Martinelli intenta apaciguar las diferencias internas en el CD

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El presidente del partido Cambio Democrático (CD), Ricardo Martinelli, en un nuevo intento por apaciguar las diferencias internas existentes entre los diferentes políticos que aspiran a la candidatura presidencial, se reunió ayer Rómulo Roux en Estados Unidos.

La semana pasada, la presidenta encargada del colectivo, Alma Cortés, denunció que algunas ‘figuras infiltradas’ intentan causar división en las filas del colectivo.

Personas ‘infiltradas’ en el equipo de Roux fueron señaladas directamente por Cortés como los que están causando divisionismo.

Después de los señalamientos de Cortés, en su cuenta de Twitter Martinelli posteó un mensaje que decía: ‘Yo apoyo a todos los candidatos y ninguno de ellos representa los intereses del gobierno. De haber uno yo lo denuncio’, señaló.

Ahora Martinelli intenta nuevamente calmar las tensiones en su partido y publicó en la red social , además de un mensaje, una fotografía con Rómulo Roux, señalado por Cortés de tener en su equipo a los ‘responsables’ del divisionismo.

Roux aspira a ser el candidato presidencial con la bandera de CD en las elecciones del año 2019.

El exministro de asuntos del Canal fue aspirante a la candidatura presidencial en las internas de CD en las pasadas elecciones, pero no tuvo el apoyo de las mayorías.

Martinelli continúa autoexiliado en Miami, desde donde comparte mensajes por Twitter .

Ayer posteó: ‘Reunido con mi brother Rómulo y espero poder recibir a los otros candidatos CD que aspiren en 2019, buscando UNIDAD del partido para ganar!’ El mensaje llegó junto a una fotografía en la que se le ve abrazando al exministro de Asuntos del Canal.

Los candidatos que tienen el apoyo de Martinelli, según sus palabras, son Rómulo Roux, José Raúl Mulino, Frank De Lima, Porfirio Ellis, Rodrigo Sarasqueta y otros. Ninguno es ficha del varelismo, aclaró el propio Martinelli.

En Panamá, algunos grupos de CD siguen cuestionando el liderazgo de Cortés y dan muestras de rechazo a la decisión de Martinelli de dejar el colectivo bajo su dirigencia. A la vez insisten en que Cortés, quien además es la encargada de manejar la Comisión Electoral, haga la convocatoria a las elecciones para escoger la nueva junta directiva que debe conducir las riendas del partido al proceso electoral de 2019.

Cortés ha suspendido en dos ocasiones la convocatoria a las elecciones internas, que hasta el momento continúan sin fecha.

Ismael Gordón Guerrel

Antai tendrá que ver donativos legislativos

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A la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) le tocará emitir su criterio con respecto a la reglamentación de los donativos de la Asamblea Nacional.

El abogado Ernesto Cedeño presentó ayer en la oficina de la Antai un reclamo en el cual pide a la directora de la institución, Angélica Maytín, que se pronuncie sobre las donaciones que hacen los diputados con dinero del Estado.

A la vez, el abogado, mediante nota presentada a la Antai, reclamó que se pondere la posibilidad de descontar el 50% del salario del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, así como el contralor General de la República, Federico Humbert, por la negativa a entregar la información sobre el dinero que están utilizando los diputados para las donaciones.

SOLICITUD DE LA ANTAI

Cedeño expresó a la Antai ‘rogamos ponderar’ la posibilidad de aplicar el descuento del salario en base a lo dispuesto en la Ley 33 de 2013, una muta del descuento del 50% del salario a ambos funcionarios.

RECLAMO LEGAL

Una solicitud formal fue presentada ayer ante la Antai

El reclamo se da ante la negativa del contralor Federico Humbert y el ministro de Economía y Fiannzas, Dulcidio De La Guardia, de proporcionar información sobre las donaciones que hacen los diputados.

Cedeño recordó que la norma citada establece que en el caso de que los funcionarios se nieguen a proporcionar la información, se les impone una multa.

La solicitud presentada ayer tiene el sello de recibido de parte de la institución de Acceso a la Información.

El jurisita informó a la Antai que el 9 de noviembre presentó la solicitud formal ante el MEF y ante la Contraloría de la República, pero ninguna de las dos instituciones le ha respondido.

