El 10 de mayo, nueva audiencia a Martinelli

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, en funciones de magistrado de garantías en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, por haber expedido más de 355 indultos antes de abandonar el cargo, decidió no archivar el expediente respectivo como pretendía su defensa. A la vez decidió fijar para el miércoles 10 de mayo de 2017, a las 9:00 a.m., la fecha para realizar la audiencia de imputación de cargos al expresidente. La decisión se anunció ayer en la sala de audiencias de la Corte Suprema, después de celebrada la audiencia de control para definir un incidente de objeción presentada por la defensa del exmandatario. Martinelli  quien ostenta la condición de miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen), razón por la cual lo juzga la Corte Suprema de Justicia no acudió a la audiencia. En su momento, la defensa de Martinelli, cuya vocería la lleva el abogado Carlos Carrillo Gomila, pidió la nulidad de la audiencia de imputación en base a que no se tramitó el levantamiento de las prerrogativas de que goza su patrocinado como diputado centroamericano. Así mismo, se violaba el principio constitucional de la doble instancia, es decir, nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria, argumentaron. Además, cuestionaron que los magistrados que actúan en este proceso han sido los mismos que han ejercido para otras audiencias, lo que significa que han ejercido en dobles funciones. Sin embargo, el magistrado Abel Zamorano, fiscal del proceso, ripostó que los actos asumidos por la defensa del expresidente contradicen lo estipulado en el artículo 3 del Código Procesal Penal, el cual establece que se observarán los principios del debido proceso, contradicción, inmediación, simplificación, eficacia, oralidad, publicidad, concentración, estricta igualdad de las partes, economía procesal, legalidad, constitucionalización del proceso y derecho a la defensa. Además, que todos los argumentos de la defensa ya habían sido discutidos por el pleno de la Corte, cuando fue admitida la denuncia. Por tanto, el fiscal Zamorano solicitó no se tomara en consideración la pretensión de la defensa de Martinelli de archivar el caso, y solicitó que se ordene a la Oficina Judicial que emplee todos los recursos de ley a su disposición, para notificarle que debe estar presente en esta audiencia de imputación.

José Quintero De León

 

Suspenden audiencia de Gustavo Pérez y Alejandro Garuz

El Juzgado XVI de lo Penal pospuso la audiencia que se tenía prevista realizarse este lunes contra el exdirector del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz y exdirector de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, por el delito contra la libertad, en la modalidad de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. La audiencia fue pospuesta para el 7 de agosto, por solicitud de la defensa de uno de los imputados. El 12 de enero de 2015, Pérez y Garuz fueron detenidos durante dos operativos simultáneos del Ministerio Público. Por los ‘pinchazos’ telefónicos también es procesado el expresidente Ricardo Martinelli en la Corte Suprema de Justicia.

Guadalupe León B.

La Corte no logra consenso para investigar a diputados

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no logran un consenso para tomar la decisión que permita admitir o rechazar la denuncia contra el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León. La denuncia, presentada por el abogado Ernesto Cedeño, fue discutida este jueves en el pleno ordinario por segunda ocasión, sin que se alcanzara un acuerdo. El pasado martes, los magistrados celebraron un pleno extraordinario para analizar la denuncia, pero tampoco hubo consenso. El magistrado Cecilio Cedalise es el ponente del fallo de la denuncia contra el diputado De León relacionada con el uso irregular de fondos de la Asamblea Nacional, a través de donaciones que tramitan los diputados. Se trata de una práctica que no es nueva, pero que volvió a la palestra a inicios de este mes, luego de investigaciones periodísticas sobre ilegalidades en el uso de los fondos. Luego de una discusión, en la que los magistrados consideraron incluso jurisprudencia del consejo de Estado de Colombia, no se logró un acuerdo que ‘sumara cinco votos en ningún sentido’, señala un comunicado del Órgano Judicial. La nota de prensa agrega que el magistrado Cedalise ‘repartió un proyecto nuevo y procedió a sustentarlo’, pero no explica el fondo. ‘Todavía no conseguimos los cinco votos para que se admita mi denuncia’, indico por su parte Cedeño. Además de la denuncia contra De León, los magistrados de la Corte analizan otras dos contra diputados; sin embargo, en el comunicado del Órgano Judicial no se precisa los nombres ni las razones. ‘Por unanimidad, el pleno se declaró en sesión permanente, y se acordó un pleno extraordinario para el martes 4 de abril de 2017, a las 9:00 a.m.’, señala el comunicado. Es mandato constitucional que los magistrados investiguen a los diputados.

