Juez se acoge a término para decidir si llama o no a juicio

Tras siete horas de audiencia, la solicitud de la Fiscalía Décima del Circuito de llamar a juicio a nueve personas imputadas en la intoxicación y muerte de diez neonatos en la Caja de Seguro Social (CSS) sufrió su primer revés: el Juzgado Quinto del Circuito Penal se acogió al término de 30 días para tomar su decisión.

La decisión del funcionario judicial se debió a lo voluminoso del expediente del caso (62 tomos), explicó el Órgano Judicial. Y el juzgador manifestó que el Código Judicial es flexible en casos especiales.

Enrique Paniza, juez de la causa, escuchó atento a los abogados defensores y a los siete querellantes.

Previamente, la Fiscalía Décima de Circuito había hecho su solicitud de llamamiento a juicio para nueve de las quince personas imputadas en este proceso.

Vielka Byrnes, fiscal de la causa, solicitó que el jefe de la sala de neonatología, Iván Sierra Robles, y la farmaceuta, Melia Mabis Mock, fueran sometidos al tribunal.

La misma solicitud la extendió para Alma Luz Rivera de Batista, Idalys Cedeño de Arrocha, María Icela Cerrud Córdoba, Erick Iván Conte Valdés, Martha Hermelinda Escobar, Indira Esmeralda Credidio Dixón y Edgar Domínguez, enfermeras y personal de salud de otras especialidades.

Los vinculados enfrentan cargos por delito contra la vida y la integridad personal, en su modalidad de homicidio culposo, explicó a este medio la misma fiscal de la causa.

Por su parte, los abogados defensores solicitaron sobreseimiento definitivo para sus clientes, basados en que la información reunida no ha presentado elementos probatorios que permitan establecer la causa de muerte de los neonatos.

Los querellantes, por su parte, solicitaron que se llamara a juicio a cada uno de los imputados

Para Nadia Ábrego, Nidia Batista, Nilsa Domínguez, Martín Lasso, Juan J. Araúz y Néstor Castillero, la fiscal pidió sobreseimiento provisional.

La funcionaria de instrucción explicó que estas seis personas fueron incluidas erróneamente en una lista del personal que laboraba en la sala.

RESUMEN

En 2013, catorce recién nacidos fueron intoxicados

El veneno – heparina con alcohol bencílico – provocó la muerte a diez neonatos.

Los cuatro sobrevivientes presentan secuelas.

La defensa de los médicos Néstor Castillero y Martín Lasso solicitó que se levantara la medida de impedimento de salida del país y de firmas a sus clientes. A esto, el juez respondió que, mientras se transcriba la audiencia, los abogados defensores pueden hacer su solicitud para el traslado al Ministerio Público.

A las 9 de la mañana de ayer, el Órgano Judicial retomó en el salón de Casación de la Corte Suprema de Justicia la audiencia, después de haber sido suspendida el 15 de noviembre de 2016 por una solicitud de los abogados querellantes, que alegaron que los familiares de las víctimas residían en el interior del país. Ese día, el acto se inició a las 2 y se prolongó hasta las 4.

La audiencia de ayer terminó a las 6 de la tarde, después de un receso de dos horas entre las 12 y las 2 de la tarde.

LOS HECHOS

El 11 de junio de 2013, las bolsas de nutrición parenteral que se suministraban a los recién nacidos en la Sala de Neonatología de la CSS llegaron con retraso.

Lo norma establecía que a la una de la tarde se recibiesen, pero a las tres aún no habían llegado. Aquel día, algo ocurrió en Farmacia, departamento en el que se mezclan los componentes para las bolsas con nutrición parenteral.

Pasadas las tres de la tarde, las enfermeras procedieron a administrar el componente nutricional de los bebés.

Algo inesperado sucedió en el turno de la noche. Los bebés empezaron a descompensarse; algunos requerían ventilación mecánica… el estado de algunos se tornó grave. Como denominador común, presentaban hemorragias y el síndrome de Gasping, asociado a los efectos del alcohol bencílico.

