El CNA propone referéndum para inversiones del Canal

En medio de la polémica por la posible inversión para la construcción de un puerto en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) recomienda que se haga una consulta popular para definir en qué se deben utilizar los recursos que genere la vía acuática.

CONSULTA POPULAR

El Colegio Nacional de Abogados pide mayor consulta a la población

El CNA reclama que se divulguen las acciones e inversiones que realiza la ACP.

Además, recomienda que se consulte a la población sobre el uso que prefiere para los fondos del Canal.

En un comunicado firmado por el presidente del CNA, José Alberto Álvarez, el cual fue dado a conocer este lunes, la dirigencia de los abogados hizo la solicitud a las autoridades nacionales.

‘Proponemos que se les pregunte a los panameños, mediante referéndum, si desean que los ingresos del Canal se dediquen a las actividades que propone la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)', pide el documento.

Se sugiere además que se consulte a los panameños ‘si prefieren que (los recursos) se dediquen al desarrollo del resto del país con el mayor beneficio posible'.

Los abogados hacen referencia a que la mayoría de los panameños están reclamando mayor beneficio.

En el comunicado del CNA, se hace referencia a una entrevista del ‘Polígrafo' que publicó La Estrella de Panamá en la que se entrevistó al exsubadministrador del Canal de Panamá Ricaurte Vásquez, en la cual éste planteaba que ‘es un debate pendiente. La función primordial del Canal es cumplir con el tránsito eficiente de las naves por el Canal y de forma rentable', dijo.

Sobre el puerto de Corozal, el exfuncionario expresó: ‘No, puertos no. Por ejemplo, yo pensaba en mi función anterior que una de las alternativas más interesantes es ser partícipe en una terminal de gas licuado en Panamá porque es un servicio público y grande, y permite que otras se desarrollen en el sector privado'.

DIVERSIFICACIÓN

El CNA menciona en su comunicado que ‘luego de la ampliación, mucho se ha publicado sobre el interés de la ACP de ampliar las actividades del Canal'.

Ante este interés, considera que se debe consultar al pueblo panameño sobre qué se prefiere que se haga con los fondos que genere la vía acuática.

A la vez, se menciona la necesidad de que las obras que realiza la ACP sean más publicitadas, a fin de que el pueblo conozca el uso que se le da a estos fondos.

La preocupación de los abogados surge, según alegan en el comunicado, porque con estas acciones se quiere convertir el Canal de Panamá en un ente que realizará funciones distintas para las cuales fue concebido, diseñado, construido y opera la vía acuática, como uno de los principales motores de la economía del Estado panameño.

Se menciona que se habla de un dragado que ha costado decenas de millones de dólares.

Ante esta inversión, se preguntan los abogados a quién se beneficia indirectamente con esta inversión.

Los abogados destacan que muchos panameños están reclamando mayores beneficios de los fondos que genera el Canal de Panamá, pues sienten que ‘no los ven'.

OPOSICIÓN A LA OBRA

Además, los abogados mencionan que se conocen de las comunidades vecinas al Canal de Panamá que se oponen a los planes de la ACP que no tienen relación directa con el paso de buques de un océano a otro.

En el comunicado hecho público ayer, Álvarez se pregunta por qué no escuchar las razones de estos grupos que se han mostrado opuestos a estos planes que defiende la ACP.

Según las informaciones divulgadas, los trabajos de dragado en el área han requerido una inversión de aproximadamente $100 millones.

El nuevo puerto sería otorgado a un operador internacional por un periodo de veinte años prorrogables.

Más críticas al fallo que beneficia al ‘círculo cero’ de Ricardo Martinelli

Controversia sigue generando el fallo que benefició a personas allegadas al expresidente Ricardo Martinelli, investigadas por el Ministerio Público (MP) por supuesto blanqueo de capitales en transacciones ligadas al caso que le siguió la Asamblea Nacional al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna.

