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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinará más recursos al Ministerio Público (MP) para contratar el personal que se requiere para investigar con ‘eficacia y eficiencia’ el pago de $59 millones en coimas que realizó la constructora Norberto Odebrecht en Panamá entre 2010 y 2014.

Dulcidio De La Guardia, titular de la cartera de Economía y Finanzas, explicó que la procuradora Kenía Porcell planteó la necesidad de contratar ‘analistas financieros’ por la complejidad del caso que involucra tres jurisdicciones: Brasil, Estados Unidos y Suiza.

La procuradora, indicó el ministro, también informó que requiere la contratación de auditores y de equipo tecnológico adicional y personal para apoyar a los fiscales anticorrupción que llevan adelante este caso.

‘ACORDAMOS CON LA PROCURADORA QUE EN LA SEMANA NOS ENVIARÁ EL DETALLE DEL PRESUPUESTO QUE NECESITARÁ PARA NOSOTROS DARLE EL APOYO ECONÓMICO’,

DULCIDIO DE LA GUARDIA

MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Evidentemente es un caso en el que se necesita hacer diligencias en estos tres países para lo cual van a requerir recursos económico adicionales, dijo De la Guardia.

‘Acordamos que la procuradora (Kenia Porcell) nos enviará la próxima semana el detalle del presupuesto que va a necesitar para nosotros darle el apoyo económica necesario’, indicó el ministro.

Confirmó que ya cuenta con la partida presupuestaria para el Ministerio Público y que solo se requerirá que la Asamblea Nacional apruebe el traslado de partida y que el proceso de traslado de partida se inicia la próxima semana.

El ministro dijo que el monto exacto del traslado de partida lo decidirá la Procuraduría de la Nación. ‘Solo esperaremos que definan la cifra y los detalles’, recalcó. Y, sin precisar cifras, dijo que cuenta con los fondos que la Procuraduría necesita y que están dentro del presupuesto del Estado.

PROPUESTA

El ministro De la Guardia también informó que, este jueves, le entregaron una propuesta formal a la empresa Odebrecht para que se desprendan de la concesión del proyecto hidroeléctrico Chan 2, sobre el río Changuinola, en Bocas del Toro.

‘Se le presentó la posición del Gobierno por escrito a la empresa y le hemos pedido que nos de una repuesta la otra semana’, informó.

Sin más detalles, indicó que estudian varias alternativas, en caso de que la empresa rechace la que le propusieron, que implica la cancelación de la concesión sin ninguna obligación para el Estado panameño.

El ministro fue enfático en que el proyecto Línea 2 del Metro de Panamá seguirá en manos del consorcio que conforma Odebrecht y la española FCC.

Aseguró, por otro lado, que aunque varios bancos que financiaban a Odebrecht se retiraron delproyecto, al mismo tiempo hay varios entidades financieras internacionales, incluso de países de ‘primer mundo’ que negocian con el consorcio el financiamiento del proyecto.

INDAGADOS SIN MEDIDAS

El exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, el director de la Caja de Seguro Social, Guillermo Sáez Llorens, y el empresario y hermano del expresidente Ricardo Martinelli, Mario Martinelli, concluyeron, este viernes, su proceso de indagatoria en la Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling..

La hermana del exministro, Ana Isabel Suárez también concluyó su indagatoria.

La fiscal Sterling no aplicó ninguna medida cautelar a los imputados.

Sáez Llorens dijo a su salida que logró determinar que desde el 2008 no tiene ningún vínculo con la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes S.A, que es mencionada en el esquema investigado

Explicó que es probable que lo hayan mencionado en el expediente porque entre los documentos que tienen los bancos sobre la sociedad, debe aparece su nombre, sin embargo, desde ese año ya no forma parte de la sociedad. Martinelli, por su parte, reiteró que nada tiene que ver con los hechos y dijo que en el expediente no hay nada que lo vincule a él en este caso, aunque reconoció que la Fiscalía lo vincula por una sociedad que tuvo con su hermano en el 2006.

‘Yo quiero que me juzguen por mis actos y no por los de otros’, dijo Martinelli.

El exministro Suárez también reiteró que es inocente de los cargos que le imputa la Fiscalía Primera Anticorrupción. Por ahora, ninguno volverá a la Procuraduría.

Marlene Testa

La Corte Suprema de Justicia en Pleno ordinario admitió una nueva causa criminal a las 8 anteriores que investiga esta instancia contra el exmandatario Ricardo Martinelli. Esta vez por el posible delito de extorsión a la empresa italiana Salini Impregilo.