Cedeño pide a las instituciones encargadas de manejar las finanzas del Estado que le informen cuánto se destina en el presupuesto de la Asamblea Nacional para este tipo de donaciones.

Igualmente, requiere que se le informe en que renglón del presupuesto se incluyen las partidas, o si es que están en otra institución que no es la Asamblea Nacional.

EL RECLAMO LEGAL

El abogado Cedeño alega que en la Constitución Política de la República y en las leyes que rigen el funcionamiento de la Asamblea Nacional no se contempla la posibilidad de que los diputados como institución puedan hacer donaciones con dinero de la Asamblea Nacional.

Alegó que según la propia Constitución, se contempla que los funcionarios no pueden hacer nada que esté fuera de lo que les permites las leyes.

Además cuestionó la decisión del contralor de reglamentar las donaciones que hacen los diputados.

Mediante resolución emitida en el mes de octubre pasado, la Contraloría General de la República estableció un límite de $20 mil para estos donativos, a la vez estableció que solo se podrían otorgar para asistencia educativa y otros apoyos a los ciudadanos, como para casos de salud.

Insistió en que ninguna de estas acciones son legales y que la Contraloría de la República, en este caso, lo que debió hacer fue aclarar que los diputados no podían hacer las donaciones.

Cedeño explicó que la función básica de los diputados, como miembros de la Asamblea Nacional, el órgano Legislativo panameño, es discutir y aprobar leyes.

El jurista espera que la Antai tome la decisión de aplicar el descuento del 50% del salario al contralor y al ministro de Economía y Finanzas, a fin de que accedan a proporcionar la información que se les está solicitando.

Carlos Anel Cordero

 

PRD define esta semana su candidato a magistrado del TE

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El Partido Revolucionario Democrático (PRD) define esta semana el nombre de las persona que recibirá el apoyo de la bancada en la elección del magistrado del Tribunal Electoral (TE).

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el Consejo Directivo Nacional (CDN) y los 26 diputados del PRD, que conforman la bancada han sido convocados para el jueves 15 de diciembre. Ese día entre los puntos de reunión está definir el nombre del candidato que recibirá el apoyo para magistrado.

La bancada del PRD está divida en dos grupos. Un grupo apoya a Raúl Rodríguez y el otro a Yara Campo. Ambos conocen el tema electoral.

Rodríguez ejerció funciones en el TE y Campos es la magistrada suplente de Escoffery y también directora Ejecutiva Institucional

Los magistrados Eduardo Valdés Escoffery y Erasmo Pinilla abogan porque la Asamblea designe en esta ocasión a una mujer en el cargo que quedará vacante después d la salida de este último, en diciembre

El PRD, el 31 de octubre, bloqueó la designación del nuevo magistrado del TE, que debía tomar posesión el 2 de enero de 2017. El oficialista Partido Panamañista intentó nombrar a Alfredo Juncá y el del PRD se lo impidió.

En la reunión del jueves estarán presente los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), los 26 directivos del Consejo Directivo Nacional (CDN) y los presidente del Frente Femenino y de la Juventud.

La diputada Zulay Rodríguez, quien es la presidenta del frente femenino, explicó que el CEN del PRD puede proponer, sin embargo será el CDN el que tomará una decisión. El CDN ratifica la decisiones.

La diputada Rodríguez, igual que los demás colegas y la membresía del colectivo, le están dando un voto de confianza a su colega el diputado Pedro Miguel González, quien es el secretario general del PRD.

El nuevo magistrado del Tribunal Electoral tomará posesión en enero de 2017 y su designación será por un periodo de diez años, tal como lo establece la Constitución Política de la República.

DATOS DEL COLECTIVO

El Partido Revolucionario Democrático busca cambiar su imagen

26 diputados conforman la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

36 votos necesita quien pretende ser magistrado del Tribunal Electoral. Así está establecido en la Constitución.

2 enero será el día en que la Asamblea Nacional retomará las sesiones ordinarias. En este periodo, se debe elegir al nuevo magistrado del Tribunal Electoral que remplazará a Pinilla.

Los aspirantes son: Sharon Sinclaire, Neftalí Jaén, Ceila Peñalba, Alfredo Juncá, Arturo Vallarino, Raúl Rodríguez, Yara Campo y Benigno Vergara.

