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El Ministerio Público inició ayer una serie de diligencias en los casos de Financial Pacific y los sobornos de la constructora Odebrecht.

De esta forma, la entidad ordenó conducciones a personas relacionadas primordialmente al caso Financial Pacific, y simultáneamente emitió un comunicado sobre la reactivación de la investigación de Odebrecht, después de que el Segundo Tribunal de Justicia otorgara un año más para la investigación.

Así, se ordenó la conducción de West Valdés (actualmente detenido preventivamente por el caso Financial Pacific relacionado a fondos provenientes de la Caja de Ahorros); Iván Clare, exsocio de la casa de valores; Felipe Virzi y Cristóbal Salerno (empresarios que prestaron $12 millones para tapar el hueco financiero de la casa de valores).

Entre otros ejecutivos, se conoció de la orden de conducción para Harry Nessim, Aaron Mizrachi (representante de la cuenta High Spirit), Rodolfo López, Juana Serrano, Eira Romero, Ramsés Owens (abogado), Riccardo Francolini (expresidente de la Caja de Ahorros), Ori Zveda (socio de Financial Pacific), Luisa Napolitano de Carrero, María Napolitano, María González de Chávez, Juan Francisco Boyd, Valentín Martínez, Esperanza Fong de Palacios, Rodolfo Silva Batista, Margie Angel Cohen, Divo Hans, Joel Wattson.

El caso Financial Pacific se remonta a junio de 2015, cuando la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) interpuso una querella contra quienes resulten responsables en la casa de valores por los delitos de blanqueo de capitales y transferencia ilícita de fondos.

Esta denuncia se fundamenta en los movimientos de dinero realizados a terceros en cuentas en la que no eran firmantes, según información obtenida del liquidador de la casa de valores.

Estos movimientos, de acuerdo con las pesquisas, se efectuaron a través de las cuentas High Spirit y Jal Offshore. Esta última era una sociedad creada entre varios conocidos que compraron acciones de Facebook.

El caso ha sido declarado como causa compleja por el Órgano Judicial.

Las cuentas que están en la mira de las autoridades son High Spirit y Jal Offshore, de las que se investigan depósitos en efectivo de terceros o pagos a terceros, actividades no permitidas para las casas de valores.

En el caso de Jal Offshore, como contacto registrado en Financial Pacific aparecía el nombre del abogado Ramsés Owens y su representante en la empresa era otro de los directivos, Iván Clare.

Según la SMV, los fondos iniciales de la cuenta High Spirit provenían del Bank Audi, en Suiza, sin que se identificara el origen del dinero, según las pesquisas.

De ahí que uno de los primeros en comparecer a la Fiscalía a rendir indagatoria fue Ramsés Owens.

‘LA FISCALÍA MANTIENE ESTA INVESTIGACIÓN POR 38 MESES CON TÉRMINOS VENCIDOS Y HA PERDIDO LA COMPETENCIA’,

MARCELA ARAÚZ

ABOGADA DE RICARDO FRANCOLINI

Marcela Araúz, la Abogada de Ricardo Francolini, exdirectivo de la Caja de Ahorros, indicó que por tercera ocasión el Ministerio Público investiga la misma cuenta, Jal Offshore. ‘La fiscalía mantiene esta investigación por 38 meses con términos vencidos y ha perdido la competencia producto de una decisión a la que arribó el Órgano Judicial en su momento’, indicó Araúz.

En este momento, añadió Araúz, ‘se ha ordenado la indagatoria a un grupo de personas para que expliquen la situación de una cuenta de inversión, de Facebook, que ya fue revisada, lo que implica un doble juzgamiento’.

Hemos presentado un incidente de doble juzgamiento y un amparo, y el Ministerio Público ha hecho caso omiso de la decisión judicial.

Alfredo Vallarino, abogado de Virzi, dijo que bajo este mismo expediente ha acudido a cuatro expedientes. ‘No puede haber doble juzgamiento, los expedientes pueden terminar en nulidad’, indicó.

Por su parte, la abogada de West Valdés afirmó que ‘se trata de crear otra cortina de humo para tapar chanchullos de este gobierno con el tema Odebrecht’.

El Órgano Judicial comunicó que adjudicó tres habeas corpus preventivos contra las órdenes de conducción, solicitadas por la Fiscalía Sexta Anticorrupción, por el caso Financial Pacific.

Fueron interpuestos a favor de Francolini, Watson y Owens.

