El Ajedrez Político Del Magistrado
A causa del reciente juicio al exmagistrado Alejandro Moncada Luna, haré las veces de “abogado del diablo” en este análisis. En esa línea, me pregunto: ¿qué habría pasado si el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia hubiera rechazado el acuerdo al que llegó con el fiscal Pedro González durante el proceso realizado en la Asamblea Nacional?
El caso se originó por una denuncia del Colegio Nacional de Abogados, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica, corrupción de funcionarios públicos y blanqueo de capitales. Tras cuatro meses de investigación, Moncada Luna aceptó un acuerdo con la fiscalía y se responsabilizó de dos de los cuatro delitos que se le imputaban. ¿A quién se pretendía proteger con ese acuerdo? Esa interrogante circula aún en el inconsciente colectivo de la sociedad. Después de firmado, se corrió la noticia que Moncada Luna rechazaría el acuerdo, lo que generó incertidumbre por lo que sucedería el día del juicio.
Será que mordió el anzuelo al aceptar la culpabilidad de dos de los cargos imputados, con la esperanza de que no le incautaran las cuentas bancarias, que sumaban 4.6 millones de dólares. Y que luego de cumplidos dos tercios de la pena quedaría con buen billete, para seguir su vida de bohemio. Pero sucedió que las juezas de garantías no le rebajaron la pena de 60 meses. Lo enviaron a cumplir su condena en un centro penitenciario y le dieron traslado a las cuentas incautadas al Ministerio Público para que decida la suerte de ese dinero.
¿Qué habría pasado si Moncada Luna hubiese rechazado el acuerdo? Pues hoy, la Asamblea Nacional aún estaría envuelta en el juicio a ese magistrado, con la diferencia de que el caso pasaría del plano jurídico al terreno político, estancando las otras funciones de este órgano del Gobierno. Hay opiniones encontradas que cuestionan si le competía al pleno juzgarlo o una subcomisión. Las fuerzas políticas querían una condena en firme, pero carecían de los votos de la mayoría calificada para lograr una condena. Además, como el voto es secreto, la decisión era una condición incierta.
Todo esto habría tensado las fuerzas políticas del gobierno y la oposición, y habría puesto a prueba el sistema judicial, a los diputados y sus partidos, porque ya se escuchaba de la oferta de “maletines con dinero”, de bando y bando, para torcer voluntades y lograr el voto favorable. Una vez que Moncada Luna aceptó el acuerdo, llegó un respiro para las fuerzas del gobierno y para la sociedad civil, que quería dar un escarmiento y sentar un precedente en la justicia. Ahora que se despejó la vía para nombrar a un nuevo magistrado, ojalá se tome en cuenta la opinión de la sociedad civil organizada. Espero que esto le sirva de lección a otros funcionarios judiciales, para que cumplan con sus obligaciones como lo establece la Constitución y la ley.