 meses y 18 meses.
Si la morosidad de los contribuyentes tenía hasta dos años, la compañía se quedaría con un 20%.
El esquema permitía que a medida que se recuperaban cuentas de mayor caducidad fuera en aumento la comisión a favor de Cobranzas del Istmo. Si la deuda tenía vigencia de dos años y medio en adelante, la comisión era de 30%.
Comisiones fuera del contrato
Investigaciones preliminares de la DGI determinaron que se autorizaron pagos de comisiones que no tenían “derecho” a ser cobradas por estar dentro del rango de los 12 meses de morosidad.
Además, se entregó el 30% de lo recaudado sobre casos a los que aplicaban un 15% o 20%.
Correspondencia electrónica de Luis Cucalón revela que este aprobaba directamente el pago de las excesivas comisiones.
El 25 de mayo de 2011 le escribió a Edmundo Arce, para ese momento jefe de la Unidad de Informática de la DGI, con el propósito de ordenarle hacer los cálculos de los impuestos con el esquema descubierto.
El desembolso irregular ha podido ocasionar una lesión patrimonial de 23.2 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos de la DGI.
Ante esta anomalía, la entidad entregó al Ministerio Público todos los cálculos que han hecho y que sustentan la suma. La DGI pide que se “proceda”.
Con esta información en manos del Ministerio Público, el paso a seguir sería una investigación de oficio. Esta es la aspiración de los funcionarios de la DGI.
Consultado sobre el tema, Cucalón, uno de los hombres de confianza del expresidente Martinelli, manifestó que “era imposible acreditar comisiones erradamente. Se hacía de cómputo a cómputo y con los parámetros que utilizan todos los bancos”.
Destacó que “cuando llegué a la DGI habían 7 mil millones de dólares en impuestos vencidos. Y nos costó mucho trabajo. Era mucha desidia. Yo, gracias a Dios, duermo tranquilo. El Banco Interamericano de Desarrollo me envió una carta felicitándome por ser el mejor cobrador que ha tenido Panamá en su historia. Son cosas que el dinero no puede comprar”, señaló el exfuncionario.
Cucalón firmó, en 2010, el contrato entre la DGI y Cobranzas del Istmo por un período de seis años, el cual podía ser renovado por un plazo de cuatro años.
Las reformas fiscales aprobadas en la administración Martinelli permitieron que el Estado tercerizara el servicio de cobro de impuestos sin llamar a una convocatoria pública. Así se contrató, por la vía directa, a Cobranzas del Istmo.
Cucalón aseguraba que invitaron a varias empresas a participar del proceso y solo Cobranzas del Istmo cumplió con los requisitos.
El nuevo contratista del Estado era la misma empresa con cuyos representantes Cucalón había tenido vínculos comerciales.
La empresa nació en 2003, y su presidente era Cristóbal Salerno, quien renunció a su cargo, aunque quedaron en la directiva varios de sus familiares. Salerno compartió puestos directivos con Cucalón en IDS Holding, tenedora de las acciones de la fallida Sears Panamá.
Las alertas
Desde el comienzo de la administración del presidente Juan Carlos Varela, el Ministerio de Economía y Finanzas inició una auditoría de todos los pagos hechos a Cobranzas del Istmo.
La facturación de 2014 fue una luz de alerta para las autoridades recién estrenadas. Reportes de Tesorería del MEF reflejaban que los pagos en comisiones a favor de la empresa totalizaron $9.5 millones en 2013; mientras que en seis meses de 2014 el monto llegó a $30.6 millones.
Cuando los números fueron publicados, Cucalón detalló la fórmula de la que se había valido Cobranzas del Istmo para lograr esa facturación.
“Mire, hay una cosa que ha ayudado mucho a Cobranzas del Istmo. Es que yo estoy secuestrando a todo perro y gato que deba plata. Ya no es como antes, llamaban a la DGI, pagaban 100 dólares y borraban la cuenta. Ahora yo me imagino que ellos [Cobranzas del Istmo] llaman y los contribuyentes tienen miedo de que si no pagan yo les secuestre”, dijo Cucalón.
Ayer Cortés confirmó el resultado de las investigaciones hechas por auditoría interna del MEF y el avance de las investigaciones.
“Hemos remitido toda la información a la Procuraduría de la Nación y a la Contraloría General de la República”.
Cortés reiteró que no era constante el patrón de los cobros: cuando debía adjudicarse una comisión de 15% se daba el 25%. “Este es un tema que la Contraloría debe revisar a fondo. Esto es grave y delicado, y lo ponemos en conocimiento de la procuradora para que se investigue”, dijo.
Segundo frente para el exdirector
ROBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ | 29 ene 2015 – 00:01h
Las acciones que tome la Procuraduría de la Nación tras las denuncias de la Dirección General de Ingresos se convertirían en un
segundo frente para Luis Cucalón, por supuestas irregularidades vinculadas al contrato que firmó en agosto de 2010 con Cobranzas
del Istmo.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya interpuso una querella penal contra Cucalón por la supuesta comisión del delito de falsificación ideológica de documento público”.
De acuerdo con el MEF, el contrato contiene una declaración falsa cuando asegura que se celebró “sobre la base de la excepción de acto público” y con “autorización de contratación directa”.
En una investigación interna, el MEF constató que ni la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado del MEF –que aprueba contratos inferiores a $300 mil–, ni el Consejo Económico Nacional –que debe dar el visto bueno para compras entre $300 mil y $3 millones–, ni el Consejo de Gabinete –para compras de más de $3 millones– tramitaron una solicitud de excepción de acto público antes de firmarse el contrato.
Cucalón defendió que la contratación se hizo según lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 22 de 17 de marzo de 2010. No obstante, en este decreto consta que “en concordancia con lo establecido en la Ley de Contratación Pública, el director general de Ingresos, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, solicitará a las instancias correspondientes, dependiendo de la cuantía, la excepción de acto público y la autorización para contratar directamente con el gestor de cobro autorizado…”.
Al respecto, Cucalón dijo que como el contrato no establecía un monto fijo, sino que los honorarios de la empresa dependían de los montos recuperados, no se podía determinar a qué instancia solicitar la autorización.