El Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo
Ayer, 20 de enero, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, designó al ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, como presidente del Consejo de la Concertación para el Desarrollo, un espacio de participación en la búsqueda de una sociedad más democrática, equitativa y próspera, como señalan sus objetivos.
Después de haber reunido a casi 2 mil participantes, a lo largo de 173 sesiones de trabajo en mesas temáticas, y 51 reuniones en nueve provincias y tres comarcas indígenas, el pleno de la concertación logró consensuar, el 29 de octubre de 2007, más de 600 acuerdos en sensitivos temas vinculados al crecimiento económico, al bienestar social y al buen gobierno, ejes fundamentales de cualquier política de desarrollo social.
La magnífica experiencia panameña de la Concertación ha sido reconocida por otros países que entienden la importancia de unir a los principales actores de la sociedad civil, incluyendo obreros, empresarios, iglesias, instituciones académicas, pueblos originarios, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y Gobierno, con el objetivo de alcanzar compromisos sobre temas que en los que países vecinos aun se debaten en confrontaciones estériles.
Como resultado de este ejercicio, en Panamá se aprobaron importantes leyes como la Ley 20 de 2008 que crea el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo y aprueba el mecanismo de verificación y seguimiento de los acuerdos y las metas de la Concertación Nacional para el Desarrollo, así como la 34 del 2008 de Responsabilidad Social Fiscal, que impuso a los gobernantes una disciplina fiscal orientada a darle estabilidad y sostenibilidad a nuestro crecimiento económico con transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.
Recientemente, el PNUD financió una consultoría orientada a jerarquizar las propuestas consensuadas en base a su nivel de impacto y factibilidad, definió un universo temporal para cada una, y propuso indicadores que facilitan el trabajo de darle seguimiento a las mismas. El informe ya está terminado y listo para que los 23 miembros de la sociedad civil y del Gobierno puedan reiniciar sus funciones sobre una base actualizada.
Los gobernantes deben entender que contar con este instrumento de deliberación y propuesta con participación de la sociedad civil, lejos de significar una limitación a sus poderes, representa una invaluable ayuda en su misión de trabajar por el bien común tomando decisiones que serán respaldadas frente a intereses mezquinos, en un ejercicio democrático, que no solo supone elegir gobernantes en procesos transparentes, sino también acompañarlos en su misión de lograr el bienestar de todos y todas. Esperamos que con esta designación, no se demore más la revitalización del Consejo y que cuanto antes se cite a sus actores para que analice lo actuado y evalúe los logros y obstáculos encontrados sobre los acuerdos consensuados.