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Un total de 36 profesionales del derecho se han postulado hasta ahora como aspirantes a las plazas disponibles para el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Transcurridos apenas dos días del periodo de postulaciones, que se abrió este lunes y que culmina el viernes 13 de abril, ya han registrado sus hojas de vida 29 aspirantes varones y 7 mujeres.

Entre estos figuran el expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Rubén Elías Rodríguez, el exembajador de Panamá en Paraguay Roberto Ruiz Díaz, la exadministradora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) Ada Margarita Romero, la actual fiscal Superior de Juicio Especializada en Femicidios Maruquel Castroverde y Farah Diva Urrutia, quien actualmente es la Directora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores ( ver infografía ).

El listado de los primeros postulados lo dio a conocer ayer la Secretaría de Comunicación del Estado, en su cuenta de Twitter .

Los interesados en el puesto podrán enviar hasta este viernes su documentación en formato digital al correo electrónico magistrados@presidencia.gob.pa .

Luego de que finalice el periodo de postulaciones en esta convocatoria pública hecha por el Órgano Ejecutivo, una comisión integrada por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán; la ministra de Gobierno, María Luisa Romero; el viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez; la viceministra de Desarrollo Social, Michelle Muschett; y el abogado Gian Castillero, se encargarán de realizar una preselección de los aspirantes y elaborarán una lista de al menos diez candidatos.

Esta lista será sometida a un proceso de consultas dentro del Pacto de Estado por la Justicia, que hará sus observaciones.

LISTADO MÁS AMPLIO

El diputado Pedro Miguel González, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), advirtió que su partido no estaría de acuerdo con el ‘engaño’ de que solo se envíe al Pacto de Estado una lista de diez aspirantes.

Ya el procurador de la Administración y coordinador de la Comisión de Estado por la Justicia, Rigoberto González, emplazó al Órgano Ejecutivo a remitir a esa instancia la lista de todas las personas que se postulen a este cargo.

REQUISITOS

Exigencia constitucional para ocupar el cargo de magistrado de la CSJ

EDAD

Ser panameño por nacimiento y haber cumplido treinta y cinco años de edad.

DERECHOS

Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos.

ESTUDIOS

Ser graduado en derecho y haber inscrito el título universitario en la oficina que la ley señale.

EJERCICIO

Haber completado, por lo menos, diez años de ejercicio profesional como abogado.

En tanto, el abogado Ernesto Cedeño calificó de positivo que el Ministerio de la Presidencia divulgue por día los nombres de los aspirantes para que la ciudadanía fiscalice la cantidad de abogados y abogadas que han presentado su hoja de vida.

‘En la medida en que el Consejo de Gabinete escoja a la lista de diez aspirantes o más para la ponderación, ya el pueblo de una manera transparente puede censar si se escogió a los buenos o a los malos, porque podrán investigar sus ejecutorias’, precisó Cedeño.

Añadió que este proceso de selección se podría fortalecer si el Consejo de Gabinete hace una ponderación objetiva de todas las hojas de vida.

El primer día se postularon más de treinta aspirantes y se puede pensar que al final sean más de 150. ‘Esta es una buena cantidad como para que se pueda hacer una buena designación’, señaló.

Las dos figuras que sean seleccionadas para ocupar este cargo deberán reemplazar a los magistrados Oydén Ortega y Jerónimo Mejía, cuyo periodo de diez años venció en diciembre de 2017.

Este será el segundo intento del Órgano Ejecutivo para escoger a estos funcionarios, luego de que la Asamblea Nacional rechazara ratificar la designación de las abogadas Ana Lucrecia Tovar de Zarak y Zuleika Moore, como magistradas de la Corte.

Mientras que la bancada del Partido Panameñista espera que la Corte decida sobre el amparo de garantías constitucionales contra la elección de la actual Comisión de Credenciales dominada por la oposición y que en primera instancia deberá analizar la documentación de las dos figuras que el Consejo de Gabinete designe como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Gustavo A. Aparicio O.