Para magistrado suplente postularon a Sharon Sinclaire, Martín Wilson, Gilberto Estrada, Javier Ordinola, Fidel Vásquez, José Hernández, Ingrid Murgas y Jaime Montero.

Para ser magistrado del TE, o suplente, se debe contar por lo mínimo con 36 votos del pleno.

Ninguna de las tres bancadas legislativas completa esta cifra, por lo que están obligados a buscar el respaldo mayoritario para imponerse. Tendrán que negociar para alcanzar la mayoría numérica y lograr que su candidato se imponga en el pleno.

El panameñismo contaba con el apoyo de diputados de CD y del PRD, pero como se dijo anteriormente el 31 de diciembre estos bloquearon la sesión.

El PRD, CD y el panameñismo conformaron un bloque denominado la nueva mayoría legislativa y desde su conformación tienen los votos necesarios para pasar cualquier proyecto en la Asamblea Nacional.

La declaración del Congreso del PRD, el 30 octubre, establecía que será un partido de oposición las 24 horas del día.

En los últimos discursos de González, éste ha cuestionado han sido aguerrido contra las promesas incumplidas y advierten que el 2 de enero cuando nuevamente inicie sesiones la Asamblea serán más fuertes una vez el presidente de la República, Juan Carlos Varela, rinda su informe a la nación.

El PRD formalizó la instalación de Comisiones Especiales que harán un diagnóstico de la situación en que se encuentra el país, para presentar sus recomendaciones y propuestas de solución.

Las Comisiones Especiales iniciaron el trabajo la semana pasada y presentarán a finales de este mes, el 23 de diciembre, un informe con 5 recomendaciones y 5 propuestas de solución el problema seleccionado.

La meta que tiene esta nueva dirección es conducir y convertir al PRD en una opción de gobierno en el 2019 y transformar a la sociedad panameña. sobre la base de una alianza con la población.

Ismael Gordón Guerrel

Fiscal apela fallo que anuló investigación por presunto blanqueo ligado a cuentas de Moncada Luna

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El fiscal contra la Delincuencia Organizada, Rafael Baloyes, presentó este miércoles 7 de diciembre un recurso de casación contra la sentencia del Segundo

Tribunal Superior de Justicia, que anuló la investigación por supuesto blanqueo de capitales ligado a las cuentas del encarcelado exmagistrado Alejandro Moncada Luna.

En una nota de prensa, el fiscal comunicó “que agotará todos los medios de impugnación, para revertir lo dispuesto en

el auto en cuestión”.El pasado 23 de septiembre, un fallo de los magistrados Wilfredo Sáenz (ponente) y María de Lourdes Estrada declaró la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso seguido a Felipe “Pipo” Virzi, Ricardo “Ricki” Calvo Latorraca, Felipe Rodríguez Guardia, Humberto Elías Jarez Barahona, María del Pilar Reyna, Nicolás Corcione, Julián París Rodríguez y Jorge Espino Méndez, entre otros. También dispuso levantar las medidas cautelares dictadas contra los Investigados, así como la desaprensión de los bienes cautelados. El fallo de Sáenz y Estrada alega que se incurrió en lo que se conoce como “doble juzgamiento”, por lo que se habrían violado las garantías del debido

Proceso. Fundamentan su decisión en el acuerdo pactado en febrero pasado entre Moncada Luna y el diputado Pedro Miguel González en funciones de

Fiscal, En el que el exmagistrado se declaró culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos públicos.

El magistrado Luis Mario Carrasco salvó el voto.

Moncada Luna está preso en El Renacer, donde cumple su condena de 60 meses de prisión.

Sáenz y Estrada fueron denunciados por la firma forense Vega & Álvarez, que los acusa de la presunta comisión de los delitos contra la administración

pública, corrupción de funcionarios y concusión.

Redacción de La Prensa

Corte Suprema analizará caso del periodista holandés

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La audiencia ordinaria para el caso del periodista holandés Okke Ornstein, condenado en Panamá por los delitos de calumnia e injuria, fue reprogramada para el próximo 22 de diciembre, según nota publicada por el Órgano Judicial.