Los médicos y el personal de la sala sospecharon que podía tratarse de un cuadro infeccioso, pero todavía nadie se atrevía a relacionar el hecho con las nutriciones parenterales.

Posteriormente, se ordenó retirar las bolsas de la sala y se logró controlar la emergencia. Los doctores recogieron las heparinas y las regresaron a Farmacia. Ese día, se eliminó el uso de este medicamento en la sala de neonatos.

A pesar de los intensos esfuerzos médicos, murieron diez recién nacidos. Cuatro sobrevivieron.

Ayú Prado y Harry Díaz ‘chocan’ ahora por la Carrera Judicial

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz le envió una carta al presidente de este Órgano del Estado en la que pone en duda sus señalamientos con respecto a la puesta en marcha de la Carrera Judicial.

‘COMO EXFUNCIONARIO DEL MEF, PUEDO DECIR QUE SE MANTIENEN LOS RECURSOS A LOS PROYECTOS QUE SON PRIORIDAD',

HARRY DÍAZ

MAGISTRADO DE LA CORTE.

A pesar de que la Carrera Judicial fue establecida por ley, todavía está pendiente, por falta de recursos, según ha señalado en más de una ocasión el magistrado presidente, José Ayú Prado.

En la carta, fechada el 25 de noviembre y a la cual tuvo acceso La Estrella de Panamá , se pide al presidente de la Corte que en el presupuesto para el año fiscal 2017 se incluyan las respectivas partidas para que se pueda poner en marcha de manera adecuada la Carrera Judicial, que brinda estabilidad a los funcionarios del Órgano Judicial, incluyendo los jueces y magistrados.

LA POLÉMICA

Según Díaz, el magistrado Ayú Prado ha dicho que durante su gestión como presidente de la Corte se puso en marcha la Carrera Judicial; sin embargo, en ese momento él (Díaz) formaba parte de una comisión designada por el pleno de la Corte para este fin y ‘nunca tuve conocimiento de que esa oficina fuese abierta nuevamente, ni mucho menos recibimos colaboración alguna'.

‘TAN SOLO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA CARRERA JUDICIAL, SE REQUIEREN AL MENOS $20 MILLONES',

JOSÉ AYÚ PRADO

PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA

La sorpresa de Díaz es todavía mayor al expresar que ‘absolutamente todas las actividades de la Carrera Judicial fueron coordinadas desde mi despacho. Fueron funcionarios y personas independientes que trabajaron hombro a hombro, desde mi ingreso al Órgano Judicial, en junio de 2011, hasta la aprobación de la Ley de la Carrera Judicial en agosto de 2015'.

RECURSOS PARA LA CARRERA JUDICIAL

Según la versión del magistrado Díaz, por haber sido funcionario del Ministerio Economía y Finanzas sabe que aunque se apliquen recortes al presupuesto asignado a las instituciones, se eliminan los rubros que no son prioridad para los regentes de cada institución.

Considera el magistrado Díaz que así como se destinaron decenas de millones de dólares para el Sistema Penal Acusatorio (SPA), pudo haber recursos para la Carrera Judicial, si esta hubiera sido ‘prioridad' de la administración de este Órgano del Estado.

CARRERA JUDICIAL

La Asamblea aprobó la Carrera Judicial en agosto de 2015.

A pesar de la presión de la sociedad, la norma no se ha puesto en marcha.

La Ley concede estabilidad laboral a los jueces y magistrados.

José Ayú Prado dice que se necesitan $20 millones para su ejecución.

OFICINA DE LA CARRERA JUDICIAL

Para reforzar su versión, Díaz alega que la ‘exigua oficina de Carrera Judicial' era parte de la Dirección de Recursos Humanos, y que no fue hasta la presidencia del Harley Mitchell que se elevó a dirección mediante Acuerdo de Sala Cuarta Nº 165 de 19 de febrero de 2009.

Díaz también recordó que hubo funcionarios allegados a despachos de los propios magistrados de la Corte (los cuales no identificó) que participaron en las sesiones de la Asamblea Nacional, durante la discusión de la ley de Carrera Judicial.

