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El expresidente Ricardo Martinelli parece haber tomado una decisión en torno a su situación en el proceso de extradición que se le sigue.

A 27 días de cumplir un año detenido en una prisión federal en Miami, EE.UU., los abogados del exmandatario analizan su posible retorno voluntario a Panamá, desistiendo así de los recursos presentados ante el Tribunal Federal de Atlanta, entre los que se solicitó una revisión de la fianza que había otorgado la jueza Marcia Cooke el 14 de febrero pasado y que está sujeta a la decisión de los magistrados de este Tribunal.

A esto se suma un punto que podría complicar el escenario político y judicial de su caso: el próximo torneo electoral, las primarias del partido Cambio Democrático y la situación de la Corte Suprema de Justicia.

La idea de regresar de manera voluntaria a su tierra podría tomarse como un cálculo político hasta cierto punto riesgoso, tomando en cuenta que no existe una norma que estipule un tiempo definido en que el Departamento de Estado de EE.UU. haga efectiva la entrega de un ciudadano solicitado en extradición.

Al desistir de los recursos de apelación que actualmente siguen su curso en el Tribunal Federal de Atlanta, el tiempo de retorno quedaría en manos del Ejecutivo norteamericano y del panameño. La decisión, entonces, sería meramente política.

El proceso de extradición detalla que una vez fuera de la esfera judicial, el extraditado queda en potestad del Departamento de Estado, entidad encargada de los arreglos y logística antes de la entrega del requerido. Esto previamente coordinado con el Estado solicitante, quien tiene que enviar una delegación a Estados Unidos para recibir a Martinelli y concretar la entrega.

El partido Cambio Democrático, del cual Martinelli es fundador —y presidente, hasta el 21 de enero de 2018— realizará elecciones primarias el domingo 12 de agosto.

Para esta aspiración, de acuerdo con la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones Primarias de Cambio Democrático, Emma Correa, Martinelli podría enviar al colectivo un poder ‘apostillado’ con su abogado o representante, en el que presente su deseo de competir como candidato.

La candidatura lo revestiría con un fuero electoral que impedirá que continúe el proceso penal en la Corte hasta que el Tribunal Electoral lo levante.

FISCAL PIDIÓ VACACIONES

Otro factor a tomar en cuenta es que al volver a Panamá, Martinelli deberá presentarse a una audiencia para que el fiscal de la causa, Harry Díaz, sustente la acusación en su contra.

Cabe señalar que el 8 de mayo pasado, Díaz envió una misiva a sus colegas en la que comunicó que hará uso de 17 días de vacaciones, a partir del 6 de agosto, hasta el día 22 del mismo mes.

En este sentido, Díaz designó como suplente de su despacho al magistrado Wilfredo Sáenz. No obstante, según el magistrado Díaz, su suplente no podrá ocupar su lugar como fiscal acusador en el único caso —de los ocho que están en la Corte—, por el cual se podría juzgar a Martinelli tras su retorno a Panamá, ya que así lo exige el Tratado de Extradición firmado entre Panamá y Estados Unidos.

En todo caso, a su llegada a suelo panameño, Martinelli deberá acudir a una audiencia, en la que participarían los nueve magistrados de la Corte, para la imposición de una medida cautelar restrictiva de la libertad, dependiendo de las consideraciones que se le concedan. Por ejemplo, en razón de su supuesto deterioro de salud, podría solicitar casa por cárcel o detención preventiva en un hospital.

Recordemos que la Corte declaró en rebeldía a Martinelli en octubre de 2017 y el fiscal Díaz lo acusó de los delitos de peculado, inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.

EL ANUNCIO

En horas de la mañana de ayer, corrieron rumores sobre el regreso voluntario del expresidente Martinelli a Panamá. Su vocero, Luis Eduardo Camacho, convocó a la prensa nacional e internacional a una conferencia ‘urgente’ a las 4:45 p.m. en un restaurante de la localidad. El anuncio llegó acompañado de un retrato en blanco y negro del rostro del expresidente.

Repentinamente, una hora más tarde, Camacho lanzó un nuevo tuit con la misma urgencia, en el que cancelaba el encuentro: ‘URGENTE: El restaurante en que habíamos anunciado se realizaría la conferencia de prensa de la oficina del expresidente Martinelli nos canceló la reservación por problemas ‘técnicos’, lo cual nos obliga a posponer la conferencia de prensa anunciada; agradecemos su comprensión’.