El abogado James Bernard, uno de los que asesoró al diputado Pedro Miguel González, fiscal de la causa en el proceso seguido a Moncada Luna, dijo, por ejemplo, que “por razón de competencia” el expediente, en el que figuraban Felipe Pipo VirziRicardo Ricky CalvoNicolás Corcione, entre otros, tuvo que ser enviado al MP.

“[En este proceso] la Asamblea solamente tenía competencia para investigar y proceder al enjuiciamiento del magistrado de la CSJ. Con el resto de los implicados, por falta de competencia, este tribunal tenía que remitir las investigaciones y así se hizo en su momento para que el Ministerio Público continuase las investigaciones”, manifestó ayer el abogado en el programa Debate Abierto, que transmite RPC Televisión.

En fallo del 23 de septiembre pasado, el Segundo Tribunal Superior Penal anuló la investigación seguida a 14 personas por supuesto blanqueo de capitales, aludiendo, entre otros aspectos, al cuarto punto del “acuerdo de pena” alcanzado entre el fiscal de la causa, Pedro Miguel González, y Moncada Luna, preso en El Renacer por enriquecimiento injustificado, según el cual, “el pronunciamiento de la sentencia conlleva el cierre de la investigación y para todos los elementos que la conforman hace tránsito de cosa juzgada”.

Bernard recordó que la investigación seguida por el Ministerio Público “realmente” no tiene que ver con Moncada Luna, de manera que no se puede alegar supuesto doble juzgamiento. “Son hechos que surgen los unos de los otros, pero por razones de competencia (…) quedan en una esfera distinta a la otra”, indicó.

Mientras tanto, Ángel Álvarez, quien demandó al magistrado Wilfredo Sáenz, ponente del fallo, y a su colega María De Lourdes Estrada, que lo avaló, manifestó en el mismo programa televisivo que mal podría interpretarse que, a razón del acuerdo celebrado exclusivamente con Moncada Luna, se pudiera generar “algún tipo de blindaje o de amnistía o de indulto a favor de terceras personas que no formaban parte del proceso”.

Otra de las que se sumó al debate fue Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, quien reiteró que el fallo “es una burla”.

Recordó actuaciones polémicas de Sáenz, como el caso en que fue acusado por el exjuez Alexis Ballesteros de presionarlo para que fallara a favor de personas allegadas al expresidente Ricardo Martinelli.

Castillo dijo que no ve posibilidad de que la actuación de Sáenz se investigue, pese a la denuncia interpuesta en su contra en la Asamblea Nacional.

EL DEFENSOR

Quien calificó de “genial” la sentencia del Segundo Tribunal Superior, en la que el magistrado Luis Mario Carrasco salvó su voto, fue el abogado Silvio Guerra.  

Guerra, quien ha representado legalmente a personas vinculadas con procesos de supuesta corrupción durante la administración pasada, basó su defensa en el punto cuatro del acuerdo entre Pedro Miguel González, fiscal del caso, y Moncada Luna. “El pronunciamiento de la sentencia conlleva el cierre de la investigación y para todos los elementos que la conforman hace tránsito de cosa juzgada”, citó.

“Se ha sostenido que la Asamblea Nacional, cuando conoce del juzgamiento al exmagistrado Alejandro Moncada Luna, solamente podía conocer del juzgamiento de Moncada Luna y de nadie más”, sustentó.

Asamblea Nacional analiza extender los días de sesiones

A dos semanas de concluir el periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, la junta directiva ampliada de este órgano del Estado analizará la posibilidad de extender los días de las sesiones plenarias en el periodo que hace falta.

Ante la cantidad de trabajo acumulado, los directivos de la Asamblea, analizarán la posibilidad de sesionar los viernes que quedan para concluir el mes de octubre.

Según el mandato constitucional, el actual periodo de sesiones ordinarias debe concluir el 31 de octubre lo que dejaría partir de hoy solo dos semanas laborables. En total son once días laborables que tienen los diputados para concluir el actual periodo.

El artículo 149 de la Constitución Política dispone que los periodos ordinarias tendrán una duración de cuatro meses. El actual periodo de sesiones ordinarias que concluye el 31 de octubre, se inició el 1 de julio.

