La justicia en Panamá
En este mi primer artículo de opinión deseo referirme a la justicia, algo esencial en la sociedad. Al respecto, hay un dicho que dice: “La justicia tarda, pero llega”. Y pareciera que Panamá, poco a poco, se asoma al cumplimiento de esa máxima popular. Pero es claro que eso se ha logrado gracias a los empujones de la sociedad organizada y del panameño de a pie, cansado de sufrir, pagar y cargar con las injusticias.
La profunda crisis institucional de la justicia panameña se caracteriza por el bajo nivel moral, ético y profesional de los encargados de impartirla de forma imparcial y en apego a las normas y leyes que rigen en el país. A lo largo del periodo republicano, las diferentes generaciones de panameños no han visto el ejercicio de una justicia verdadera, sino de tipo inconsecuente en cuanto al uso y aplicación de las normas y las leyes. Se puede decir que hasta ahora responde solo a intereses políticos y económicos y, en este oscuro y profundo escenario, se producen irregularidades. Por eso, como reza otro dicho popular: “solo al hijo de la cocinera se le aplica la ley”. Es decir, de acuerdo con el interés político y económico del momento, se logra que la balanza de la justicia se incline del lado de los que olímpicamente se burlan de las leyes, con el apadrinamiento de los jueces que deberían impartir fallos imparciales, transparentes y prístinos.
Uno de los síntomas más peligrosos de descomposición de una sociedad es cuando los ciudadanos dejan de creer en el sistema judicial y en los responsables de este.
La relación entre la justicia y la política en Panamá ha demostrado, a través de la historia, que responde a intereses económicos. En el pasado existía una clase oligárquica que se turnaba en el Gobierno, según sus propios intereses, y cumpliendo mandatos del coloso del norte. Hoy día, la clase política juega otro rol en el escenario, pero no ha cambiado mucho respecto a que la mayoría de los políticos buscan llegar al poder, ejercerlo y beneficiarse de él, en vez de contribuir al desarrollo y progreso económico y social del país. Es necesario que todos y cada uno de los panameños honestos, justos y decentes –que somos la mayoría– ejerzamos nuestros derechos y defendamos la justicia. No es posible que, año tras año, los políticos lleguen al poder amparados por personas con grandes intereses económicos y el favor de aquellos que no valoran su voto, pues eligen a gente sin principios ni escrúpulos.
En el escenario que vivimos hoy, en que por primera vez pareciera que la justicia cumple con su papel protagónico y esencial de llevar a las personas corruptas ante la majestad de los tribunales, es necesario que los encargados de aplicar las leyes sean elegidos por sus principios, integridad, honestidad, ética, además de sus conocimientos y trayectoria en la jurisprudencia.
Hay que acabar con la práctica que prevalece hasta ahora, cuando se designa a funcionarios que responden a los intereses económicos y políticos.
¿Cómo se ve a Panamá desde afuera? Según el informe del Índice de Estado de Derecho de 2014, del Proyecto Mundial de Justicia, aplicado en 99 países, Panamá aparece en el puesto 57 de ausencia de corrupción; en orden y seguridad ocupa al 62; en justicia civil, el 69, y en justicia criminal, el 65.
Esto confirma algo que todos los panameños ya sabemos, pero que a la vista de otros países revela lo mal que están nuestras instituciones, autoridades y funcionarios administradores de justicia, pues deja en evidencia que aquí impera la injusticia y la justicia acomodaticia a interés muy alejados de un estado de derecho.
Se puede decir que la diosa de la mitología griega Themis, que personifica la justicia divina de la ley, en Panamá, además de tener vendados los ojos para que no vea a dónde se inclina la balanza, es sorda, muda y padece de un cáncer metastásico del que solo un milagro la puede salvar.
Para que ocurra ese milagro es necesario que todos los panameños nos unamos, sin distingo alguno, y saquemos a la justicia de ese estado de “desahuciada” que sufre hoy día.