No se explicaron las razones, pero en un intervalo de una hora algo cambió.

RETORNO VOLUNTARIO

Una de las formas de minimizar los riesgos de espera de extradición, según el abogado internacional Francisco Carreira, ‘es lograr un acuerdo entre las partes: la Fiscalía, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la contraparte panameña, y el juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida’.

Si manifiesta que desea retornar voluntariamente, tendrá que desistir de la apelación de fianza, así como de la apelación a la certificación de extradición, que en este momento corren los 30 días que concedió el tribunal a la defensa para presentar sus argumentos.

‘Sus abogados en Estados Unidos tendrán que informar al juez Edwin Torres que su cliente acepta voluntariamente la extradición y éste convocará a una audiencia’, añade Carreira.

‘Esta audiencia tiene como propósito determinar que la decisión de Martinelli es voluntaria, que nadie lo obliga, o lo hace bajo ningún tipo de presión’, explica el jurista.

En la audiencia el juez interrogará a Martinelli. Sería la primera vez que lo haga directamente desde su detención.

Una vez que esté satisfecho de que la decisión es voluntaria, entonces procederá a certifica la extradición y a enviar el expediente al Departamento de Estado para su implementación.

Al pasar a manos del Departamento de Estado, continuará preso Martinelli, hasta que la entidad haga efectiva la entrega.

‘No hay norma que dicte el tiempo que esto puede tardar, es una decisión ejecutiva, puede demorarse o acelerarse. Es el momento en que Martinelli realmente queda en manos de políticos. Corre el riesgo de que Panamá le pida al Ejecutivo norteamericano cuándo enviarlo, puede ser que los norteamericanos no sigan la petición del Ejecutivo panameño’, manifestó Carreira.

La logística se centra también en temas como dónde van a entregar al expresidente, quién lo va a recibir. Todo esto forma parte de la transferencia de la custodia del solicitado.

‘Es un problema policial, el Ejecutivo panameño tendrá que enviar una delegación panameña a Miami a recibirlo y traerlo a Panamá en un vuelo comercial o en un avión especial. Esa es una decisión del Ejecutivo panameño’, apunta Carreira.

Todo esto debe ser explicado al juez para que dé su visto bueno. Los fiscales y el Ejecutivo estadounidense también deberían estar de acuerdo.

Así las cosas, a su regreso, las autoridades tendrán que juzgar a Martinelli únicamente por los cargos que solicitaron su extradición: peculado por la pérdida del equipo Pegasus adquirido en Israel, y por inviolabilidad del secreto por haber escuchado las conversaciones de 150 personas.

En política juegan otros factores. Tal vez Panamá no esté listo para recibir a Martinelli por los tiempos políticos que vive, o que imponga ciertas condiciones para su regreso, que pueden incluir tiempo y lugar donde permanecerá preso a su regreso.

Carreira recuerda que el gobierno puede pedir una nueva extradición por otro delito, lo que podría convertirse en otra carta de negociación ante su regreso.

Al final, el ajedrez permite muchas jugadas; si el gobierno panameño quisiera que Martinelli permanezca en Estados Unidos puede presentar otro caso de extradición.

El 16 de julio está pendiente la audiencia de apelación de la fianza ante el Tribunal Federal de Atlanta, que está programada en Miami, Florida, en la que podría estar presente el Martinelli, aunque no es una práctica muy usual.

Los abogados pueden tener intenciones y hacer anuncios, señala el especialista, ‘pero al final hay que ejecutar la extradición y puede tomar el tiempo que estipulen los dos Ejecutivos’ .

Adelita Coriat

Aplomado y con un amplio conocimiento del derecho, Guillermo Márquez Amado sorteó las inquietudes de los siete integrantes de la Comisión de Estado por la Justicia que lo indagaron ayer como parte del requisito previo para la candidatura a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia.

Se presentó a las 9 de la mañana, y la sesión duró casi tres horas. Gran parte de las preguntas se centraron en las fórmulas que recomendaría para agilizar la justicia y para independizar, no solo el órgano judicial, sino también los fallos que dictan los jueces.

‘La administración de justicia no está desacreditada por la compenetración del derecho, sino por la falta de independencia e imparcialidad’, manifestó Márquez.