 

A pesar de que el periodo de postulación para la escogencia de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se inicia hoy, sectores políticos y de la sociedad civil vinculados con este tipo de procesos coinciden en que no habrá tiempo suficiente para analizar a profundidad las hojas de vida de los aspirantes al cargo antes de que culmine, este 30 de abril, el periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Nacional.

El Órgano Ejecutivo decidió, el pasado 3 de abril, someter la selección de dos nuevos magistrados de la Corte al Pacto de Estado por la Justicia, pero primero abrió una convocatoria pública para los interesados, quienes deberán enviar sus hojas de vida a la dirección magistrados@presidencia.gob.pa , desde hoy lunes 9 hasta este viernes 13 de abril.

Posterior a este periodo, se elaborará una lista corta de al menos diez candidatos que será sometida a un proceso de consultas con el Pacto de Estado por la Justicia, para que den a conocer observaciones sobre los aspirantes. Luego de las consultas, la lista sería nuevamente evaluada por el Consejo de Gabinete.

‘LOS TIEMPOS NO DAN’

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) hizo un llamado a todos los abogados del país que cumplan con los requisitos legales para ser magistrados a que presenten sus hojas de vida para aspirar a esta posición.

Sin embargo, el vicepresidente del CNA, Alfonso Fraguela, expresó que en atención a los últimos acontecimientos no ve que los tiempos para cumplir con la selección de los magistrados de a Corte , sean favorables.

MORA

La Asamblea Nacional y el Ejecutivo, en mora con estos nombramientos.

Los magistrados que designe el Órgano Ejecutivo y ratifique la Asamblea Nacional deberán remplazar a Oydén Ortega y Jerónimo Mejía en las salas Primera de lo Civil y Segunda de lo Penal, respectivamente.

‘Se busca analizar la hoja de vida de los postulados, la recepción de los postulados terminará el viernes, luego habrá un proceso de análisis que no sabemos cuál será el criterio aún para el mismo’, dijo Fraguela.

Expresó que lo indicado será esperar a evacuar todos estos trámites de selección, para luego remitir los nombres al Pacto de Estado y que después retornen al Consejo de Gabinete para ir a la Asamblea.

‘Quiero ser optimista, pero siento que los tiempos no dan. Lo apropiado sería esperar hasta julio, para que un ambiente renovado sea el apropiado para que los diputados realicen la consulta pública. Discutir este tema en sesión extraordinaria sería forzar los tiempos, y lo que el pueblo, y el Colegio Nacional de Abogados desea es un proceso transparente’, enfatizó el directivo de este gremio abogadil.

SESIÓN EXTRAORDINARIA, EN DUDA

José Luis Varela, diputado y presidente del Partido Panameñista, consideró que por el corto tiempo que resta para concluir el periodo ordinario, la ratificación de estos dos nuevos magistrados se daría después del primero de julio con la nueva Comisión de Credenciales que se instale, tras el inicio del quinto periodo ordinario de sesiones.

Varela manifestó que el presidente de la República no es mucho de llamar a sesiones extraordinarias, mucho menos con la situación actual del no reconocimiento por parte de la bancada panameñista de la actual conformación de la Comisión de Credenciales, por considerar que es ilegal.

ESPERAN DECISIÓN DE LA CORTE

Mientras, el también diputado Luis Eduardo Quirós expresó que la bancada panameñista está en espera del resultado del amparo de garantías constitucionales presentado ante la Corte Suprema, contra la votación en la que se eligió a una nueva Comisión de Credenciales.

‘De ser admitido se suspendería todo lo actuado. Nuestro criterio es que mientras existan dudas sobre la legitimidad de la Comisión de Credenciales, no es oportuno tratar este tema en la Asamblea’, precisó el diputado Quirós.

SOBRA TIEMPO

En tanto, el diputado Leandro Ávila, del Partido Revolucionario Democrático, consideró que tiempo es lo que sobra para el nombramiento y ratificación de estos dos nuevos magistrados.

‘Esto bien se puede hacer, ya sea en periodo ordinario o extraordinario. El tema es que exista la voluntad de salir de esa responsabilidad’, expresó el perredista.