 

 

José Arcia

Mossack & Fonseca exige indemnización millonaria

El bufete Mossack Fonseca presentó una demanda civil en la que exige el pago de $8 millones a AIG Seguros Panamá y ASSA Compañía de Seguros con la que firmó poliza de responsabilidad civil para sus abogados y directivos. Según la firma, la aseguradora declinó el pago indemnizatorio al que tiene derecho por contrato que contempla, entre otros aspectos, ‘cobertura por daños a la reputación’ . El documento, al cual tuvo acceso La Estrella de Panamá , descansa en el Juzgado Cuarto de lo Civil desde el lunes 27 de marzo. n el reclamo, al bufete y sus miembros se les afectó su imagen. El reclamo llegó a los tribunal ante la negativa de la poliza solicitada por Mossack Fonseca &Co y el bufete MF & Co, el 14 de julio de 2016, meses después de conocerse las consecuencias de las denuncias conocidas periodísticas conocidas como ‘Panama Papers’sobre sus supuestas actividades irregulares. La ‘cobertura B’ del contrato con AIG y ASSA, especifica que ‘la Aseguradora tendrá el derecho y el deber de defender cualquier demanda por concepto de daños aún cuando sus alegaciones pudieren ser falsas o sin fundamento’, destaca el escrito. Como ‘hecho público y notorio’, la demanda establece que el 2 de abril de 2016, a nivel nacional e internacional, la firma de abogados Bufete MF& Co y la sociedad Mossack Fonseca &Co fueron ‘atacadas’ por terceras personas que consiguieron, de forma ‘ilícita’, archivos internos y documentos confidenciales inherentes a los clientes de la firma. Y se explica que lo hicieron ‘violándose’ estipulaciones claras que protegen la confidencialidad que existe en la relación abogado-cliente, consagradas en el Código de Ética de los abogados y otras normas nacionales. Por este caso, que dio la vuelta al mundo, los demandantes interpusieron una denuncia penal en las instalaciones del Centro de Recepción de Denuncias de la Dirección de Investigación Judicial, en contra de quienes resulten responsables por la comisión del delito de ‘inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad y delito contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos’, por el delito contra la seguridad informática. |

‘UTILIZAN ARGUMENTOS BURDOS, SIN PRUEBAS, CONVIRTIÉNDOSE EN TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA NEGAR EL PAGO DE LAS PÓLIZAS’,

