La defensa del expresidente Ricardo Martinelli busca a toda costa que el juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, no encuentre una causa probable para extraditar a su cliente a Panamá.
En un escrito presentado al juez recientemente acusan al fiscal de la causa, magistrado Harry Díaz, y al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), de mentir consecutivamente para apoyar los cargos por los cuales solicita la extradición de Martinelli. Sustentaciones que para la defensa son vagas, carecen de soporte, y penden de la declaración jurada de Ismael Pittí (la única que señala directamente al expresidente como supuesto autor de los pinchazos), que califican como el ‘pegamento que une los argumentos de la fiscalía con respecto a la causa probable’.
‘LA EVIDENCIA DE LA FISCALÍA MUESTRA INEQUIVOCADAMENTE QUE LAS DECLARACIONES DE DÍAZ SON MENTIRAS. ADEMÁS EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA LAS FACILITA’,
MEMORANDO DE LA DEFENSA DE MARTINELLI
La defensa señala al juez Torres que la Corte tiene un rol crítico en este proceso antes de que el caso pase a manos del Secretario de Estado. ‘Aquí debe asegurar que la demanda esté acorde con la ley, que se apliquen los tratados y la Constitución de Estados Unidos. En este caso, al aplicar estas funciones la Corte debería negar la extradición. La petición de Panamá es fundamentalmente defectuosa. Se busca la extradición con medidas retroactivas, cuando el tribunal panameño carece de jurisdicción, busca la extradición a pesar de haber presentado una orden de arresto inválida, busca la extradición en un caso que se basa en falsas declaraciones. En este caso, no debe emitir una resolución extraditando al expresidente’, describen Marcos Jiménez y John Byrne, del equipo de abogados de Martinelli, quien ha pasado más de dos meses detenido en la prisión federal de Miami.
ESTRATEGIA DE LA DEFENSA
El memorándum en oposición a la extradición pretende desacreditar las evidencias presentadas por la Fiscalía que reposan en el expediente norteamericano: el uso de los equipos de escuchas, la violación al debido proceso al no imputar a su cliente, la aplicación de la retroactividad de la Convención contra el Cibercrimen, la falta de pruebas de que Martinelli era el autor intelectual de las escuchas, además ataca los cargos por peculado argumentando que uno se pagó a través de una sociedad anónima, por tanto no puede argumentarse que se pagó con fondos públicos, y recalca que la Fiscalía no ha presentado una auditoría de la Contraloría que detalle el inventario tecnológico que existía en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN); por tanto, es imposible achacar a su cliente la pérdida de cualquier equipo y los cargos de peculado.
EL CIBERCRIMEN Y EL TRATADO
Inicia con una argumentación sobre la no aplicación de la retroactividad de la Convención contra el Cibercrimen de la cual Panamá es signatario desde 2014. En este sentido, describe que los delitos que achaca la Fiscalía a su cliente son anteriores a la adhesión de Panamá, 2012-2014. ‘No hay nada ambiguo en la frase que contiene la no retroactividad. Cita: el presente tratado tendrá efecto a partir del 13avo día después de la fecha de intercambio de ratificaciones y no debe operar en forma retroactiva. Esto indica dos cosas muy distintas: uno, que el tratado entre en efecto en cierta fecha, y dos, que no opera retroactivamente’, se lee.
M.L.M. Y EL PEGASUS
Aunado a esto, recalca que el fiscal Díaz confunde el uso de los equipos adquiridos: el software o programa para infiltrar computadoras y geolocalización de celulares que vendió en 2010 al gobierno la empresa M.L.M. Protection, con el equipo Pegasus, que tenía funciones de alta tecnología, capaces de escuchar conversaciones, audio ambiente, conocer los correos del celular, etc.
La defensa cuestiona a Díaz sobre las evidencias que posee sobre las intervenciones efectuadas con el sistema M.L.M. y la fecha en que ocurrieron.
‘Con la intención de salirse de la realidad e ignorar la evidencia, Díaz reclama tener pruebas de que el equipo M.L.M. era capaz de infiltrar los celulares y extraer su contenido’, describe el abogado del expresidente Marcos Jiménez.
La defensa sustenta lo anterior con ejemplos de interceptaciones efectuadas antes de la compra del equipo Pegasus, que Díaz afirma ocurrieron el 3 de junio de 2012 con el equipo M.L.M.
No obstante, la Fiscalía explica que el equipo Pegasus podía capturar cualquier correo electrónico del celular, y en este sentido, recopilaban datos de los blancos que ocurrieron antes de la compra del Pegasus.
‘En todo caso, si la Corte va a asumir lo imposible, que el equipo M.L.M. era capaz de infiltrar celulares y su contenido, queda claro que Díaz miente a esta Corte porque la evidencia no muestra que el equipo fue usado por el expresidente para lo anterior’, argumenta la defensa.
¿AUTOR INTELECTUAL?
La defensa pone en duda las afirmaciones de la Fiscalía en cuanto a la responsabilidad de Martinelli o su autoría intelectual en las escuchas.
En este sentido, la Fiscalía apoya su versión en la declaración jurada de Ismael Pittí, un exmiembro del CSN, que señala a Ronny Rodríguez, el exjefe de inteligencia del CSN, como el intermediario entre Martinelli y el grupo de tres funcionarios del Consejo que se dedicaban a hacer las escuchas.
La fiscalía cita no menos de 19 veces la declaración jurada de Pittí, es el único testigo que dice que Martinelli, a través de Ronny Rodríguez, seleccionaba los blancos y ordenaba las escuchas, y recibía los reportes de las mismas.