CCIAP SUGIERE AMPLIAR LA LISTA DE DIEZ

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) sugirió al Órgano Ejecutivo que la lista de aspirantes al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que presentará al Pacto de Estado por la Justicia para su análisis, sea superior a los diez anunciados inicialmente.

El gremio empresarial consideró que el proceso propuesto por el propio presidente en su plan de gobierno durante la campaña electoral invita a los miembros del Pacto a realizar un análisis a conciencia de los candidatos, y a la sociedad civil a interesarse en el proceso para así exigir la elección y ratificación de las personas más idóneas, con altos estándares morales.

‘Sugerimos y confiamos en que, con miras a alcanzar este objetivo, la lista de candidatos a ser analizada por los miembros del Pacto supere a los diez aspirantes anunciados recientemente’, indica la CCIAP.

Señalan que es importante la participación del Pacto de Estado por la Justicia en este proceso porque contribuye a desactivar las tensiones que han motivado la preocupación generalizada de la sociedad en los últimos meses.

‘Independientemente que el proceso involucra al Pacto de Estado por la Justicia, es el Presidente de la República quien está llamado a ejercer su responsabilidad, la cual es histórica; porque le da la oportunidad de corregir rumbo y dar un paso trascendental en la lucha contra la corrupción y la impunidad, puesto que muchos de los yerros de nuestra justicia tienen que ver con el desempeño de sus instancias más altas’.

Para el sector empresarial las diferencias que pueden darse de manera necesaria entre poderes públicos se corresponden con las reglas de los contrapesos que mandatan el juego democrático en sociedades tolerantes y respetuosas del disenso participativo.

‘Por tal motivo, también es responsabilidad del Órgano Legislativo la obligación no menor de cumplir su función con apego estricto a la letra y al espíritu de la Constitución’.

 

Gustavo A. Aparicio O.

El procurador de la Administración y coordinador de la Comisión de Estado por la Justicia, Rigoberto González, emplazó ayer al Ejecutivo para que remita a esa instancia la lista de todas las personas que se postulen para convertirse en magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). González indicó que, a diferencia del proceso de consultas ciudadanas que se llevó a efecto en el año 2015, en esta ocasión el Ejecutivo debe publicar, desde el día uno del proceso, los nombres de las personas que se vayan postulando para ocupar los cargos. El Ejecutivo anunció la noche de este martes que enviará a la Comisión de Estado por la Justicia una lista de 10 aspirantes, que serán preseleccionados por una comisión compuesta por ministros, principalmente. Al respecto, el procurador González solicitó al Ejecutivo que esa lista de preseleccionados sea de más de 10 aspirantes y que también se revelen los criterios que se utilizarán para su escogencia. A partir del próximo lunes 9 y hasta el viernes 13 de abril se abrirá el período de postulaciones para escoger a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema que reemplazarán a Jerónimo Mejía y a Oydén Ortega, a quienes se les venció el período de 10 años el 31 de diciembre de 2017.

La mayoría de los miembros de la Comisión de Estado por la Justicia planteó que aunque el método que presentó el Ejecutivo para nombrar a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no es el que propuso esa instancia, aún se garantiza la participación ciudadana en el proceso. El procurador de la Administración y coordinador de la Comisión, Rigoberto González, indicó que el método que propone el Ejecutivo en esta ocasión es similar al que se utilizó en 2015, y en el que finalmente resultaron nombrados como magistrados Cecilio Cedalise y Ángela Russo. González advirtió que a diferencia de 2015, esta vez pedirán al Ejecutivo que presente la lista completa de las personas que aspiren a los dos puestos de magistrados en la CSJ. También dijo el procurador que pedirán al Ejecutivo que amplíe la lista de 10 personas que serán preseleccionadas por una comisión integrada en su mayoría por ministros de Estado. Además, indicó que solicitarán a esa comisión del Ejecutivo que revele los criterios que utilizará para preseleccionar a los abogados que serán los que se sometan a consulta ciudadana en la Comisión de Estado por la Justicia. Sobre la posibilidad de que la Comisión de Estado por la Justicia manifieste, luego de las consultas ciudadanas, qué candidatos son aptos y cuáles no para ocupar las magistraturas en la CSJ, el procurador respondió que esa instancia nunca ha tenido la facultad de decir quién sí y quién no. “No ha habido un método donde la Comisión señale o indique al Ejecutivo quién es apto y quién no”. En tanto, Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, manifestó que aunque la metodología que propone el Ejecutivo es la misma que se usó en 2015, todavía se puede obtener una participación ciudadana. “Se puede hacer algo siempre y cuando la ciudadanía participe y la Comisión de Estado haga un buen escrutinio de los candidatos, que al final no es la opinión de la Comisión, sino de la ciudadanía, y es la que tenemos que hacer que salga a flote”, señaló Castillo.