Por este hecho se condenó al empresario Valter Lavitola en la Corte de Nápoles el pasado enero de 2015. Lavitola es amigo de Martinelli

El caso, no obstante, nace en Italia con las averiguaciones de corrupción relacionadas a la empresa Finmeccanica, con la que Panamá celebró varios contratos millonarios de seguridad.

Los fiscales de Nápoles, Italia, al momento de investigar los posibles sobre costos y sobornos en el caso de Finmeccanica, se percataron que en las grabaciones efectuadas a Valter Lavitola -un mediador entre Italia y Panamá- había existido un caso de extorsión por parte del entonces presidente Ricardo Martinelli y Lavitola a la empresa Italiana.

Todo se remonta al 11 de septiembre de 2009 cuando el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) acababa de hacerse de uno de los mayores contratos de ingeniería, la ampliación de la vía Interoceánica.

Las relaciones entre Berlusconi, primer ministro de Italia, y Martinelli pasaban por su mejor punto.

El mandatario panameño prometía que su homólogo Silvio Berlusconi, donaría un hospital pediátrico en la provincia de Veraguas. ‘Yo creo que esta donación es muy importante y la visita del primer ministro (Berlusconi) será el inicio de un gran intercambio que tendrá Italia con Panamá’, decía con bombos y platillos Martinelli.

El expresidente estaba esperanzado de que el nosocomio que había prometido a la ciudadanía.

Para conseguirlo, según una fuente familiarizada con el tema, ‘volteó hacia las empresas italianas que podrían costearlo. Una de ellas fue Impregilo. Entonces llamó a los ejecutivos de la compañía que estaba interesada en participar en la línea 1 del metro y les dijo que debían donar el hospital a cambio de que se les adjudicara la mega obra’.

Impregilo fue superada por Odebrecht en la licitación del metro. Al retirarse, añade la fuente, ‘Martinelli le pidió a Lavitola que le dijera a los ejecutivos de Impregilo que si ellos no construían el hospital, él anunciaría públicamente que Panamá le quitaría el contrato de la expansión a GUPC’.

Martinelli no tenía facultad para tal acto, pues ya la Autoridad del Canal de Panamá había atribuido el contrato al consorcio tan solo un mes antes del amenazante mensaje de Lavitola.

El asunto podía causar una baja estrepitosa de las acciones a la empresa italiana en la bolsa de valores .

No obstante, ‘Lavitola envió el mensaje del presidente panameño y llamó a los ejecutivos de la constructora para decirles que ellos debían asumir los costos ($22 millones) del hospital que construiría la empresa IBT Group cuyo representante en Panamá era Rogelio Oruña’, añadió la fuente.

Finalmente la estructura nunca se construyó.

El nombre de Lavitola volvió aparecer en las investigaciones de Brasil, sobre los sobornos concedidos por la empresa Odebrecht. El diario digital Il’Espresso publica que éste aparece en cinco investigaciones de corrupción internacional contra el expresidente Lula Da Silva y Marcelo Odebrecht.

En Panamá se vincula, según el portal, como un mediador por donde pasaría el soborno al gobierno local a cambio de entregar a Impregilo la construcción del metro. En este caso también se sospecha la implicación del expresidente, cita el portal.

‘En noviembre de 2014, el fiscal Vincenzo Piscitelli había declarado que ‘Lavitola ha tenido un canal de corrupción en Brasil’, jugando un papel mediador de los gigantes edificios verde-oro’, describe Il’Espresso.

DOS PROCESOS

A raíz de las grabaciones obtenidas de Lavitola, la Fiscalía de Nápoles abrió dos líneas de investigación.

Los italianos llevaron a juicio a Lavitola por ser el mensajero de la extorsión, esa fue la primera. ‘En ese proceso, manifiesta la fuente, Berlusconi fue llamado a declarar en Nápoles y aceptó que había recibido una llamada de Lavitola, y que éste le había amenazado con que Martinelli iba a cancelar el contrato. Por lo que Berlusconi presionó a Impregilo’.

En el juicio que se desarrolló en Italia Lavitola fue condenado a tres años de prisión por extorsión. ‘Esa sentencia de diciembre de 2015, expresa que el autor de la extorsión fue Martinelli’.