CASO ODEBRECHT

Ayer, el Ministerio Público anunció la reactivación el proceso que se adelanta por el pago de coimas de la constructora Odebrecht a políticos y funcionarios panameños.

La fiscal Anticorrupción Moore recordó que el periodo de investigación había sido ajustado a un año.

‘De manera inmediata se han dispuesto 86 diligencias en bancos, firmas de abogados, instituciones públicas y demás sectores involucrados en esta investigación’, agregó la funcionaria.

Moore indicó que se están identificando bienes, valores y nuevos actores. Añadió que la entrega de información por parte de la empresa y sus colaboradores continúa abarcando los periodos 2008 hasta el 2016. ‘Vamos a investigar a todas las personas relacionadas a este escándalo de corrupción’, prometió la fiscal.

Por el caso Odebrecht fue conducido a indagatoria José Porta Álvarez, extesorero de la campaña presidencial de José Domingo Arias, por blanqueo de capitales.

El 12 de octubre de 2017, la Fiscalía Especial Anticorrupción dictó la providencia de indagatoria N° 09-2017, para formularle cargos. En la misma fecha, el despacho de instrucción emitió el oficio N° 3840, para disponer la conducción de Porta Álvarez a los estrados judiciales, para que rindiera sus descargos.

Entonces, Porta Álvarez se había presentado voluntariamente, pero al momento de su llegada, la fiscal encargada le comunicó que no podría rendir sus descargos porque el término de la investigación había precluido.

 

Adelita Coriat

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Roberto Ayala, cuestionado duramente por introducir una modificación al proyecto 53 cuyo objetivo original era adoptar medidas relativas al proceso de apertura de empresas y que terminó derogando la Ley 2 de 10 de febrero de 2015, se defendió ayer a través de un comunicado, aunque no se presentó a la Asamblea Nacional.

La iniciativa aprobada la semana pasada por el pleno legislativo derogó el contrato con la empresa PSA Panama International Terminal, S.A., a cargo de la operación de una terminal de contenedores en Rodman.

Este lunes Ayala era el diputado más buscado, tanto por sus colegas como por representantes de diversos medios de comunicación interesados en conocer sus explicaciones sobre el cuestionado ‘camarón’ legislativo.

No obstante, Ayala no fue visto en el hemiciclo legislativo; sin embargo, en horas de la mañana emitió un comunicado donde explicó el motivo de su propuesta.

HUBO IRREGULARIDADES

En el comunicado Ayala explicó que era de rigor señalar que la negociación del contrato en cuestión desde su génesis estuvo plagada de irregularidades, porque fue denunciada por diversos sectores de la población, entre ellos connotados juristas que interpusieron acciones constitucionales y penales contra dicho contrato, tendientes a lograr su derogación.

Detalló que la oposición se fundamentaba principalmente en que existía una posible grave violación a la soberanía patria, visto que la sociedad contratante pertenece al Ministerio de Finanzas de Singapur, lo que contraviene el artículo 290 de la Constitución, que dispone: ‘Ningún gobierno extranjero, ni institución oficial o semioficial extranjera, podrá adquirir el dominio sobre ninguna parte del territorio nacional, salvo cuando se trate de las sedes de embajadas de conformidad con lo que disponga la ley’.

CESIÓN IRREGULAR

La cesión de tierras a PSA fue denunciada en el Ministerio Público.

Al menos 10 hectáreas que actualmente son parte de PSA inicialmente eran manejadas por Pimpsa desde 1997, hasta que la compañía renunció a la concesión para que PSA pactara directamente con el Estado.

Indica además que la franja de terreno donde surte sus efectos el contrato derogado estuvo inicialmente concesionada a una empresa denominada Parque Industrial Marítimo de Panamá, S.A. (Pimpsa), la cual incumplió la concesión otorgada, entre otras cosas, porque jamás realizó las supuestas inversiones que iba a desarrollar en el área y que beneficiarían a la región donde operaba dicha empresa.

‘La ciudadanía debe saber que, al momento de vencerse dicho contrato, y en lo que parece ser un acto de evidente burla y deslealtad para con los intereses de la nación panameña, este gobierno otorga una nueva concesión sobre la misma área, ahora a PSA Panamá International Terminal, S.A. empresa que aparentemente pertenece al mismo grupo económico que inicialmente había incumplido’, señaló Ayala.