DEMANDA DE MOSSACK & FONSECA CONTRA LAS ASEGURADORAS AIG Y ASSA PANAMÁ

LA SOLICITUD

La demanda explica que el 20 de junio de 2016, la empresa y el Bufete Mossack & Fonseca presentaron una denuncia penal por los delitos de que fueron víctima y el respectivo reclamo de seguros producto de las coberturas pactadas en las pólizas suscritas y aceptadas por las partes, ‘pago indemnizatorio al que tiene derecho por contrato firmado entre los contratantes’, aseguran. El 14 de julio del año pasado, la empresa de seguros AIG Panamá, S.A., fusionada a la empresa ASSA Compañía de Seguros, mediante nota de la encargada de reclamos, declinó el pago solicitado. Mossack & Fonseca advierte que las pólizas aludidas contienen la cobertura de pérdida por crisis y que como demandantes invirtieron la carga de la prueba y las coberturas pactadas. Según establece el punto nueve de la demanda, los argumentos de AIG Seguros Panamá se han limitado en la transcripción de definiciones contenidas en el contrato de la póliza, sin brindar una explicación que aclare por qué tales definiciones relevan al asegurador de su responsabilidad contractual. A la vez, advierten que ‘usan argumentos burdos e injuriosos queriéndose convertir en tribunal de justicia para negar el pago, asegurando, sin ninguna evidencia o prueba, que nuestros representados cometieron el delito de blanqueo de capitales. Consultado por La Estrella de Panamá , el abogado representante del bufete confirmó que la demanda había sido presentada y que la firma estaba preparándose para ofrecer información adicional sobre el proceso. La cuantía de la demanda, dicen los abogados, es en concepto del pago de la obligación amparada en la poliza, más gastos, daños y perjuicios materiales y morales, salvo que los peritos se fije o tasen una suma superior.

Ana María Pinilla V.

 

Hoy se realizará audiencia de control al expresidente Martinelli

Esta tarde a las 2:00 p.m. se llevará a cabo la audiencia de control al expresidente Ricardo Martinelli por el caso de los 353 indultos otorgados en su administración (2009-2014). El magistrado Abel Zamorano, actuando como fiscal, solicitó la audiencia de formulación de cargos en este proceso. Según el artículo 184 de la Constitución señala que el presidente de la República y ministro respectivo solo podrán otorgar indultos, rebajas de pena y conceder la libertad condicional.El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 112 del Código Penal y 99 del Decreto Ejecutivo 393 de julio de 2005, reglamentan esta facultad. La defensa del exmandatario sostiene que la de imputación en contra de Martinelli es ‘contraria a derecho’ porque los sendos Decretos Ejecutivos y las consecuentes modificaciones que fueron emitidos en su momento por el exgobernante cuando ejercía el cargo de presidente de Panamá, ‘dejaron de surtir efectos jurídicos porque fueron posteriormente revocados por el mandatario actual Juan Carlos Varela, el 14 de agosto del 2014′.

Indultos presidenciales

El desaparecido Guillermo Endara en 1994 indultó a 550 personas, que en su mayoría pertenecían al Partido Democrático Revolucionario (PRD), entre los que se encontraban el excoronel Roberto Díaz Herrera, Manuel Solís Palma y Eric Arturo del Valle. Mientras que Ernesto Pérez Balladares perdonó a 216 personas en septiembre de 1994. Tomás Altamirano Duque, fungió como presidente encargado durante un viaje de Pérez Balladares, emitió un decreto el 7 de septiembre de 1995 donde indultó a 139 personas.  Pérez Balladares en 1997 indultó a 25 personas más. Antes de culminar su mandato en agosto de 1999 indultó a 36 personas. Al comienzo de su gobierno Mireya Mosco revocó los indultos hechos por Pérez Balladares. La Corte Suprema de Justicia determinó en 2001 que los decretos de indulto no eran inconstitucionales.Moscoso indultó a 182 personas en el 2004, entre los indultados se encontraba el terrorista cubano Luis Posada Carriles y tres de sus colaboradores. Esto generó que Panamá rompiera relaciones diplomáticas con el gobierno de Fidel Castro. Martín Torrijos indultó a 22 personas antes de culminar su mandato.

Redacción Digital La Estrella

 