Asimismo, aseguró que no se dejaría presionar por nadie al emitir su fallo, y que, en caso dado de lograr el cargo, le basta su experiencia como independiente cuando ocupó el cargo de magistrado del Tribunal Electoral.

El aspirante dijo que es importante responder a las necesidades demográficas del país. La Constitución de principios de siglo cubría las necesidades de un país que nacía. Ahora, dice, es necesario adaptarlo al crecimiento poblacional; aumentar la cantidad de magistrados de la Sala Civil —a la que aspira— de tres a cinco, es una manera de responder a esa necesidad.

También habló sobre el matrimonio igualitario. ‘El concolón del matrimonio es que la teoría académica señala que es entre un hombre y una mujer. Lo ideal es que todos tengan los mismos derechos. Pero no se puede discutir el tema con pasión, sino con la frialdad del hielo. Si lo quieren llamar de otra forma que lo hagan, con los mismos efectos’, propone.

Márquez criticó la falta de recursos económicos que se destinan a la Corte. Aunó el tema con los posibles cambios a la Constitución: ‘Hay que ventilarlos y traerlos al debate. No puede haber dos órganos, Ejecutivo y Legislativo, con presupuesto y un tercero, el Judicial, mendigando el dinero’.

Añadió que algunas reformas merecen revisiones más profundas que otras que aún son útiles a pesar de que han sido heredadas de la Constitución de 1886.

Por la tarde acudió la fiscal Superior del Ministerio Público (MP), Maruquel Castroverde, quien posee una carrera de más de 24 años.

‘Soy una mujer transparente y no tengo temor a someterme a ningún cuestionario’, dijo anticipándose a cualquier interrogatorio de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Es la única fiscal que se atrevió a participar en esta segunda ronda de selección al cargo de magistrados, después de que en enero pasado, la Asamblea Nacional rechazara a la candidatura de la fiscal Zuleyka Moore.

‘Estoy agradecida con Dios, con la vida y con la institución. El sentido de mi vida ha sido servicio en lo más civilizado’, dijo con contundencia.

‘Yo me precio de haber hecho una carrera en el MP, Dios así me lo ha permitido. Hubo un llamado de la vocación esperando por mí, tal vez estaba escrito. Nada me resta, me suma, porque muchas han sido las batallas que he emprendido en el MP. Puedo afirmar con contundencia que he visto el monstruo del mar a la cara, en los casos investigados’, indicó.

Añadió que es indispensable la aplicación de la carrera judicial si queremos un cambio en el sistema.

De igual manera, Castroverde subrayó que su propósito sería ‘acercar la respuesta de la justicia a todas las personas sin discriminar’, en especial a aquellos quien más necesitados estén de una justicia que sea efectiva.

La jurista enfatizó que es necesario traducir el resultado de los casos para que así puedan ser más accesibles a la población y, por consiguiente, acercar la justicia ‘al ser humano de carne y hueso’ y mitigar un poco ‘el rezago tremendo’ que existe al momento de conocer los fallos de jurisprudencia.

La aspirante a magistrado destacó dentro de su hoja de vida que intentó ocupar el cargo de Defensora del pueblo. ‘Quería hacer muchas cosas para humanizar la justicia’.

Manifestó que, de ocupar el cargo de magistrada en la Corte Suprema de Justicia, aspiraría a contribuir en la creación de un sistema jurídico más digno, para así acortar la distancia entre los dictámenes de la justicia y aquel que los recibe, que los tiene que asimilar y aceptar.

Adelita Coriat

La Jueza Tercera del Circuito Civil de Panamá, Ana Zita Rowe, una de las aspirantes a magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), denunció haber sido objeto de amenazas e intimidación por un magistrado de la Corte.

Al ser entrevistada este miércoles por la Comisión de Estado por la Justicia, Rowe hizo público un episodio que tuvo con un magistrado de la Corte, al que no identificó, luego de un proceso similar de entrevistas en 2015 para aspirar al cargo de magistrada, en el que defendió la implementación de la Carrera Judicial.

Rowe detalló que ese magistrado le dijo: ‘Te vamos a mover el piso, así que tienes que tener pie de plomo’.

A lo que Rowe le ripostó: ‘¿De quién está hablando, de los magistrados de la Corte?… Y me dijo: sí’.