De acuerdo con una publicación de La Estrella de Panamá del 26 de mayo de 2015, el abogado Miguel Antonio Bernal denunció ante el Ministerio Público que tanto en la junta directiva de Pimpsa como en la de PSA aparece como socio/director Guillermo Liberman, hijo de Samuel Liberman, un multimillonario empresario argentino, dueño del Grupo Liberman, con importantes nexos con influyentes sectores políticos en Panamá.

Bernal cuestiona cómo una sociedad donde es socio Guillermo Liberman con el apoyo del gobierno de turno ‘se autocede’ —a otra sociedad de su mismo grupo— bienes del Estado para que sean utilizados en otras operaciones comerciales en beneficio, principalmente, de los socios de ambas sociedades.

En el documento Ayala indicó además que en virtud del ejercicio de la función del diputado se les permite presentar adiciones y modificaciones a los proyectos presentados inicialmente, por lo que consideró que su actuar no violenta la ley.

Recordó que el proyecto fue votado por unanimidad, tanto en segundo como en tercer debate, luego de pasar el filtro de corrección y estilo y de que se verificara su conveniencia o inconveniencia.

SOSPECHAS

Durante el periodo de incidencias en la sesión plenaria de ayer, algunos diputados repudiaron la acción de Ayala al introducir esta modificación y dieron pistas sobre qué empresa puede estar detrás de la polémica portuaria en el sector pacífico.

El diputado Raúl Hernández, del partido Cambio Democrático (CD), advirtió: ‘Aquí hay acciones que se están llevando bajo cuerdas que buscan verdaderamente hacer un daño tremendo a lo que es la operación de nuestro país en el mundo marítimo’. ‘Hay quienes no quieren aceptar competencia, y están consiguiendo de diferentes formas de que todo lo que sea que afecte a los puertos en este país en especial; sea tachado, dañado y clausurado como lo acaban de hacer aquí con esta derogatoria al puerto de PSA’, dijo.

‘Lo que debe hacer el gobierno nacional es ponerle coto a esa empresa que está haciéndole mucho daño y que no le da al país lo que en algún momento se comprometió cuando firmó el contrato ley que le dieron el puerto’, enfatizó Hernández.

En tanto, el diputado panameñista José Antonio Domínguez manifestó que hay algo muy interesante en esta polémica. ‘Se trata de la derogatoria de un proyecto portuario; en qué sector, cuestionó. En el sector Pacífico -responde- cuántos puertos hay trabajando en el sector Pacífico versus el Atlántico, quién se beneficia, quién se perjudica; eso nos debe llamar la atención, algo está pasando, y es muy serio. Esto no se puede quedar así, aquí hay que hacer una investigación’, expresó.

Mientras, la diputada independiente Ana Matilde Gómez expresó su sentimiento de malestar y de vergüenza. ‘Esta propuesta nos avergüenza a todos’, señaló.

En tanto, el proponente del proyecto original, el perredista Iván Picota, dijo estar indignado con esta modificación. ‘Miren la barbaridad de artículo que metieron, eliminan un puerto de un plumazo, con millones de dólares de inversión, con panameños y panameñas que trabajan en ese sector’.

‘Este diputado no avala ese artículo. Queremos discutir los proyectos, pero sin esa sirvengüenzura ni las prácticas del pasado que eran meter chanchullos o camarones. Le pedimos al presidente de la República que vete ese artículo de esta ley’, precisó.

PRESIDENTE VARELA VETARÁ EL PROYECTO DE LEY 53

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, reaccionó a lo ocurrido en la Asamblea Nacional, tras incluirse un artículo al proyecto 53, con el cual se derogó el contrato ley con PSA Panama International Terminal, S.A.

‘Tengan la seguridad que apenas reciba esa ley voy a vetarla porque esa es una irresponsabilidad’, expresó el mandatario.

Indicó que lo interesante es ver ahora quién está detrás de esta iniciativa.

‘Ya vimos cómo se atentó contra el puerto de Corozal cuando el Canal de Panamá quiso hacerlo, vimos cómo se sigue atentando contra este puerto que hizo la empresa de Singapur; yo creo que debemos investigar quién está detrás de que los diputados actúen de esa forma irregular’, precisó el presidente Varela.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, indicó que jamás atentaría contra la seguridad jurídica, tras asumir la responsabilidad de que se haya aprobado tan inconveniente propuesta por parte de la mayoría absoluta con diputados de todas las bancadas.

Se espera que esta misma semana el proyecto sea remitido al Ejecutivo con una petición de veto parcial.

