En Defensa De Panamá Y Su Economía
En febrero de este año, el abogado australiano Terry Dwyer escribió un artículo sumamente importante para entender los ataques de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a países como Panamá y lo que esa intromisión significa para el ordenamiento jurídico internacional. El destacado jurista reside y ejerce en un país miembro de la OCDE, por lo que dicho escrito, publicado en Offshore Investment, bajo el título “La guerra a la privacidad, ¿se puede resistir al estándar de intercambio de la OCDE?”, merece especial atención.
En 1998, el club de los países ricos llamado OCDE lanza una ofensiva denominada “competencia impositiva dañina” (en inglés harmful tax competition). Desde esa fecha, esta nefasta organización liderada por Estados Unidos y sus adláteres europeos ha violado el derecho internacional en forma flagrante y ha atacado a los países pequeños que osan irrumpir en el negocio de servicios financieros y administración de patrimonios internacionales. Incapaces de aceptar su ineptitud de crear políticas económicas y fiscales que atiendan el descalabro financiero de sus economías, pisotean la soberanía y el derecho a la autodeterminación del rumbo social y económico de países más pequeños.
El distinguido colega panameño Adolfo Linares Franco, acérrimo defensor de la soberanía nacional, afirma lo siguiente sobre la OCDE: “En abierta violación al derecho internacional público, la OCDE pretende imponer a la fuerza unos supuestos estándares en materia fiscal en detrimento de países como Panamá con el único propósito de ponerlos a ellos –los países de la OCDE– en ventaja y Panamá no debe caer en ese juego. Debemos denunciar este atropello ante las Naciones Unidas y exigir el respeto al principio de la igualdad jurídica de los Estados. No hacerlo y ceder sería entregar nuestra soberanía a los intereses de la OCDE y esto es inaceptable”.
Dwyer concuerda con la posición de Linares y con los argumentos de muchos abogados y economistas locales: se está obligando a países soberanos, como Panamá, a ser recolectores de impuestos sin importar su soberanía, leyes internas y, probablemente, violando principios constitucionales tan fundamentales como el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de documentos y de correspondencia.
Resulta inverosímil que un ejército de burócratas encerrado en sus oficinas palaciegas en París, sede de la OCDE, donde, paradójicamente, están exentos de impuestos, llegara tan lejos en detrimento de la soberanía de múltiples pequeñas naciones. La última movida de la OCDE, endosada por otros países ricos del G-20, es establecer un intercambio automático de información, lo que equivale a una forma de intervencionismo financiero.
Cito a Dwyer: “Así, han caído bajo ataque normas lógicas y de larga data sobre doble criminalidad, leyes de inexigibilidad de rentas de otros países, el respeto a leyes locales sobre privacidad y confidencialidad, por órganos internacionales expertos, no elegidos y designados por distintas burocracias fiscales. De alguna manera, estos órganos no elegidos como son el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Foro Global sobre Impuestos, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional se han autodesignado como los amos de Gobiernos soberanos. Muchos centros financieros no parecen darse cuenta de que sus sectores de servicios se encuentran bajo una amenaza real. Algunos parecen querer consolarse con la idea de que habrá suficiente trabajo corporativo para compensar por la pérdida del trabajo con clientes privados”.
Países más pequeños que Panamá, como Barbados en 2011 y más recientemente las Bahamas, le han dicho a la OCDE que no firmarán ningún acuerdo estándar que le haga daño a su industria financiera y que prefieren firmar tratados para evitar de la doble tributación con países que los respeten, que respeten las leyes internacionales y cuyos acuerdos les traigan beneficios tangibles. Panamá debe montar una estrategia agresiva en defensa de la soberanía y de la Constitución Nacional. Esta ha sido la clave de nuestro éxito como nación.
Sí, el mundo ha cambiado. Hay necesidad de mayor transparencia financiera y de mejores prácticas de debida diligencia. Panamá cumple con esa nueva realidad, como da fe la nueva Ley 23 de 27 de abril de 2015 que extiende, entre otras cosas, la necesidad de conocer a su cliente a más de 20 industrias que antes no estaban reguladas. Pero hay que aceptar que el mundo no ha cambiado en otro aspecto: cuando los países poderosos quieren imponer sus ideas y sus políticas lo hacen con doble moral y sin importar las consecuencias. El intervencionismo sigue vivo en pleno siglo XXI.