JORNADA DE ENTREVISTAS

La lista de aspirantes a magistrado para hoy:

9:00 a.m.: entrevista a la abogada Farah Diva Urrutia, directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.

Desde las 3:00 p.m.: entrevista a Luis Mario Carrasco, magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones del SPA.

Aunque señaló que probablemente este magistrado se tomó una atribución que no le dieron sus colegas, dijo haberle respondido: ‘Va a ser muy difícil que usted logre hacer lo que me está pidiendo y eso va a ser difícil porque quien es independiente, quien cuida su trabajo y no se deja intimidar de la forma en que se está tratando en este momento, puede seguir trabajando sin que le pase nada’.

‘Voy a seguir defendiendo la Carrera Judicial y eso usted no lo va a impedir’, dijo haberle respondido Rowe a este magistrado, al referirse en su sustentación a la independencia que, señala, la ha caracterizado en el desempeño de sus funciones.

HAY CORRUPCIÓN

Rowe también fue enfática en señalar que no es un secreto que en la administración de justicia hay corrupción.

‘Los procesos se esconden, se pierden y no se encuentran y se resuelve primero otro caso que no se debe resolver, en alguna medida. Yo creo que eso no lo estoy inventando yo, está reconocido por informes nacionales e internacionales, hay un grave problema de corrupción’, indicó.

‘EVIDENTE PERCEPCIÓN’

Por su parte, José Israel Correa García, quien es magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones de la provincia de Chiriquí, fue el segundo entrevistado de la jornada de ayer.

Correa manifestó que hay una serie de obstáculos o limitaciones de carácter normativo que permiten que muchas veces los fallos se dilaten.

No obstante, indicó que se debe actuar con la visión de la prudencia y el compromiso de que los fallos tienen que ser oportunos y en tiempo razonable, porque la Corte Suprema tiene como una de las misiones importantes pacificar y dar sentido a los problemas que se puedan plantear en la sociedad.

Correa también se refirió a situaciones irregulares que se observan en la administración de justicia, como la pérdida de expedientes.

‘Hay situaciones que ocurren en los tribunales desde otra lógica y que evidentemente hay una percepción sobre ese tema. Hay es que acabar con esos expedientes. En el sistema penal acusatorio trabajamos en oralidad todos y ese riesgo de que los expedientes se pierdan en un sistema de esa naturaleza estaría erradicado’, dijo.

A la vez, el aspirante a magistrado consideró que la dinámica en una lógica escrita no es más confiable que la oral.

Gustavo A. Aparicio O.

El órgano Ejecutivo y la Asamblea Nacional negociaron en el año 2016 el incremento de los fondos de la planilla 080, como parte de los acuerdos legislativos de aquel momento. Según el diputado perredista Leandro Ávila, un alto funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas  (MEF) fue a la Comisión de Presupuesto a anunciarles el aumento, de $4 mil a $30 mil, para contratar personal de confianza. Pero el  titular del MEF, Dulcidio De La Guardia, afirmó que es falso que haya sido una iniciativa del Ejecutivo. Explicó que fue una solicitud de la junta directiva de la Asamblea del año 2016, como “parte de los acuerdos legislativos de ese año”. En ese tiempo, el presidente del Legislativo era el perredista Rubén De León, quien ocupó ese cargo dos veces consecutivas con el respaldo del oficialista Partido Panameñista y de algunos diputados de Cambio Democrático.