La ‘telaraña’ de ‘Lava Jato’ alcanza a Mossack Fonseca

Con clientes en todo el mundo atendidos a través de 42 oficinas filiales en una treintena de países, la firma de abogados Mossack Fonseca organizó una red de servicios que las autoridades de Brasil y Panamá investigan por supuesto lavado de dinero. En ese entramado, que presenta en un elaborado esquema la Superintendencia Regional de la Policía Federal de Brasil en el estado de Paraná, aparecen dictadores, empresarios, políticos y allegados, bajo un amplio paraguas que cubre la red de la panameña Mossack Fonseca. Con el aviso de ‘confidencial’, el complejo cuadro registra las operaciones del bufete de abogados que fue víctima de la mayor filtración de documentos en la historia del periodismo moderno, tras conocerse el contenido de hasta 11.5 millones de documentos sustraídos de su casa matriz, en la ciudad de Panamá, dedicada, principalmente, a facilitar la creación de empresas offshore , sociedades anónimas y otros productos legales. La Delegación Regional contra el Crimen Organizado de Paraná (Brasil) documenta lo que propone como el modus operandi de los abogados panameños Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, junto con un socio inicial suizo, Chisthopher Zollinger, para permitir el trasiego de capitales de personas públicamente expuestas. El grupo de trabajo a cargo de este expediente es el que sigue la investigación denominada ‘Lava Jato’ que, tras la pista de un esquema de lavado de dinero y fuga de divisas a través de una casa de cambio en Brasilia que operaba junto a un lava autos (en portugués, ‘lava jato’), descubre el más grande engranaje de corrupción institucional de Brasil, con importantes ramificaciones internacionales.

EL DIAGRAMA DE TRABAJO DE LAS AUTORIDADES BRASILEÑAS FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE ABIERTO POR LA PROCURADURÍA DE PANAMÁ

Tras Petrobras, la empresa estatal por la que se llega a la red de sobornos para comprometer obras públicas, en las que se involucra a las principales constructoras brasileñas, la ya confesa ‘Norberto Odebrecht’, entre otras, se identifican algunos de los instrumentos legales y financieros que se utilizaban para hacer llegar los dineros de la corrupción. Es en ese momento cuando se involucra en Brasil a la filial de Mossack Fonseca, a cargo de María Mercedes Riaño, que intervino como gestor en uno de los trámites de compraventa de inmuebles relacionados con la trama ‘Lava Jato’, por el que se ha señalado a los expresidentes Luis Inázio Lula Da Silva y Dilma Rousseff, además del actual mandatario de Brasil, Michel Temer. Los fiscales de Brasil solicitan entonces información a Panamá, que el 30 de enero de 2016, según corroboraron en reciente rueda de prensa, inician sus propias pesquisas. Este expediente, sostienen, se adelanta a las denuncias periodísticas conocidas como ‘Panama Papers’ contra los paraísos fiscales y las empresas offshore , como herramientas para facilitar la evasión de impuestos y el blanqueo de activos. En el caso que llevan por esa línea de investigación contra Mossack Fonseca, están bajo detención preventiva Ramón Fonseca, Jügen Mossack, Edison Teano y María Mercedes Riaño. El proceso ,que sigue abierto, evalúa la línea de trabajo propuesta por Brasil, que supone complicidad de los abogados panameños con algunos de sus clientes en Brasil (y en otras partes del mundo) para esconder dinero mal habido. La defensa sostiene que la actividad de la firma se apega a la legislación panameña y no incurre en delito alguno.

Redacción La Estrella de Panamá

 