Paralelo a eso los fiscales abrieron un segundo proceso contra Lavitola por tentativa de corrupción. ‘Según las conversaciones telefónicas en poder de la Fiscalía, indica la fuente, ‘había un arreglo entre Lavitola y Oruña en el que ambos recibirían un ingreso no justificado por la construcción del hospital. En este caso Lavitola hizo un acuerdo con la Fiscalía en el que acepta recibir un año de condena y evitar el juicio’.

En un juego de palabras Lavitola no aceptó la culpa, pero sí la pena de 14 meses adicionales a los que 3 años que había sido condenado.

Después de un año de haber recibido el expediente, la Corte encontró elementos de convicción para iniciar la investigación según el artículo 488 del Código Procesal Penal.

El embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido, se manifestó complacido de que ‘finalmente la Corte va abrir un proceso sobre un caso que ya tiene una condena en Italia de delitos cometidos en Panamá y que señala expresamente al expresidente Ricardo Martinelli’.

Adelita Coriat

Nueve de los diecisiete encausados por el pago de $59 millones en ‘coimas’ que realizó la constructora Norberto Odebrech, en Panamá, entre 2009 y 2014, buscan protegerse de una detención cautelar a través de una acción de ‘habeas corpus preventivo’.

La acción fue interpuesta a favor del ex ministro de Obras Públicas Federico Suárez, del ex director de la Caja de Ahorros Ricardo Francolini, de los hijos y del hermano del ex presidente Ricardo Martinelli ( Ricardo, Luis Enrique y Mario), del ex director de la Caja de Seguro Social Guillermo Sáez – Llorens, de Nitzela Bonilla Pérez, Evelyn Iveth Vargas Reynaga y Ana Isabel Suárez, todos con orden de ubicación y conducción a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). para rendir declaración indagatoria en la Fiscalía Especial Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling.

Los abogados Rosendo Miranda, Abril Arosemena, Edgar Sánchez y Nicolás Brea presentaron la acción ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ayer destinó a cuatro magistrados para que se encarguen de resolverla.

La fiscal Sterling está notificada de la acción interpuesta por los abogados defensores.

La solicitud, sin embargo, puede ser admitida o rechazada por la máxima magistratura de justicia de este país. El hábeas corpus preventivo se concede con el fin de proteger a los individuos contra amenazas comprobadas de la libertad corporal, explicó Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA). ‘La práctica cotidiana de la CSJ es tardar semanas y hasta meses en resolver’ (una acción de este tipo), agregó el abogado.

¿HERMANOS MARTINELLI?

Sobre los hijos del ex presidente Martinelli, el abogado Cristóbal Arboleda dijo que ‘cuando estimen convenientes (…) van a estar aquí, dando la cara’.

Ricardo Alberto y Luis Enrique fueron identificados por la fiscalía de Suiza como los beneficiarios finales de cuentas bancarias que recibieron depósitos por $22 millones de Odebrecht.

De acuerdo a una publicación internacional, los hijos del ex presidente podrían estar residiendo en España. Pero, se trasladaron hasta Miami antes de que se emitieran órdenes de conducción en su contra. La información fue dada por una fuente familiarizada con la investigación. Arboleda, sin embargo, señaló que ‘no están huyendo’. Alma Cortés señaló, por su parte, que los hijos del ex presdiente ‘no van a venir al país, por recomendación de sus abogados. Ese es el plato fuerte que quiere (Juan Carlos) Varela. Te vas a quedar con las ganas’, le dijo.

INTREPOL

Ante esta previsible situación, el Ministerio Público podría apoyarse en lo necesario en la Policía Internacional (Interpol) para dar con el paradero de los hermanos Martinelli.

De la información emanada en Suiza sobre los $22 millones con los que le relacionan los fiscales de ese país, los jóvenes dijeron que los dineros provienen de las ventas de locales de Promotora y Desarrollo Los Andes.

La Fiscalía Especial Anticorrupción ha llamado a rendir indagatoria a los miembros directivos y exdirectivos de lesa sociedad.

Suárez, Martinelli y Sáenz – Llorens se presentaron – ayer 25 de enero de 2017 – a la sede de las fiscalías anticorrupción, en el Edificio Avesa, en Vía España, para rendir declaración indagatoria

Sáez Llorens aseguró que nunca participó en ninguna operación con la constructora brasileña. ‘Nunca tuvimos una relación contractual o acto público con ellos (Odebrecht)’, aseguró.

El ex director de la CSS salió de la Fiscalía Especial Anticorrupción sin ninguna medida cautelar, pero debe regresar el lunes 30 de enero para ampliar su declaración indagatoria.