Según plantea Díaz en la carta, la posición de estos funcionarios logró retardar la discusión, lo cual consta en las actas de las sesiones plenarias del Legislativo.

Los magistrados Harry Díaz y José Ayú Prado mantienen una pugna por la administración de este Órgano del Estado.

Díaz y Ayú Prado, dos de los magistrados con mayor periodo en la Corte Suprema, han mantenido los últimos mese un intercambio de correspondencia recriminatoria que trasciende a los medios de comunicación. Incluso se han hecho reclamos públicos, lo que deja en evidencia las diferencias.

Juez mantiene medida de detención a Cedeño

El juez de garantías Eric González decidió mantener la medida de detención provisional en una celda de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) al mayor Alex Cedeño, que enfrenta cargos por delitos relacionados con drogas.

El juez determinó que mientras nombra un equipo interdisciplinario para que analice los riesgos que enfrenta el exmiembro de la Policía Nacional se mantendrá la medida, informó el Ministerio Público.

Una vez constituido el equipo interdisciplinario que analizará la situación humanitaria, se valorará si el imputado será trasladado o no a otro centro institucional, en este caso Senafront, explicó la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, a cargo de Julio Villarreal.

El funcionario de instrucción aclaró que la medida de arresto domiciliario debe ser cumplida en una celda de una institución de seguridad.

La audiencia para revisión de medida cautelar fue celebrada este jueves 24 de noviembre, a solicitud de la defensa del imputado.

Durante esta diligencia la fiscalía y la defensa hicieron saber su postura ante dicha solicitud.

Durante el arresto domiciliario, el imputado tiene derecho a una serie de condiciones: puede ir al patio, al baño, recibir visitas y otros.

Constituyente, una promesa de Varela que sigue sin rumbo

La promesa de campaña de Juan Carlos Varela de redactar una nueva Constitución Política que rija los destinos del Estado panameño, cada día se aleja más de convertirse en una realidad.

No hay acuerdo sobre la manera en que se harían los cambios, si será una modificación parcial o un texto totalmente nuevo, como exigen algunos sectores. En este caso, habría que definir si sería a través de una constituyente, ya sea paralela u originaria.

CONSTITUCIÓN

Experiencias del Estado panameño

Panamá ha tenido cuatro constituciones a lo largo de su historia como República. La primera se promulgó en febrero de 1904, tres meses después de la independencia y la conformación del Estado. Ese primer documento se inspiró en el texto de la constitución colombiana de 1886.

Luego vino la de 1941, posteriormente la de 1946 y finalmente, la de 1972.

El segundo texto constitucional de 1941 fue impulsada por el gobierno que encabezó Arnulfo Arias Madrid. Fue el texto constitucional panameño que menos vigencia ha tenido .

La tercera constitución panameña fue aprobada en 1946, siendo presidente Enrique A. Jiménez.

La cuarta se aprobó en 1972, durante la dictadura militar. Esta constitución ha sido reformada en cinco oportunidades, siendo la última en 2004 .

Para tratar el tema, el presidente Varela designó a su viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, para que analice, en conjunto con diferentes grupos de la sociedad civil, cuáles reformas se incluyen al texto constitucional existente.

Para esta misión, tendrá como plazo hasta el 30 de junio de 2017, fecha en que debe presentar al Ejecutivo los cambios constitucionales que deben hacerse.

RECHAZO A LA REFORMA

El constitucionalista y miembro de la Comisión Pro Constituyente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Miguel Antonio Bernal cuestionó el ‘letargo' de esta promesa de campaña y rechaza la designación de Sánchez para que se reúna con la ‘sociedad civil organizada'.

Mediante un comunicado, el también docente universitario le recuerda al mandatario que no permitirán que les diga que ‘un proceso constitucional tiene que darse cuando el sistema de la justicia esté un poco más avanzado'.

Bernal también destacó que el grupo que encabeza no está dispuesto a permitir que la Constitución vigente siga siendo reformada para adecuarla, según él, a los intereses políticos del momento.