 

Gustavo A. Aparicio O.

 

El Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio, liderado por el magistrado Mario Carrasco, confirmó la medida de detención preventiva de la abogada Zoraida Saucedo, imputada por el homicidio del italiano Furio Ferrari y Marianela Vallarino.

Con grilletes en pies y manos, pantalón mezclilla y camisa blanca, Saucedo permanecía sentada junto a su abogado quien solicitaba una sustitución de la detención de su clienta por los 6 meses que dura la investigación. Defendía el hecho de que es madre de dos hijos pequeños, que tiene pareja y cuenta con arraigo domiciliario. Además, dijo, no representaba ningún riesgo en cuanto a la preservación de pruebas.

La Fiscal Isaura Mejía contraargumentó que Saucedo fue una de las últimas personas que vio con vida a Vallarino, la pareja del italiano, según la madre de la víctima.

La audiencia se celebró a puertas abiertas a pesar de que la Fiscalía y la defensa de la imputada, a cargo de Luis Antonio Cedeño, solicitaron reserva al Tribunal.

Isaura Mejía, fiscal de homicidios que investiga el macabro caso, dijo que la abogada participó en los hechos de sangre de los mencionados, quienes murieron por asfixia mecánica, y cuyos cuerpos aparecieron torturados el 28 de noviembre de 2017 dentro de dos bolsas plásticas negras.

La vinculación de la abogada, según la Fiscalía, sucede por el testimonio de la madre de Vallarino quien manifestó que su hija y su pareja eran clientes de la abogada y que habían sostenido una reunión con ella. Aunado a eso, cuentan con la declaración de un testigo protegido —cuestionado por la defensa de Saucedo— quien narró que escuchó a la abogada hablar con una persona sobre un pago de $4 mil por la muerte de dos personas.

En la audiencia se reveló que la Fiscalía efectuó diligencias de inspección ocular en Costa del Este, y confirmaron que el 27 de noviembre, Saucedo retiró dinero de un cajero automático. La fiscal indicó al juez que detrás de las propiedades de Ferrari —tres departamentos a nombre de la sociedad World Birdge International— estaba la abogada, quien tenía facultad para hacer todo tipo de trámites de los bienes.

En ese sentido, ‘mantenía una relación de confianza con sus clientes, se apropiaba de los bienes y les causaba la muerte. Un delito grave, en el que se deja ver la premeditación de Saucedo, quien planificaba paso a paso la ejecución de sus víctimas’, manifestó la fiscal Mejía.

Ferrari era dueño de tres departamentos: el apartamento 35 del edificio Grand Bay Tower en Bella Vista, otro en Parque Lefrevre y un tercero en Bayfront Tower de Av. Balboa.

Saucedo dijo que Ferrari había sufrido varios intentos de secuestro en México, y que a petición del cliente los bienes fueron hipotecados desde 2014 porque tenía problemas de liquidez. También agregó que hubo una cesión de los mismos a nombre de Javier Francisco Sucre, quien está aún por ser investigado.

El italiano vivía en Cuernavaca, Morelos, México desde hacía varios años. Sin embargo, viajó a Panamá, según investigaciones judiciales, ‘para sostener una reunión con la abogada y hacer algunos trámites de sus bienes’.

Según Saucedo, esta transacción de la cesión de bienes se hizo en un contrato aparte, que no está inscrito en el Registro Público.

La abogada tiene otra audiencia pendiente el próximo 25 de abril por el homicidio de otras dos personas, un canadiense y un panameño, caso en que las investigaciones la han vinculado porque el primero era su cliente.

Adelita Coriat

 

La iniciativa legislativa que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción fue aprobada el pasado 3 de abril.

La iniciativa legislativa que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción fue aprobada el pasado 3 de abril. Archivo

Antes de decidir si sanciona o veta el proyecto de ley 514, inherente a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la Presidencia de la República consultará a las entidades ligadas con el tema respecto a la conveniencia de la propuesta.

Sectores de la sociedad civil piden el veto parcial del proyecto. Otros sugieren que se sancione como está.Imprescriptibilidad ya está en manos de Varela

Imprescriptibilidad ya está en manos de Varela

La Asamblea Nacional remitió a la Presidencia de la República el proyecto de ley 514, que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, el cual fue aprobado por el poder legislativo el pasado 3 de abril.

El viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, informó a este medio que el proyecto ya está en manos del Ejecutivo, órgano que debe determinar si se sanciona o se veta parcialmente, tal como lo han propuesto distintos grupos de la sociedad civil organizada.

En ese sentido, Sánchez explicó que solicitarán opinión a los entes públicos relacionados con el tema.

Imprescriptibilidad ya está en manos de Varela

La controversia

La iniciativa, impulsada por la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Santa María la Antigua (Aedusma), el Movimiento Independiente (Movin), entre otras oenegés, sufrió varias modificaciones en segundo debate, pero son tres los cambios que están en el centro de la controversia.

En esa lista está el artículo que modificó la Ley de Contrataciones Públicas para impedir que contraten con el Estado empresas que han hecho acuerdos en investigaciones por casos de corrupción y otros delitos.

Imprescriptibilidad ya está en manos de Varela

En segundo lugar, están los cambios que se le hicieron al Código Penal, con el objeto de flexibilizar las sanciones a las empresas involucradas en delitos. Específicamente, se le quitó responsabilidad a las personas jurídicas creadas para cometer delitos cuando no se beneficien de este, y se eliminó el artículo 6 de esa ley, que establece multas a empresas de transporte que introduzcan drogas al país.Todos esos cambios fueron impulsados por diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD), bancadas que tienen el control de la Asamblea Nacional por estos días. Sin embargo, diputados como Leandro Ávila, del PRD, y la independiente Ana Matilde Gómez han admitido que fue un error modificar el Código Penal para establecer cambios en las sanciones a las empresas involucradas en delitos. Gómez adelantó que si el presidente Juan Carlos Varela sanciona el proyecto, ella presentará una propuesta de ley para restablecer las disposiciones del Código Penal que sufrieron transformaciones. Ávila se comprometió a apoyar la propuesta de Gómez. Mientras, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, aplaudió que se aprobara la imprescriptibilidad de los delitos, pero cuestionó las modificaciones a las disposiciones relacionadas con los acuerdos y las sanciones a las empresas. “Así como nos dieron esta herramienta, nos han quitado dos”, dijo. Pedro Miguel González, del PRD, dice que la posición de Porcell “es errada”.

Las posiciones Organizaciones como la Alianza Ciudadana pro Justicia y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, han solicitado al presidente Varela que vete el artículo 3, que inhabilita para contratar con el Estado a empresas que han aceptado utilizar la colaboración eficaz. Sin embargo, agrupaciones como Movin, el Colegio Nacional de Abogados y Juan Diego Vásquez, de Aedusma, piden que se sancione el proyecto tal como fue aprobado por los diputados. “Lo más importante es que el presidente actúe rápido. Creo que debe sancionarlo y si lo de la colaboración eficaz es un avance o retroceso es un debate que la Asamblea Nacional debe tener. Panamá necesita que la imprescriptibilidad entre a regir ya en su normativa penal”, dijo Juan Diego Vásquez ayer.

Otra que se refirió de manera directa a este proyecto fue la vicepresidenta de la República y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado. “La imprescriptibilidad de los delitos representa un avance en la lucha contra la corrupción, [no obstante] llama mucho la atención la contradicción que representa el ataque hacia la colaboración eficaz. Su aprobación sería para el país un retroceso en esa lucha”, manifestó en su cuenta de Twitter el pasado 5 de abril, tres días después de que el Órgano Legislativo aprobara la propuesta.

La suerte del proyecto está ahora en manos del presidente Varela y de su equipo de asesores.¿Por qué vetar de manera parcial el proyecto?

La Alianza Ciudadana pro Justicia y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, manifestaron en un comunicado que están de acuerdo con que se inhabilite a las empresas y funcionarios que sean condenados por delitos de corrupción, pero no a las empresas que colaboran de manera eficaz para que se descubra la corrupción. Consideran que esto tendría un impacto negativo al desmotivar a las empresas a colaborar en las investigaciones con el propósito de lograr vincular a otras personas de mayor jerarquía o para aclarar la comisión de otros delitos. “De aprobarse esto, sería un retroceso en materia de lucha contra la corrupción y contrario a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”, sustentan. Piden al presidente Juan Carlos Varela que vete de manera parcial el artículo del proyecto que establece esta medida por considerarlo contrario a la Constitución Política del país.