El cautivo negocio de las reaseguradoras

El negocio de las reaseguradoras cautivas era uno de tantos que tenía la firma Mossack Fonseca. La firma, no obstante, al no contar con licencia para este negocio, contrataba los servicios de seguros Ducruet para ofrecer a los clientes la posibilidad de contar con un seguro de poca siniestralidad y hasta cierto punto recuperar el dinero que paga a las aseguradoras por el riesgo en cuestión. Un alto ejecutivo de seguros Ducruet conversó con La Estrella de Panamá y narró el mecanismo que utilizó la firma Mossack Fonseca con sus clientes.‘Es verdad que la gente puede utilizar este sistema para esconder capitales, pero aun así, todo se hace bajo las regulaciones del domicilio de la cautiva. Son riesgos sustentables y reales, tal vez improbables’, afirma el empresario. El principio de la reaseguradora cautiva es que el reasegurado es el mismo dueño de la cautiva. Está diseñado para multinacionales, ya que las sumas, por lo general, superan los $500 mil. Esto hay que verlo en la ley de los grandes números; es decir, una empresa que repite el mismo riesgo en varios lugares, cuando paga a la aseguradora y el riesgo no se concreta, pierde plata. Así que crea una reaseguradora cautiva de su propiedad que compra el riesgo. No necesariamente lo hace a través de una offshore , pues no todos los domicilios del mundo permiten la figura de una reaseguradora cautiva. En Panamá es un registro válido. ‘En el caso de Mossack Fonseca hubo tres clientes, una de ellas se cerró por iliquidez y las otras dos siguen activas’, explicó el ejecutivo. Los contactos se realizaban a través de Mossfon Trust, la fiduciaria del bufete. El negocio contaba con una cadena de comisionistas. ‘La firma buscaba al cliente para hacer una compañía, en alguna manera la fiduciaria o Mossfon Trust ofrecía al cliente el servicio de manejar los fondos que tuvieran que moverse en un momento dado, pero no era necesario, aunque se lo vendían. Cobraban los honorarios de la anualidad de ser el abogado de la cautiva, los del administrador y del director. Las facturaciones del agente residente oscilaban entre $50 mil o $60 mil al año’, declaró el agente de seguros. Un excolaborador de Mossack Fonseca que conversó con este diario relató que la cautiva ‘consiste en un riesgo que compra una reaseguradora pero como esa reaseguradora está domiciliada en otro lugar y es de mentira, aunque con licencia. El negocio tiene una cadena de comisionistas y de los $500 mil con los que inicia el seguro, al final al cliente tal vez le regresen $350 mil. Lo que no se sabe es qué se reaseguró’, indicó la fuente, que pidió reserva de su nombre.

¿CÓMO FUNCIONA?

El modus operandi se inicia por cualquier riesgo que pueda sufrir la empresa, incluido el riesgo político de un país. Busca entonces una aseguradora y reasegura el riesgo con una empresa creada por el propio cliente llamada reaseguradora cautiva. En caso de pérdida, debe pagar, pero si todo marcha sin sorpresas, al final del año el creador reparte los dividendos como cualquier negocio. Pero como todo negocio tiene un periodo fiscal, al finalizar, si hay ganancias se reparten los dividendos al dueño de la cautiva. Basado en el país en que se encuentre debe pagar los impuestos que exija la ley y luego, los dividendos. ‘Si ese dinero retorna al país de origen son otros quinientos pesos. Si en vez el dinero sale de la reaseguradora a una offshore en otro domicilio podría perderse el rastro de la plata’, explicó el corredor de seguros. Bajo este sistema, indica el excolaborador de la firma, ‘el cliente logra sacar la plata de manera legal de su país y paga el mínimo de impuestos o podría evadirlos’. Un punto álgido que menciona el entrevistado se centra en la debida diligencia que debe efectuar el reasegurador. ‘Si el reasegurador que recibe los fondos no hace la debida diligencia del origen de los fondos, se convierte en un asunto de preocupación’, apunta. La representante de la firma en Brasil, María Mercedes Riaño, habló sobre este negocio ante la Fiscalía Segunda Contra el Crimen Organizado. Dijo que Amauri Batista, uno de los promotores de la firma, ‘viajaba no solo a promocionar los productos, sino que era el encargado de la constitución de reaseguradoras panameñas ficticias porque la reaseguradora el propio cliente’. Él lo niega. En una breve entrevista con este diario, indicó que trabajó como promotor de la firma viajando, luego como abogado de bufete; y que nunca tuvo que ver con aseguradoras o con Mossfon Asset Management.