Otro abogado que tiene una posición similar es Ernesto Cedeño, quien piensa que este retraso se debe a una evidente falta de voluntad del gobierno de querer cambiar y ser diferente.

De acuerdo con el jurista, lo ideal sería modificar íntegramente la Constitución mediante una constituyente paralela, en la que se abre una elección general para que el pueblo escoja a los constituyentes que redactarán el nuevo texto.

Las palabras de Cedeño ponen en evidencia que el mandatario no tiene deseos de tomar esta opción, porque percibe, ante sus bajos niveles de popularidad, que probablemente la constituyente que elegirá el pueblo no quedará integrada por las personas que él quiere.

MOMENTO QUE NO LLEGA

‘Ahora mismo muchos factores del sistema de justicia han colapsado y esta sería una buena oportunidad para establecer las bases; sin embargo, nuestros políticos deben tener voluntad de hacer el cambio y hasta ahora ninguno lo ha tenido', insistió Cedeño.

César Ruiloba, expresidente del CNA, fue más allá y cuestiona la falta del cumplimiento de la promesa del mandatario, a dos años de su administración.

El abogado propuso que si por algún motivo el presidente Varela no hace realidad su promesa, la sociedad debería buscar un mecanismo de censura para aquellos políticos que incumplen sus propuestas de campaña.

Otra opción que sugirió Ruiloba es que la sociedad presione al gobierno para que ejecute su compromiso y se convoque a un referéndum para que el pueblo elija si acepta la propuesta de la nueva Carta Magna.

Sectores adversos no son los únicos que reclaman un nuevo texto constitucional para el país. El 26 de julio, el alcalde de Panamá, José Blandón, indicó que el país necesita una nueva constitución y que el mejor camino para hacerlo es través de una constituyente.

El aquella ocasión, el político panameñista dijo que el cambio constitucional es una necesidad ‘insoslayable'.

En 2004, cuando se encontraba en el poder el entonces presidente Martín Torrijos, se realizó la última reforma a la Constitución Política, vigente desde el año 1972 y creada durante el régimen militar.

El tiempo corre y los actos de Varela, según los abogados consultados, apuntan a que su administración no cumplirá su promesa y que el Estado seguirá con la misma Constitución.

El periodismo crítico no es posible en el país’

La condena a veinte meses de cárcel contra el periodista holandés Okke Ornstein ha puesto al país en la mira de las críticas por el tema de la libertad de expresión.

La Asociación de Periodistas Holandeses (NVJ, por sus siglas en holandés) cuestiona la condena contra Ornstein y su detención en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el pasado martes.

Ornstein fue condenado en marzo del año pasado por los delitos de calumnia en injuria relacionados con una serie de publicaciones en su blog sobre un canadiense de nombre Monte Friesner, que a juicio de NVJ se trata de ‘dudosas actividades de negocios'.

‘Una sentencia de veinte meses de cárcel por una serie de artículos en un blog es una clara

PROCESO Y TRAYECTORIA

El periodista Okke Osnstein fue detenido el pasado martes

Fue condenado a 20 meses por el Juzgado XIV Penal por calumnia e injuria.

Ornstein ha galardonado por su trabajo periodístico en su país y ha hecho reportaje sobre Barro Blanco.

violación a los principios de libertad de comunicación y libertad de expresión, principios que son reconocidos como derechos humanos fundamentales en todo el mundo', manifestó Thomas Bruning, secretario general de NVJ.

A juicio de la Asociación de Periodistas Holandeses, los aspectos sustanciales del caso muestran que ‘no hay fundamento para la acusación criminal' contra Ornstein.

El periodista, señala el gremio, relata casos de corrupción y fraude y hace referencia a una condena contra el canadiense en Estados Unidos por fraude en giros electrónicos o transferencia de dinero.

En el comunicado, la NVJ también afirma que el empresario canadiense también está acusado de otros delitos en Panamá y mantiene una investigación por el caso de Pronto Cash, que fue investigada por la Fiscalía Décimo Tercera Especializada en Delitos Financieros, según una publicación del diario Crítica en 2012.