A su juicio, a diferencia del método de 2015, esta vez la Comisión de Estado se debe “atrever” a decir quiénes cumplen y quiénes no con los requisitos éticos y cívicos para ocupar el cargo de magistrados de la CSJ, porque en los momentos que vive el país no es cualquier persona la que puede permitirnos recuperar la confianza en la administración de justicia. En tanto, Dionisio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, señaló que es positivo el paso que ha dado el Ejecutivo, pero que hubiese sido más interesante que los preseleccionados salieran de la Comisión de Estado. Por su parte, el viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, señaló que entre 15 y 30 días tomará la comisión de ministros que hará la preselección de los candidatos. “Todo dependerá del número de postulados que se presenten… estamos pidiendo sus hojas de vida y su intención expresa de participar”. Al consultársele si el Ejecutivo hará públicos los nombres de todos los que  presenten sus hojas de vida, respondió que una de las cosas que aprendieron en las pasadas designaciones es que hay que poner en conocimiento público la lista inmediatamente se van recibiendo los nombres, toda vez que la ciudadanía también participa de forma indirecta en el escrutinio. El funcionario también manifestó que puede darse la posibilidad de que el Ejecutivo envíe a la Comisión de Estado por la Justicia más de 10 nombres de los aspirantes que sean preseleccionados para el cargo de magistrados de la CSJ. El Ejecutivo hará la selección final de los dos candidatos que serán enviados para su ratificación por la Asamblea Nacional. Los nombramientos serán para reemplazar a los magistrados Mejía y Ortega, cuyos períodos vencieron el 31 de diciembre de 2017.

 

Aminta Bustamante

La discusión en segundo debate del proyecto de ley 514, con el cual se busca la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, entra hoy en una etapa crucial.

El pleno de la Asamblea Nacional se encuentra en sesión permanente desde el pasado martes, y culminada el miércoles la primera ronda de oradores, queda pendiente para hoy una segunda vuelta de intervenciones, la presentación de propuestas de modificación y la votación del documento impulsado por un grupo de estudiantes de la Universidad Santa María la Antigua (USMA) y el Movimiento Independiente (Movin).

RETA EL GOBIERNO

El diputado y secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, retó al oficialista Partido Panameñista y al gobierno del presidente Juan Carlos Varela a aprobar y sancionar el proyecto con las modificaciones propuestas por los perredistas y avalada por diputados de Cambio Democrático (CD).

González se refiere a un paquete de modificaciones presentadas el pasado miércoles en el hemiciclo legislativo por miembros de ambas agrupaciones políticas.

Una de las propuestas del PRD y CD busca modificar el Código Penal en el artículo 51 de la Ley 14 de 2007, para que cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer delitos, siempre que sea beneficiada por él, sea inhabilitada para contratar con el Estado, directa o indirectamente, de manera permanente.

También presentaron una propuesta de modificación similar a la que busca el proyecto de ley sobre ‘muerte civil’, que se encuentra en discusión en la Comisión de Gobierno.

La propuesta del PRD y CD sugiere ajustes a la Ley 61 de 2017, que modificó la Ley de Contrataciones Públicas, con el fin de que no puedan contratar con el Estado las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que hayan sido condenadas en Panamá o en el extranjero por sentencia judicial definitiva por la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra el orden económico, terrorismo o financiamiento del terrorismo o cualquier otro delito contra la seguridad colectiva.