En un encuentro celebrado el pasado 2 de diciembre con José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el embajador de Holanda, Dirk Jaansen, se aseguró de que la situación procesal contra Ornstein sea resuelta ‘con estricto apego a la Constitución Política y a la Ley de la República de Panamá’, dentro del marco jurídico, y no en lo político ni mediático.

El periodista holandés enfrenta dos posibles condenas, de 18 meses cada una, por querellas que presentaron en su contra los ciudadanos franceses Patricius J. y Kerrn Visser, y el ciudadano canadiense Monte Morris Friesner.

La investigación periodística de Okke Ornstein en Panamá, sobre fraude, corrupción, lavado de dinero y otros delitos financieros, publicaciones por las que se le procesa, denunció presuntas actividades fraudulentas de Morris Friesner y de su esposa Tatiana Nazarova, ambos implicados en el escándalo de la empresa Financiera Pronto Cash, cerrada en 2012.

CONDENA Y RECLAMO

El embajador de Holanda pidió un trato judicial al caso y no político

La calumnia e injuria está contemplada dentro del Código Penal panameño como un delito, pero no es perseguible de oficio.

El abogado panameño del periodista holandés Okke Ornstein no ha brindado detalles de la evolución de su caso.

Durante aquel proceso, como reseñaron medios de prensa panameños, quedó al descubierto que la firma de abogados Blandón & Young’ –fundada por el alcalde José Isabel Blandón y Herbert Young– fue la encargada de registrar y conseguir, en 2006, los permisos para la operación financiera de esta empresa. Herbert Young, quien resultó acusado de estafa agravada posteriormente, era el agente residente de Isabel Investment Corporation, empresa asociada a Bellagio Properties S.A. que presidía la familia Friesner-Nazarova.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) emitió un comunicado, el 29 de noviembre de 2016, en el que advirtió que el sitio web de Ornstein, Bananama Republic, en la actualidad no estaba disponible, por lo que resulta imposible acceder a todo el material de sus investigaciones.

En ese mismo comunicado, el CPJ dejó entrever que Friesner estaba supuestamente implicado en ‘turbias prácticas empresariales’ en Panamá, según notas periodísticas y documentos jurídicos revisados por esta organización. Tanto la Federación Internacional de Periodistas (FIP), como la Federación Europea de Periodistas (FEP) y la Asociación Holandesa de Periodistas (NVJ), han recalcado que las acusaciones contra Ornstein son infundadas y aseguraron que los aspectos sustantivos del caso evidencian la falta de motivos para el enjuiciamiento penal.

Preguntado por el proceso, el embajador de Holanda dijo no poder hacer ninguna declaración por condicionamientos diplomáticos y remitió las consultas al abogado de Okke Ornstein, Manuel Succari, quien no ha respondido a las llamadas que pudieran confirmar que el caso judicial contra su representado, según publicó la Cancillería, cumplió con las normas del debido proceso según las leyes vigentes.

Jorge Enrique Rodríguez

CNA rechaza que extranjeros ejerzan el derecho

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El Colegio Nacional de Abogados (CNA), se pronunció ante los nexos propuestos por Australia sobre los servicios profesionales de la abogacía.

En un comunicado, el CNA hace referencia a una nota del Ministerio de Comercio e Industria (MICI), sobre una aparente solicitud de 45 países entre los cuales se encuentra Australia donde mencionan ‘servicios profesionales y particulares de servicios legales, así como la entrada temporal de personas'.

El CNA fue enfático en indicar que hasta la fecha en el país siempre se ha mantenido la reserva del ejercicio de esta profesión únicamente para panameños, con la excepción del derecho internacional, pero añadió que no sería extraño que países como Estados Unidos y la Unión Europea deseen que esto sea eliminado.

Según el gremio, en la nota del MICI explica que a pesar de que en el anexo propuesto por Australia no se aplica a los sectores de servicios profesionales que no están abiertos a la participación extranjera, creen que si en un futuro Panamá abandona el requisito de nacionalidad, algunas de las disposiciones contenidas en el anexo podrían entrar en contradicción con la regulación nacional.

El gremio hace mención al artículo 16 de la Ley 9 de 1984, la cual regula el ejercicio de la abogacía que establece que el ejercicio se puede realizar únicamente por medio de sociedades civiles de personas, cuando hayan sido constituidas para este fin por abogados idóneos.