La Superintendencia incluso, en ese año, emitió un comunicado en el que Pronto Cash no estaba autorizada para captar fondos, como tampoco contaba con licencia para ejercer el negocio de banca.

La Asociación de Periodistas Holandeses hacen referencia a este caso. ‘Esta sentencia demuestra que el periodismo crítico sobre casos de fraude y corrupción no es posible en Panamá', declaró Bruning.

Agrega que la forma en que Ornstein fue investigado ‘viola los principios' de un sistema jurídico democrático.

El comunicado cita palabras del abogado del periodista, Channa Samkalden, quien lo representó desde Holanda, en el que asegura que Ornstein ‘no recibió un debido proceso, ni la asistencia debida'. Ornstein ha sido galardonado en su país por su trabajo periodístico y fue nominado al Prix Europa por un reportaje sobre Barro Blanco.

Cedeño reitera rechazo a donaciones legislativas

El abogado Ernesto Cedeño reiteró su rechazo a la regulación de las donaciones con fondos públicos de parte de los diputados.

El jurista, a través de una nota enviada a La Estrella de Panamá insistió en que legal y constitucionalmente la labor de los diputados, se centra en la elaboración de leyes y que las normas que rigen el desempeño del Estado panameño, no establecen por ninguna parte que es función de los diputados entregar donaciones o resolver problemas en sus respectivas circuitos electorales.

El abogado recordó que las funciones de los diputados están claramente establecidas en la Constitución Política de la República de la cual citó el artículo 159 que dispone básicamente la función de expedir leyes, las cuales deben redactarse en términos de acorde al funcionamiento del Estado panameño.

Desde antes que concluyera la pasada administración, el abogado Cedeño ha presentado una serie de recursos para que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como la Contraloría ca informen al país de dónde salieron los recursos que se usaron durante el gobierno de Ricardo Martinelli para otorgar más de $130 millones que fueron destinados para las partidas circuitales.

A juicio del jurista, resulta ‘cuestionable que históricamente' los gobiernos le hayan otorgado este tipo de canonjías, a los integrantes del primer Órgano del Estado, lo cual va en contra de las disposiciones legales y constitucionales.

Lamentó además que hasta la fecha este tema no ha cambiado para nada y en lugar de fortalecerse la lucha contra estos actos, ahora el contralor de la República, Federico Humbert, lo que hace es reglamentar la manera en la que se hacen este tipo de ‘donaciones', cuando su labor es impedir que los fondos del Estado sean destinados para estos fines.

Cedeño presentó un recursos contra el último decreto que elaboró la Contraloría General de la República y está a la espera de que este documento sea declarado inconstitucional porque insiste, no es función legislativa otorgar donaciones con fondos públicos.

Se inicia audiencia preliminar de la exministra Giselle Burillo por presunto peculado

La exministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme)Giselle Burrillo, llegó la mañana de este lunes 21 de noviembre al Juzgado Decimosexto de Circuito Penal del Primer Distrito Judicial para la audiencia preliminar por la presunta comisión del delito contra la administración pública en perjuicio de la entidad que dirigió durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

Burillo acudió al salón de audiencias del Tribunal Marítimo de Apelaciones en compañía de su abogado Carlos Carrillo, en el caso abierto por la compra de plantas móviles.

Además de Burillo, la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, solicitó abrir causa criminal a los exfuncionarios de Ampyme: David Rivera, exdirector administrativo; Pablo Jaramillo, exdirector de Desarrollo Empresarial; y Carlos Aguilar, exjefe de Compras.

También pidió llamar a juicio a Carmela Jiménez, exjefa de Tesorería, y a Juventino Iturralde, exjefe de Fiscalización, ambos de la Contraloría General de la República.

Asimismo, solicitó que se llame a juicio al empresario Guillermo Ortiz, representante legal de la empresa Grupo Orme, S.A. (GOSA), contratada para el servicio de transporte de las plantas móviles. 