PROPUESTAS

El panameñista Luis E. Quirós y la diputada Ana Matilde Gómez también sugirieron cambios

DELITOS

Proponen que la acción penal no prescriba cuando se trate de diferentes formas de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, concusión y fraude en los actos de contratación pública del Título X del Código Penal.

SUSPENSIÓN

Proponen suspender el plazo de la prescripción de la acción penal en los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos mientras cualquiera de los que haya participado en el delito siga desempeñando un cargo público.

El PRD, dijo González, también propondría que no solamente los acuerdos a los que llegue el Ministerio Público se conozcan por virtud de una audiencia, sino que sean publicados en Gaceta Oficial y que queden registrados para la posteridad en todas sus consecuencias, y que además se sepa cuáles fueron los tipos penales de los que fueron exonerados quienes contrataron bajo esas circunstancias en la pasada administración.

‘Queremos que no se les blinde. No porque llegaron a un acuerdo de delación premiada se les exonere de cargos por las contrataciones de la pasada administración y además se le pretenda dar patente de corso en esta y futuras administraciones’, señaló González.

La nueva mayoría legislativa (PRD-CD) redactaría una propuesta de modificación para que quede claro que esa persona cuya empresa fue vinculada a un acto de corrupción y que se probó incluso a través de un acuerdo de pena o un acuerdo extrajudicial, no puedan contratar más con el Estado de por vida.

‘Yo quiero que ustedes los diputados de Cambio Democrático, los diputados del PRD y a ver si los panameñistas se animan; respalden las propuestas que vamos a presentar’, sostuvo el diputado perredista.

‘GONZÁLEZ TEME A ESTA LEY’

El diputado Adolfo Valderrama, del Partido Panameñista, comentó que el PRD proponga y que no le dé más vuelta a este tema.

‘El panameñismo es el único partido comprometido en la lucha contra la corrupción’, dijo.

Precisó que el PRD de seguro está buscando alguna modificación para después el asesor de la Asamblea Nacional ponga una demanda a la ley por inconstitucional. Pedro Miguel González le tiene un miedo enorme a esta ley’, afirmó.

AVALAN PROPUESTAS

Annette Planells, del Movin, avaló gran parte de las propuestas presentadas por el PRD y Cambio Democrático.

‘Ellos proponen inhabilitar a las empresas condenadas por corrupción en tribunales en Panamá o en el extranjero, que es algo por lo que nosotros peleamos durante la discusión de la Ley de Contrataciones Públicas y que algunos PRD se opusieron’, sostuvo Planells .

No obstante, Planells objeta un artículo nuevo impulsado por el PRD y CD para que se proceda a la suspensión de la investigación en aquellos casos en que el investigado, acusado, enjuiciado, imputado o procesado, solicitte la prueba que lo desvincule o exima de responsabilidad penal y esta no le sea concedida en un término de dos meses porque la misma fue deteriorada, extraviada, destruida o se deniegue su entrega.

‘Si bien se busca garantizar el principio de acceso a las pruebas, nos preocupa que la redacción se preste para impedir la investigación’, añadió la representante del Movimiento Independiente.

Gustavo A. Aparicio O.

En una jornada agitada, diputados de la Asamblea Nacional decidieron ayer no aprobar el proyecto de ley que busca reconfigurar los circuitos electorales, impulsado por el Tribunal Electoral (TE), y por otro lado archivaron seis denuncias presentadas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y la canciller y vicepresidenta, Isabel de Saint Malo.

Ambas medidas se dan en medio de la crisis política existente entre diputados del oficialista partido Panameñista y los diputados de la mayoría legislativa conformada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD).

En primera instancia, en horas de la mañana el proyecto de ley 605 impulsado por el TE para reconfigurar los circuitos electorales siguiendo un mandato constitucional no obtuvo los votos necesarios para ser aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea.

Raúl Pineda, Quibian Panay y Leandro Ávila, del PRD; al igual que Mariela Vega, de CD, se abstuvieron de votar; mientras que Jorge Alberto Rosas y Carlos Santana, del partido Panameñista, y José Muñoz, del partido Alianza, votaron a favor de la iniciativa.

El documento debía tener cinco votos de respaldo para ser aprobado.