Así negociaron el incremento de la polémica partida 080 Los tiempos de armonía política entre el oficialista Partido Panameñista y sus opositores Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD) en la Asamblea Nacional dejaron oscuros legados que han salido a la luz pública en medio de la creciente disputa entre los hoy adversarios. El incremento del monto de la planilla 080 es un ejemplo de eso. Los detalles los contaron el diputado perredista Leandro Ávila y su colega del Partido Panameñista José Luis Popi Varela. Los hechos ocurrieron hace dos años, cuando Rubén De León, del PRD, era el presidente de la Asamblea. Ávila narró que el aumento ocurrió en 2016, cuando el perredista Rubén De León presidía el poder legislativo con el apoyo de los panameñistas. Por ese tiempo, los diputados se quejaban por la demora en el pago de los contratos de la planilla 172, y el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), les dio la solución. Un funcionario del MEF fue hasta la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, se reunió con varios diputados y allí les comunicó que el monto de la nómina 080 se incrementaba de 4 mil dólares a 30 mil dólares. El colaborador del MEF les explicó a los diputados que era un mecanismo más “viable y transparente”. Un mes después, el dinero fue depositado. La decisión “Fue una decisión que tomó el Órgano Ejecutivo, toda vez que el país debe saber que la Asamblea no tiene capacidad económica para aumentarse el presupuesto. Y eso, más que una consulta, fue una decisión que se nos comunicó a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto perseguía, precisamente, ordenar un tanto la situación en la Asamblea, porque funciona con el sistema de contratos, y ese sistema […] pasan dos, tres, cuatro y hasta seis meses, y las personas no cobran. Entonces, ellos dijeron que ese mecanismo era más viable y transparente. Más que consultarnos, fue una decisión que se tomó en ese momento”, contó Ávila a este medio.

El argumento de Popi

Una versión similar dio Varela, del Partido Panameñista. Detalló que en ese tiempo había “muchos cuestionamientos” por la forma como la planilla 172, la de contratos por servicios profesionales, era manejada a discreción por parte del presidente [De León]. “Y como el contrato siempre se formaba casi dos meses después de iniciar el período, subir [el monto de] la 080 para eliminar eso de los contratos tenía todo el sentido del mundo. Era más transparente, porque en principio esa planilla debe ser publicada, la persona nombrada cobraba los días 15 y los 30, y de esa manera la podías poner a trabajar (…)”. Dijo que con ese mecanismo se le dio un “nivel de equidad” a todos los diputados, porque no importaba si eran de gobierno u oposición. “Tú tenías esos nombramientos seguros”, añadió. Hace dos años, cuando el Ejecutivo elevó el monto de la controversial partida, no había ningún sobresalto entre la bancada del Partido Panameñista y la del PRD y CD. Todo fluía. Los proyectos de ley que proponían los distintos ministros y los diputados oficialistas se aprobaban sin ningún reparo.

Habla el MEF

Este medio consultó ayer al ministro Dulcidio De La Guardia sobre cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta para incrementar el monto de la partida, y respondió que “es falso” que el aumento fue una iniciativa del MEF. Agregó que fue una solicitud de la junta directiva de la Asamblea en 2016 y parte de los acuerdos legislativos de ese año. Mientras, en una reciente entrevista que dio a Telemetro, el ministro contó que “había equipos que no devengaban salarios mensuales, sino cada seis meses; entonces se toma la decisión de negociar con la Asamblea y asignarles a todos los diputados una planilla para llevar a cabo sus labores parlamentarias”. Añadió que por año se destinan un poco más de $40 millones a ese sector, “ya que son $30 mil para cada diputado, para que puedan hacer contrataciones, su staff o personas de confianza, para que hagan sus tareas parlamentarias (…)”. Argumentó, además, que asignar promotores comunitarios y deportivos son decisiones del propio diputado, quien define el título de sus colaboradores. Esto, con base en una estructura de cargos que define el MEF.

La nomenclatura

Debido a la presión ciudadana y a una solicitud de información que presentó la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, publicó en la página web del Legislativo el detalle parcial de la planilla 080. De esta manera, el país se enteró de que hay 3 mil 221 personas contratadas en esta planilla, dividida en dos cargos: 518 promotores comunales y 2 mil 703 promotores deportivos, a los que se les paga en conjunto unos $2 millones al mes. Sin embargo, la información no detalla qué personal pertenece a cada diputado ni qué tipo de funciones desempeña. Voces de la sociedad civil han advertido que estos números superan, incluso, la planilla de cerca de 2 mil 600 funcionarios que laboran para la entidad del Estado dedicada a promover el deporte (Pandeportes). Ávila y la diputada Ana Matilde Gómez explicaron que los cargos están asignados de acuerdo con una nomenclatura que asigna el MEF. “Ellos no quieren cambiar eso porque les conviene tener una nomenclatura o clasificación de puestos que no diga nada, que sea tan imprecisa como discrecional, y toda discrecionalidad puede llevar a abuso de poder y a un acto de corrupción”, aseguró Gómez. (Con información de Roberto González).