ORIGEN DEL CASO

La investigación se origina por una denuncia de las autoridades de Ampyme, después de que se identificaron presuntas irregularidades en 38 órdenes de compra solicitando el servicio para movilizar o trasladar plantas móviles (furgones y remolques) en la ciudad de Panamá y el interior del país.

Sobre estas 38 órdenes de compra, la fiscal concluye –en su vista– que entre el período 2011 y 2012 se pagó un total de $91 mil 913 por los servicios de transporte de las plantas móviles, pero que dentro de las contrataciones hay 20 facturas pagadas que no tienen la firma de recibo conforme.

La fiscal Sterling indica que en dicha auditoría se apreció que "la cuantía involucrada al comparar los precios facturados, contra cotizaciones de compañías que se dedican al transporte de esta actividad, resultó en notables precios gravosos en los servicios facturados por un monto de exceso de $58 mil 472".

En su análisis jurídico, la fiscal Sterling destaca que Burillo y los otros seis exfuncionarios "con su actuar por acción u omisión, permitieron que se vulneraran los fondos de la Ampyme, faltando así a la atención de sus necesidades socioeconómicas, beneficencia y apoyo en las comunidades".

En cuanto a la participación del representante de la empresa GOSA, Sterling manifiesta en la vista fiscal que "la participación criminal de Ortiz" en el supuesto ilícito se debe a "que recibió el dinero que lesionó patrimonialmente al Estado panameño, por un monto de $58 mil 472".

Juzgado fija audiencia contra Burillo

El Juzgado Decimosexto Penal de Panamá fijó para el lunes y martes la audiencia preliminar contra Giselle Burillo, exministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), y otras seis personas por el supuesto delito contra la administración pública.

La audiencia preliminar es por la investigación que realizó la Fiscalía Primera Anticorrupción por posibles sobrecostos en la contratación de furgones y remolques para transportar plantas móviles en la ciudad capital y en el interior.

Los otros implicados en este caso son: David Rivera, Carlos Aguilar, Pablo Jaramillo, Juventino Iturralde, Carmela Jiménez y Guillermo Ortíz.

‘Las sesiones serán consecutivas dentro de los días fijados, terminará una vez, el último letrado que esté en uso de la palabra a las cinco o pasadas las cinco de la tarde, concluya su alegato', señala un comunicado del Órgano Judicial. Burillo enfrenta otros procesos.

Díaz definirá demanda contra resolución de la Contraloría

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz definirá el futuro del Decreto 441-2016-DmySc del 25 de octubre de 2016 de la Contraloría Nacional de la República, que regula los donativos y subsidios que otorgarían los diputados mediante presupuesto de la Asamblea Nacional.

Tras el reparto de expedientes, a Díaz le correspondió la demanda de inconstitucionalidad presentada por Ernesto Cedeño, que sostiene que la ‘función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarado en la Constitución'.

Agrega el abogado que el decreto de la Contraloría va en contra del numeral 2 del artículo 280 de la Constitución, sobre la funciones de la Contraloría.

A través de un comunicado, la Contraloría explicó que el departamento de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional tiene el deber de velar porque se cumplan los controles, tal como lo establecen las Normas de Control Interno Gubernamental y lo dispuesto en el manual aprobado por la Contraloría.

El siguiente paso tras la admisión de la demanda será analizar si esta cumple con todos los requisitos, pero el demandante está seguro de que seguirá el curso.

‘Esperamos que la Corte establezca la doctrina de que los diputados están para legislar y no para prácticas clientelistas', manifestó Cedeño.

La resolución de la Contraloría establece que los diputados pueden donar en subsidios o donativos hasta $20 mil, con la autorización del presidente de la Asamblea.

La decisión de la Contraloría es vista por diversos sectores como una forma de legalizar las ‘partidas circuitales'.

Los donativos que pueden realizar los diputados son: personales ($2,500), estudios ($5,000), apoyo deportivo para atletas ($5,000), gastos médicos ($10,000), organizaciones sin fines de lucro ($10,000), apoyo a juntas comunales ($15,000), apoyo deportivo para organizaciones ($20,000).