‘Pero no hay ningún punto en el memorándum presentado por la Fiscalía que corrobore las alegaciones de Pittí, clave en el caso y que Martinelli haya ordenado a los miembros del CSN que hicieran estos seguimientos. Martinelli se ha defendido de estas acusaciones’, alegan los abogados de Martinelli.
En la audiencia pasada -recuerda Jiménez-, la fiscalía ‘discutió una escucha de Mitchell Doens en una conversación con el pueblo indígena. Estas escuchas no ocurrieron durante el periodo de 2012 a 2014, así que no hay pruebas contra Martinelli porque con el equipo M.L.M no se podrían haber efectuado estas escuchas y no hay evidencia de que él grabó las conversaciones sin autorización. Esta claro, arremete la defensa, que la fiscalía usa una grabación de 2010 para introducirla a los escándalos e infundados alegatos de que Martinelli ordenó asesinar a miembros de la etnia ngäbe buglé’.
Vea mañana los argumentos de la Fiscalía en contra del expresidente Ricardo Martinelli
DEFENSA PONE EN DUDA CARGO POR MALVERSACIÓN
Este es uno de los puntos medulares que utiliza la defensa para que la Corte dude de la responsabilidad del expresidente Ricardo Martinelli sobre los pinchazos.
La defensa del exmandatario dice que Panamá no ha ofrecido evidencia a esta Corte para distinguir al tribunal entre la participación del expresidente en las escuchas y su participación en las escuchas de forma ilegal. Por lo tanto, ‘el tribunal no puede hacer conclusiones sobre la ilegalidad en que cayó el expresidente. En resumen, el problema básico en el caso del gobierno es que ignora el elemento de la intención’, argumenta Marcos Jiménez, abogado de Martinelli.
Añade que en el caso de la causa probable por los cargos de malversación o peculado del equipo M.L.M. Protection, todo se trata de un ‘red herring’, una expresión en inglés que se usa para decir que se distrae la atención del punto medular.
Jiménez enumera cuatro puntos para desvirtuar los cargos por peculado: el primero, que la última vez que se utilizó el equipo M.L.M fue en 2011, antes del periodo relevante que cita la Fiscalía (2012-2014). Dos, que el equipo era incapaz de hacer seguimientos o infiltrar teléfonos y solo podía infiltrar computadoras. Tres, que Panamá ni siquiera ha tratado de probar que el equipo MLM fue utilizado al margen de la ley. No ha hecho, por ejemplo, una confirmación de que el CSN carecía de una orden judicial para infiltrar computadoras. En cambio, se enfoca en establecer la ilegalidad en la infiltración de teléfonos, pidiendo una carta a la Corte para confirmar que ningún magistrado autorizó las grabaciones en ciertos teléfonos. Cuarto, la investigación de Panamá con respecto al equipo MLM, los fiscales reconocieron que no había pruebas suficientes de que Rodríguez y Pittí desmantelaron el equipo.
En cuanto a la malversación del equipo Pegasus, la defensa esgrime que Panamá no ha demostrado que Martinelli era el custodio o responsable de los bienes.
Los abogados dicen que Panamá no ha producido un áudito de la Contraloría para establecer quién tenía control sobre el equipo Pegasus. De hecho, ‘Díaz ni siquiera ha establecido la intención de introducir este documento como parte de las evidencias. Su incumplimiento le impide presentar un informe de auditoría más adelante. Sin esta auditoría no se puede establecer a quién pertenecía el bien y cuáles fueron los daños causados o quién es responsable del equipo bajo la ley panameña’. En resumen, el expresidente no puede ser acusado de cometer un delito de malversación por equipos de los que no era responsable y no estaba probado que pertenecían al Estado panameño. Panamá no ha presentado cargos por peculado contra los subordinados que abusaron y retiraron el equipo Pegasus.
En segundo lugar, Panamá no puede establecer una causa probable de malversación de un equipo comprado con fondos públicos como se indica en el acusación. No ha mostrado que el equipo Pegasus fue adquirido con fondos públicos. Hay evidencia de que el equipo fue adquirido con diferentes fondos. En su declaración jurada, Pittí habló de una impresora ligada al equipo Pegasus y dijo que ésta, a diferencia de las computadoras, no se pudo quitar del Consejo porque formaba parte del inventario. Cuando Rolando López, actual director del CSN presentó la denuncia, no ofreció ninguna prueba de que se compró con fondos públicos. En cambio, sugirió que una empresa privada había pagado los equipos. López también afirmó que el CSN no tenía relaciones comerciales con NSO Group, el proveedor de Pegasus. A diferencia del caudal probatorio que ofreció Panamá para establecer la malversación de fondos del equipo MLM, no ha ofrecido ninguna prueba de este tipo sobre el equipo Pegasus.
En la audiencia celebrada el pasado 3 de agosto, la defensa dijo al juez Torres que quien firmó el contrato de la compra de los equipos adquiridos a la empresa M.L.M. Protection, fue Giacomo Tamburrelli, entonces director del Programa de Ayuda Nacional. Con esto, busca desestimar los cargos que hace el Fiscal contra Martinelli por peculado por la desaparición del equipo adquirido con fondos públicos.
En resumen, ‘Panamá ha acusado al expresidente de malversar un equipo comprado con fondos públicos, pero ahora intenta establecer la causa probable de que malversó otra cosa, el equipo Pegasus que no fue adquirido con fondos públicos. Eso es fatal para el argumento de la Fiscalía. Además es inadmisible’, redacta la defensa.
Adelita Coriat