En la Presidencia de la República hay 912 promotores comunales

Promotores comunales no solo existen en la Asamblea Nacional. El Ministerio de la Presidencia, de acuerdo a la planilla disponible en la página web de la Contraloría General de la República, por ejemplo, tiene 4 mil 937 funcionarios, de los cuales 912 son promotores comunales. Están clasificados en promotor comunal 1, 2 y 3, con salarios que oscilan entre los $600 y $1,500.  El mismo patrón se repite en otras entidades del Estado.

Eliana Morales Gil

Una diligencia judicial comprobó las donaciones que en 2014 hicieron la constructora Odebrecht y el empresario Stanley Motta a la campaña presidencial de José Domingo ‘‘Mimito” Arias, del partido Cambio Democrático (CD).

El 26 de abril de 2018, durante aproximadamente cuatro horas, Arias y José Porta Álvarez, tesorero de la campaña, estuvieron cara a cara. El encuentro fue promovido por la Fiscalía Especializada Anticorrupción para aclarar las declaraciones contradictorias de ambos imputados en el proceso por blanqueo de capitales y el pago de supuestas coimas de la constructora a funcionarios y políticos panameños.

El careo se prolongó por la lectura del expediente. Ambos imputados estuvieron acompañados de sus respectivos defensores. Y aunque los documentos que dan cuenta de este encuentro están bajo custodia de la fiscalía con el argumento de que no se han foliado, hay detalles de la diligencia que se han filtrado .

CRONOLOGÍA DE ODEBRECHT

El escándalo de corrupción tiene su génesis en Brasil

JUNIO 2015

El presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, fue detenido en São Paulo. Es condenado a 19 años de prisión.

DICIEMBRE 2016

El Departamento de Justicia revela que Odebrecht pagó sobornos por $59 millones a panameños.

ENERO DE 2017

La Procuraduría General de la Nación formula cargos a 17 personas por el caso Odebrecht.

FEBRERO 2017

Ramón Fonseca Mora señala al presidente Juan Carlos Varela de haber recibido donaciones.

AGOSTO 2017

Aprehenden provisionalmente a José Domingo ‘‘Mimito” Arias.

Una fuente judicial confirmó a La Estrella de Panamá que la campaña del candidado presidencial de CD había recibido un millón de dólares de la constructora brasileña y otro millón de parte del empresario Motta. Durante el careo, informó la fuente, Arias lo reconoció.

En una propuesta para un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía Especializada Anticorrupción, Porta Álvarez había hecho estas afirmaciones.

A Porta Álvarez lo ligaban más de 25 años de amistad con Arias. Esa misma motivación fue determinante para que aceptara ser su tesorero y apoyarlo en su camino a la presidencia 2014-2019. Además, los unen lazos familiares.

Al calor de la campaña, Arias y Porta Álvarez emprendieron la búsqueda de fondos, acudieron al empresariado local y entre ellos se reunieron con Stanley Motta, quien los recibió junto a Carlos Motta y Miguel Heras.

A Arias y Porta Álvarez les fue bien, porque Motta decidió apoyarlos con un millón de dólares. Pero, según un documento, puso como condición que se abriera una cuenta en el exterior para el depósito.

Arias no tuvo inconvenientes y dio instrucciones a Porta Álvarez para abrir la cuenta en un banco del exterior, que resultó ser PKB Privat Bank, S.A., en Lugano, Suiza.

La cuenta indicada fue abierta a nombre de la sociedad Allure Consulting & Services Inc., con el número 115953. El primer depósito provino del empresario Motta, a través de la sociedad Multitenant Overseas Ltd., por la suma de $200 mil, cita el documento preliminar del acuerdo de colaboración.

Este medio conoció que la defensa de uno de los imputados confía en que se cite al empresario para que confirme la reunión que se registró y en la que se giraron las instrucciones para hacer efectiva la donación de campaña.

‘Dentro del expediente no existen elementos de investigación para determinar la manera en que se hizo la donación de parte de Motta. No se han hecho intentos por corroborar las transacciones que se realizaron. Ni siquiera se investiga la estructura que se usó para hacer llegar sus donaciones al excandidato presidencial’, afirmó la fuente judicial. Incluso, este medio conoció que a Porta Álvarez se le procesa por el millón de dólares que recibió de la constructora brasileña.