Stiglitz y Pieth, ‘en guerra’ contra los paraísos fiscales

‘Los refugios secretos (paraísos fiscales) no tienen cabida en un mundo de globalización positiva'. Así lo establece el informe ‘Overcoming The Shadow Economy', de Joseph Stiglitz y Mark Pieth, basado en los llamados ‘Papeles de Panamá', una filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, que expuso cómo los ricos y poderosos usan las sociedades ‘offshore' para ocultar propiedades, ganancias y evadir impuestos.

Los paraísos fiscales socavan los acuerdos internacionales sobre transparencia financiera y plantean un problema: facilitan el lavado de dinero, la evasión fiscal, la corrupción, el narcotráfico y hasta la pornografía infantil, contribuyendo al crimen a niveles inaceptables, continúa diciendo el documento con el que los dos expertos acudieron a la Comisión del Parlamento Europeo creada para estudiar las consecuencias de los denominados ‘Papeles de Panamá'.

Stiglitz y Pieth afirman: ‘En un mundo globalizado, si hay un bolsillo secreto, los fondos se van a dirigir hacia él. Esa es la razón por la que se necesita un sistema de transparencia global'.

"En Panamá, hay cientos de miles de empresas y nos gustaría saber quiénes son los titulares verdaderos y por qué están allí, si no generan ingresos ni puestos de trabajo", declaró Stiglitz en el Parlamento Europeo, según registros de la misma comisión que lo recibió.

Los reguladores estadounidenses y europeos deben tratar los ‘refugios secretos' como portadores de una enfermedad peligrosa que, si no se controla, puede propagarse como un ‘virus', añadió.

‘Hay que poner en cuarentena a los países y entidades que los acogen', advierte el documento de los expertos.

El informe señala que Estados Unidos y Europa disponen de las herramientas necesarias para poner freno a estos paraísos, y que si no las usan, es por el enorme poder que tienen quienes se benefician de esas opacas estructuras financieras.

‘(Ambos, Europa y Estados Unidos) tienen que presionar a los centros financieros para que respeten los estándares de transparencia internacional', propone el documento.

RECOMENDACIONES

Stiglitz y Pieth plantean una serie de propuestas para ‘aniquilar' o, al menos, reducir el impacto de los paraísos fiscales. Entre otras, sugieren que se declare ilegal tener una cuenta en un país o una jurisdicción que no coopere con el resto de las naciones.

Así mismo, recomienda declarar ilegal ser accionista, director y/o fideicomisario de una sociedad establecida en un paraíso fiscal.

También plantea la posibilidad de declarar ilegales los vínculos o interaccciones de cualquier tipo con instituciones financieras de paraísos fiscales. Proponen, además, crear un registro público con los nombres de los beneficiarios de las cuentas o empresas abiertas en paraísos fiscales.

‘Estamos de acuerdo en que no debe haber tolerancia hacia ningún paraíso fiscal, en particular aquellos que existen, operan y funcionan en los países desarrollados y miembros destacados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)', señala la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).

En Panamá, el economista Aldolfo Quintero se muestra de acuerdo con el planteamiento de Stiglitz y Pieth en relación a la cruzada de ‘cero tolerancia'.

No obstante, advierte que esa política debe empezar con Estados Unidos e Inglaterra. ‘En el caso de Panamá, se vienen realizando ajustes en las legislaciones y, a la fecha, no somos un paraíso fiscal. No sucede así con los países arriba mencionados, donde no se han tomado

‘PANAMÁ TIENE QUE PLANTEAR UNA VISIÓN ESTRATÉGICA PROPIA QUE RESPONDA A NUESTROS INTERESES NACIONALES',

RICHARD MORALES

POLITÓLOGO

medidas de control', señaló el economista panameño.

‘EL NARCO ESTADO'

El documento ‘Overcoming The Shadow Economy' también señala que cuanto mayores sean las preferencias fiscales, mayor será la atracción por el lavado de dinero.

En este aspecto, el gremio de banqueros explicó que en Panamá los impuestos son iguales para todos ( extranjeros y nacionales) ‘no hay discriminación, ni favoritismo'.