Tras la instalación del actual periodo de sesiones, los diputados se tomaron más de un mes para conformar las directivas de las comisiones, lo generó un retraso en el inicio de la labor de las 15 comisiones permanentes.

Corresponde a las comisiones permanentes dar el primer debate de los proyectos de ley que son presentados a este órgano del Estado. mientras no existía la conformación de las comisiones, no se podía iniciar la consideración de los debates presentados por lo que el pleno legislativo no tenía material para debatir.

Según el último orden del día de sesiones ordinarias, el pleno de la Asamblea Nacional tenía una apretada agenda de 41 puntos de los cuales más de 35 corresponden a proyectos de ley que están pendientes de segundo debate.

LOS TEMAS PENDIENTES

Ante la cargada agenda, la directiva a cargo de Rubén De León, le corresponderá hacer el análisis para determinar si se convoca a sesionar los dos viernes que quedan para completar el mes de octubre e incluso de ser necesario sesionar los días de fin de semana para tratar de debatir la mayor cantidad de días pendientes.

Todavía está pendiente, la elección del magistrado del Tribunal Electoral que debe remplazar a partir de enero próximo a Erasmo Pinilla, a quien se le termina el periodo el mes de diciembre.

El presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, ya dijo que tratarán de hacer lo posible para que el tema se defina antes del 31 de octubre, pero en el caso que no sea posible tendrían que verlo en sesiones extraordinarias.

El diputado Jorge Alberto Rosas expresó que ya inició el periodo de selección del abogado que debe remplazar a Pinilla, pero el proceso todavía requiere de tiempo para cumplir con todos los pasos contemplados en el proceso.

Los diputados también tendrán que debatir el proyecto de ley de Presupuesto del Estado para el año 2017 que debe ser devuelto por el Órgano Ejecutivo esta semana para iniciar el primer debate.

La Comisión de Credenciales también debe definir la ratificación de dos magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia que también debe ser aprobados por el pleno legislativo.

La Asamblea debe analizar, además, el veto al proyecto de ley de contrataciones públicas. La Comisión de Economía tiene el veto presidencial y debe entrar en agenda de discusión.

Juzgado fija fecha de audiencia contra la exministra Burillo

El Juzgado Décimo Sexto Penal de Panamá estableció para el 21 y 22 de noviembre la audiencia preliminar en contra de Giselle Burrillo, David Rivera, Carlos Aguilar, Pablo Jaramillo, Juventino Iturralde, Carmela Jiménez y Guillermo Ortiz, todos procesados por el posible delito contra la administración pública en perjuicio de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).

De no presentarse una de las partes a la sesión en el día, una vez iniciada la audiencia sin causa justificada, será sancionada, advierte la nota de prensa.

Con la finalidad de que se lleve con el mayor orden, el juez Décimo Sexto, Enrique Pérez, estableció en el reglamento de audiencia que la misma se realizará en el salón de audiencias del Tribunal Marítimo de Apelaciones, señala un comunicado del Órgano Judicial.

El juez Pérez también estableció que los asientos del salón de audiencias se distribuirán de la siguiente manera: siete para la defensa, dos para el Ministerio Público, siete para los imputados, dos para familiares de cada imputado.

Además, se destinarán diez para el público en general y cinco para los medios de comunicación que serán asignados tomando en cuenta la hora y orden de llegada. Burillo enfrenta varios procesos, incluyendo el fraccionamiento de contratos y el uso de mobiliario de la institución para proselitismo político.

Panamá buscará el apoyo alemán para salir de ‘lista negra’

El presidente de la República Juan Carlos Varela se reunirá el próximo martes con su homóloga alemana Ángela Merkel, para conversar sobre temas fiscales, anunció una nota de prensa de la Cancillería de la República.

Los temas fiscales han cobrado para Panamá máxima importancia tras el escándalo internacional suscitado alrededor de la firma de abogados panameña Mossack & Fonseca.

A pesar de que Panamá mantiene negociaciones con Alemania en materia fiscal, el vicecanciller Luis Miguel Hincapié explicó que al mandatario le interesa que el gobierno de este país europeo reconozca ‘los esfuerzos que Panamá ha hecho en materia fiscal'.

