Las lecciones del caso Moncada
Lo histórico de lo acontecido con el ex magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –el mayor representante de la justicia en la República de Panamá–, que se declaró confeso de dos delitos graves, nos motiva a hacer un alto en el torbellino noticioso para analizar las lecciones que esto implica para la ciudadanía, los funcionarios y la democracia.
En primer lugar, hay que destacar el papel que juega la libertad de expresión en un sistema democrático, que quedó demostrado de forma contundente en este caso. La labor de La Prensa, al destapar la inconsistencia de los bienes del magistrado en razón de sus ingresos, fue decisiva. Igual situación vemos en otros casos sonados de corrupción. No puedo pasar por alto la ironía que significa que el reo Moncada Luna pasara de ser censor de medios a preso por la labor de estos.
Lo segundo a destacar es el sistema penal acusatorio. En un país acostumbrado a procesos que tardan varios años, vimos cómo ese sistema tiene los elementos pertinentes para llegar a una conclusión en solo cuatro meses. Es indiscutible que con su aplicación entramos en una etapa efectiva de la justicia. Lo necesario ahora es proveer a la administración de recursos para que haga su labor de manera eficiente, salvaguardando los derechos fundamentales de los ciudadanos, en especial, su libertad personal.
También quedó en evidencia que aunque es mejor, el sistema penal requiere ajustes. Hay que aclarar la norma de los acuerdos entre reos y fiscales. Se debe obligar al reo que llega a un acuerdo a explicar en público cómo cometió el delito del que admite ser culpable. Es importante para que entienda que se trata de un mea culpa, genuino. También para evitar abusos por parte de los fiscales, pues se torna muy difícil explicar un crimen no cometido.
Las declaraciones patrimoniales no pueden quedar fuera de este análisis. Esta es la piedra angular para medir la actuación de todo funcionario a la entrada y salida de un cargo. Es de rigor que pasemos a la divulgación de estas declaraciones, a efecto de lograr que cada ciudadano se convierta en un auxiliar de la justicia. La transparencia es el único mecanismo efectivo y comprobado para prevenir el asalto a los bienes públicos. En manos del contralor está que esto suceda. Es él quien debe poner en internet todas y cada una de las declaraciones patrimoniales de los actuales y anteriores funcionarios. Ampararse en un fallo espurio de la CSJ no tiene sustento jurídico (los fallos no son ley), además es una excusa muy tenue para no cumplir con la transparencia debida que requiere su posición.
Moncada Luna nunca debió llegar a magistrado. Esto fue posible por dos razones: la falta de un mecanismo de control efectivo por parte de la Asamblea y la ciudadanía, y la baja catadura moral del anterior presidente de la República. En el primer caso, debemos modificar la Constitución para que el proceso de ratificación de la Asamblea requiera de una serie de condiciones: absoluta transparencia de los haberes del designado; período de análisis e interrogatorio del designado, con especial poder a la oposición y a la ciudadanía; y una votación calificada para su ratificación.
En cuanto a la baja catadura moral del ex presidente, debo comentar que la propia designación de Moncada Luna, que había sido destituido por faltas a la ética cuando ejercía como director de la PTJ, reafirma tal calificativo. A Martinelli le preocupaba más contar con un cómplice de fechorías, que con un magistrado honorable. Es lamentable, pero esa ha sido hasta ahora la tónica del Ejecutivo. Al actual presidente lo mediremos por su actuación en este tema y cómo logra que el sistema se fortalezca en la estructura constitucional.
Por último, me siento orgulloso de mi país y mis conciudadanos. Somos una nación que hace cambios graduales, a veces desesperadamente lentos, pero, por lo general, consensuados y en buena dirección (eliminación del ejército, blindaje del Canal, oposición permanente a la reelección, entre otros). Hoy llegamos a un consenso nacional para acabar con la corrupción y el “juega vivo” en la administración de justicia, esto hace que las instituciones públicas funcionen de manera eficiente. Ese consenso nos lleva por el camino de hacer de Panamá, no solo un mejor país, sino uno en el que impere el estado de derecho.