Presidente Varela presiona al órgano Judicial

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En el marco de la inauguración de la 17ª Conferencia Internacional Anticorrupción, que se celebra en esta ciudad, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, declaró que ha pedido públicamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia ‘que se agilicen los juicios para determinar la culpabilidad o inocencia de los exfuncionarios de la administración pasada procesados por supuestos actos de corrupción'.

El mandatario recordó que en Panamá hay políticos presos en cuyas cuentas personales se han encontrado millones de dólares, cuando eran funcionarios que ganaban apenas cinco mil dólares.

‘No es lo mismo un político preso que un preso político', advirtió entre risas Varela.

‘Yo comparto con el pueblo panameño la necesidad de agilizar los procesos, para que así se reconcilie el país antes del proceso electoral de 2019', afirmó Varela.

‘Hoy Panamá envía un mensaje a la región y al mundo del compromiso de este gobierno de respaldar la lucha contra la corrupción', señaló el presidente Varela, celebrando que la cumbre (Anticorrupción) representa retos para Panamá y que el pueblo panameño puede estar seguro de que los fondos públicos serán manejados con total transparencia durante esta administración.

El CNA insiste en ‘anomalías’ en acto de puerto de Corozal

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La Comisión Puerto Corozal del Colegio Nacional de Abogados ha hecho pública su denuncia, a través de un comunicado, de lo que considera la violación de leyes constitucionales y del debido proceso para la homologación del proyecto de un puerto en Corozal.

Se refieren, específicamente, al adelanto por dos días de la homologación de las empresas precalificadas para la construcción del puerto, que se realizó el 22 de noviembre, cuando debía haberse realizado el 24 de noviembre.

‘SE HA IGNORADO LAS SOLICITUDES QUE HAN HECHO DISTINTOS SECTORES PROFESIONALES, GREMIALES Y CÍVICOS',

COMISIÓN PUERTO COROZAL

CNA

‘La ACP recurrió a mecanismos jurídicos, violación del debido proceso con absoluta irresponsabilidad y ausencia de transparencia', advierte el CNA.

La nota, firmada por Santander Tristán Donoso, señala que la Junta Directiva del Canal y el administrador Jorge Quijano han ignorado las solicitudes que han hecho distintos sectores profesionales, gremiales y cívicos para el denominado Puerto verde ‘sea llevado a debate nacional, previa información de sus efectos positivos y negativos'.

Y añade que no han tomado en cuenta ‘el significado histórico y patriota' que tienen los temas relacionados con el Canal de Panamá.

La comunicación pública cierra con un llamado de alerta a los tres órganos del Estado sobre los efectos negativos que podría tener la operación de un megaproyecto como el puerto de Corozal al margen de las comunidades y la sociedad en conjunto.

Para el Colegio Nacional de Abogados, la discusión del proyecto puerto Corozal debe ser incluida en la agenda de Estado y someterla a consulta pública.

El pasado martes 22 de noviembre se llevó a cabo el proceso de homologación para la construcción del puerto de Corozal, pero del Departamento de Relaciones Públicas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) señalaron que no trascendería información alguna. ‘No vamos a hacer ningún comunicado', dijeron.

Entre los cuestionamientos al proyecto están las exoneraciones que recibirán las empresas interesadas. El acta sobre el concurso contempla que se maneja la posibilidad de que la empresa ganadora pague a través del 100% de utilidad de dividendos y que no pague impuesto de inmueble, porque la ACP no reconocerá el título de dominio sobre las mejoras del puerto.

Según un documento de la ACP para la primera fase del puerto, que contempla un periodo de veinte años, se ha concluido que el esquema fiscal más conveniente para las cuatro empresas precalificadas, en el caso de que se instalen como subsidiarias, es que se aplique la ley especial de exoneración, por sus países de origen.

Invitan a Mossack Fonseca a cumbre anticorrupción

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Transparencia Internacional (TI) invitó hoy al bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo global de los papeles de Panamá, a participar en la cumbre anticorrupción que se celebrará esta semana en la capital panameña y a contar su visión sobre el escándalo de las sociedades "offshore".

"Le asistimos la invitación (a Mossack Fonseca) a que vengan y a que discutamos abiertamente qué significa dar más transparencia al sistema financiero no solamente de Panamá sino a nivel global", afirmó hoy en rueda de prensa el director de la XVII Conferencia Internacional Contra la Corrupción (IACC, por sus siglas en inglés), Roberto Pérez-Rocha.