Hincapié dijo que parte de esos esfuerzos están relacionados con las leyes que se han aprobado y con el avance de un acuerdo multilateral con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se estará firmando próximamente.

‘(El presidente Varela) conversará sobre lo que se ha hecho y buscará el apoyo de Alemania en los distintos foros', recalcó el vicecanciller.

Alemania forma parte del G20, también integrado por Francia, que incluyó a Panamá en la lista negra de paraísos fiscales, a raíz del escándalo sobre la filtración de millones de documentos de la firma Mossack & Fonseca y que puso al descubierto el esquema internacional que se basa en el uso de sociedades anónimas para ocultar propiedades, activos y evadir impuestos.

El Gobierno busca, dijo el vicecanciller, que Alemania, uno de los países fuertes en la Unión Europea y el G20, pueda promover el esfuerzo que ha hecho el país centroamericano en materia de transparencia fiscal y facilitar así, su exclusión de las listas.

A pesar de que el escándalo fue conocido internacionalmente como ‘Los Papeles de Panamá', se reconocer que no se trata de un problema panameño, sino internacional, reiteró el vicencaciller.

Hincapié no descarta que la canciller alemana Merkel sea una ‘intermediaria' entre Panamá y Francia y que ayude al país a salir de la lista.

Aunque, explicó, los gobiernos galo y panameño adelantan negociaciones para la firma de un acuerdo, estas se mantienen estancadas.

‘Francia nos está exigiendo renegociar el acuerdo y nos están poniendo algunas condiciones', de las que Hincapié prefiere no dar detalles, para no entorpecer la negociación.

El canciller se limitó a decir que son ‘cosas que Panamá no ha concedido a otros países'.

Si Francia insiste en mantener a Panamá en la lista de paraísos fiscales, dice Hincapié, el país tendrá que evaluar qué acciones tomará, sin descartar una medida de retorsión. La Ley de retorsión fue aprobada recientemente por la Asamblea Nacional y solo espera la sanción del Ejecutivo.

‘No es justo que, a pesar de todos los esfuerzos hechos, nos sigan manteniendo en la lista. Panamá no tiene la culpa de lo que ha pasado', recalcó el vicecanciller.

Otros de los temas que se tratarán durante la reunión de Varela y Merkel son la crisis migratoria y el tema de seguridad. Según Hincapié, el presidente Varela está interesado en analizar las medidas que han adoptado los países europeos para lidiar con la ola de migrantes africanos.

Además, Varela buscará la cooperación del gobierno alemán en materia de seguridad, con el fin de impulsar la creación de un hub para la coordinación de la lucha contra el narcotráfico en la región centroamericana.

Hincapié sostuvo que España y Holanda han mostrado interés en apoyar la iniciativa y, que ahora se buscará el espaldarazo de Alemania.

El mandatario, además, sostendrá una reunión con empresarios alemanes.

ESCÁNDALO Y ACCIONES

Francia incluyó a Panamá en la lista de paraíso fiscal

Los gobiernos de Panamá y Francia mantienen una negociación para salir de la lista.

El Gobierno panameño amenaza con aplicar la medida de retorsión si el país no lo excluye de la lista.

Fiscalía ordena detención provisional para Riccardo Francolini

Después de una ardua jornada de indagatoria la Fiscalía Primera Anticorrupción a cargo de Tania Sterling, mediante providencia 122 decretó ayer en la noche detención provisional para el exdirectivo de la Caja de Ahorros (CA) Riccardo Francolini y otros cuatro implicados en la presunta comisión contra la administración Pública.

La medida cautelar contra Francolini (socio del expresidente Ricardo Martinelli) fue dictada pasada las 11:00 p.m. de ayer 12 de octubre, de inmediato fue trasladado a una celda de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Carlos Carrillo, abogado de Francolini manifestó al concluir la diligencia de indagatoria que no hay lesión patrimonial en la Caja de Ahorros, de modo que el préstamo que investigan ya ha sido pagado, analizarán las razones de la detención, mas cuándo el expediente estaba vencido desde el 7 de octubre.