La iniciativa tenía como objetivo cumplir con el mandato del artículo 147 de la Constitución Política, que señala que los circuitos se conformarán en proporción al número de electores que aparezca en el último padrón electoral.

Esta misma norma constitucional , según explicó Osman Valdés, jefe de la Dirección de Organización Electoral del TE, señala que a cada comarca y a la provincia de Darién les corresponderá elegir el número de diputados con que cuentan al momento de entrar en vigencia esta norma

Es decir, que por Constitución, e independientemente del número de pobladores, a la comarca Ngäbe Buglé le corresponden tres curules; a la comarca Guna Yala, dos escaños; y a Darién, otras dos curules.

CHOQUE EN EL PRD

En el debate fueron evidentes las fricciones entre los diputados del PRD. La diputada perredista Rosa Canto, del circuito 8-1 de Arraiján, quien respaldaba la iniciativa, cuestionó a la dirigencia de su partido por negarse a aprobar este proyecto.

La iniciativa buscaba incrementar en el circuito 8-1 de Arraiján de tres a cuatro el número de escaños para diputados a partir de las elecciones de 2019.

‘Ese diputado adicional en el circuito 8-1 lo puede obtener el PRD. Yo lo acabo de llamar (al secretario general del PRD, Pedro Miguel González), no sé cuál es su agenda o la agenda que ellos tienen’, dijo Canto.

El documento también buscaba incrementar un escaño para el circuito 8-10 en Tocumen y reducía una curul en los circuitos 8-7 y 8-8.

ADVIERTEN DEMANDAS

Tras el rechazo de este proyecto, Osman Valdés indicó que para el 2019 regiría la ley que está vigente y que se aplicó en las elecciones generales de 2014.

No obstante, advirtió que los resultados de las elecciones en estos circuitos, al no haberse aprobado este proyecto, y que involucraría a 17 diputados, podrían ser demandados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por inconstitucionales.

ARCHIVAN DENUNCIAS

Por otro lado, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional rechazó admitir una denuncia contra los magistrados de la Corte José Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega, y otro caso contra el magistrado Cecilio Cedalise. También rechazaron admitir tres documentaciones o quejas contra el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y una denuncia contra la vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado.

EXPEDIENTES

Habían quince denuncias en la Comisión de Credenciales.

Tras ser archivadas seis carpetillas, solo quedan pendientes de análisis nueve denuncias, todas contra magistrados de la Corte.

La denuncia contra Ayú Prado y Fábrega fue presentada por la perredista Balbina Herrera y estaba relacionada con algunas acciones asumidas en el proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli por el caso Impregilo.

Los diputados consideraron que la prueba aportada no tiene la categoría de prueba sumaria y que no constituye delito, toda vez que se trata de una decisión interna de un órgano del Estado.

La denuncia contra Cedalise presentada por el abogado Florencio Barba Hart estaba relacionada con la presunta pérdida de un expediente en la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde se ventila un proceso de nulidad en contra de un contrato relacionado con una empresa telefónica.

Una de las denuncias archivadas contra el presidente Varela estaba relacionada con una queja del dirigente de los jubilados, Eladio Fernández, sobre las intenciones del mandatario de fusionar la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud.

Los diputados determinaron que la misma no cumplía las características de una denuncia formal.

En el segundo expediente analizado y presentado por Heraclio Bustamante contra el presidente Varela, se solicitaba el juzgamiento y destitución del gobernante por no cumplir las promesas que hizo en campaña. También se descartó y se archivó por no tener categoría de denuncia.

Una tercera documentación que señala que el presidente incumple una petición de información sobre el paradero de unas aeronaves del Servicio Nacional Aeronaval, también fue archivada.

De igual manera se archivó una denuncia de Carmen Cecilia Cal de Carles contra la vicepresidenta Isabel De Saint Malo de Alvarado, por algunas opiniones emitidas en ciertos medios de comunicación, en las cuales avaló la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre el matrimonio gay, y que la misma es ‘vinculante para Panamá’.

Se determinó que la emisión de estas opiniones no están enmarcadas en ninguna figura delictiva.

Gustavo A. Aparicio O.