REQUISITOS

Los requisitos para una reaseguradora cautiva no requieren de un domicilio físico, para eso está el administrador de la empresa, que en el caso de Mossack el corredor era Ducruet. Es una empresa de papel con todas las regulaciones de la aseguradora, debe estar registrada y controlada por el regulador. Un negocio lícito completamente. La función de esta reaseguradora es asumir el riesgo de las industrias aseguradas, la base de esto es la administración del riesgo de lo que se encarga el propio asegurado.‘Las cautivas nacieron hace setenta años y los principales tenedores son americanos. Prácticamente, todos los listados en Fortune 500 tienen una reaseguradora cautiva. Bermudas es primer domicilio de cautivas que tiene, después de las grandes reaseguradoras del mundo, la capacidad de reaseguro. Los hospitales, por ejemplo, se aseguran contra las malas prácticas. ‘Para ello, utilizan una cautiva y crean reservas para el futuro basado en este riesgo. Se vuelven libres de impuesto, porque lo hacen por vía de reaseguro, pero no todas las empresas pueden hacerlo así’, indicó el ejecutivo de Ducruet.

TRANSACCIONES

Las fórmulas para la refacturación
Mossack Fonseca ofrecía esquemas relacionados con la actividad de la empresa que también hacían refacturas. Así contó a La Estrella de Panamá un excolaborador de la firma que explicó cómo funciona esta transacción. Cualquier empresa que requiera de un producto puede utilizar la forma más rústica: su compañía está situada en Colombia, por ejemplo, y compra de un proveedor chino que a su vez vende la mercancía a una empresa intermediaria situada en un país donde los impuestos de venta del producto son más bajos. Luego, la intermediaria (empresa de papel), vende al cliente el producto por la mitad del precio y se queda con la diferencia. ‘La firma buscó países que no eran considerados paraísos fiscales para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Esto proporcionaba al cliente la ventaja de utilizar los tratados de doble tributación firmados entre países para bajar las tasas impositivas. El cliente creaba una sociedad anónima en un tercer país y al momento de aplicar el tratado de doble tributación entre los dos últimos países podía sacar el dinero en forma de dividendos a través de un fideicomiso para que la tasa impositiva sea cero y el dinero entre al tercer país libre de impuestos’, explica el excolaborador de la firma. En algunos países los gobiernos han detectado una modalidad utilizada en el blanqueo de capitales, la refacturación. En algún momento los fiscos se especializaron y regularon el precio de transferencia de los productos para evitar las diferencias abismales en los precios de los productos y otorgar un valor promedio de lo que podría costar un artículo. ‘Así, a la empresa relacionada se le complicaba comprar o vender a un precio distinto que no estaba relacionado o a un tercero. Los intermediarios que vendían un artículo a diez centavos, por ejemplo, debían valorarse bajo los parámetros globales del costo de ese producto en el mercado internacional’, manifestó el exempleado de la firma. Los fiscos fueron aún más lejos para impedir la evasión fiscal. Cuando una empresa utilizaba un tratado de doble tributación, la empresa intermediaria tenía que probar que no se trataba de una empresa de papel. En este sentido, debía contar con una planilla, una declaración fiscal, certificación de residencia fiscal, etc. Pero se encontraba la fórmula en que el cliente, a través de estos tratados, pagara la menor cantidad de impuestos, ‘y en vez de que pagara una tasa de 19% de renta, se le aplicaba un 5% y se registraba en el país donde se generaba la venta, de esta forma se baja la tasa impositiva o la volvías nula’. Existe otra manera que utilizaban los clientes para sacar la plata de los países. Era a través de un estudio de mercado o consultoría que se le denominaba en términos fiscales ‘entregable’.
La firma confeccionaba los contratos, pero buscaba asegurarse de que las asesorías fueran consistentes, puesto que ‘en ocasiones, cuando nos percatábamos de que los documentos eran de 3 o 4 páginas reclamábamos porque ponía en riesgo a la fiduciaria, que es donde se manejaban estos asuntos’, dijo el excolaborador de la firma.