"Debemos respetar el sistema, pero es muy difícil las condiciones, vamos a agotar todos los recursos porque es inaceptable que se han gastado millones de dólares instruyendo a los fiscales para que aprendan que la detención preventiva solo se aplica en el caso que las otras medidas no sean viables", aseguró la defensa legal del exdirectivo de la Caja de Ahorros.

En horas de la mañana de ayer, la Fiscalía Primera habúa ordenado un allanamiento en la residencia de Francolini en la urbanización Balmoral, Costa del Este, y luego trasladado al edificio Avesa del Ministerio Público (MP) para ser indagado.

Francolini es investigado por un préstamo de $9 millones avalado para la empresa constructora HPC-Contratas-P&V, a la que se le adjudicó el Centro de Convenciones de Amador, por $193 millones.

Nuevo magistrado del TE podría ir a extraordinarias

El nuevo magistrado del Tribunal Electoral de no ser elegido el 31 de octubre será designado en sesiones extraordinarias.

El presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, dejó las puertas abiertas para esa posibilidad.

‘Tenemos hasta el 31 de octubre, si no, se hará en sesiones extraordinarias.', aseguró el presidente del Legislativo, quien agregó que la Asamblea tiene el precedente del nombramiento del contralor de la República, quien fue designado en sesiones extraordinarias.

La designación del nuevo magistrado del TE es responsabilidad de la Asamblea como lo establece el artículo 142 de la Constitución Política de la República.

Para el cargo de magistrado del TE están aspirando 23 abogados y 24 buscan ser el magistrado suplente.

La lista debe ser llevada al pleno de la Asamblea Nacional para que los diputados hagan sus designación.

Después de ese paso se realizará la revisión de cada uno de los documentos y una entrevista pública.

Por otro lado, los magistrados del TE trabajan en una propuesta sobre las reformas electorales para presentarla en la Asamblea Nacional.

Los magistrados intentan que se modifique lo aprobado, en primer debate, por los diputados, en cuanto al tope de financiamiento privado. La Comisión de Gobierno aprobó aumentar de $0.50 a $5 el financiamiento privado.

El proyecto de ley, que dictará las reglas para las elecciones de mayo de 2019, está a la espera del segundo debate en la Asamblea Nacional.

Martinelli reacciona, tras detención de Francolini

Tras la detención del exdirectivo de la Caja de Ahorros y presidente del canal de televisión Next TV, Riccardo Francolini, el ex presidente de la República y actual diputado del Parlacen, Ricardo Martinelli Berrocal, reaccionó en redes sociales y prometió "cobrar venganza"en el 2019, año en que se realizarán las elecciones generales para escoger al nuevo mandatario.

 RICARDO MARTINELLI

"Como todos los casos de persecución política se están cayendo y las cárceles están vacías inventan casos para cerrar los medios de la oposición".

"Lo que no saben los ministros y directivos de Estado es que todos quedarán presos en el 2019 con la aplicación de las mismas leyes", advirtió Martinelli en su cuenta de Twitter.

Seguido de esta publicación, el exp residente aseguró que ya habían sido advertidos que sino bajaban los ataques cerrarían el medio.

Francolini se encuentra en la Fiscalía Primera Anticorrupción rindiendo indagatoria por supeustamente otorgar prestamos sin las debidas garantías para el desarrollo del Centro de Convenciones Amador.

Ex funcionarios de Martinelli investigados

Riccardo Francolini se suma a la larga lista de exfuncionarios que laboraron en la administración del exmandatario, Ricardo Martinelli (2009-2014) que se encuentran bajo investigación por supuestos casos de corrupción que cometieron durante su administración.

Entre ellos se encentran la exministra de Educación, Lucy Molinar investigada por la Fiscalía Segunda Anticorrupción por el sobrecosto en la compra de instrumentos musicales a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Los exministros de Obra Pública (MOP), Federico Suárez y Guillermo Ford.