AMPLÍAN INDAGATORIA

A Sáez-Llorens se le vincula a este proceso por haber sido director de la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes, aunque el director de la CCS explicó que se desvinculó de este empresa 2008, antes de la llegada de Martinelli a la Presidencia de Panamá, en 2009.

Mario Martinelli, por su parte, debe regresar a la Fiscalía Especial Anticorrupción el próximo viernes 27 de enero de 2017 para rendir sus descargos. Aún no se ha conocido cuál es el papel del hermano del ex presidente en este caso. Martinelli enfrenta una medida cautelar de impedimento de salida del país por un caso relacionado con compras a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Suárez abandonó el Ministerio Público pasadas las seis de la tarde e indicó que no se le había preguntado sobre los contratos otorgados a la empresa durante su administración.

El ex ministro contrató obras de Odebrecht por más mil millones durante su periodo como ministro de Obras Públicas, entre ellas, la Cinta Costera 2 ($52 millones), la Cinta Costera 3 ($782 millones), Corredor Colón ($160 millones) y la canalización del Río Caldera ($11.4 millones). Sí admitió que se le inquirió sobre su relación con la empresa Promotora y Desarrollo Los Andes, de la que fue directivo. El ex ministro debe regresar a ampliar indagatoria mañana. Aseguró que iba a cooperar (con la investigación) y que trabajó de forma transparente. Por este caso, también fue conducido a la Fiscalía Especial Anticorrupción Amado Barahona, ex director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), durante la administración de Martín Torrijos.

Marlene Testa

 

Al edificio Avesa del Ministerio Público llegó a las 8:00 a.m. el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez Llorens, esto luego de que ayer se revelará que es uno de los imputados por el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Llorens aseguró que acudió al edificio Avesa voluntariamente porque no tiene ningún temor y que se encuentra sorprendido de que su nombre aparezca en el caso Odebrecht.

El exdirector de la CSS destacó que salió de Grupo Suárez en septiembre de 2008, antes que empezará el gobierno de Ricardo Martinelli en el 2009, “mucho antes de que supuestamente se dieran los hechos, están hablando de cosas que ocurrieron en el 2011 – 2013”.

Según Llorens los fiscales no han querido compartir el expediente, tampoco nunca ha recibido una citación. Agregó que es un espectador del caso Odebrecht, además la empresa brasileña jamás hizo un contrato con la CSS.

“Yo comparto que se den (las investigaciones), pero de todas las administraciones, porque no es posible que solo estén hablando del 2009 al 2014, cuando se sabe que esto empezó mucho antes y que todavía siguen haciendo contrataciones”, enfatizó el imputado por el caso Odebrecht.

La fiscal Especial Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, Tania Sterling, giró ayer orden de conducción contra 9 personas en el escándalo Odebrecht, entre los que se encuentra Guillermo Sáez Llorens.

El Ministerio Público imputó ayer cargos por blanqueo de capitales a 17 personas relacionadas con las investigaciones de los sobornos otorgados a Odebrecht por las investigaciones que realiza la entidad y la información obtenida en las asistencias judiciales con Suiza y Brasil.

Quintín Moreno

 

El pleno de la Asamblea Nacional le tocará definir está semana el destino de la propuesta de ley 245, que reglamenta la posibilidad de que un imputado y el Ministerio Público celebran acuerdos de penas o de colaboración para los casos que quedaron vigentes con entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Mientras el Colegio Nacional de Abogados, sigue de cerca el debate.

La semana se vislumbra complicada para la Asamblea, el orden del día, además del proyecto 245, incluye el 292 sobre las reformas electorales que tienen más de un año en espera.

TRAYECTORIA DEL 245

El proyecto de ley estuvo meses engavetado y sigue a la espera de segundo debate.

Aunque no tomó relevancia hasta hace unos días, la iniciativa que fue presentada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, en septiembre de 2015 busca llegar a un acuerdo con las personas vinculadas a actos de corrupción.

POSICIÓN POLÍTICA

El PP sugiere fianza de cumplimiento

El Partido Popular (PP), mediante comunicado del colectivo, emitido ayer solicitó, que se busquen los mecanismo judiciales para que se pueda aplicar la fianza de cumplimiento en las obras que en estos momentos está realizando la empresa Odebrecht .

Además destaca el comunicado de prensa que se debe modificar la legislación para perfeccionar los mecanismo de ‘delación y delación premiada’ que han usado los países que han enfrentado con éxito la lucha contra la corrupción.

