El Fiscal cierra las sumarias del caso de escuchas telefónicas
El fiscal Ricardo Muñoz de la Fiscalía Especializada contra la delincuencia organizada concluyó el pasado 27 de marzo la instrucción sumarial en el caso de los ‘pinchazos’ telefónicos.
Esto, según los abogados Ángel Álvarez y Paulo Vega, defensores de Zulay Rodríguez y Álvaro Testa, víctimas en el proceso, sin que se haya tomado declaración a varios exfuncionarios de la administración de Ricardo Martinelli.
Según los juristas, el correo electrónico sobre el cual recae la petición, corresponde a una comunicación privada dirigida al político de oposición y expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, y cuyo remitente es una persona identificada como ‘Ricardo Pérez’.
En el correo, se informa según los abogados que el gobierno había comprado un aparato de interceptación telefónica para el Consejo de Seguridad.
Álvarez y Vega sostienen que dicha comunicación privada ingresó a la cuenta de rmartinelli@super99.com a la 1:15 am del 29 de diciembre de 2009 y desde la misma cuenta a las 11:26 a.m. del mismo día, fue redistribuido por el Martinelli a Jimmy Papadimitriu, entonces ministro de la Presidencia; Gustavo Pérez exdirector de la Policía Nacional; Jaime Trujillo exdirector del Consejo de Seguridad; Olmedo Alfaro exdirector del Consejo de Seguridad y al exvícepresidente, Juan Carlos Varela, y, por segunda ocasión, a dos funcionarios del Consejo, Gustavo Chong y a Santos Pittí.
Estas diligencias, según la firma de abogados, no fueron practicadas por el fiscal quien ha visto sobrepasado el tiempo de investigación.
Entre las últimas peticiones que solicitaron los abogados, es que se cite a Balladares y a Martinelli para que el primero reconozca el correo, y el segundo, explique cómo tenía en su computadora un correo electrónico que no estaba dirigido a él.
‘El ministerio Público admitió la prueba de Ernesto Pérez Balladares’ afirmó Álvarez, pero la segunda no se pudo hacer.
Sobre esta prueba, según los abogados, la fiscalía negó el testimonio del resto de los antes mencionados, lo que daría luces sobre ‘los mecanismos utilizados, la extensión del daño causado, el número total de víctimas y la identificación de los autores y medios utilizados para la ejecución del delito’, se lee en la petición efectuada por Álvarez y Vega a la Fiscalía.
El Ministerio Público está en vísperas de confeccionar la vista fiscal del caso que inició el 30 de enero de 2015.
En el documento en que el Fiscal expresa la conclusión de las investigaciones, detalla que se trata de un expediente con actividad investigativa constante y sin dilaciones encaminadas a descubrir la verdad de los hechos, así como los autores, partícipes o encubridores del mismo.
Punto en el que Álvarez y Vega argumentan que la Fiscalía debió solicitar al juez una prórroga para ampliar la investigación y citar a todos los exdirectores del Consejo de Seguridad para que se aclare el grado de responsabilidad que podría caer sobre cada uno de ellos.
Aunado a esto, solicitaron al Fiscal se determine; salario, pagos, emolumentos, viáticos y beneficios económicos que recibían William Pittí, Roni Rodríguez (con paradero desconocido), Gustavo Pérez y Alejandro Garuz entre 2009-2014, cuando ocupaban cargos públicos.
‘Solicitamos que se verifique el patrimonio económico de los imputados porque Ronie Rodríguez y William, Pittí además de su salario, por hacer espionaje político recibían pagos extras que alcanzaban hasta los 20 mil dólares mensuales de dinero del Estado’ manifestó Álvarez.
El jurista no especificó de qué partida gubernamental provenía estos dineros.
Según los abogados, en el expediente consta la declaración de la Directora Legal del Consejo que afirma se entregaba a Pittí y a Rodríguez en efectivo 6 mil dólares mensuales.