 

Aminta Bustamante

 

El Código Electoral, reformado por la Ley 29 de mayo de 2017, enfrenta al menos diez demandas en la Corte Suprema de Justicia.
Las acciones interpuestas ante la máxima corporación de justicia por abogados en representación de políticos y en su propio nombre, advierten de la violación a la Constitución Política, que data de 1972.
TEMAS DEMANDADOS
La Corte es la encargada de interpretar la Constitución
La cantidad de candidatos independientes que serán admitidos en el proceso electoral.
La distribución de los dineros y la posibilidad de realizar primarias para ciertos cargos.
Los cambios aprobados por la Asamblea Nacional tras un año de consultas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales no tienen un año de ser Ley de la República y ya han sido motivo de denuncias.
El Tribunal Electoral se prepara para hacer la convocatoria a las elecciones de 2019, el próximo 5 de mayo. A pesar de las demandas, el calendario electoral continúa su marcha. Hay una serie de compromisos que se deben cumplir para llegar en buena lid a la fecha programada para las elecciones del 2019, en que se escogerán las nuevas autoridades nacionales.
DEMANDAS ACUMULADAS
El primer recurso contra los cambios aprobados por los diputados se presentó el 16 de junio de 2017 y el último llegó ayer a la Corte.
En el último recurso se busca derribar la barrera de veinte días previos a las elecciones para divulgar resultados de encuestas de intención de voto.
A las demandas interpuestas contra por lo menos 34 artículos del Código Electoral se suman las dos demandas de inconstitucionalidad que están en trámite en la Corte contra dos decretos emitidos por el Tribunal Electoral.
La mayoría de las acciones de inconstitucionalidad presentadas en la Corte van dirigidas a los límites que la ley electoral le impone a los candidatos, el financiamiento de las campañas políticas a los partidos políticos y la postulación de los candidatos independientes.
TEMORES Y DUDAS
Desde el Colegio Nacional de Abogados sienten ‘que el ataque a una ley que buscar brindar confianza y credibilidad al próximo torneo electoral es realmente preocupante’. ‘Nos deja ver que se aprobaron disposiciones legales sin un consenso real sobre temas puntuales, lo que ha desembocado en el rosario de demandas contra artículos del Código Electoral’, señaló Alfonso Fraguela, vicepresidente del gremio.
Las encuestas y los periodos en que se puede hacer campaña política en las primarias y en las generales son blanco de fuertes críticas de parte de quienes desean participar para ejercer su derecho a elegir y ser elegidos.
Los cambios introducidos al Código Electoral se basan, principalmente, en la experiencia de las elecciones generales de 2014, que dejó en evidencia muchos vacíos e inconsistencias que necesitaban ser subsanados, ante la amplitud y profundidad de lo reformado, advierte Freddy Pittí, representante de la juventud ante el Consejo para la Concertación Nacional y la Comisión de Reformas Electorales. ‘Era de esperarse que algunos sectores políticos y juristas interpretaran esos cambios como inconstitucionales’. ‘Solo queda esperar los fallos de la Corte’, agrega el joven activista.
Las demandas interpuestas por los cambios a las reglas electorales, según Pittí, ‘podrían generar un poco de molestia y hasta confusión, de no resolverse de manera oportuna. Urge que los magistrados de la Corte emitan los fallos respectivos y que estén claras las reglas del juego’, apuntó.
En tanto, el politólogo Richard Morales no comparte la idea de Pittí en cuanto a que en las elecciones de 2019 podría haber confusión por las demandas en la Corte. ‘Es poco probable si nos plegamos a los antecedentes, lo más seguro las demandas serán falladas tras las elecciones, debido a que ya ha iniciado el proceso electoral, con las reglas establecidas en la reforma, por lo que la Corte evitará interferir a mitad del proceso’, dijo Morales.
En lo que sí está claro Morales, miembro de la directiva del Frente Amplio por la Democracia (FAD), es en que la cantidad de demandas interpuestas ‘es resultado de la aprobación de una reforma electoral sin claridad de propósitos, a falta de una visión compartida sobre qué tipo de democracia queremos y necesitamos’.
A su juicio, ‘se mezclaron de manera incoherente y desarticulada ideas importadas de sistemas electorales de otros países y los intereses electorales escuetos de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, creando una auténtica mescolanza de reformas, muchas inconstitucionales, otras contradictorias entre sí, que no llegan a resolver los problemas de inequidad, opacidad y clientelismo que contaminan los procesos electorales panameños’.
Los fallos de la Corte son de fiel cumplimiento y no se pueden apelar, porque los magistrados son los encargados de interpretar la Constitución.