En declaraciones a La Estrella de Panamá dijo que ‘ese es un mecanismo que permitiría atender la preocupación de que no se suspenden las obras, que no se pierda el empleo y sin embargo que siga Odebrecht con los contratos.

Si la empresa, no puede obtener el financiamiento para concluir las obras podría haber recisión del contrato’, dijo Henríquez.

El 29 de ese mismo mes fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno. El 5 de octubre de 2015 ya estaba en el orden del día para continuar su segundo debate en el pleno Legislativo, sin embargo no fue hasta el miércoles 4 de enero de 2017 cuando se retomó la discusión en segundo debate. Esa misma fecha devuelto a la Comisión de Gobierno para hacerle otras modificaciones en primer debate. Fue entonces que se le incluyó la propuesta de modificación del artículo 220 del Código Procesal Penal que permitiría los acuerdos.

El 10 de enero ya estaba otra vez en el orden del día de la Comisión y el día siguiente fue aprobado en primer debate para regresar al segundo debate.

DE LA COLA A LA CABEZA

El pasado miércoles, 18 de enero, la directiva de la Asamblea le dio prioridad al proyecto de ley. Pasó del último punto, el #38 a ser el primer proyecto para segundo por encima de las reformas electorales. Quedó en el #7.

El proyecto de ley que pretende modificar el Código Procesal Penal, Código Penal y Código Judicial ha generado un debate nacional, justo cuando la empresa Odebrecht, se comprometió a devolver $59 millones en coimas que entregó a funcionarios panameños.

El Ministerio Público, ha citado el proyecto de ley 245, el cual dice permitirá el ‘acuerdo’ tal como se hizo bajo el SPA en el caso de Alejandro Moncada Luna, proceso en el que no se conoció cuáles fueron los acuerdos entre la fiscalía (Asamblea Nacional) y el imputado.

DEBATE EN DUDAS

El presidente del Colegio de Abogados, José Alberto Álvarez, aseguró que la agrupación no fue convocada para la discusión del proyecto .

Como gremio, no avalan la aprobación de la norma considera que serviría para promover la impunidad y evitar que se haga justicia en el caso Odebrecht y muchos otros más.

A la opinión de Álvarez, se suma, Miguel Antonio Bernal, quien dice que lo que se busca es disimular los acuerdos pactados con Odebrecht.

Raúl Rodríguez, expresidente de la Asamblea y miembro del CNA, dice que realizar este tipo de acuerdos en Panamá, genera desconfianza.

POSICIÓN POLÍTICA

Contrario a esta posición, la diputada independiente y abogada, Ana Matilde Gómez sostiene que los acuerdos están dentro de todos los sistemas de justicia de otros países. Se pregunta por qué el miedo y destaca que estos acuerdos ‘son para los peces gordos’.

Tanto el oficialista partido Panameñista, como el Parido Revolucionario Democrático (PRD) está a favor a que se apruebe el proyecto de ley 245, el cual es rechazado por el opositor partido Cambio Democrático (CD).

El Partido Popular, aliado del panameñismo y con una curul en la Asamblea Nacional, se sumó a los grupos políticos que quieren la aprobación del 245 y en un comunicado dij que hay que modificar la legislación para perfeccionar los mecanismos de ‘delación premiada’,

DECISIÓN DE EJECUTIVO

‘Odebrecht no podrá licitar’, dice Varela

La empresa constructora brasileña Odebrecht, no podrá participar en la licitación del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, ni en la Tercera Línea del Metro, pues será descalificada.

El presidente Juan Carlos Varela, reafirmó que tiene que ejecutarse las medidas expresadas en el Consejo de Gabinete del 27 de diciembre del 2016, en donde se vetó la participación de Odebrecht en nuevas licitaciones estatales.

Varela indicó que Panamá debe avanzar en este proceso de justicia, pero que se tiene que proteger la economía nacional.

El mandatario agregó que se debe seguir evaluando la Ley de Contrataciones Públicas.

Según el Ministerio Público, actualmente se está investigando a cuatro personas cuyos nombres fueron mencionados por la multinacional, que en Panamá emplea a unas 8.000 personas y ejecuta diversos proyectos que superan los 3.000 millones de dólares, como la ampliación del principal aeropuerto y la segunda línea de metro.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó en un informe difundido en diciembre pasado que Odebrecht desembolsó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África, de los cuales 59 millones fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014, cuando gobernó Martinelli.

Ismael Gordón Guerrel