Adelita Coriat

 

Fiscalía no acredita que MF sea una organización criminal’

En la cuenta bancaria que mantenía la firma Mossack Fonseca en un banco de la localidad no ha entrado dinero de procedencia ilícita, asegura la defensa de los socios principales de la firma, Ramón Fonseca y Jürgen Mossack. Guillermina McDonald, del equipo de abogados que representa a los fundadores de la firma protagonista de los denominados ‘Panama Papers’, refutó las declaraciones del fiscal Segundo Contra la Delincuencia Organizada, Rómulo Bethancourt, a cargo de la investigación que acusa a sus clientes del presunto delito de blanqueo de capitales. La fiscalía basa su hipótesis en que de la cuenta de la representante en Brasil se hacían transferencias sistemáticas a la cuenta administrativa de la firma, La acusación sostiene que los depósitos eran en pago por asesorar a clientes a ocultar dineros y su procedencia. ‘La investigación indica que hay una serie de pagos a la cuenta de una persona responsable en Brasil que transfiere las cantidades periódicamente y de forma determinada a la cuenta de una firma de abogados’, dijo el fiscal en rueda de prensa, este jueves. La abogada McDonald reconoce la entrada de dinero en la cuenta, pero explica que eran ‘dineros de Brasil y de todas las representaciones que tienen sus clientes’ Por cada sociedad, precisó, se recibían 1,500 dólares, además de las anualidades para su mantenimiento. ‘Blanqueo de capitales no es el recibo de pagos o servicios, el blanqueo implica el ocultamiento de dinero ilícito de otra persona, y éste no es el caso’, acotó la abogada. Y añadió que el perfil de la cuenta se mantuvo en todo momento, y que la institución bancaria nunca reportó a la Unidad de Análisis Financiero irregularidades o alertas rojas en su uso Ninguna de las partes el Ministerio Público o la defensa de la firma mencionan los montos sujetos a investigación. El primero no logró dar una respuesta clara a los periodistas sobre la cifra en cuestión o determinar el tiempo en que se efectuó el delito. La defensa de los abogados, por su parte, prefiere que sea el fiscal quien mencione los números, pues es a él a quien le corresponde aclarar en qué consiste la falta.

SOBRE EL CASO

La fiscalía acusa a los socios de supuesto blanqueo de capitales

El MP ordenó la detención, el 9 de febrero, de Ramón Fonseca y Jürgen Mossack, los socios fundadores; de Edison Teano, encargado de la fiduciaria, y de María Mercedes Riaño, representante en Brasil.

El juzgado ha negado la fianza a los socios.

Algo notorio es la forma en que la defensa distancia a sus clientes de la representante de Brasil, país donde se origina la pesquisa ‘Lava Jato’, que en uno de sus capítulos acusa a María Mercedes Riaño de ocultar y destruir evidencias. Insiste McDonald en que es deber del Ministerio Público acreditar que la firma era una organización dedicada a ocultar dineros de origen ilícito, tal como lo señala esta autoridad. ‘Lo que hizo la firma es legal y legítimo, lo de organización criminal, ojalá lo puedan probar, indicó sarcástica. En el expediente, añadió McDonald, hay comunicaciones de sobra que demuestran quién es la persona que está siendo investigada en Brasil, la que tiene orden de captura y que a través de sus colaboradores destruyó documentación. ‘Eso no tiene que ver con mis clientes, como lo dice la fiscalía’, esgrimió McDonald, sin mencionar el nombre de Riaño. Manifestó, por otra parte, que en el expediente no está la acción criminal que señala la fiscalía. ‘Nuestros representados vendían sociedades panameñas y de otras jurisdicciones a personas jurídicas, bancarias, abogados o representaciones. La obligación de conocer al cliente final antes del 2015, la tenían sus clientes’, dijo. ‘Los documentos de las autoridades de Brasil muestran que los socios de la firma no están siendo requeridos en ese país’, según apuntó Marlene Guerra, otra integrante del equipo de defensa de la firma. Las investigaciones brasileñas detectaron, en la fase 22 de ‘Lava Jato’, una sociedad anónima, Murray Holding. Creada en 2005 por una de las filiales de la firma Mossack Fonseca, pero vendida dos años después por su representante en Brasil. La sociedad sirvió a una norteamericana para crear un contrato ficticio, relata McDonald, con el propósito de evadir impuestos. Así, ‘la sociedad Murray Holding, constituida en Nevada, Estados Unidos, hace un juicio simulando una deuda de la señora Nelcy Walker, quien llega a un arreglo con Murray (que supuestamente le había prestado un dinero) y con eso paga los departamentos’ (que se descubrieron en la trama brasileña), explicó la abogada. La firma se separa del uso que le dieron los clientes a las sociedades anónimas. Mossack Fonseca Brasil es una sociedad panameña cuya dueña es su representante, María Mercedes Riaño, pero no es una firma forense, y los socios, según explicó el equipo de su defensa, no tienen nada que ver con ella. Y es solo para la venta de productos legítimos, aseguran.