EL MILLÓN DE ODEBRECHT

Días después de que la cuenta Allure Consulting & Services Inc. recibiera un primer depósito, el banco le comunicó a Porta Álvarez que había recibido otro depósito por $400 mil, proveniente de Klienflied Services Ltd. Esta sociedad es una offshore constituida en Antigua y Barbuda para pagar sobornos de la constructora, por ejemplo, en Perú y Panamá. Esta información se desprende de las investigaciones que se adelantan del caso Odebrecht.

Porta Álvarez comunicó a su amigo que había recibido el dinero. Arias entonces le hizo saber que ese depósito venía de otro grupo económico que él había contactado y que también donaría un millón de dólares. Posteriormente, llegaría otro depósito por $600 mil. Estas declaraciones fueron corroboradas durante el careo. Y hasta donde conoció este medio, fueron confirmadas.

La cuenta, según el documento, tiene un total de $2 millones que no fueron transferidos a Panamá. Ese dinero aún permanece en esa cuenta, se informó.

Una propuesta previa de acuerdo solicitaba a la fiscalía que se aceptara transferir los fondos que donó Klienfiled Services Ltd., por $1 millón, a una cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas.

Porta Álvarez también estaba comprometido a entregar la información relacionada con la empresa Allure Consulting & Service Ltd. y la documentación relacionada a dos depósitos recibidos de Klienfield Services Ltd.

EL TESTIMONIO DE MOURA QUE SALPICÓ A ‘MIMITO’ ARIAS

La investigación que se adelanta por blanqueo de capitales contra el excandidato presidencial por el partido Cambio Democrático (2014), José Domingo Arias, estaría relacionada a las declaraciones, en Brasil, de la publicista Mónica Moura.

En su testimonio, Moura aseguró que cobró con dinero de Odebrecht el costo de $16 millones por el desarrollo de la campaña política de CD en 2014. En su confesión, Moura agregó que el entonces presidente Ricardo Martinelli le entregó personalmente medio millón de dólares en el Palacio de Garzas.

Previamente, el excandidato presidencial Arias aseguró que no recibió dineros de Odebrecht como apoyo a su campaña electoral.

Arias, quien lideró la alianza Unidos por más Cambios, fue el candidato presidencial que recibió más donaciones. Según el reporte del TE, el CD recibió $34.7 millones y gastó $35 millones.

Una vez culminado el careo, y después de dos días de diligencias, de haber pasado una noche con una medida de aprehensión provisional, la fiscalía dispuso arresto domiciliario para Porta Álvarez. Su defensa, liderada por la abogada Gladys Quintero, se prepara para solicitar un cambio de medida por considerarla ‘excesiva’.

Arias también acudió dos días al edificio Avesa, sede de las fiscalías. El viernes 27 de abril de 2018 continuó con su ampliación de indagatoria. A su salida, no se conoció de alguna medida en su contra.

El 25 de abril de 2018, la Fiscalía Especializada Anticorrupción, a cargo de Zuleyka Moore, anunció la reactivación del caso Odebrecht después de que el Segundo Tribunal ajustó a un año el periodo de investigación.

La fiscal dispuso 86 diligencias en bancos, firmas de abogados, instituciones públicas y otros involucrados.

La funcionaria añadió que continuaba la entrega de información de la empresa y los colaboradores desde 2008 hasta 2016. Un día después de este anuncio, Porta Álvarez era conducido al Avesa, para indagatoria.

La toma de la declaración de Porta Álvarez había quedado pendiente después de que un escandaloso fallo del Órgano Judicial dio por concluida las investigaciones de la trama más corrupta de los últimos años.

El 12 de octubre de 2017, la Fiscalía Especial Anticorrupción dictó la providencia de indagatoria N° 09-2017, para formularle cargos. En la misma fecha, el despacho de instrucción emitió el oficio N° 3840, para disponer la conducción de Porta Álvarez a los estrados judiciales, para que rindiera sus descargos y aportara pruebas en su defensa.

La tarde del 30 de octubre de 2017, la Policía Nacional le comunicó al imputado su deber de comparecer a la Fiscalía. Porta Álvarez se presentó de manera voluntaria, pero al momento de su llegada a la agencia de instrucción, la fiscal encargada de la investigación le comunicó que no podría rendir sus descargos porque el término de la investigación había precluido. La fiscal procedió a dejar sin efecto el oficio que ordenaba la conducción del imputado.

Marlene Testa