Según Pérez-Rocha, ahora mismo "hay un debate global" sobre la transparencia en el sector financiero y "lo peor que se puede hacer" es esconderse o discutir cada uno por su lado.

A la conferencia, que tendrá lugar del jueves al domingo de esta semana en un centro de convenciones de la capital panameña, sí asistirá con seguridad la subdirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Marina Walker, y algunos de los periodistas que participaron en la investigación de los papeles de Panamá.

"Como sociedad civil y como Gobiernos, no se puede luchar contra la corrupción sin el apoyo del periodismo de investigación", sostuvo el representante de TI.

Los 11,5 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca filtrados al consorcio periodístico y publicados por cientos de medios de comunicación el pasado abril revelaron que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de este bufete para crear sociedades "offshore" en distintos paraísos fiscales y, en algunos casos, evadir impuestos.

El escándalo desató todo un vendaval de críticas contra Panamá y su primera consecuencia fue la decisión de Francia de volver a incluir al país centroamericano en su lista de paraísos fiscales.

La participación de los periodistas del consorcio es, según Pérez-Rocha, una "señal" de que el Gobierno de Panamá "está abierto al diálogo para poder resolver los problemas mencionados en los Panamá Papers".

En la conferencia, considerada el foro anticorrupción más grande del mundo, también participará el presidente de TI, el jurista peruano José Ugaz; el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el subsecretario general de la ONU, Magdy Martínez Solimán.

El representante de TI recordó que diversos estudios de organismos internacionales calculan que los países pierden entre un 10 % y un 15 % de su producto interior bruto (PIB) por la corrupción y que el Banco Mundial calcula que hay 200 trillones de dólares circulando de manera ilegal.

"Hay una economía legal y hay una economía corrupta que es del mismo tamaño que la economía global", indicó el director de la conferencia anticorrupción.

Según TI, cuya sede se encuentra en Berlín, alrededor de un 46 % de los empresarios de Latinoamérica han declarado haber recibido alguna vez una oferta de soborno.

"En América Latina, como todos sabemos, la corrupción fomenta de manera desenfrenada problemas como el crimen organizado, el trafico de drogas, de armas y de personas", añadió Pérez-Rocha.

Piden investigar contratos directos

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Los señalamientos por una supuesta ‘división de materia' en contratos de arrendamiento de las oficinas de la Superintedencia de Seguros y reaseguros de Panamá sería la base para una investigación en contra del superintendente José Riesen Alvarado.

Al arrendar su nuevo local en el edificio Torre PH Metro Bank en Punta Pacífica, por 60 meses (hasta el 30 de noviembre de 2020), por un monto total de un millón 271 mil dólares, se establecieron otros dos contratos para arrendar 22 estacionamientos en el lugar, hasta el 30 de noviembre de 2016, por 56 mil 845 dólares y su renovación, justo al día siguiente, 1 de diciembre de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2017, por un monto de 60 mil 858 dólares. En total, los tres contratos, suman un millón 388 mil 684 dólares con 10 centavos.

‘UN CONTRATO NO PUEDE FRACCIONARSE, PARA NO EXCEDA LO QUE LA LEY SEÑALA',

ERNESTO CEDEÑO

ABOGADO

A juicio del abogado Ernesto Cedeño Alvarado, experto en administración pública, un contrato no puede fraccionarse con el fin de que su monto no exceda lo que la ley señala.

‘En este caso, la adjudicación sería nula de pleno derecho, si se comprueba la suscripción de dos o más contratos entre las mismas partes, y con el mismo objetivo, evadiendo el procedimiento establecido', destacó Cedeño Alvarado.

El jurista reiteró que la Dirección de Contrataciones Públicas, como fiscalizador en el proceso de selección de contratista, es la entidad gubernamental a la que le corresponde determinar si existe división de materia, y en caso de comprobarse, ‘suspender el trámite y exigir las explicaciones correspondientes al funcionario involucrado'.

De la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, no se obtenido alguna versión del asunto.

En días pasados, se llamó el superintendente Riesen Alvarado sobre el particular y dijo que se le consultara después; sin embargo, no atendió la llamada a su número celular.