Adelita Coriat

 

Finaliza reserva de expediente de Suiza

Los abogados defensores de los señalados en el caso Odebrecht ya pueden tener acceso al expediente.

Ayer, viernes 24 de marzo, finalizaron los treinta días preceptivos para mantener la reserva de la investigación a efectos de capitalizar la información.

La Fiscalía Especial Anticorrupción, que está a cargo de Tania Sterling, con base en el artículo 4 de la Ley 121 de 31 de diciembre de 2013, norma de procedimiento penal vigente, ‘blindó’ la información por treinta días.

En el caso ‘Odebrecht-Suiza’, antes de la aplicación de la reserva, se señala un aproximado de movimientos de dinero de $22 millones, transferidos a cuentas de personas cuya relación con la empresa brasileña está siendo objeto de investigación. Los dineros habrían pasado por once instituciones bancarias, ocho sociedades anónimas y transferencias de las sociedades beneficiarias de la constructora.

Los fiscales de Suiza parecen tener establecido que los dineros están a nombre de Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, ambos hijos del expresidente de la República Ricardo Martinelli.

El Ministerio Público ha imputado cargos al menos a 17 personas por supuesto blanqueo de capitales, entre ellos los hijos de Martinelli, quienes tienen una orden de captura de Interpol vigente.

El Ministerio Público ha informado que, una vez terminadas las investigaciones, Panamá solicitará oficialmente el dinero.

En una primera aproximación para alcanzar un acuerdo de colaboración, Odebrecht se comprometió con el Ministerio Público a pagar a Panamá $59 millones en concepto de fondo de garantía mientras es investigada en el país por soborno.

Ismael Gordón Guerrel

 

Defensa de Mossack Fonseca desestima argumentos de la Fiscalia

La defensa de los abogados Ramón Fonseca y Jurgen Mossack rebatieron los señalamientos efectuados por la Fiscalia Segunda Contra el Crimen Organizado que acusa a sus clientes de blanqueo de capitales.

Guillermina McDonald, defensora de la firma Mossack Fonseca & Co., indicó que la Fiscal no ha sido capaz de demostrar el delito que basa en la transferencia de montos entre una cuanta del representante de la firma en Brasil y una segunda, que tenía propósitos administrativos de firma en Panama Mossack Fonseca Tresure, receptora de los fondos de los representantes y filiales de la firma en el mundo.

“No tienen montos, ni tiempos, la cuenta fue abierta en 2003 por los socios y nunca varío el perfil. Si hubiese sido así el banco hubiera levantado una alerta y no fue así”, manifestó McDonald.

El equipo de abogados insistió en que la computada en este caso, la representante en Brasil María Mercedes Riaño, no tenía una relación laboral con sus clientes, era una representante, “lo dicho por esa persona no se compagina con la realidad. Los dineros que entraron a la cuenta de mi cliente son producto del pago de la venta de sociedades anónimas y el pago de tasas anuales, es el pago de honorarios”, expresó la abogada.

Añadió que en el expediente no aparece nada acerca de una organización criminal para ocultar dineros como asevera la Fiscalia, y que era la representante en Brasil quien debía hacer la debida diligencia de sus clientes, dijo McDonald.

Redacción Digital La Estrella