‘Lo que es cierto es que Panamá desde su nacimiento como país adoptó la llamada tributación territorial, que solo aplica impuestos a las rentas generadas en suelo propio. Esto es igual para nacionales y extranjeros', añade la ABP.

‘Overcoming The Shadow Economy' también detalla que, en la última década, Panamá se ha establecido como ‘el centro logístico de Las Américas', aprovechando las ventajas proporcionadas por el Canal de Panamá y su posición geográfica.

El país, continúa el informe, tiene una economía de servicios que ha permitido reducir la tasa de pobreza gracias a mayores inversiones en la educación pública y en la salud.

Panam á ha sido una de las economías de mayor crecimiento en el mundo: 7.2% anual entre de 2001 a 2013. Pero, a pesar del progreso alcanzado, continúan Stiglitz y Pieth, el país ha tenido dificultad para superar su historia como ‘narcoestado', que llegó a su máxima expresión durante el régimen militar de Manuel Antonio Noriega (1983 – 1989).

Según Stiglitz y Pieth, el caso de ‘Los Papeles de Panamá' revivió ese oscuro pasado, aunque solo un 20% de las sociedades que aparecieron en la investigación periodística eran panameñas.

En este punto, el politólogo panameño Richard Morales señaló que la debilidad de las posturas del Gobierno han hecho al país presa fácil de las críticas de Stiglitz. ‘Es el propio Gobierno panameño el que tiene que tomar la iniciativa, con reformas profundas, que atajen todas las prácticas cuestionables develadas y no esperar que venga nadie a decirnos cómo gobernar', indicó. ‘Solo así podremos demostrar que somos un país soberano que se puede parar firme antes las presiones internacionales', agregó Morales.

‘EN NUESTRO CENTRO FINANCIERO LOS CONTROLES SON ADECUADOS NO ASÍ EN EE.UU. NI EN ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS',

ADOLFO QUINTERO

ECONOMISTA

‘Panamá tiene que plantear una visión estratégica propia, que responda a nuestros intereses nacionales y que nos permita elevarnos por encima de todas esas críticas', concluye.

VARELA RESPONDE

Ambos expertos (Stiglitz y Pieth) destacan que Panamá está en una situación ‘injusta', pues la repercusión mundial de ‘Los Papeles de Panamá' hizo perder competitividad al país, frente a otros territorios que siguen operando en la sombras.

Al ser consultado sobre la postura del Nobel de Economía, el mandatario panameño señaló que ‘Panamá responde a los panameños y su Gobierno, no a los señores Joseph Stiglitz, Mark Pieth o a la ministra de Comercio de Colombia'.

Juan Carlos Varela subrayó que ‘Panamá es un país soberano e independiente, que tiene sus propios mecanismos para defender su economía y sistema financiero'.

‘En el caso del señor Stiglitz, mis respetos hacia un premio Nobel de Economía, y a Mark Pieth, mis agradecimientos por haber participado en la Comisión inicialmente, pero tras su salida, por las diferencias que se dieron, quedan panameños y otros extranjeros que son gente muy respetada y reconocida', apuntó Varela.

EL INFORME

Aunque de elaboración independiente, ‘Overcoming The Shadow Economy' surge de la participación inicial del premio Nobel de Economía en el Cómite de Expertos que instaló el propio Varela para evaluar la plataforma de servicios finacieros del país y su regulación, tras los cuestionamientos de las denuncias periodísticas que siguieron a la filtración de Mossack Fonseca, el pasado mes de abril. Según los expertos, se retiraron del grupo por la negativa del Gobierno panameño a hacer públicas las conclusiones.

‘Cuando el Gobierno se negó a esas garantías, sentimos que no teníamos más remedio que renunciar. Creemos que un informe sobre transparencia no era en sí mismo transparente y simplemente no sería creíble', declararon.

La lucha contra los paraísos fiscales, setencian Stiglitz y Pieth, debe incluir tanto a las empresas como a los asesores, principalmente a los abogados, que diseñan los entramados jurídicos que permiten la evasión fiscal.