Emilio Kiswetter, exministro de Desarrollo Agropecuario, por el caso del fallido proyecto de Riego del Valle de Tonosí.

Marta Susana de Varela, exviceministra del MIDES tiene la medida cautelar de país por cárcel por supuestos sobreprecios a través del PAN.

La exviceministra de la Presidencia, María Fábrega está siendo investigada por la compra de sobreprecios a través del PAN.

Gladis Cedeño, exviceministra de Economía; Óscar Osorio, exministro del MIDA acusado de firmar el contrato con la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo por $155 millones.

El exministro de Seguridad, Alejandro Garuz, el exdirector de la Policía, Gustavo Pérez y Ricardo Martinelli, investigados por el caso conocido como pinchazos telefónicos.

De igual forma están en la lista los exministros José Raúl Mulino, Alma cortés, Roberto Henríquez, Javier Díaz, Guillermo Ferrufino, Frank De Lima y la exdirectora de Ampyme, Giselle Burillo. 

Ricardo Martinelli se encuentra fuera del país desde el 28 de enero de 2015 y según sus abogados se encuentra viviendo en Miami, Florida.

Dos demandas por fallo anulatorio del caso Moncada

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Wilfredo Sáenz será demandado hoy en la Asamblea Nacional.

La firma de abogados Vega y Álvarez interpondrá la denuncia por el fallo emitido bajo la ponencia del magistrado Sáenz que dejó sin efecto la investigación del Ministerio Público por presunto blanqueo de capitales derivada de la investigación al exmagistrado Alejandro Moncada Luna.

Por otro lado, este lunes los abogados Ángel Álvarez y Paulo Vega presentaron una denuncia contra la magistrada del Segundo Tribunal, María de Lourdes Estrada Villar y quienes resulten responsable por la posible comisión de delitos contra la administración pública y corrupción de servidor público.

La denuncia es por el fallo del Segundo Tribunal que anuló la investigación contra el exvicepresidente de la República Felipe ‘Pipo' Virzi y el directivo de la Autoridad del Canal de Panamá Nicolás Corcione, así como contra Ricardo ‘Ricki' Calvo Latorraca, María del Pilar Fernández y otras diez personas.

Los nombres de estas personas salieron a relucir en la investigación al exmagistrado Moncada Luna por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos.

Moncada Luna fue condenado a cinco años de prisión tras llegar a un acuerdo con el fiscal de la causa, el diputado Pedro Miguel González.

El fallo de Sáenz que favoreció a las personas señaladas ordena la nulidad procesal de toda la causa, basado en el acuerdo de pena al que se acogió Moncada Luna, excluye cualquier otra investigación contra las personas involucradas y deja sin efecto las medidas cautelares dentro del proceso por blanqueo de capitales.

‘La sentencia del acuerdo (con Moncada Luna) solo beneficia a la persona que lo firmó, no al resto de los vinculados en el caso', subrayó Álvarez.

El abogado Ángel Álvarez presenta denuncia contra el magistrado Sáenz

El abogado Ángel Álvarez, presentó esta mañana una denuncia en contra de Wilfredo Sáenz, magistrado de la Corte Suprema de Justicia ante la Secretaría General de la Asamblea.

Álvarez expresó que esta denuncia esta basada en dos posibles delitos contra Administración pública en vista de que se ha intentado torcer o distorsionar la correcta aplicación de la ley para beneficiar a personas que están involucradas en delitos de blanqueo de capitales.

Según el jurista se ha hecho todo lo necesario para frustrar una investigación muy completa donde hay detalles muy claros de como fondos y beneficios desde mas alto cargo de la justicia fueron en favor y en beneficios de terceros que hoy en día están quedando en la impunidad gracias a esta medida. 

En días pasados el Segundo Tribunal Superior anuló el proceso por supuesto blanqueo de capitales seguido en contra de Felipe Alejandro Virzi, Ricardo Calvo, Iván Corcione, Alberto Ortega, María del Pilar Fernández Castillo de Moncada Luna, Felipe Antonio Rodríguez Guardia entre otros.